La consejera de Hacienda del Gobierno de Ceuta, Kissy Chandiramani, ha asegurado este miércoles en el Pleno que los pliegos para licitar el servicio de limpieza pública viaria y recogida de basuras “están casi terminados” para su adjudicación por cuatro años (más uno de posible prórroga), algo que espera que se pueda hacer antes de febrero de 2023, cuando termina el contrato vigente con Trace. El objetivo es que con la nueva concesión “mejore el servicio” y se recupere el nivel que tenía con Urbaser.
“Durante estos casi 10 años hemos sido los primeros conscientes de que el servicio no ha tenido la calidad a la que estábamos acostumbrados, fundamentalmente porque en 2013, cuando se adjudicó el contrato, hubo que hacer una importante rebaja de su presupuesto en medio de una crisis financiera enorme”, ha justificado.
Chandiramani ha querido ser “contundente, clara y transparente” con el asunto y ha aseverado que “por ahora se ha descartado la municipalización”, aunque no recurrir a Tragsa si fuese necesario para mantener la prestación cuando finalice la concesión vigente. “No cerramos ninguna puerta e intentaremos llegar a los máximos consensos posibles”, ha resumido.
Mohamed Mustafa (Ceuta Ya!), que ha interpelado al respecto, ha recordado que ese servicio es uno de los más importantes para la ciudad, tanto porque afecta a “toda” la ciudadanía como por su montante, el más elevado, cerca de 20 millones de euros al año.
A medio año de que expire el contrato vigente, que ninguna parte quiere prorrogar, el localista ha repasado las vicisitudes de una concesión sobre la que se han planteado posibles rescisiones de mutuo acuerdo, conflictos judiciales, cambios de responsables técnicos… “Tenemos una ciudad cada vez más sucia, pero seguimos pagando un servicio caro y deficiente”, ha lamentado el portavoz, que ha dado por hecho que no se podrá tramitar una nueva adjudicación a tiempo.
“Si es así, a partir de febrero habrá que recurrir a soluciones extraordinarias que costarán más caras”, ha advertido Mustafa, que ha preguntado al Gobierno por qué no ha comenzado ya la tramitación del concurso y si contempla la asunción de la gestión directa, como con los autobuses, o encomendar el servicio a Tragsa. “Nosotros no estamos en manos de la empresa: los servicios técnicos y la fiscalización de la Intervención protegen los intereses generales”, ha negado Chandiramani que una prórroga obligatoria a Trace vaya a abrir la puerta a multiplicar su factura mensual.
La ignorancia es infinita con el dinero ajeno.