Los dueños de ACC y Jomasa optarán juntos a liderar la patronal de la Construcción

Los máximos responsables de ACC y Jomasa, Moisés Wahnon y Antonio Manuel López, concurrirán en una candidatura conjunta con el primero como aspirante a presidente y el segundo a vicepresidente de la Federación de la Construcción dentro de la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE), según anunció ayer el primero.
Los comicios en esta parte de la patronal están convocados para el viernes de la próxima semana, 21 de diciembre, y servirán para elegir al relevo de Karima Aomar, que actualmente desempeña esa responsabilidad además de ser la coordinadora de Ciudadanos.
Actualmente, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la ciudad autónoma solo hay dos empresas de Construcción de edificios con más de veinte salariados, tres con entre 10 y 20 y ocho con entre media docena y nueve.
Hace diez años, en 2008, eran un total de tres las que contaban con más de medio centenar de trabajadores, once las que pasan de veinte y otras tantas las que se situaban por encima de la decena de asalariados.
Los asociados, apenas una decena, se reunieron en junio para analizar posibles respuestas a su situación de crisis enquistada para intentar evitar nuevos cierres y la destrucción de más empleo.
Al margen de la falta de aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), dos vienen siendo sus reivindicaciones fundamentales ante la Administración.

Las encomiendas continuas a Tragsa serán objeto de especial atención

Por un lado, la supresión de la base de ejecución de los Presupuestos que obligaba a sacar a concurso público todo proyecto con un gasto superior a 500 euros, aunque no se llegase al límite de lo que legalmente se considera contrato menor de obras, algo que ya se ha conseguido.
Por otro, la política de adjudicaciones directas continua del Gobierno de Vivas en favor de Tragsa, un ámbito en el que la candidatura liderada por Wahnon y López quiere incidir si resulta ganadora, ya que considera que con ese medio propio se está haciendo “competencia desleal” a las empresas locales, que se ven privadas de aspirar a ninguno de los proyectos más o menos importantes promovidos por la Administración a pesar de que en la mayoría de los casos los hace a mayor coste y sin cumplir los plazos.