El agente de la Guardia Civil destinado en Ceuta que se sentó ayer en el banquillo de la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Granada bajo la acusación de pertenencia a una red de tráfico de drogas aceptó, por conformidad, la imposición de una pena de 9 meses de cárcel por un delito contra la salud pública y el pago de una multa de 5.000 euros.
No ingresará en prisión, al ser la condena inferior a dos años y no contar con antecedentes penales, ni será inhabilitado, aunque quedan por determinar las sanciones disciplinarias que ahora pueda adoptar la propia Benemérita por iniciativa propia.
Los hechos juzgados ayer se remontan a 2007, cuando M. G. P., en servicio activo entonces en el Destacamento de Tráfico de Motril, fue acusado junto a otras seis personas de integrar un grupo que organizó una operación que tenía como objetivo la introducción en la provincia de Granada de un total de 2.100 kilos de hachís procedentes de Marruecos. Al agente se le acusaba, además del delito contra la salud pública por el que finalmente ha sido condenado, de otro de revelación de secretos, retirado finalmente. La Fiscalía consideraba que había pruebas suficientes para determinar que M. G. P. había jugado un papel fundamental en la trama al informar al resto de integrantes del grupo de los horarios y movimientos de la patrullas del Instituto Armado, incluyendo supuestos mensajes de texto al móvil de otro de los juzgados ayer en los que le habría alertado sobre los alcances de los radares, la situación de las cámaras operativas o los controles de carretera que podrían llevar al traste la operación. Por esa supuesta colaboración habría percibido 60.000 euros. La Fiscalía modificó finalmente la calificación de los hechos y solo le acusó del delito contra la salud pública con el que ayer mostró su conformidad.
En declaraciones a El Faro, el abogado del guardia civil, Carlos González Martín, reconocía que su cliente se negaba a aceptar la condena “porque se sigue considerando inocente de todos los cargos”, pero que finalmente aceptaron la conformidad, y la condena de 9 meses, “porque los otros seis acusados habían dicho de forma expresa que sí” para cerrar así el juicio. “Está muy dolido, porque insiste en su inocencia, pero si seis personas ratifican una versión es muy complicado defender la contraria, así que la mejor opción era la conformidad y aceptar esos nueve meses de cárcel, que no implican prisión porque no hay antecedentes”, confirmaba ayer el letrado. Pese a aceptar la pena impuesta, el agente destinado en Ceuta insiste, según su abogado, en que “no colaboró jamás” con el grupo desarticulado “ni aceptó dinero alguno”. Según González, “se reincorporará pronto” a su destino en la ciudad.
En el juicio, celebrado por fin ayer tras dos suspensiones, otros tres imputados también aceptaron los 9 meses de cárcel por el delito contra la salud pública, mientras que un quinto dio su conformidad a que la pena se elevara hasta un año y en el caso de los dos últimos, hasta los 13 meses y medio.
¿Puede ser inhabilitado ahora por el Cuerpo?
El abogado de M. G. P. celebraba ayer que con la retirada de la acusación de revelación de secretos también hubiera desaparecido la posibilidad de que su defendido fuera inhabilitado. No obstante, asume que sí podría enfrentarse ahora a una sanción disciplinaria si así lo determina la propia Guardia Civil, que tendrá que aplicarle ahora lo estipulado por en su régimen interno. “Penalmente no puede ser inhabilitado, pero el Cuerpo sí podría abrirle un expediente administrativo. Eso ya depende de ellos”, confirmaba ayer a El Faro Carlos González, el letrado que, pese a todo, se mostraba satisfecho con el resultado del juicio.
