La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha acogido este martes la primera de las sesiones judiciales seguida contra dos acusados de un delito de torturas presuntamente ocurrido en diciembre de 2019, cuando ambos prestaban servicio en el centro para menores extranjeros no acompañados de la ciudad, uno en calidad de auxiliar educativo y otro como mediador intercultural. Los dos han negado haber agredido al menor que los denunció. La vista se ha suspendido a la espera de que, ya en febrero, se intente contar con la declaración de la supuesta víctima y la de otros testigos que han faltado.
Esas supuestas torturas se produjeron en la noche del 15 de diciembre de 2019, después de que el menor denunciante se apoderara del teléfono móvil de otro niño del centro. Tras conocerse lo sucedido, el menor fue introducido en un iglú por los dos acusados para hablar con él sobre lo que había pasado. La clave está en lo que ocurrió dentro de esa instalación prefabricada que fue colocada por la Fundación SAMU a finales de 2018 para atender a menores en los bajos del centro La Esperanza.
Tal y como se recoge en el escrito de calificación provisional del Ministerio Fiscal, uno de los acusados le habría dado varias bofetadas en el rostro al menor a modo de reprimenda por el robo mientras que el otro permaneció impasible sin intervenir.
Los dos acusados lo niegan. Han declarado ante el tribunal del máximo órgano judicial en nuestra ciudad que el menor se encontraba “nervioso”, que era un interno que solía autolesionarse y que lo introdujeron en el iglú precisamente para evitar que la situación fuera a peor si los demás menores conocían de la autoría del robo. Uno lo sujetó y tranquilizó mientras hablaba con él, manteniéndose en todo momento la puerta del iglú abierta.
Con posterioridad el menor apareció en una de las habitaciones maniatado, algo que los dos acusados no se explican y que es atribuido a otros menores del centro. Sí que han expuesto que el denunciante había ofrecido varias versiones de lo sucedido, una de ellas apuntando a que denunció a estas personas con ánimo de cobrar una indemnización que pensaba que recibiría. Pero esto es lo que se dice de referencia, ya que todavía no se ha podido contar con la declaración de la propia víctima para verificar qué narra sobre estos hechos.
Más testigos y negación del delito
En aquel momento no había vigilancia privada y se actuaba de acuerdo con un protocolo considerado habitual, intentando hablar con el menor al que se ha definido como persona “nerviosa” y que consumía sustancias. Los dos acusados han insistido en que nunca hicieron daño al denunciante, que no le pegaron y que su actuación se ciñó exclusivamente a tranquilizarle. Es decir, nunca hubo una especie de plan preconcebido para golpear al menor, ni tampoco se insinuó algo a otros menores para que lo maniataran por haber cometido el robo ni hubo bofetadas.
En el acto de juicio oral han prestado declaración quienes eran compañeros de los acusados. Han declarado básicamente que se hizo un informe de lo sucedido y que el denunciante fue encontrado maniatado en su habitación sin caber explicación de quién hizo eso. Este no quiso hablar ni tampoco lo hicieron otros menores. Todos han defendido a los acusados recalcando que no son personas violentas o que hubieran tenido problemas con los menores. Una de las testigos ha puntualizado que si bien el denunciante acusó a uno de ellos de haberle dado dos bofetadas, luego lo habría negado.
La vista continuará el próximo febrero con la declaración del menor y otros citados que no han comparecido además de la lectura de los informes, conociéndose así la calificación final que presente la Fiscalía.
