La rama paraguaya de una presunta trama de prostitución que habría operado en Ceuta llegó este martes a la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en nuestra ciudad. Un matrimonio se enfrenta a una petición de penas que rondan los 40 años de prisión por parte de la Fiscalía.
Los acusados están siendo juzgados por varios delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y otro contra la salud pública.
El juicio, que continuará este miércoles, permitió escuchar a 5 testigos, entre ellos una testigo protegida de nacionalidad paraguaya, además de cuatro agentes de la Policía Nacional que participaron en las investigaciones y en los registros practicados en los domicilios vinculados a la causa.
Sus declaraciones sirvieron para reconstruir el funcionamiento de una organización que, según la acusación, captaba a mujeres en Paraguay y las trasladaba hasta España para ejercer la prostitución.
Antes de comenzar la vista intervino uno de los letrados de la defensa, quien explicó que sus representados habían realizado un ingreso de 4.000 euros en concepto de reparación del daño a favor de una de las víctimas.
El abogado recalcó que esta consignación se había efectuado de manera cautelar y que la defensa mantiene su petición de absolución, aunque solicitó que la cantidad fuera tenida en cuenta en caso de que finalmente se dictara una sentencia condenatoria.
«Si hubiera sabido que las condiciones iban a ser así, no habría venido»
La declaración de la testigo protegida, natural de Paraguay, constituyó uno de los momentos centrales de la vista. Relató que viajó a España junto a una amiga debido a su situación económica y con la intención de encontrar una oportunidad para salir adelante.
Según explicó, fue precisamente su amiga quien contactó inicialmente con los acusados y posteriormente la mujer del matrimonio se puso en contacto con ella.
Las dos mujeres, según su relato, recibieron los billetes de viaje pagados por los acusados y se les habría prometido una cantidad de dinero para afrontar los primeros gastos.
Sin embargo, aseguró que únicamente recibieron 500 euros de los 1.000 que se les habían anunciado. Primero fueron trasladadas a un alojamiento en Alcorcón y al día siguiente viajaron hasta Algeciras, donde, según declaró, los acusados las estaban esperando para trasladarlas posteriormente hasta Ceuta.
Fue, según su testimonio, a partir de su llegada a la ciudad autónoma cuando comenzaron unas condiciones que describió como de “desprecio” y “trato repugnante”.
La mujer aseguró que habían viajado a España para trabajar y saldar una deuda de 5.000 euros, pero que el trabajo que debían realizar consistía en ejercer la prostitución en unas condiciones que, afirmó, no eran las que inicialmente les habían planteado.
Trabajo las 24 horas y control mediante cámaras
La testigo explicó que llegó a vivir junto a otras mujeres en un piso utilizado para ejercer la prostitución y que no podían salir cuando quisieran.
Según su declaración, el horario era prácticamente permanente: 24 horas al día y siete días a la semana. Afirmó además que ellas no escogían a los clientes, sino que eran los acusados quienes gestionaban las citas y establecían el precio de los servicios.
El dinero tampoco quedaba en manos de las mujeres. Según relató, cuando los clientes abonaban los servicios en efectivo, los acusados acudían posteriormente a la vivienda para recoger la recaudación.
La testigo aseguró que no podía quedarse con dinero y que finalmente consiguió abandonar aquella situación después de haber saldado la deuda que, según sostuvo, había contraído con el matrimonio.
La mujer también describió un sistema de control y vigilancia mediante cámaras instaladas en las viviendas. Según su testimonio, el acusado podía comprobar a través de una aplicación en su teléfono móvil lo que ocurría en el interior de la casa.
Relató asimismo que recibían insultos cuando algún cliente abandonaba la vivienda y que, según aseguró, eran calificadas con expresiones despectivas cuando el servicio no se desarrollaba como esperaba el acusado.
Drogas para los clientes y mujeres rotando entre domicilios
Otro de los aspectos señalados por la testigo fue la supuesta venta y suministro de drogas a los clientes. Afirmó que las mujeres también tenían que entregar sustancias estupefacientes y que recibían instrucciones para suministrarlas durante los servicios.
Citó concretamente cocaína y cristal entre las sustancias que, según su declaración, se les exigía proporcionar.
La testigo sostuvo además que ambos acusados desempeñaban funciones similares dentro de la actividad.
