Autor: El Cañonazo de Antón

Desde el Movimiento Estudiantil Ceutí queremos manifestar nuestro más firme rechazo a la decisión de destinar los centros educativos CEIP Reina Sofía y CEIP Príncipe Felipe como espacios de acogida temporal para personas inmigrantes, especialmente cuando queda aproximadamente un mes y medio para el inicio del curso escolar. Nuestra posición no responde a una falta de solidaridad ni de empatía hacia las personas inmigrantes. Toda persona merece ser atendida con dignidad y con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Nuestro rechazo se dirige a la gestión realizada por las administraciones competentes, que consideramos improvisada e insuficiente y que vuelve a situar a la barriada del Príncipe como principal receptora de las consecuencias de esta crisis. Durante estos días de especial tensión en la ciudad, numerosos vecinos han expresado su preocupación por la sensación de inseguridad y por la insuficiente presencia policial en la barriada. A ello se suma la decisión de utilizar precisamente los dos centros educativos ubicados en esta zona, mientras otras partes de la ciudad recuperan progresivamente la normalidad. Entendemos que esta medida supone una carga desproporcionada para un barrio que, desde hace años, viene reclamando una mayor atención institucional. Los centros educativos deben preservarse para el desarrollo de su función esencial: garantizar el derecho a la educación en condiciones de normalidad. A un mes del comienzo del curso, resulta imprescindible proteger las instalaciones escolares para su uso exclusivamente pedagógico, evitando cualquier circunstancia que pueda dificultar la preparación y el correcto desarrollo de la actividad lectiva. Asimismo, consideramos que un colegio no constituye el espacio más adecuado para la acogida temporal de personas. Instamos a que las autoridades competentes habiliten otros lugares como puede ser Piniers, los pabellones que se consideren oportunos entre otros. Nuestra posición encuentra respaldo en diversos principios constitucionales. El artículo 15 de la Constitución Española que garantiza el derecho a la dignidad y a la integridad física y moral, lo que exige que cualquier dispositivo de acogida se desarrolle en condiciones adecuadas para todas las personas implicadas. El artículo 9.2 que obliga a los poderes públicos a gestionar los recursos de forma eficaz y a garantizar el ejercicio de los derechos de toda la ciudadanía. Asimismo, el artículo 43 reconoce el derecho a la protección de la salud, por lo que consideramos que se debe habilitar instalaciones que reúnan  mejores condiciones de salubridad, amplitud y acondicionamiento que un centro educativo. Por todo ello, instamos a las administraciones competentes a reconsiderar esta decisión Desde el Movimiento Estudiantil reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la educación pública, la dignidad de todas las personas y la responsabilidad institucional como pilares fundamentales de una sociedad democrática.

Ha transcurrido una semana desde los graves sucesos ocurridos en la frontera de Ceuta y prácticamente todos los medios de comunicación, así como buena parte de los responsables políticos, han coincidido en calificarlos como una crisis migratoria. Sin embargo, conviene preguntarse si esa expresión describe realmente lo sucedido o, por el contrario, oculta un elemento esencial de los hechos.

Las palabras no son inocentes. El lenguaje no solo sirve para narrar la realidad; también determina cómo la comprendemos. Por ello, emplear un término u otro nunca es una cuestión menor. Cuando una realidad compleja se simplifica mediante una expresión inadecuada, el debate público acaba desplazándose desde los hechos hacia una percepción que puede resultar profundamente equivocada.

Una crisis migratoria describe una situación en la que un número elevado de personas intenta acceder a otro país para establecerse en él. Puede tratarse de una inmigración regular o irregular, ordenada o desordenada, pero sigue siendo, en esencia, un fenómeno migratorio.

Ahora bien, ¿sigue siendo únicamente migración cuando el acceso se produce mediante el empleo organizado de la violencia para superar la resistencia del Estado encargado de custodiar la frontera?

A mi juicio, no.

