6F: la búsqueda de una respuesta judicial y un cambio de paradigma

Recordar a quienes fallecieron en su intento de entrar a España. Es tan solo uno de los objetivos que persiguen desde hace años distintas voces que aún consideran que, en todo este tiempo, no se ha obtenido una respuesta suficiente ante lo acaecido aquel seis de febrero de 2014. Ceuta se ha convertido un año más en el escenario de la Marcha por la dignidad, que alcanza su doceava edición.

Los primeros actos han comenzado en el instituto Abyla donde se ha celebrado una mesa redonda para debatir esta cuestión. Así, lo que fue un suceso y una crónica negra, se ha convertido en un punto de inflexión que invita al debate sobre el paradigma migratorio y los canales de entrada de estas personas al país.

La meta principal de estas conversaciones no es otra que la de reflexionar y reclamar la garantía de vías tanto más accesibles como seguras con la finalidad de evitar situaciones como las que se dieron en aquella fecha.

Distintos ponentes se han presentado al salón de actos del centro educativo para trasladar sus visiones sobre este tema. El evento ha estado protagonizado por Patuca Fernández como moderadora; Marra junior, que se ha encargado de hablar sobre la frontera sur; Loueila Sid Ahmed, que ha enfocado su intervención a los pactos actuales en torno a este asunto y Sani Ladank, que ha ahondado sobre los visados y las diferencias judiciales entre África y Europa.

“Fronteras que matan”

Este año el lema que ha recogido a toda esta amalgama de actos activistas ha sido el de “fronteras que matan”, un claro alegato que hace referencia a lo que significan los hechos que se dieron aquel 6F.

Ramsés Azumik, voluntario de Elín y uno de los organizadores, ha expresado que, desde su perspectiva, las políticas migratorias actuales tienen “una tónica relacionada con la represión, con el control de la violencia y sobre todo externalizar este control a terceros países”.

Asimismo, ha trasladado cuál es su visión y la de esta plataforma acerca de cómo deberían desarrollarse. “Tienen que aludir a acoger, a posibilitar vías legales y que no supongan un riesgo. Sobre todo, que permitan que puedan hacer rutas sin poner en peligro su vida para llegar a un lugar”, ha señalado. Es este el motivo por el que han exigido “un pacto por el derecho a migrar en contraposición con el que ha salido recientemente y que se va a implementar”.

Este acto ha despertado una oleada de reacciones. Numerosas personas de distintos puntos de la península se han unido, según ha contado. “Son personas de aquí de Ceuta que consideran que lo que estamos demandando es justo. Son chicos y chicas que los que forman parte también, desde migrantes en las diferentes asociaciones que trabajamos con ellos y gente de entidades que trabajan en torno a los derechos humanos. Vienen de ciudades como Cádiz, Sevilla, Granada, Madrid, Bilbao o Valencia” ha destacado.

Dos recursos judiciales

Aún no han obtenido la respuesta que desean por vía judicial. Lo más reciente han sido dos recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional, tal y como ha indicado Patuca Fernández.

“Uno es el de las familias de cuatro de las víctimas que solicitan amparo a este órgano. Entienden que se ha vulnerado no solo el derecho a la vida de estos chicos, sino también el derecho el de ellas a acceder a la justicia porque no se les permitió participar del procedimiento. Este incluye el de la libertad religiosa y a la intimidad, por la identificación de los cuerpos y los entierros. No se les posibilitó decidir sobre los restos de sus hijos”, ha explicado.

“El otro viene de parte de las asociaciones, en concreto, por faltar a la tutela judicial efectiva y el derecho a la vida. Este último recurso ya ha sido admitido a trámite en junio del año 2023 y está pendiente de resolución. El otro citado anteriormente, va un poquito por detrás y todavía no hay decisión”, ha comentado.

“Espero que esta luz verde a trámite se convierta en una resolución que reconozca el derecho a la vida y a la movilidad para que se eleven los estándares de protección del mismo en las sedes judiciales”, ha mencionado.

Todos estos años no se ha logrado este propósito, sin embargo, no todo han sido pasos lentos. La abogada representante de la Coordinadora de Barrios ha considerado que el mayor cambio son las denuncias presentadas por los afectados.