Según explicó, durante el tiempo que permaneció vinculada a la trama llegó a conocer a unas diez mujeres diferentes, ya que las chicas iban rotando entre distintos domicilios. En su relato también situó actividad en viviendas de Juan de Juanes y Hernán Cortés, donde aseguró haber ejercido la prostitución en distintos momentos.
La mujer relató que incluso regresó en una segunda ocasión a Ceuta para ayudar a una compatriota que todavía permanecía en uno de los domicilios.
Finalmente, aseguró que cuando logró abandonar la vivienda fue cuando decidió poner los hechos en conocimiento de la Policía. “Si hubiera sabido que las condiciones para ganarse la vida en España iban a ser así, no habría venido nunca”, manifestó durante su declaración.
La investigación policial detectó un patrón con mujeres paraguayas
Uno de los agentes que declaró este martes fue el jefe de la UCRIF, además de instructor de la investigación. Explicó que la Policía Nacional comenzó a tener conocimiento de la posible actividad a través de asociaciones y de información relacionada con mujeres que podían estar siendo explotadas en viviendas de Ceuta.
Los investigadores comenzaron entonces a realizar un rastreo de distintos domicilios, especialmente en la zona de Juan de Juanes. La investigación terminó cruzándose con otra desarrollada por la Brigada de Extranjería de Madrid a raíz de la denuncia presentada por una de las mujeres.
A partir de ahí, según explicó el agente, se judicializó la investigación y se empezó a prestar especial atención a las llegadas a Ceuta de mujeres de nacionalidad paraguaya.
El policía aseguró que los investigadores detectaron un patrón de entrada: las mujeres llegaban habitualmente de dos en dos y, en diferentes ocasiones, era el propio acusado quien las recogía, bien en la península o en el puerto.
Según explicó, los acusados se encargaban de organizar la logística del viaje, incluyendo billetes de avión y barco y alojamientos. Las mujeres entrarían como turistas y, según la investigación, permanecían en España menos de tres meses.
Vigilancias, escuchas y registros en las viviendas
El seguimiento policial permitió, según el instructor, observar a mujeres en las viviendas, aunque explicó que la investigación resultaba especialmente complicada por las características de Ceuta.
Los agentes observaron también al acusado acudir en diferentes ocasiones a los domicilios y detectaron un importante movimiento de clientes.
La investigación avanzó después con la autorización judicial de las intervenciones telefónicas, una medida que, según el policía, permitió obtener nuevos datos y establecer la relación con otras viviendas.
Los agentes contactaron con numerosas mujeres, aunque algunas optaron por no declarar porque ya habían conseguido una situación más estable y no querían volver a recordar aquella etapa.
No obstante, según explicó el instructor, los testimonios y el resto de indicios permitieron a los investigadores sostener que las mujeres permanecían en las viviendas las 24 horas del día y los siete días de la semana y que, además de ejercer la prostitución, algunas eran obligadas a suministrar drogas a los clientes.
Un error en la puerta obligó a modificar el operativo
El agente también relató cómo se desarrolló el operativo de entrada en los domicilios. Según explicó, hubo un primer intento que tuvo que paralizarse por un error en la puerta, pese a que los agentes se encontraban ya en el lugar junto a la secretaria judicial.
La situación cambió cuando el acusado salió de una de las viviendas. Los agentes procedieron entonces a su detención en las escaleras y, según explicó el policía, la secretaria judicial autorizó la entrada en el domicilio del que acababa de salir.
Durante los registros se localizaron, según los investigadores, numerosos teléfonos móviles, documentación de las mujeres y sustancias estupefacientes.
En una de las viviendas donde se encontraban las chicas también fueron hallados numerosos preservativos y drogas, elementos que los investigadores incorporaron a las diligencias.
La investigación alcanzó también a un domicilio situado en Algeciras, donde los agentes localizaron a otras mujeres que, según expusieron en el juicio, seguirían un procedimiento similar al observado en Ceuta.
La mayoría eran paraguayas, aunque también se detectó la presencia de mujeres de nacionalidad venezolana.
Una oferta que, según la investigación, cambiaba al llegar a Ceuta
El instructor explicó que algunas de las mujeres sabían antes de viajar que iban a ejercer la prostitución, pero que, según los indicios recabados, las condiciones que se les planteaban en origen eran diferentes de las que encontraban posteriormente en Ceuta.
