La decisión que ha adoptado la Sala VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta para que permanezca el ex-gerente de Emvicesa en prisión, rechazando el recurso presentado por su abogado, viene a reafirmar la línea que sigue manteniendo en la investigación del ‘caso Emvicesa’, la magistrada Raquel Lucini. Lo primero que se debe tener en cuenta es que aún no ha finalizado la instrucción, se detuvo algo más de un mes como consecuencia de la recusación que presentó el letrado de López, pero tras negar la misma Audiencia todos los extremos de la mencionada recusación, el procedimiento sigue adelante.
Estamos hablando de uno de los casos más importantes, por no decir el que más, que se haya instruido en un Juzgado de nuestra ciudad y por ello, lo mejor en este caso es que la Justicia continúe dando todos los pasos necesarios para que, al final, florezca lo que desean todos los ciudadanos, que se pongan encima de la mesa todos los detalles de lo que ha venido siendo un ‘runrún’ en esta ciudad durante varios lustros.
Aquí no se ha puesto punto y final a la investigación. Se sigue adelante y por esta razones, la decisión que se ha tomado sobre la persona de Antonio López para que el mismo permanezca en prisión y no se acepte su puesta en libertad la han basado en unas consideraciones muy meditadas y ajustadas a derecho, como la posibilidad de fuga, la posible destrucción de pruebas a las que aún no haya podido llegar la UDYCO y la negativa a colaborar con la Justicia por parte del investigado.
Por ello, cuando el letrado de López habla de “campaña mediática”, dejando observar que los jueces se pueden dejar influenciar por portadas o informaciones de los medios, en realidad lo que se está es insultando la inteligencia de los magistrados de la Audiencia Provincial.
Repetimos, la investigación no ha terminado. Lo mejor, es que dejemos todos que la instructora siga dando los pasos que estime necesarios, porque, al final, lo que se busca es la verdad de lo que ha sucedido. Y que resplandezca la verdad es una obligación de todos.
Autor: Redacción
Las familias de los niños diabéticos recurren el cierre del caso del campamento
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Solicitan que al menos se recabe el informe de un perito endocrino antes de ordenar el sobreseimiento
Las familias de los niños que en septiembre del año pasado acudieron al campamento para diabéticos organizado por la Consejería de Sanidad han presentado sendos recursos de apelación y reforma ante la Audiencia Provincial y el Juzgado de Instrucción número 6 contra el auto de sobreseimiento y archivo dictado por la titular de este último sobre las diligencias abiertas en relación con una supuesta mala praxis o imprudencia profesional con el adjudicatario de la supervisión médica, José Antonio Márquez, y la coordinadora del Programa de Diabetes de la Ciudad, Margarita Medina, como investigados.
Las familias, que han rechazado expresamente saldar el caso con una indemnización económica, consideran que cuando menos la instrucción debe incorporar el dictamen de un perito especialista endocrino que acredite que, como estima la juez, “no se ha acreditado que durante el campamento se provocase un descontrol de la diabetes que produjese lesiones” los menores. Además, consideran imprescindible que se practiquen nuevas diligencias como la toma de declaración al DUE que estuvo con los niños y que el Colegio de Médicos aporte el informe que pidió en octubre a un facultativo de Medicina Interna.
Fuentes del grupo de padres y madres denunciantes han asegurado que llegarán “hasta la última instancia posible” para aclarar la posible responsabilidad penal derivada de cómo se desarrolló la actividad, en la que la Ciudad ha asumido por escrito que si hubiera más ediciones “los menús serían elaborados por endocrinólogos o educadores en diabetes expertos en alimentación para niños y adolescentes” y se contaría si los progenitores lo requiriesen con ese tipo de expertos.
El año pasado se dieron niveles “extraordinariamente altos en la mayoría de usuarios, desde 200 hasta 501, frente a los recomendados entre 80-120”, “se aconsejaron malas prácticas”, “no hubo control de las raciones de la comida”, “se proporcionaron alimentos no adecuados” y “no se hicieron los controles adecuados ni se vigilaron las dosis de insulina pautadas para cada persona”, según los denunciantes.
