Autor: Redacción

• El laborista Denis Macshane cree que la situación de las ciudades es “idéntica” a la del Peñón

Denis Macshane, exministro británico de Asuntos Europeos, asegura que la situación de Melilla y Ceuta con respecto a España y Marruecos es “exactamente idéntica” a la de Gibraltar en relación a nuestro país y el Reino Unido. En una entrevista en el diario digital El Español, el que fuera ministro bajo la presidencia del laborista Tony Blair asegura que “Gibraltar es británico de la misma manera que Melilla y Ceuta son españolas”.
Preguntado por la soberanía compartida del Peñón, Macshane cree que es un punto al que nunca se va a llegar. De hecho, va más allá y afirma que “se puede lamentar la pasada ocupación colonial de Marruecos por parte de España. España puede arrepentirse de haber firmado el Tratado de Utrecht (por el que se cedió Gibraltar a los británicos). Pero Melilla y Ceuta están consideradas plenamente españolas, parte de España. Y Gibraltar es plenamente británico”.
También asegura que plantear la soberanía compartida del Peñón por parte del Ejecutivo Blair antes de su llegada al ministerio fue un error. “Sería como si alguien en el PSOE, el PP o Ciudadanos propusiera negociar la soberanía compartida sobre Ceuta y Melilla. No funcionaría”, compara.

• Los socialistas creen que el PP no materializa ni cumple con las propuestas votadas

Ante la situación reiterada que se da en el seno de la Asamblea, en cuyos Plenos se aprueban propuestas que, finalmente, el Gobierno del Partido Popular ni materializa ni cumple, el Grupo Parlamentario Socialista elevará a la próxima sesión plenaria una iniciativa para solicitar que cada propuesta aprobada, a excepción de aquellas de carácter protocolario y político como las declaraciones institucionales, inicie un expediente de tramitación administrativa que garantice la viabilidad económica, competencial y jurídica de la misma. Y, en caso de que no fuera viable, se expida un informe técnico argumentando la no viabilidad que se expondría en el siguiente Pleno, pudiendo ser modificada por el Grupo Político proponente para que técnicamente fuera viable, según informó el partido en una nota de prensa.
Además, la moción de los socialistas también incluye establecer una mesa de seguimiento de las propuestas para controlar su cumplimiento, que deberá definir y aprobar el cronograma de cumplimiento de las mismas y estará integrada por un representante de cada partido, siendo la mensual, como mínimo, la periodicidad de las reuniones.
Asimismo, los socialistas exigirán que el Gobierno municipal emita un informe mensual informando sobre el grado de cumplimiento de dichos acuerdos aprobados en los Plenos; y las propuestas aprobadas por la Asamblea se incluirán en el portal de transparencia para garantizar que se cumplan, haciendo constar las distintas fases del proyecto que se hayan aprobado, la previsión de ejecución y las incidencias que pudieran producirse para su normal ejecución.
“Las propuestas tienen una importancia extraordinaria en el juego democrático de los municipios, ya que la mayoría de ellas persiguen tener un impacto directo en la ciudadanía, y por tanto, mejorar o solucionar problemas reales y concretos”, aseveraron desde el GPS, haciendo especial hincapié en que, “por este motivo, aprobar una propuesta equivale a adquirir un claro compromiso para ejecutar lo acordado, pero nos encontramos que muchos acuerdos plenarios no son materializados ni cumplidos”.
En este sentido, los socialistas apuntaron que “lo deseable para las instituciones democráticas es tener respuestas, seguimientos y constancia para que se cumpla todo lo acordado en la sesiones plenarias. No se debe permitir que las propuestas anteriores aprobadas se pierdan en la burocracia del Ayuntamiento. El trabajo de los grupos de la oposición no debe quedarse en papel mojado, sin ninguna utilidad para la ciudadanía a la que representamos”, zanjaron.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunció ayer  los “hechos graves” que nuevamente ocurren en el seno del Ministerio del Interior. “Y es que al igual que ocurriera el pasado 29 de julio de 2015 durante la etapa de Jorge Fernández Díaz, éste recibiera en la propia sede del ministerio a quien fuera vicepresidente del Gobierno del Partido Popular, ministro de Economía y presidente de Bankia, Rodrigo Rato, quien ha protagonizado uno de los casos de mayor alarma social respecto a asuntos de corrupción en nuestro país.
Ahora, y en el equipo del actual ministro, José Ignacio Zoido, se ha tenido conocimiento a través del auto del magistrado y juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco Núñez -encargado de la operación Lezo por la que se encuentra en prisión incondicional el ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, entre otros- que el Secretario de Estado de Seguridad y número dos de Interior, y por tanto persona de confianza del ministro Zoido, haya admitido que mantuvo un encuentro con Pablo González, hermano de Ignacio González y también implicado en la Operación Lezo.
Pero además, los hechos cobran especial gravedad tras conocerse que los investigados conversaron sobre la posibilidad de mantener este encuentro con el Secretario de Estado de Seguridad tras tener conocimiento que estaban siendo objeto de una investigación en el seno de una operación policial, a la postre la operación Lezo llevada por la Guardia Civil, a través de la UCO. Esto supondría que los investigados habrían tenido conocimiento antes de su detención de que estaban siendo investigados, y esto como es lógico podría tener consecuencias en el resultado final del proceso.
El hecho de que el Secretario de Estado de Seguridad, persona que ostenta un alto grado de responsabilidad y de conocimiento de información sensible en la seguridad pública del Estado, se haya reunido con una persona investigada por unos gravísimos delitos de corrupción,  implica unas enormes responsabilidades públicas de las que debe responder el máximo dirigente de Interior, el ministro Zoido, pues se trata de un acto oficial y una reunión formal en la propia sede del Ministerio del Interior con una persona que estaba siendo investigada, y posteriormente detenida por la UCO.
Pero además, AUGC considera que es el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quién debe actuar, pues el equipo de Zoido parece hacer aguas en un momento tan delicado y ante un caso de corrupción de proporciones descomunales, el cual está generado un descrédito no solo entre la opinión publica en España, sino también fuera de nuestras fronteras.
Desde la asociación que representa mayoritariamente a los trabajadores de la Guardia Civil, lamentamos estos hechos profundamente nuevamente escandalizados por la gestión realizada en el ministerio. Y es que al reciente escándalo de la intención de dotar de un piso del Cuerpo al Director General de Tráfico, Gregorio Serrano, hemos de añadir ahora un nuevo y bochornoso caso, el cual denosta la poca preparación para ejercer cargos de tan alta responsabilidad, además de la gravedad propia de los hechos que suponen un menosprecio a las reglas democráticas en España.
Y es que es cuando menos insólito, que  se reciba en sede ministerial a personas investigadas por casos de corrupción política en operaciones llevadas de manera paradójica por la UCO de la Guardia Civil, cuando desde el mismo Ministerio se niegan a recibir a AUGC, la asociación mayoritaria en la Guardia Civil”, reza el comunicado.