Autor: Redacción

• Los sindicatos lamentan casos de acoso laboral y una forma de ejercer el mando “de forma caprichosa y arbitraria”

“No se puede tolerar que un sujeto vengativo y rencoroso dirija una unidad administrativa guiado únicamente por su afán de generar dolor, injusticias y al margen de la legalidad. Los principios de objetividad, mérito, capacidad quedan totalmente desplazados hasta el límite de tener que vulnerar reiteradamente derechos fundamentales a lo largo de este triste mandato”. Con estas palabras, los sindicatos CSIF y APFP han pedido el cese del director de la prisión de ‘Los Rosales’ en un comunicado en el que relatan las situaciones de persecución a las que se ven sometidos los representantes sindicales y la situación de una plantilla víctima de “acoso laboral” que les lleva a estar de baja por estrés o depresión.
Tras los últimos episodios denunciados en prensa del pasado mes de junio, en la que la dirección del Centro Penitenciario no hacía entrega de un certificado a un funcionario de que no es perceptor del permiso retribuido por cuidado de menores afectados de cáncer u otra enfermedad grave y la presencia de ‘moobing’ tanto en el personal laboral como en el personal funcionario, la dirección del Centro Penitenciario de Ceuta ha vuelto a arremeter contra los miembros de la Junta de Personal de la Administración General del Estado en Ceuta, promoviendo la apertura de un expediente disciplinario contra otro de sus miembros.
Mientras que el certificado de enfermedad grave o cáncer sigue sin ser entregado meses más tarde y continua la persecución laboral en el centro, se arremete contra el delegado sindical que denunció los hechos abriéndole un expediente disciplinario por hacer uso de su crédito horario conforme a la ley. Esto es, se promueve la apertura de un expediente disciplinario por representar a los funcionarios y por ejercer ese derecho de representación sindical.
La Junta de Personal es el órgano sindical más importante de representación de los funcionarios de la Administración General del Estado. Se trata de un órgano cuya función primordial es la de defender los intereses laborales de los funcionarios dentro de la Administración.
La Junta ha denunciado en numerosas ocasiones la situación de permanente irregularidad en la que se encuentra la administración del Centro Penitenciario, tales como las situaciones de acoso laboral, el persistente ejercicio del mando de forma caprichosa y arbitraria, la denegación injustificada de permisos, vacaciones y licencias, las detracciones en nóminas por cuestiones meramente personalistas, el trato diferenciado según el tipo de relación que se tenga con la dirección del centro, la ausencia de objetividad y el uso indiscriminado de la constante amenaza de apertura de expedientes disciplinarios.
No es la primera vez que desde la dirección del centro penitenciario se promueve la apertura de expedientes disciplinarios contra los miembros de esta Junta, precisamente por ser miembros activos en la defensa de los intereses laborales de sus representados.
La violación del derecho fundamental reconocido en el art. 28 de la Constitución es más que patente. Este director, que posee el discutible honor de ser el director más impopular de toda la historia del centro, se centra en cargar contra cualquier voz disonante con las numerosas ilegalidades que se comenten en su centro en lugar de resolver las vicisitudes diarias. El descontento es generalizado.
Estas centrales sindicales consideran que el cargo de director del Centro Penitenciario (elegido a dedo desde el propio gobierno por motivos distintos al mérito y la capacidad) ha de ser revisado dado que una persona que no es capaz de dialogar con los representantes de los trabajadores no es apta para dirigir un centro en el que están afectados más de 400 personas entre reclusos y empleados públicos.
La respuesta de este director consiste en amenazar con expedientes disciplinarios y causar el mayor dolor posible a la plantilla, con actitudes próximas a la radicalización y uso en beneficio propio del cargo público con la intención de aplastar cualquier punto de vista distinto al suyo. A este panorama se le une una reciente sentencia obtenida por el propio funcionario expedientado en el Juzgado de lo Contencioso administrativo de Ceuta por el que se le reconoce el permiso denegado extemporáneamente por tener que asistir a sus hijos y llevarlos a los servicios de urgencias.
En esa ocasión, el funcionario tuvo que acompañar a su hijo al hospital y, meses más tarde, le denegaron el uso del permiso del que ya había disfrutado por conciliación familiar con el único objetivo de perjudicar al delegado sindical por su actividad representativa en la Junta de Personal.
Se trata de una sentencia que recuerda a la Administración que en materia de personal opera el silencio administrativo positivo y la obligación de la administración de tener que resolver expresamente en los casos de denegación del permiso antes de que éste se produzca.
El caso citado por la sentencia corresponde a la actuación directa del director del centro penitenciario de Ceuta en materia de personal que promovió a través de la delegación de gobierno una denegación después de haberse disfrutado del permiso.
No es la primera vez que los Juzgados de lo contencioso fallan en favor de los funcionarios del centro penitenciario de Ceuta en temas muy similares. Meses atrás, otro funcionario logró varias sentencias favorables por cuestiones muy parecidas. En lugar de corregirse las deficiencias en materia de personal, el titular del centro penitenciario insiste en resolver en contra de la ley, de la propia jurisprudencia y de las sentencias condenatorias que acumula en su haber, síntoma claro de la arbitrariedad con la que se resuelven las cuestiones de la plantilla. Recordamos que en estos momentos siguen su curso casi una decena de contenciosos administrativos en la que los funcionarios del centro penitenciario denuncian el trato que reciben y la constante separación de la legalidad en las actuaciones administrativas de dicho centro.
Desde los sindicatos firmantes del comunicado se pide que sea apartado el “responsable generador de tal inoperancia y que son causa directa de riesgos laborales, tales como bajas médicas por estrés o depresión que se sufren en la plantilla. La absoluta falta de apoyo de la plantilla a la dirección es un innegable detector de que las cosas no funcionan bien y de que es necesario un cambio inmediato”.