Autor: Isabel Jiménez

Lo que está viviendo Ceuta en estas semanas no es solo una crisis migratoria: es un espejo incómodo de las contradicciones de nuestro modelo de acogida, de la fragilidad de los sistemas públicos y de la tensión entre seguridad y derechos humanos. La ciudad autónoma se ha convertido en el epicentro de un fenómeno que, más allá de las cifras, pone a prueba nuestra capacidad de respuesta como sociedad y como sistema sanitario.

En apenas unos días, la llegada masiva de miles de personas —muchas de ellas menores no acompañados— ha desbordado los recursos de acogida y asistencia. Los sindicatos sanitarios y otros actores llegan a hablar de “zona de catástrofe asistencial”; el Gobierno prefiere el término “tensión sanitaria”. Pero detrás de los eufemismos hay realidades concretas: urgencias colapsadas, radiología saturada, atención primaria sobrecargada y profesionales muy cansados en urgencias y descontentos en general. Y, sobre todo, hay personas que duermen en asentamientos improvisados, sin condiciones de salubridad, con brotes de gastroenteritis, y casos de sarna, y un riesgo creciente de que aparezcan procesos infecciosos evitables.

Esta situación no es nueva en su esencia, pero sí en su magnitud y velocidad. Ceuta arrastra un déficit estructural en sanidad: escasez de especialistas, dificultades para cubrir bolsas de contratación, plantillas por debajo de la media nacional. La crisis migratoria no ha creado estos problemas, pero los ha puesto en evidencia de forma brutal. Y lo ha hecho en un momento especialmente delicado, con el sistema ya tensionado por la estacionalidad vacacional y una demanda asistencial que no cesa.

Desde una perspectiva personal, lo que más duele es la sensación de que estamos reaccionando en lugar de anticipar. La frontera se blinda cuando hay llamadas en redes sociales para un nuevo asalto; se despliegan efectivos policiales y militares cuando la presión mediática es insoportable; se hablan de “espacios adicionales” para diagnósticos precoces cuando los brotes ya están encima de la mesa. Pero falta una estrategia integral que combine seguridad, acogida digna y atención sanitaria sostenible en el tiempo y un verdadero mando único desde un centro coordinador de emergencias.

Aquí es donde debemos posicionarnos, no como unos actores más en el debate, sino como una voz que recuerde que la salud pública no es un lujo, sino una condición necesaria para la estabilidad social. La atención a migrantes no es un gasto, es una inversión en prevención. Cada caso de tuberculosis no detectado, cada brote de gastroenteritis no controlado, cada menor sin seguimiento pediátrico, es un riesgo que se multiplica y que, al final, pagamos todos.

La evolución de esta crisis dependerá de varias variables. Si la situación se alarga, la presión sobre el sistema sanitario crecerá de forma exponencial. Algunos profesionales ya muestran signos de agotamiento; la fuga de talento es un riesgo real si no se toman medidas urgentes de refuerzo de plantillas y mejora de condiciones laborales. Además, la falta de espacios adecuados para la acogida y el diagnóstico temprano seguirá generando focos de insalubridad que pueden derivar en emergencias sanitarias de mayor calado.

Pero también hay oportunidades. Esta crisis puede ser el catalizador para repensar el modelo de atención a migrantes en Ceuta y en otras fronteras. Hace falta una coordinación real entre administraciones, con recursos suficientes y estables, no parches temporales. Hace falta un plan de salud pública específico para contextos de alta movilidad, que incluya cribados sistemáticos, vacunación, seguimiento de crónicos y atención a la salud mental. Y hace falta, sobre todo, un relato que no contraponga seguridad y derechos, sino que los entienda como complementarios.

Se debería abogar por una respuesta que combine tres ejes: primero, refuerzo inmediato del sistema sanitario ceutí, con personal, medios y espacios adecuados; segundo, un plan de acogida digna que evite el hacinamiento y garantice condiciones de salubridad; y tercero, una estrategia de largo plazo que anticipe escenarios similares y evite que la emergencia se convierta en crónica, así como que se cumpla la ley si hay que devolver a muchos de los que ilegalmente han entrado de forma masiva.

La situación en Ceuta no es un problema de todos. Y la forma en que lo resolvamos dirá mucho de qué tipo de sociedad queremos ser.