Hipoglucemias, hiperglucemias y falta de controles
Los perfiles de los niños que participaron en el campamento del año pasado registran numerosas hiperglucemias e hipoglucemias, así como la no realización de varios de los controles que venían establecidos en la hora de registro de la Consejería, sobre todo los nocturnos. Algunos menores registraron niveles superiores a 500 de azúcar en sangre, los indicadores entre 300 y 400 fueron habituales, otros no se ponían la insulina cuando lo tenían pautado…
La Ciudad exigiría varios cambios si repitiese la actividad
La coordinadora del Programa de Diabetes de la Consejería de Sanidad, Margarita Medina, ha dejado constancia en un informe de que, para repetir la realización de un campamento como el del año pasado con “la máxima satisfacción posible”, habría que incorporar múltiples mejoras.
Entre otras, se exigiría que las familias aportasen por escrito la dieta de los menores (con raciones de hidratos de carbono) y sus pautas de insulina rápida y lenta. Sin dichas informaciones “no sería posible” asistir.
Además, se requeriría al personal sanitario destinado para la actividad “que conozca con antelación suficiente el contenido de cada ficha médica o de los informes médicos aportados por los padres o madres”, así como que ambas partes se reuniesen “con antelación suficiente” para “abordar todos los puntos a tener en cuenta en la atención sanitaria a cada menor”. Dicho encuentro se consideraría “requisito indispensable” para acudir.
“Se contará por las noches no solo con el personal sanitario y el de animación, sino también con personal de la Consejería o monitor contratado a tal efecto”, ha avanzado Medina, que también cree que sería mejor “permitir el uso de teléfono móvil a los menores cuyos progenitores lo demanden” y “estudiar la posibilidad de realizar un ‘Día de puertas abiertas’ para las familias.
CSIF defiende a las Brigadas Verdes frente a los operarios contratados por Tragsa
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Señala que estarán vigilantes ante la encomienda de gestión recibida por la Ciudad
Desde la sección local del CSIF “nos parece indignante como trata este gobierno a los empleados contratados en las Brigadas Verdes al usarlos como chicos para todo y pagarle un sueldo de 1050 euros al mes, y ahora tras la encomienda de gestión realizada a TRAGSA se le va a pagar un coste por peón a la empresa de nada menos que 3500 euros al mes, sueldo que con toda seguridad no percibirán los contratados pero si, lo obtendrá la empresa como beneficio, haciendo sentir a los empleados de las brigadas altamente discriminados y agraviados comparativamente al estar haciendo funciones que hasta ahora realizaban las brigadas”.
En un comunicado señala que como “empresa que por cierto, al ser pública no debería perseguir beneficio económico y actuar con un precio ajustado a costes y en base a la persecución de objetivos de interés genera”l.
Para CSIF, “el gobierno, que lleva ya para dos años hundiendo la reputación y el trabajo que desarrollan las brigadas, no deja de reclamar la ayuda de éstos para cometidos fuera de su competencia pero muy importante para nuestro Presidente como es por ejemplo, asumir constantemente el trabajo de los jardineros municipales para mantener y plantar la millonada anual que se gasta en flores cambiándolas incluso, cuando todavía están totalmente nuevas y sin desperfectos”.
También denuncian que el gobierno en colaboración necesaria con el presidente de la FPAV, “se ha encargado de minar el trabajo y la moral de la mayoría de los trabajadores los cuales después de llevar 10 años trabajando para la ciudad sienten desde que al gobierno solo le interesa las Brigadas Verdes cuando tiene un trabajo que realizar y no tiene empleados propios para realizar dicha labor”.
Desde el CSIF “estaremos vigilantes de las funciones, cometidos y anomalías que pudieran generarse tras la encomienda de gestión con la empresa TRAGSA y defenderemos los derechos de los empleados de las Brigadas Verdes, de cuantos fueran necesarios y donde fuera necesario ya que la gestión realizada tanto por el gobierno como por el actual Presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos ha quedado constancia que no persiguen los intereses de las Brigadas Verdes en particular ni los intereses generales de los ceutíes en general”.
