Marruecos

Amplían la condena contra Rachid Lanjri a un año y medio de prisión

El Tribunal de Apelación de Tánger incrementa la sanción contra el activista digital y ordena el cierre de sus redes sociales y la prohibición de actividad electrónica durante diez años

El Tribunal de Apelación de la ciudad de Tánger ha decidido endurecer la condena contra el activista digital Rachid Lanjri, conocido como “Lanjri”, elevando su pena de prisión de un año a un año y medio de cárcel efectiva, según recoge la información difundida tras la sesión judicial celebrada este lunes al mediodía.

La resolución supone un incremento de la condena inicial dictada en primera instancia y se enmarca en un procedimiento judicial que ha tenido una especial repercusión por su relación con el uso de redes sociales y la difusión de contenidos digitales.

Según la información disponible, la sesión en la que se adoptó la decisión fue descrita como confidencial, y el tribunal no solo revisó la pena privativa de libertad, sino que también adoptó medidas adicionales de carácter tecnológico y digital que afectan directamente a la actividad en línea del acusado.

Cierre de redes sociales y prohibición de actividad digital

Además del incremento de la pena de prisión, el tribunal ha ordenado el cierre de todos los canales en redes sociales utilizados por el acusado, así como la prohibición de cualquier actividad electrónica durante un periodo de hasta diez años completos.

Esta medida supone una restricción prolongada en el acceso y uso de plataformas digitales, y se suma a la condena penal ya establecida, configurando un fallo especialmente severo en el ámbito de la actividad online.

Cargos relacionados con delitos graves

La condena se produce en el contexto de un procedimiento judicial en el que el acusado fue procesado por varios cargos, entre ellos atentado público al pudor, vinculación con una supuesta red de prostitución y proxenetismo, captación de personas para dichas actividades y difusión de material pornográfico.

Estos hechos han sido señalados como parte de un caso que ha generado debate en torno a los límites del uso de las redes sociales, especialmente en lo relativo a la publicación de contenidos considerados ilegales por la legislación vigente.

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