Autor: Eva Cerezo

Hay palabras que, de tanto repetirlas, terminan perdiendo su significado. En Ceuta, una de ellas parece ser últimamente normalidad.
Nos hablan de normalidad mientras los ceutíes tenemos la sensación de que nos han robado la nuestra. Entre los inmigrantes, nuestro Gobierno y la estrecha colaboración del Gobierno de Marruecos desde el minuto dos, según nuestros propios ministros.
Normalidad.
Qué palabra tan cómoda cuando uno la pronuncia desde un despacho y tan distinta cuando tiene que vivirla en la calle.
Porque basta con mirar alrededor.
La Ordenanza Municipal de Uso y Aprovechamiento de Playas de la Ciudad Autónoma de Ceuta establece, en su artículo 30, que queda terminantemente prohibida durante todo el año y a cualquier hora la instalación de tiendas de campaña y cualquier tipo de acampada en las playas del litoral ceutí. Y añade que, para garantizar una mejor utilización y disfrute de nuestras playas, únicamente se permiten parasoles totalmente diáfanos en sus laterales.
No parece una norma particularmente complicada. Sin embargo, desde el sábado, la playa del Trampolín ofrece una imagen que difícilmente puede calificarse de normal: tiendas, enseres y personas instaladas en un espacio en el que la propia normativa municipal prohíbe expresamente acampar.
Aquí aparece la primera pregunta incómoda: ¿para qué sirven las ordenanzas si, cuando llega el momento de aplicarlas, las administraciones miran hacia otro lado?
Porque una norma que se aplica unas veces y otras no, deja de ser una norma para convertirse en una recomendación.
Y no es un hecho aislado.
En pleno centro de la ciudad hemos podido ver también vídeos de migrantes lanzándose al foso desde el puente que lo cruza en la bahía sur. Una imagen que debería bastar, al margen de cualquier consideración política, para preguntarnos qué está ocurriendo y, sobre todo, quién está tomando las decisiones.
¿Es esta la normalidad de la que nos hablan desde el Gobierno central?
Porque lo que vemos los ceutíes es otra cosa: espacios públicos utilizados de una manera que altera su función habitual, situaciones que hace muy poco nos habrían parecido excepcionales empezando a formar parte del paisaje y normas cuyo cumplimiento parece depender de las circunstancias.
Cuando lo excepcional se convierte en cotidiano, dejamos de percibirlo como una anomalía. Y cuando dejamos de percibirlo como una anomalía, empezamos a aceptarlo.
Hasta que un día alguien nos explica que aquello que llevamos semanas viendo delante de nuestros ojos es, sencillamente, la nueva normalidad.
Pues no. Tengo la impresión de que, en apenas una semana, hemos retrocedido siglos en nuestra convivencia.
Conviene aclararlo: esto no va de procedencias, de razas ni de dignidades. Va de normas. De seguridad. De convivencia. De responsabilidades.
Las normas deben cumplirse. Los espacios públicos deben poder disfrutarse con seguridad; y cada administración debe asumir las responsabilidades que realmente le corresponden.
Porque una cosa es gestionar los efectos de una situación que desborda a la ciudad y otra muy distinta tener en tus manos las herramientas para resolver su origen. El Gobierno de la Ciudad puede limpiar, ordenar, regular y tratar de mantener la convivencia. Pero no puede hacer aquello para lo que no tiene competencias.
La política migratoria, el control de fronteras, la identificación de quienes llegan, las devoluciones y expulsiones cuando legalmente procedan y la gestión de la inmigración irregular corresponden al Estado. Por eso, cuando hablamos de responsabilidades, conviene señalar a quien realmente tiene las competencias. Ahí es donde las explicaciones empiezan a quedarse cortas.
Hay, además, una diferencia que conviene señalar. Se está procediendo a la identificación de los menores que permanecen en Ceuta, dentro de los procedimientos que corresponden. El gran problema está en otro lugar: en los adultos que siguen aquí y a los que nadie parece estar poniendo freno ni identificando con la rapidez que cabría esperar. Si los menores se calculan en unos 1.500, el resto hasta 12.000 son adultos.
Esa es precisamente una de las cuestiones que el Gobierno central debería explicar. Porque mientras se habla de normalidad, hay personas cuya situación administrativa sigue sin estar clara y cuya presencia se prolonga día tras día sin que los ciudadanos percibamos una respuesta efectiva.
No se trata de pedir actuaciones al margen de la ley. Al contrario: se trata de exigir que la ley se aplique, que quienes tienen las competencias actúen y que la situación de quienes permanecen en Ceuta sea conocida, ordenada y resuelta conforme a derecho.
Porque lo que no puede convertirse en normalidad es que nadie sepa quién está aquí, en qué situación se encuentra y cuánto tiempo piensa permanecer.
