Lo ocurrido desde el 30 de julio es grave, nuestra frontera ha sido violentada y eso no se puede permitir, justificar ni normalizar. Una frontera española y europea tiene que estar protegida y Ceuta, por sus dimensiones, su situación geográfica y sus singularidades, no tiene capacidad para soportar semejante presión.
Hemos perdido la cuenta de las veces que esta ciudad se ha visto al borde del abismo y la fatiga del pueblo ceutí es real. Hay preocupación, cansancio y una ciudadanía que necesita respuestas.
Y precisamente por eso escribo esto.
Porque durante estos días escucho demasiadas veces que quienes hablamos de humanidad, de legalidad o de proteger a un menor parece que no entendemos lo que siente nuestra gente, como si defender determinados principios significara vivir al margen de la realidad o no querer que nuestra frontera esté protegida.
Yo también soy esa gente.
Nací en Melilla, sí, pero llevo más de media vida viviendo en Ceuta. Aquí he construido mi vida, aquí tengo a mi hija, a mi familia, a mis amistades, mi trabajo y buena parte de todo lo que quiero. Ceuta es mi casa y, precisamente por eso, también siento preocupación.
Hay momentos en los que tengo miedo como madre, pensando en mi hija cuando sale y vuelve tarde. Tengo la misma preocupación que tantas madres y tantos padres en estos momentos.
Una parte del miedo nace de situaciones reales que no debemos negar, pero otra nace del desconocimiento ante realidades ajenas que percibimos como una amenaza. Cuando te acercas y conoces las historias que hay detrás, esa mirada cambia. Estos días estoy conociendo a personas que han llegado hasta aquí con historias desgarradoras y, también, a personas con una calidad humana que me está sorprendiendo profundamente. Escucharlas no hace desaparecer los problemas ni convierte a nadie en mejor o peor por ser migrante, pero sí te recuerda algo que a veces olvidamos entre cifras y titulares, delante tenemos personas. Eso no significa ser ingenua ni negar riesgos, significa no convertir una situación extraordinaria en una condena colectiva contra miles de personas.
No tengo que elegir entre proteger a mi hija y defender los derechos de la hija de otra persona.
Puedo exigir que mi hija viva en una ciudad segura y, al mismo tiempo, exigir que el Estado proteja a una menor que huye de abusos o explotación. Podría ser mi hija la que hubiera nacido al otro lado de la frontera. Podría ser ella la que viviera en una casa donde sufriera abusos físicos o sexuales, a la que intentaran forzar a un matrimonio no deseado o la que hubiera caído en manos de una red que la utilizara bajo amenazas. Podría ser ella la que tuviera que huir desesperadamente buscando un lugar seguro y acabara durmiendo sobre una manta en el suelo sin saber qué será de ella. Defender a mi hija no me obliga a dejar de ver a las hijas y a los hijos de los demás.
Tampoco vivo al margen de lo que está pasando porque lo estoy viviendo desde otro lugar fundamental de mi vida, la Protectora.
Quien no esté allí no imagina hasta qué punto esta crisis entra en cada rincón de Ceuta. Tenemos perros que apenas quieren salir de sus cheniles por el pánico que les provoca el movimiento y la tensión a su alrededor, animales completamente alterados por una situación que no comprenden. Hemos tenido una colonia de gatos desaparecida durante días sin saber qué había ocurrido con ellos.
Y duermo con el teléfono debajo de la almohada, literalmente, con el miedo de que suene de madrugada porque ocurra un incendio o cualquier incidente que ponga en peligro a los animales y no podamos reaccionar a tiempo.
Decirlo no me hace menos socialista, de la misma manera que ser socialista no me obliga a callar.
Es compatible formar parte del partido que gobierna España y reconocer que en una crisis de esta magnitud hay decisiones, tiempos y formas de comunicar que pueden no compartirse o que podrían haberse gestionado de otra manera. Cuando pase la urgencia habrá tiempo para analizarlo todo, también aquello que pudo hacerse mejor. Formar parte del partido que gobierna España no significa renunciar al criterio propio.
Pero una cosa es la autocrítica y otra muy distinta callar ante lo injusto. Y yo no voy a hacerlo. Me parece profundamente injusto el linchamiento político que está recibiendo Miguel Ángel Pérez Triano, y también el que estamos recibiendo los socialistas de Ceuta, como si defender determinados principios o pertenecer al partido que gobierna España nos hiciera menos ceutíes o menos preocupados por lo que está pasando.
El delegado del gobierno se está dejando la piel y está trabajando sin descanso para afrontar una situación extraordinariamente difícil. Lo sé porque lo estoy viendo desde dentro: jornadas interminables, hablando permanentemente con Madrid, reclamando medios, coordinando dispositivos y defendiendo las necesidades de Ceuta, lejos de las cámaras y sin convertir cada gestión en un titular.