La FPAV sigue manteniendo su negativa a presentar a las candidatas para misses
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El vicepresidente Romero señala que es el acuerdo que se alcanzó
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Dice que el consejero no se ha puesto en contacto con ello
La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, a través de su vicepresidente, José María Romero, continúa manteniendo la misma postura en relación con la decisión de los presidentes de las distintas asociaciones de vecinos de no presentar a ninguna candidata para la elecciones de Reina de las Fiestas que será a finales de la próxima semana.
Se mostró muy sorprendido por las afirmaciones que realizó el consejero, Fernando Ramos, durante la presentación del cartel de la Virgen del Carmen, cuando los medios de comunicación le preguntaron por esta polémica y habló de las cuentas que no están justificadas por algunas barriadas y por otras no.
Sobre la primera de las cuestiones, en relación con la presentación de las misses, dijo que a día de hoy lo único que prima es el acuerdo que tomaron todos los presidentes por la noche del lunes. “Como, de todas maneras estoy escaldado, porque algunas veces cuando se dice digo, luego se dice Diego, queremos la redacción de un documento que sea rubricado por todos los asistentes a la citada reunión, para que no haya ninguno que luego se vaya a echar para atrás”.
Además, sobre la posibilidad de la solución al conflicto que mantienen desde hace más de un año para el cobro de la subvención anual por parte de las asociaciones resulta que “nos dijo que iba a acudir a Intervención para interesarse por el tema, pero resulta que si lo ha hecho nos nos ha informado de nada”.
Además, destacó que tienen muy claro que la subvención del año 2016 ya está perdida y “lo que estamos buscando que es que no haya que devolver la de 2015, intentando poner un punto de inflexión para que volvamos nuevamente a la senda de la normalidad”.
De todas maneras, la directiva de Pepe Ramos siempre ha defendido de una manera clara que la mejor solución es que cada una de las barriadas sea la que presente sus programas a la Consejería, cobre la subvención y luego presente sus respectivos justificantes, pero sin ser en bloque como ahora.
C,s pide información sobre las actividades privadas en el Parque
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Señala que desea conocer la repercusión que han tenido en las cuentas de la propia sociedad
Ciudadanos ha solicitado información sobre todos los eventos de carácter privado, susceptibles de negocio, que se han organizado en las instalaciones del Parque Marítimo del Mediterráneo desde el comienzo de la actual legislatura.
Asimismo, preguntan cómo han repercutido las actividades programadas para entidades privadas con ánimo de lucro en el capítulo de ingresos y gastos de la sociedad municipal, así como el beneficio económico que ha supuesto para la Ciudad, si lo hubiera.
Señalan en un comunicado que el Parque Marítimo del Mediterráneo se mantiene gracias a una cuantiosa transferencia anual que inyecta la Ciudad y que, “como sucede en otras sociedades municipales, el Parque no alcanza la rentabilidad ni con la venta de entradas y abonos ni con otros ingresos por el concepto de arrendamiento.
El nuevo gerente de la sociedad ha firmado hace unos días, a instancias del director de explotación del Parque, un contrato de uso de las instalaciones, concretamente de la parte del solarium en el tercer lago, para la celebración de un evento privado. “Desconocemos en base a qué parámetros se han establecido las condiciones del contrato que no ha pasado el trámite de su aprobación por el Consejo de Administración de la sociedad, órgano que sí se cita en una de las cláusulas para el caso de resolver si existieran dudas o cuestiones relacionadas con el cumplimiento del contrato”.
