La Dirección Territorial del Ingesa, a través de la Delegación del Gobierno, quiere aclarar «en relación con el problema nacional de las agresiones a los profesionales sanitarios, y a su incidencia» en los centros de nuestra ciudad, que las «dependencias sanitarias en Ceuta están dotadas de los medios físicos y humanos apropiados y proporcionados a su tamaño y función, incluida la seguridad privada. No obstante ello, se producen, como desgraciadamente sucede en el resto del territorio nacional, agresiones al personal sanitario. En nuestra ciudad, se ha comprobado que la mayoría de estas incidencias están relacionadas con personas que exigen recetas de fármacos psicotrópicos, por lo que es un problema con implicaciones sociales y económicas, más allá de las estrictamente sanitarias, que dificultan su resolución».
Por otro lado, destacan desde la Dirección Territorial del Ingesa que el pasado 5 de julio se presentaba en Madrid por parte de los Ministros de Interior y Sanidad, Juan Ignacio Zoido y Dolors Montserrat, en respuesta al compromiso contraído con la Organización Médica Colegial, la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad del Estado sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud. Este protocolo de actuación incluye medidas preventivas, asistenciales, investigativas, formativas e informativas, con el objetivo de combatir este fenómeno y generar confianza en las víctimas a la hora de denunciar, hecho importantísimo para garantizar que estas reprobables conductas sean sancionadas. Se introduce la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario, como cauce de comunicación entre los cuerpos policiales y los responsables de los centros sanitarios. Al mismo tiempo, se ha anunciado la creación de un Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios que elaborará un catálogo y clasificación de los mismos, según sus medidas de seguridad, para poder mejorarlas. Por último, se está trabajando en la creación de un Sistema de información de Agresiones del Sistema Nacional de Salud, que reunirá los datos, identificará puntos críticos, y elaborará una evaluación periódica de incidentes y medidas adoptadas.
Resaltan la importancia de que, entre las medidas ya adoptadas, se ha incluido a los profesionales sanitarios dentro del concepto jurídico de autoridad pública.
En el ámbito de responsabilidad del INGESA en Ceuta, aseguran «se está haciendo un seguimiento de cada agresión y del cumplimiento de los protocolos establecidos para los casos de violencia, y se está prestando asistencia letrada a todas las víctimas, personándose el INGESA a través de su técnico letrado en los juicios. Igualmente, se está estudiando cómo mejorar las medidas de seguridad, siempre dentro de su marco jurídico y competencial, que podrían incluir arcos de seguridad, acompañamiento del vigilante al paciente con antecedentes en la consulta, o el establecimiento de puntos únicos dotados de vigilante en cada centro de salud para la prescripción de fármacos psicotrópicos».
El INGESA quiere reafirmar así «su intención de seguir trabajando sin descanso para aportar soluciones al problema de las agresiones a los profesionales sanitarios, y su compromiso máximo con los mismos, garantizando el ejercicio de la función sanitaria, esencial para la sociedad».