En los teléfonos intervenidos, los investigadores encontraron conversaciones que, según el agente, reforzaban la hipótesis de que los acusados mantenían el control sobre las mujeres.
Citó una conversación con una agencia de viajes en la que se comunicaba que una de las chicas se había marchado, a lo que la acusada habría respondido que no había problema porque, según esa conversación, ya había pagado todo.
La investigación también permitió, según los policías, determinar que la vivienda disponía de cámaras de vigilancia cuyo control estaba asociado al teléfono móvil del acusado.
De esta forma, la Policía sostiene que existía un mecanismo de vigilancia permanente sobre las mujeres que permanecían en los pisos.
Clientes captados por anuncios y citas gestionadas por el acusado
Otro de los agentes que declaró en la vista, que ejerció como secretario de la causa, explicó que participó directamente en la entrada y registro de la vivienda de Juan de Juanes.
Allí fueron localizadas dos mujeres, a las que posteriormente tomó declaración en dependencias policiales.
Antes del operativo, los agentes habían realizado una vigilancia de las viviendas, una actuación que, en el argot policial, según explicó, se conoce como “Troncha”.
Las vigilancias se centraron tanto en Juan de Juanes como en Benzú, donde los investigadores observaron un movimiento constante de personas.
Según el agente, las llamadas y entradas en los domicilios se producían especialmente durante las tardes y las noches.
En Juan de Juanes se detectó un importante tránsito de hombres que acudían a las viviendas. El policía señaló que los clientes contactaban con el acusado y era él quien se encargaba de gestionar las citas.
50 euros por media hora y 100 por una hora
El agente explicó que las declaraciones de las mujeres presentaban coincidencias respecto a los precios de los servicios: 50 euros por media hora y 100 euros por una hora.
Según su testimonio, las mujeres también explicaron que habían conocido al matrimonio en Paraguay y que allí les habían planteado la posibilidad de viajar a España para ejercer la prostitución.
Sin embargo, según manifestó el policía, las condiciones económicas que les habrían ofrecido inicialmente no se correspondían con las que encontraron después de llegar a Ceuta.
Las mujeres habrían sido informadas de que se quedarían con la mitad del dinero obtenido por los servicios, mientras que, según las declaraciones recogidas por los investigadores, posteriormente esto no habría ocurrido.
El agente añadió que las mujeres habrían sufrido además la retirada de sus pasaportes, una circunstancia que, de acuerdo con la investigación policial, habría contribuido a limitar su capacidad para abandonar la situación en la que se encontraban.
La acusación sitúa también actividad en Benzú
El último de los agentes que prestó declaración explicó su participación en la entrada y registro del domicilio de Benzú. Previamente, según relató, había participado en las labores de seguimiento e investigación desarrolladas sobre las viviendas relacionadas con la causa.
En el caso de Juan de Juanes, el policía volvió a señalar el trasiego de hombres que acudían a los domicilios. Los investigadores también habrían encontrado referencias en portales de anuncios y testimonios de personas que acudían a las viviendas como clientes, además de información proporcionada por vecinos de la zona.
El agente destacó igualmente el continuo cambio de mujeres en las viviendas investigadas, con la presencia de diferentes chicas a lo largo del tiempo. Estos movimientos, unidos al resto de indicios obtenidos durante la investigación, fueron incorporados a las diligencias que terminaron dando lugar al procedimiento judicial.
Fiscalía pide penas que alcanzan los 40 años de prisión
La Fiscalía solicita siete años de prisión por cada uno de los cinco delitos de trata que atribuye a los acusados, además de otras penas por un delito contra la salud pública relacionado con el tráfico de drogas. En los registros efectuados en las viviendas de Benzú y Juan de Juanes fueron localizadas, según la acusación, sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína.
La petición del Ministerio Público eleva la suma de las penas solicitadas a aproximadamente 40 años de prisión para el matrimonio. Además, Fiscalía reclama que ambos cumplan 10 años de libertad vigilada una vez finalizadas las penas de prisión.
Junto a las penas de cárcel, el Ministerio Público solicita también que los acusados indemnicen a cada una de las víctimas con 20.000 euros por daños morales.
El juicio continuará este miércoles con nuevas declaraciones y trámites antes de que las partes expongan sus conclusiones definitivas ante la Audiencia.