Revocada la condena a una persona acusada de connivencia en un traslado de hachís
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La Audiencia entiende que no hay soporte probatorio, estima el recurso y dicta una absolutoria
La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha estimado el recurso interpuesto por la Defensa de un hombre condenado por un delito contra la salud pública, revocando la sentencia condenatoria y dictando, en resolución firme, su absolución. El máximo órgano judicial entiende que existe “incertidumbre” sobre si el recurrente tomó parte en los hechos, es decir, en el acuerdo para preparar la carga de un coche con poco más de 16 kilos de hachís. Entiende el tribunal que existe una “insuficiencia probatoria” ya que solo hay un testimonio que lo incriminó en la preparación del pase y este proviene de otro de los acusados.
El recurrente fue condenado por el Juzgado de lo Penal al entender que colaboró con otra persona en la organización de un pase de droga que fue abortado por la Guardia Civil en el puerto, en septiembre de 2012. El conductor del coche fue condenado a dos años de prisión y el recurrente a 3 años y 9 meses, teniéndose en cuenta la agravante de reincidencia y figurando como la persona que, supuestamente, había hecho entrega del hachís para su posterior embarque y distribución.
Entiende la Audiencia que este extremo no puede probarse, siendo imposible que pudiera alcanzarse una convicción sobre los hechos “sin un soporte probatorio de cierta suficiencia”. En los fundamentos de derecho la Audiencia considera que no ha existido prueba de cargo con la entidad suficiente, ya que de hecho la única prueba es la declaración del otro acusado. “El que la única prueba de cargo no provenga de un testigo sino de un coacusado es extraordinariamente relevante”, expone, añadiendo que su declaración carece de una mínima corroboración. La considera además “de gran ambigüedad” sin aportar datos que pudieran implicar a más personas. “Todos los implicados han jugado bien sus cartas para eludir su responsabilidad”.
El UA Ceutí FS conoce a todos sus rivales
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El Cerro Reyes, que había ascendido, jugará finalmente en Segunda B
La Unión África Ceutí FS ya conoce todos los rivales que tendrá dentro del grupo quinto de la Segunda División B.
El último conjunto que faltaba para completar los veinte ha sido el campeón de la pasada temporada, el Cerro Reyes que no ha podido cumplir con los requisitos de la Liga Nacional de Fútbol-Sala con lo que no ha sido admitido para competir en Segunda División.
Por lo tanto el grupo quinto de la Segunda División B para la temporada 2017/2018 lo forman junto al Unión África Ceutí FS, el Itea Automatismos CD de Córdoba, el Villa del Río también cordobés, el Victoria Kent de Mario Gallardo y de Vicente Tirapo de Alhaurín de la Torre, la Unión Deportiva Coineña, el CD Alcalá ascendido de Tercera División, el Real Betis Futsal B, el Sporting Constitución de Melilla, el Melistar también melillense, el Peligros FS de Granada, el CD Gádor almeriense, el Xerez Nimauto también ascendido del grupo 17º de Tercera División, el Villa de Fines de Almería, el Infantes FS de Ciudad Real, el CD El Ejido y el campeón de la pasada temporada, el conjunto extremeño del Cerro Reyes.
En otro orden de cosas decir que la junta directiva del cuadro unionista está preparando la presentación oficial de Dani Aranda,el último fichaje del Unión África Ceutí, que podría llegar a nuestra ciudad hoy viernes para ser presentado o lo más tardar mañana sábado, con lo que la presentación oficial del ala-pivot quedaría pospuesta para el mismo sábado.
Decir también que el club sigue trabajando en la búsqueda de nuevos jugadores para la plantilla y tiene varios frentes abiertos tanto con jugadores de la península como con las renovaciones de otros como Chito que podría ser el siguiente en renovar la próximasemana, el capitán Ismael o el goleador Sufian que se sumarían a los cinco fichajes Rubén, Villatoro, Bader, Dani Cabezón y Dani Aranda y al renovado Moncho.
6F, sin respuesta de Marruecos
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El magistrado de enlace en Rabat advierte de lo complicado de atenderse una petición desde Ceuta
El magistrado de enlace de España en Marruecos, Luis Francisco De Jorge Mesas, ha remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Ceuta el acuse de recibo que certifica que ha trasladado el tercer recordatorio “a las autoridades marroquíes competentes” de la comisión rogatoria que aspira a acceder a las autopsias practicadas a los cadáveres de los subsaharianos que perdieron la vida el 6 de febrero de 2014 cuando intentaban bordear el espigón del Tarajal.
