Creo que a cualquiera le espantaría que en el último cuarto de un partido de baloncesto el actual campeón decidiera cambiar las normas, sin consenso alguno, para ocultar sus debilidades y aspirar a la victoria.
Imaginen a un equipo que destacara por sus buenos jugadores interiores y, en base a ello, estableciera que el valor de los puntos obtenidos desde la pintura se triplicará. Desde luego, el escándalo por el fraude sería mayúsculo.
La idea del Gobierno de efectuar una reforma electoral de cara a las próximas elecciones municipales, que se celebrarán dentro de unos ocho meses, sigue los vergonzosos pasos del ejemplo anteriormente expuesto.
Algunos dirán que es una comparación imprecisa, pues mientras el Gobierno actual sí puede, por ley, acometer esta reforma dado el respaldo otorgado por los ciudadanos en su momento, el equipo campeón no porque las normas de su deporte no lo permiten. Sin embargo, dicho ejemplo no se ha expuesto desde un pretendido análisis del marco que hace posible tomar una decisión así, lo cual pertenece a otro debate, sino desde la incompatibilidad de estos movimientos dentro de un sistema sustentados en principios democráticos.
Como ya sabemos, el actual Gobierno de España pretende frenar la pérdida de su poder municipal tras una impopular legislatura que ha dañado seriamente su reputación. Para ello, aspiran a favorecer la elección directa de los alcaldes y poner coto a las coaliciones entre partidos. Esto, en otras palabras, sirve de chaleco salvavidas para los partidos políticos que reciben más votos (PP y PSOE) frente a formaciones menores, las cuales tienen que trenzar alianzas entre sí para ganar fuerza. Asimismo, el Partido Popular aseguraría su posición al evitar que posibles coaliciones entre socialistas y otros grupos puedan arrebatarle el cetro de poder en sus zonas dominadas tradicionalmente como, por ejemplo, la insigne Comunidad de Madrid. El problema principal es que ninguna fuerza política está de acuerdo con este cambio, ni siquiera el Partido Socialista Obrero Español, un hecho que le importa poco o nada al Gobierno, que pretende sacar adelante la reforma como sea, aun sin ningún apoyo, lo cual parece reflejar una incoherencia democrática manifiesta.
Normalmente, cuando se habla acerca de un sistema democrático se suele afirmar la imposibilidad de su existencia sin la base que lo sustenta, es decir, los ciudadanos con derecho a voto. Estos son los que ejercen el derecho al sufragio y los que, con sus decisiones, reparten el poder de las diferentes zonas de un país. Como es lógico, todos estos votos no se dirigen a un solo partido político sino que el sistema democrático está integrado por un número mayor de grupos, aunque es evidente que, en ocasiones, existen formaciones políticas que cuentan con un respaldo sensiblemente superior. Por ende, no es complicado comprender que todos los ciudadanos, tanto los que ejercen su derecho al sufragio como los que no, conforman la base fundamental de un sistema democrático. Partiendo de esta base, creo que es coherente pensar que las transformaciones de las normas relativas al sufragio han de llevarse adelante mediante el consenso de los participantes, ya se identifique a estos directamente (a través de un referéndum) o mediante los partidos que han recibido su apoyo (caso en el que se apartaría a los partidarios de la abstención, de los votos en blanco y de los nulos).
No obstante, en ningún caso parecería justificable que un partido, pese a poseer una mayoría absoluta, pudiera obviar al resto de la ciudadanía para alterar a su antojo el proceso democrático de reparto del poder. No cabe duda de que estaríamos ante un auténtico golpe contra el pilar fundamental de nuestro sistema.
