La Policía Nacional incoó este miércoles los primeros “expedientes de devolución” y comunicó varias resoluciones en ese sentido a varios de los más de 150 migrantes varones de origen subsahariano que el pasado 30 de agosto entraron en la ciudad cruzando el paso fronterizo por la zona de Benzú. Los interpelados, “8 ó 9” según fuentes conocedoras del proceso, son los primeros que vieron inadmitidas sus solicitudes de protección internacional que empezaron a tramitarse por el procedimiento ‘en frontera’, el más expeditivo, al día siguiente.
La Administración concluye (en un acto contra el que caben recursos administrativos y judiciales) que procede el retorno de esas personas al “punto/s de origen”, lo que deja abierta la puerta a que sean deportados a Marruecos, si los aceptase, como ocurrió en agosto del año pasado, o al Estado del que sean nacionales previo paso por un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Península, algo que solo en casos contados puede ejecutar España con los países subsaharianos.
En caso de que se prosperase y se decidiera ejecutar la expulsión, los protocolos establecen que “en el momento en que se pueda, se procederá a acompañar y conducir, si fuera necesario con la utilización de la mínima fuerza necesaria, por parte de los efectivos de la Policía Nacional, al puesto fronterizo habilitado más cercano u operativo al lugar donde se encuentre el detenido, y allí será puesto en libertad al otro lado del puesto fronterizo, en el territorio del Estado de donde procede”.
Aunque las cifras definitivas de la entrada todavía bailan y no está del todo claro si fueron 153 ó 155 los que accedieron a territorio español, sí está cerrado el número de solicitudes de asilo formuladas, que se eleva a 148. El personal de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) solo ha dado su visto bueno a que sigan tramitándose “4 ó 5” tras el primer ciclo de entrevistas personales, que concluyó este martes. Menores hay cinco.