¿Dónde están las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la convivencia? ¿Dónde está esa política migratoria capaz de resolver estas situaciones de manera rápida, legal y ordenada que nos prometieron desde el Gobierno?
Porque prometer control cuando todo está tranquilo es sencillo. Lo difícil es demostrarlo cuando llega el problema. Quizá esas promesas haya que echarlas en el mismo saco que el recuento que hicieron nuestros ministros del número de inmigrantes irregulares que quedaban en Ceuta. Porque las cifras también deberían servir para algo.
Ahora mismo, la proporción es como si en Madrid aparecieran de la noche a la mañana 450.000 personas sin hogar y vagasen por sus calles y espacios públicos sin respetar las normas básicas de convivencia.
Probablemente allí sí actuarían de otro modo.
Quizá esa sea una de las preguntas que más incomodan: ¿habría sido la misma la respuesta si esto estuviera ocurriendo en otro lugar?
Según los datos que se han conocido, hasta el momento únicamente se habrían producido siete expulsiones judiciales relacionadas con personas que habrían cometido algún tipo de delito. Si esa cifra es correcta, la pregunta resulta inevitable: ¿qué está ocurriendo con el resto de las situaciones y cuánto tiempo piensa mantenerse esta incertidumbre?
Porque gobernar también consiste en explicar qué se está haciendo cuando las cosas se complican, y, sobre todo, en hacer que se note.
Ceuta no puede acostumbrarse. No puede acostumbrarse a que una playa se transforme en un asentamiento improvisado. No puede acostumbrarse a que el foso se convierta en un lugar desde el que algunas personas se lanzan al agua. No puede acostumbrarse a que los vecinos tengan la sensación de que las normas han dejado de tener la misma importancia para todos.
Y no puede acostumbrarse a que, cada vez que alguien pregunta qué está pasando, la respuesta sea una nueva apelación a la normalidad.
No es normal.
No es normal que una norma municipal prohíba expresamente una conducta y, sin embargo, esa conducta pueda instalarse ante nuestros ojos.
No es normal que un espacio público se transforme y la respuesta institucional parezca llegar siempre después.
No es normal que los ciudadanos tengan que preguntarse quién manda mientras quienes deberían mandar explican que todo está bajo control.
Y, sobre todo, no es normal que se nos pida acostumbrarnos.
Ceuta necesita control. Necesita seguridad. Necesita que las normas se cumplan. Pero, por encima de todo, necesita recuperar algo tan básico como la sensación de que alguien está al frente de la situación. No alguien que viene al día siguiente, no llega a las dos horas de estancia en Ceuta y se va de vacaciones a recomendar por Instagram una playlist de canciones para el verano.
Eso puede servir para las redes. Para gobernar, no.
Porque una cosa es la solidaridad y otra muy distinta que nos obliguen a asumir una situación que no hemos elegido.
Aquí no se trata de acoger. Aquí se nos ha obligado a hacerlo. Además, se pretende que aceptemos como normal las consecuencias de una decisión que no hemos tomado. Y una cosa es afrontar un problema migratorio complejo y otra dejar que los ciudadanos tengan la impresión de que nadie sabe —o nadie quiere— ponerle límites.
No se trata de pedir imposibles. Ni de negar la complejidad del problema. Ni de convertir a nadie en culpable por el mero hecho de haber llegado a nuestra ciudad. Se trata de exigir algo mucho más elemental: que el Estado funcione, que las normas tengan consecuencias, que las administraciones hagan su trabajo, que quien tiene una responsabilidad política responda por su gestión, que quien tiene competencias las ejerza, que quien ha prometido soluciones explique por qué no están llegando.
Pero, sobre todo, que la solidaridad no se utilice como excusa para justificar la inacción. Porque la solidaridad no puede consistir en pedirle siempre el esfuerzo al mismo. No puede consistir en exigir paciencia infinita a quienes viven aquí mientras las administraciones se conceden a sí mismas todo el tiempo del mundo. Como tampoco puede consistir en convertir cualquier crítica a la gestión pública en una supuesta falta de humanidad.
Exigir que se cumpla la ley no es falta de solidaridad. Es exigir que el Estado cumpla con su obligación. Porque si quienes tienen que poner orden no lo hacen, otros acabarán entendiendo que no hay orden que respetar y entonces puede ocurrir algo todavía peor.
La normalidad dejará de ser aquello que las administraciones deberían garantizar y pasará a ser aquello a lo que los ciudadanos terminemos resignándonos. Ese es el verdadero peligro. Que nos roben primero la normalidad y después nos pidan que agradezcamos la normalidad que ellos mismos han redefinido.
Si esto es la normalidad, quizá la pregunta ya no sea cuándo vamos a recuperarla.
Quizá tengamos que preguntarnos cuánto más estamos dispuestos a aceptar antes de exigir que nos la devuelvan.

Francisco Javier Viruel Moreno
Un ciudadano de Ceuta