Según han informado fuentes judiciales, De Jorge ha advertido expresamente al Juzgado de que las posibilidades de que la petición tenga éxito son pocas o ninguna. “Cuando se trata de comisiones rogatorias procedentes de Juzgados de Ceuta o Melilla estas autoridades o no contestan o invocan razones de soberanía nacional para no admitirlas”.
La respuesta no sorprende. Conseguir que Marruecos atienda una comisión rogatoria de un juzgado de cualquiera de las dos ciudades hermanas es prácticamente inviable. En este caso los datos oficiales del vecino país son importantes por cuanto se requieren las autopsias hechas a los cadáveres encontrados en el lado marroquí. Han pasado tres años y no hay respuesta.
La Audiencia instó al juzgado de instrucción a continuar con la práctica de diligencias hasta agotar las investigaciones, y era precisamente esa insistencia en que Marruecos contestara a la comisión rogatoria uno de los pasos a dar porque, dijo el tribunal de la Sección VI, “no cabe perder la esperanza, aunque sea lejana” de que Marruecos conteste. La Audiencia valoraba, incluso, que se diera una respuesta negativa, porque, al menos, supondría ya la obtención de una contestación.
“El que la petición de auxilio judicial internacional se haya remitido a Marruecos añade algunas peculiaridades a este procedimiento”, reconoció la Audiencia, que a la luz de su experiencia indicó que “las comisiones rogatorias remitidas a dicho país por órganos jurisdiccionales con sede en Ceuta sólo en contadas ocasiones han obtenido un resultado fructífero por razones tan notorias que no es necesario detenerse en ellas”.
Existe un precedente en el que hubo colaboración, el ‘caso Kimbi’ registrándose incluso el traslado de una comisión judicial ceutí a Marruecos, en donde también se habían denunciado los hechos. Hay en cambio otros casos bloqueados en los que la nula colaboración judicial por parte de Marruecos hace inviable que se pueda avanzar en las investigaciones, como ha ocurrido en el caso de un porteador hallado muerto de un disparo en el perímetro fronterizo que sigue sin poder esclarecerse o penar a los autores del homicidio puesto que el cadáver fue encontrado en el lado marroquí de la valla.
Por otro lado, ya se tienen localizados los domicilios de dos inmigrantes que participaron en la entrada del 6F y fueron testigos de lo ocurrido. Ahora residen en Alemania y se está por dilucidar la forma en que se les tomará declaración para conocer qué pueden aportar sobre lo sucedido.
Antonio López seguirá en prisión al existir riesgo de fuga
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La Audiencia desestima el recurso interpuesto por su Defensa y decide mantener también entre rejas al trabajador de Obimace como lo hizo con el policía portuario l Alude a la obstrucción a la justicia
Riesgo de fuga y posibilidad de obstrucción a la justicia. Estos son los dos argumentos que han llevado al tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta a desestimar el recurso presentado por la Defensa de Antonio López, acordando así que continúe en prisión provisional. En el mismo estado en el que lleva desde el pasado mes de febrero, cuando fue detenido por agentes de la UDYCO en el marco de las investigaciones desarrolladas por el ‘Caso Emvicesa’. El auto se conoció ayer, tras la deliberación fijada para el miércoles, atendiendo al recurso interpuesto por el letrado de López que rechazó que se celebrara una vista al efecto.
Tal y como ha confirmado el TSJA a los medios, existía un riesgo de que López pudiera llevar a cabo alguna maniobra que terminara frenando la acción judicial o que, al saber el peso de las acusaciones que tiene en su contra, pudiera intentar abandonar el país. Son dos fundamentos que ya tuvo en cuenta la magistrada de instrucción, Raquel Lucini, lo que le llevó a mantenerle en prisión tras la declaración del exgerente de Emvicesa el pasado 19 de junio. Ahora, el máximo órgano judicial en la ciudad ratifica dicha decisión, desestimando la petición cursada por el mediático letrado de López.
