Absuelta de construcción ilegal en una zona verde en el Príncipe

La magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 de Ceuta ha absuelto a una acusada de delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, por el que el Ministerio Fiscal había solicitado una pena de 3 años de prisión. La sentencia, dictada in voce, es firme y recoge que no ha quedado probada la comisión del delito, según el fallo a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro de Ceuta.
Los hechos que dieron origen a este procedimiento se remontan a noviembre de 2014, cuando agentes de la Policía Local se personaron en la barriada del Príncipe, ya que a la espalda de la guardería municipal se estaba construyendo una edificación de tres alturas más terraza, levantada en terrenos propiedad de la ciudad. Al lado se estaba levantando además otra vivienda con estructura sin la correspondiente licencia y en terrenos destinados a zona verde, de acuerdo al Plan Especial del Príncipe Alfonso, encuadrándose los hechos en una infracción a la ordenanza reguladora de la disciplina urbanística.
La absolución se ha basado en que en el acto del juicio oral que se celebró esta misma semana, no se llegó a practicar ninguna prueba de cargo. La acusada declaró que no residía en esa vivienda y que nada tenía que ver con la obra llevada a cabo a las espaldas de la guardería-centro de menores de San Ildefonso. Una construcción habitada pero sin saberse por quién.
Si podía haberse obtenido algún tipo de prueba clarificadora de la declaración de los agentes de la Policía Local llamados como testigos, era una mera ilusión ya que manifestaron que no recordaban los hechos, que en aquella época había muchas denuncias y que incluso -dijeron arrojando un dato de interés-, se denunciaban los propios responsables para conseguir posteriormente empadronarse, dar de alta los servicios de agua y luz y arreglar los papeles de las viviendas.
Esa “falta absoluta de prueba” llevó al dictado de una sentencia absolutoria declarando de oficio las costas.
La proliferación de obras ilegales y las posteriores denuncias llevadas a cabo derivaron en un repunte de procedimientos judiciales que llegan, solo en algunos casos, a la fase estelar que supone la celebración de un juicio oral.