En 2023 inicié el proceso para el reconocimiento de mi discapacidad. No lo hice por capricho ni por conveniencia, sino por una realidad médica compleja: un conjunto de enfermedades que, sin invalidarme completamente, sí condicionan profundamente mi vida.
Porque conviene recordarlo: la discapacidad no es un privilegio, es un derecho. Y como tal, es la administración pública la que tiene la obligación de garantizarlo, evaluarlo con rigor y, sobre todo, gestionarlo con humanidad y eficacia.
Sin embargo, mi experiencia —como la de tantas otras personas en Ceuta— dista mucho de ese ideal.
Durante más de dos años acudí repetidamente a preguntar por el estado de mi expediente. La respuesta siempre fue la misma: “tienes que esperar”. Sin información clara, sin orientación, sin acompañamiento. Solo espera. La desinformación fue una constante durante todo este tiempo.
No fue hasta enero de este año cuando me citó la trabajadora social. Me informo de que el proceso había sido externalizado a una entidad —la SEPTEM—, una decisión que, como ciudadana, genera serias dudas y, sobre todo, distancia aún más a la persona del sistema.
En mi caso, la valoración médica se había realizado sin la existencia de un contacto directo, sin una evaluación presencial y sin una mirada completa sobre mi situación real.
En el momento de la entrevista con la trabajadora social, intenté aportar la documentación generada durante esos dos años para actualizar mi situación. Se me indicó que ya no era posible, que debía haberlo hecho antes y que era mi responsabilidad. Sin embargo, en las reiteradas ocasiones en las que acudí a informarme —hasta en cinco veces— se me trasladó exactamente lo contrario: que esa documentación podría aportarse cuando fuera citada para la valoración médica. Dos versiones opuestas dentro del mismo proceso, que terminan dejando toda la carga sobre la persona afectada.
Tras esa entrevista, se me indicó que una comisión resolvería en un plazo de tres meses. Pero ese plazo pasó. Y después del plazo, no llegó nada: ni resolución, ni explicación, ni un nuevo horizonte. Solo la misma respuesta de siempre: esperar.
Lo más preocupante ya no es solo la demora. Es su normalización. Es la falta de respuestas. Es la sensación de que no hay nadie al otro lado.
Un sistema que debería proteger, acompañar y dar soporte, se convierte así en un espacio de incertidumbre constante. Un lugar donde los derechos existen sobre el papel, pero no se materializan en la vida real.
Mientras tanto, la vida sigue. En mi caso, con un coste económico directo que ronda los 500 euros mensuales en medicación no cubierta. Tratamientos necesarios, pero fuera del sistema. Porque, aunque tengo derecho a intentar mejorar mi salud, esa mejora no está respaldada.
Un caso especialmente llamativo es el de otras comunidades autónomas donde el proceso se resuelve en plazos muy distintos. En Asturias, por ejemplo, una persona conocida completó la solicitud y, en menos de dos meses, obtuvo la resolución de su grado de discapacidad. Una diferencia abismal que evidencia que los derechos no siempre se garantizan con la misma rapidez ni con la misma eficacia en todo el territorio. Porque los derechos deberían ser iguales para todas las personas, independientemente de dónde vivan. Sin embargo, la realidad demuestra que no es así, especialmente cuando hablamos de Ceuta, donde el acceso y los tiempos de resolución se convierten en una espera mucho más prolongada e incierta.
Tengo derecho a tratamiento, pero no está cubierto. Tengo derecho a una valoración de discapacidad, pero no se resuelve. Tengo derechos, sobre el papel. Pero en la práctica, ¿dónde están?
Han pasado dos años y medio desde que inicié este proceso. Y la pregunta ya no es solo cuándo se resolverá mi expediente. La pregunta es mucho más incómoda:
¿Qué ocurre cuando los derechos de las personas enfermas dejan de ser una prioridad para quienes tienen la obligación de garantizarlos?
Rocío- una más de muchos.