De igual forma, los magistrados de la Audiencia han resuelto la petición de puesta en libertad solicitada por el abogado defensor de Abdel Ali Mohamed Sel Lam, denegándola, por lo que seguirá también entre rejas, sin fianza y comunicada. También prestó declaración el pasado 19 de junio, negando los hechos, de igual forma que lo hizo López. La magistrada instructora lo mantuvo privado de libertad como ahora ratifica la Audiencia. En los dos casos sobre los que ha resuelto el tribunal de la Sección VI la Fiscalía había mostrado su rechazo.
De esta forma, de los 47 investigados en la causa tres figuran en prisión provisional: tanto López como el trabajador de la empresa municipal Obimace y el policía portuario, siendo estos dos últimos considerados como presuntos intermediarios de la trama que, según los informes policiales, lideraba el exgerente de Emvicesa, poniendo precio a las viviendas que terminaban siendo adjudicadas a los que pagaban por ello.
En los tres casos sobre los que ya se ha pronunciado la Audiencia (el recurso del policía portuario fue resuelto en mayo), se hace constar los mismos fundamentos: el riesgo de fuga y la posible obstrucción a la justicia en la que podrían incurrir los investigados de ser puestos en libertad. La Policía dedujo de sus investigaciones, centradas en seguimientos y escuchas, la existencia de una trama criminal bien coordinada con una red clientelar amplia. En el caso del policía portuario consta contactos permanentes con López, aunque este lo calificara de conocido y no amigo. Contactos tan importantes como el hecho de que en la última visita a Ceuta del exgerente antes de ser detenido, quien fue a recogerle a la estación marítima fue el conocido como ‘portuario’. La Policía recoge reuniones con clientes disgustados que exigían la devolución del dinero y existe la declaración ante la magistrada de personas consideradas ya clave en la investigación como el trabajador de una naviera que situó a López y el ‘portuario’ en una cita en donde se habló de la devolución de 12.000 euros.
El mantenimiento de las medidas de prisión para esta tres personas persigue, entre otros objetivos, asegurar la presencia de los investigados cuando se advierte que ese riesgo de huida es evidente, sobre todo teniendo en cuenta las penas que podría derivarse de delitos tan graves como la organización criminal o el cohecho. También se tiene en cuenta la posible destrucción de pruebas o las gestiones para evitar su descubrimiento. Algo importante porque la Policía y el juzgado siguen trabajando en las investigaciones.
También cobra importancia la cercanía de Marruecos en el caso de algunos de los afectados, de los que consta que tienen parientes por lo que podrían buscar en la frontera la vía idónea para impedir la acción de la justicia. De hecho uno de los investigados tiene un hermano en busca y captura.
Los delitos que se les atribuyen a los encarcelados no son irrelevantes, al contrario, se trata de la investigación de una auténtica trama para la adjudicación de viviendas a cambio de dinero, en el que juegan roles distintos en un escalafón que todavía está sin cerrar y que se cree que estaba funcionando desde el año 2011.
Los motivos para justificar la decisión de los magistrados son de peso y bastantes como para garantizar que el proceso de investigación pueda continuar. El mantener la privación de libertad tiene que estar muy bien fundamentado puesto que se sacrifica el derecho a la libertad, pero en el caso de riesgos extremos, como ocurre con estos tres investigados, se apuesta por ese sacrificio dada la gravedad de los acontecimientos.
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Nueva amenaza a una médica en el centro del Tarajal
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Es la tercera en tres meses y estuvo protagonizada por un individuo que quería psicotrópicos sin tenerlos prescritos
Nuevas amenazas para una facultativa en el centro de salud del Tarajal. Ya son tres en los últimos meses y casi siempre tienen una misma razón: la obligatoriedad del individuo que llega a la consulta médica para que le receten psicotrópicas y como es lógico, la negativa por parte del médico como consecuencia de que no lo tienen prescrito.