Por eso me cuesta aceptar que toda la respuesta de algunos se reduzca al “dimisión” o al “vete”. También habrá que hacerse una pregunta bastante sencilla: ¿cuál es la alternativa?
Más allá de decir “cerrad la frontera” o “que se vayan todos”, ¿qué propuestas concretas se están poniendo encima de la mesa? ¿Alguien se ha parado a analizar qué puede hacerse realmente con el actual ordenamiento jurídico, qué medidas son viables, cuáles no y cómo se ejecutan en la práctica? Porque una cosa es lanzar una consigna y otra bastante más difícil gestionar una crisis de esta magnitud.
Reconocer ese esfuerzo convive con el dolor de una ciudad alterada, que este año se ha quedado sin Feria y en la que muchas familias han dejado de disfrutar con normalidad de algunas de sus playas. También esa es una normalidad que queremos recuperar.
Ahora bien, lo que no estoy dispuesta a aceptar es que mientras señalamos permanentemente a Madrid hagamos como si el Gobierno de la Ciudad Autónoma no tuviera responsabilidades sobre lo que sucede dentro de Ceuta.
La extranjería y el control de fronteras corresponden al Estado. Pero la protección y tutela de menores, los servicios sociales, la atención a personas vulnerables, Protección Civil, la Policía Local, la limpieza, la salud pública, el agua y las instalaciones municipales forman parte de las responsabilidades de la Ciudad Autónoma.
Por eso duele ver al Gobierno de Juan Vivas instalado casi en exclusiva en la queja mientras seguimos sin ver desplegada toda la capacidad de actuación de la propia Ciudad: reforzar Servicios Sociales, activar recursos de atención a mujeres y menores vulnerables, garantizar higiene y poner a disposición más equipamientos locales. Reclamar al Estado es necesario, pero gobernar exige asumir lo propio y sentarse a preguntar: “¿Qué podemos hacer nosotros para ayudar a recuperar la normalidad?”
Y hay algo que me preocupa todavía más. El PP no solo no está utilizando todas las herramientas que tiene la Ciudad, sino que está jugando con algo mucho más peligroso, el miedo de la gente. Hay discursos que, en lugar de calmar, explicar y aportar soluciones, alimentan los instintos más básicos y terminan abriendo la puerta a la intolerancia y a la xenofobia. Y echo de menos a Juan Vivas precisamente ahí. Ha hablado durante años de convivencia, pero la convivencia hay que defenderla sobre todo cuando cuesta, cuando hay tensión en la calle y cuando hacerlo puede no dar votos. No se puede hablar de convivencia y permanecer callado mientras el miedo empieza a convertirse en rechazo hacia todo un colectivo.
Y mientras tanto, demasiadas necesidades están siendo sostenidas por vecinos y vecinas, entidades y personas que están arrimando el hombro desde el primer día. Su solidaridad es admirable, pero no puede sustituir indefinidamente la responsabilidad de las administraciones.
En una emergencia las instituciones tienen que estar a una, y resulta especialmente triste ver a diputados socialistas más preocupados por tácticas partidistas, por cambiar consejos de administración o pedir dimisiones que por coger el teléfono, llamar al delegado del Gobierno y ponerse a su disposición para arrimar el hombro. En momentos críticos, la política debe servir para resolver, no para desgastar.
Guardar silencio ya no es prudencia. Lo fácil es gritar “que los devuelvan a todos”, lo complejo y democrático es aplicar la ley caso por caso, es decir, tramitar los retornos que procedan con todas las garantías legales, garantizar el acceso a la protección internacional a quienes puedan tener derecho a ella y proteger a los menores no acompañados.
Ceuta no puede asumir indefinidamente a todos los menores que lleguen, las comunidades autónomas tienen que ser solidarias, el Estado debe garantizar traslados ágiles y Europa tiene que asumir de una vez que esta frontera también es suya.
Cuando pase la urgencia habrá que analizarlo todo con seriedad y sin partidismos, qué falló en la prevención, qué recursos faltaron y qué mecanismos debemos cambiar. Ceuta no puede seguir enfrentándose a situaciones extraordinarias con herramientas pensadas para la normalidad.
Exigir seguridad, orden y medios es plenamente compatible con defender la dignidad humana.
Entre todas las imágenes que estamos viviendo, hay una que debería perseguirnos siempre, los cuerpos que el mar devolvieron a nuestras costas.
Yo quiero una Ceuta segura. Quiero una frontera protegida. Pero también quiero poder seguir mirando al mar sin acostumbrarme a los muertos.
Porque el día que eso deje de conmovernos, el problema ya no estará solo en nuestra frontera. Estará también en nosotros mismos.
