El acuerdo de inmigración entre España y Marruecos con el que el Gobierno de Sánchez justifica las devoluciones

El Gobierno de la Nación se basa en un acuerdo firmado en 1992 entre España y Marruecos para justificar la devolución a Marruecos de los inmigrantes que entraron a Ceuta ayer. Según este convenio, ambos países disponen de diez días de plazo para solicitar la readmisión de las personas que hayan entrado irregularmente en el territorio de alguno de los Estados.
De esta forma, Marruecos y España pactaron que las autoridades fronterizas readmitirán en su territorio, a petición formal del país vecino, a los ciudadanos de países terceros que hayan entrado ilegalmente en desde Marruecos a España o viceversa.
La solicitud por parte de cualquiera de los países puede presentarse en un máximo de diez días, por lo que los subsaharianos que saltaron la valla de Ceuta el pasado 26 de julio, la mayoría de ellos aún en el CETI, no podrán ser devueltos a partir de este procedimiento.

Un acuerdo de la época del ministro Corcuera

Fue el Gobierno de Felipe González el que suscribió con Marruecos en 1992 este convenio de readmisión de extranjeros entrados ilegalmente en España. En su día fue una respuesta a la crisis humanitaria vivida en 1992 en Melilla, llegando a la ciudad más de ochocientos subsaharianos. Esta cifra supuso un impacto total en la población, en una época en la que el número de inmigrantes irregulares que llegaban a España era mucho menor que hoy.
El acuerdo empezó a aplicarse a los tres años, cuando se devolvieron los tres primeros inmigrantes que Marruecos aceptó. Entre 1992 y 2005, sin embargo, apenas se utilizó en 114 ocasiones, principalmente con magrebíes.
Las relaciones con el vecino país se relajaron durante los años de presidencia de José María Aznar y poco a poco este acuerdo quedó prácticamente en desuso. Marruecos alegó en varias ocasiones durante ese periodo que no podía demostrarse que muchos de los inmigrantes llegados, especialmente por vía marítima, hubiesen salido del territorio alaulí.
Ahora, según una información desde la Delegación , se refuerza esta colaboración "en el marco de la política europea de inmigración". En el comunicado, se basa en lo que consideran uno de sus pilares básicos: "la cooperación con terceros países para luchar contra las mafias que trafican con personas". "La reactivacion de este Acuerdo es consecuencia de las buenas relaciones entre ambos Estados. Se trata de un procedimiento administrativo de devolución, caso a caso, que implica la identificación en dependencias policiales de todos los ciudadanos entrados en España de forma irregular, con informacion de sus derechos y la debida asistencia juridica".

Pendientes de la decisión de Estrasburgo

La decisión del Gobierno de España marca un antes y un después en política migratoria. A pesar de que Pedro Sánchez fue investido con la promesa de acabar con los rechazos en frontera, a raíz de las agresiones a los guardias civiles su Gobierno ha reactivado el mecanismo de las devoluciones de inmigrantes a Marruecos incluso 24 horas más tarde de su llegada al CETI. Basándose en este convenio a partir de ahora podrían hacerlo hasta 10 días después.
Todo ello cuando aún está pendiente el juicio en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por las devoluciones de inmigrantes en frontera permitidas por la Ley Mordaza. En la primera condena, Estrasburgo condenaba estas expulsiones sumarias, sin asistencia letrada que permitiera a los inmigrantes solicitar asilo, contrarias al Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Gobierno da un paso más con la devolución a Marruecos en este 23 de agosto y, aunque los subsaharianos habrían recibido esta vez asistencia letrada, fuentes de Interior aseguran que ninguno de ellos solicitó asilo.