Los hechos se produjeron a media mañana de la jornada de ayer, cuando esta persona, que tenía su cita, entró en la consulta de la doctora y le pidió la receta. Le señaló que compraba en la calle tanto Diazepam como Trankimazin, pero que entendía que no tenía que gastarse el dinero y que la solución era que la Administración sanitaria se lo resolviera. Tras la consulta de su historial médico, la negativa fue absoluta por parte de la doctora y le recomendó que se llegara al Centro de Drogodependencias, perteneciente al Ayuntamiento, para que allí se suministraran esas pastilla si era drogodependiente.
En ese momento, el individuo si cambió la táctica en relación con otros casos de agresiones que se han producido en el centro de salud del Tarajal. En ningún momento perdió los nervios y comenzó a gritar, con lo cual no intervino para nada el vigilante de seguridad que se encuentra en la planta baja, ni tampoco por la médico se produjo ningún aviso ya que se encontraba realmente asustada. Pues bien, esta persona se quitó sus gafas de sol, le dijo a la médico que le mirara directamente a los ojos y le preguntó si se encontraban tranquila después de lo que le había dicho, puesto que si alguna vez le sucedía algo, a él nunca le acusarían porque tendrían una coartada de que se encontraba en la Península. La facultativa no sabía como reaccionar ante estas amenazas directas por parte de este paciente, mientras que toda la conversación fue escuchada por parte de unos compañeros que se encontraban en otra consulta. Lo cierto, es que después de las amenazas directas, cogió la puerta y se marchó.
La médico estaba realmente nerviosa después de los hechos que había protagonizado de manera involuntaria y en cuanto terminara su jornada laboral iba a presentarse en la Jefatura Superior de Policía para poner la correspondiente denuncia. No olvidemos que las agresiones físicas o verbales a los sanitarios están consideradas como un delito de atentado.
Lo cierto es que son muchos los trabajadores del centro de salud situado en el Tarajal que reconocen que cada día es más difícil trabajar de manera tranquila durante sus horarios, porque ya no sólo es cuando se produce una agresión de este tipo que se están multiplicando a lo largo de los últimos meses, sino también otras actitudes de gritos o malos modos que soportan tanto médicos, como diplomados de Enfermería, auxiliares o celadores. Cada día afirman que lo pasan peor.
“Cualquier día ocurre una desgracia”
El comentario generalizado de los trabajadores más veteranos en el centro de salud del Tarajal es que cualquier día va a ocurrir una desgracia de verdad, en el momento, que uno de estos individuos cuando entren a una consulta terminen agrediendo físicamente a uno de los profesionales médicos. “Cualquier día va a ocurrir una desgracia y lo vamos a lamentar porque antes no se hayan puesto medidas por parte de quienes son los responsables en este tipo de actitudes”. El ambiente de trabajo, desde luego, no es el más efectivo a todas luces.
Se celebró una concentración para pedir medidas
La situación que se vivió ayer en el centro de salud del Tarajal es la tercera en los últimos meses. En el mes de mayo fue una doctora, la que se tuvo que refugiar en otra consulta anexa, debido a que un individuo quiso entrar sin tener hora, diciendo que llevaba mucho tiempo esperando. Llegó a lanzar una papelera contra la puerta de la consulta, hasta que pudo ser reducido por parte del vigilante de seguridad y ya se hizo cargo del mismo la pareja de la Policía que llegó tras ser avisado. En el mes de junio, hubo una situación mucho más violenta que la ocurrida ayer jueves, debido a que un individuo que también quería que le recetaran psicotrópicas, le llegó a sacar una navaja a la facultativa, la cual con posterioridad presentó la denuncia. El juicio ha quedado fijado para el mes de septiembre, pero esta persona permanecerá en prisión hasta entonces. Al día siguiente, se celebró una concentración ante la puerta del centro de salud, no solamente para expresar la solidaridad con la médico agredida verbalmente, sino también para pedir medidas a las autoridades. Estuvo presente el presidente del Colegio Oficial de Médicos, Enrique Roviralta.