La diferencia no reside en el número de personas que participan, sino en la naturaleza del comportamiento.

Miles de personas pueden protagonizar un importante flujo migratorio sin utilizar la violencia. Incluso pueden intentar acceder irregularmente al territorio nacional. Jurídicamente podrán cometer infracciones administrativas o incluso delitos, según los casos. Pero mientras su conducta se limite al intento de entrada, seguimos hablando de inmigración.

Todo cambia cuando aparece la fuerza.

Cuando un grupo organizado emplea la violencia para romper un dispositivo policial, agrede a los agentes encargados de la custodia de la frontera, utiliza objetos para superar los obstáculos o fuerza físicamente el acceso al territorio nacional, deja de producirse únicamente un fenómeno migratorio. Existe además una acción coercitiva dirigida contra el ejercicio de la soberanía del Estado.

Y ese elemento cambia por completo la naturaleza de los hechos.

La frontera no constituye únicamente una línea dibujada sobre un mapa. Es la manifestación física de la soberanía nacional. Es el lugar donde el Estado ejerce una de sus competencias esenciales: decidir quién puede entrar en su territorio y en qué condiciones.

Quien solicita acceder reconoce implícitamente esa facultad soberana, aunque posteriormente su solicitud sea aceptada o rechazada. Quien intenta cruzar irregularmente una frontera también incumple la normativa, pero no necesariamente pretende anular esa capacidad de decisión.

Muy distinta es la situación de quien utiliza la violencia para imponer por la fuerza un acceso que el Estado ha decidido impedir.

No se trata de una diferencia administrativa. Se trata de una diferencia cualitativa.

La violencia modifica la naturaleza del acto.

Nadie afirmaría que derribar la puerta de una vivienda golpeando al propietario constituye simplemente «otra forma de allanamiento». El empleo de la violencia transforma completamente el hecho y genera responsabilidades distintas.

Del mismo modo, nadie confundiría una manifestación con un motín únicamente porque en ambos casos participan muchas personas. Lo que diferencia ambas situaciones no es el número de asistentes, sino la utilización de la violencia.

¿Por qué, entonces, seguimos llamando «crisis migratoria» a unos hechos en los que la violencia constituye precisamente el elemento que los distingue?

No se trata de negar la existencia del fenómeno migratorio. Sería absurdo hacerlo. Quienes protagonizan estos asaltos persiguen finalmente acceder al territorio español. Pero reducir todo lo ocurrido a una simple crisis migratoria supone ignorar deliberadamente el modo en que esa entrada pretende producirse.

Las imágenes difundidas durante estos días muestran intentos organizados de superar por la fuerza los dispositivos de seguridad, enfrentamientos con los agentes encargados de la custodia fronteriza y una voluntad manifiesta de quebrar físicamente el control ejercido por el Estado sobre una de sus fronteras exteriores.

Ese componente violento no puede convertirse en un detalle secundario.

Sin embargo, el debate público parece haberlo relegado a un segundo plano. Se habla casi exclusivamente de acogida, recursos asistenciales, atención humanitaria o capacidad de los centros de recepción, cuestiones todas ellas necesarias, pero que abordan las consecuencias y no el origen del problema.

Porque la primera obligación de cualquier Estado consiste precisamente en garantizar el control efectivo de sus fronteras.

Y es aquí donde aparecen las responsabilidades políticas.

No responsabilizo únicamente al Gobierno actual. La situación que hoy vivimos es consecuencia de muchos años de decisiones aplazadas por ejecutivos de distinto signo político.

Durante demasiado tiempo se ha confiado en que el problema no alcanzaría la magnitud actual. Se han ignorado advertencias, se han retrasado inversiones imprescindibles y se ha permitido que quienes tienen encomendada la defensa de la frontera continúen afrontando situaciones extraordinarias con medios claramente insuficientes.

Resulta difícil comprender que, después de tantos episodios similares, sigan existiendo carencias materiales tan evidentes o que proyectos destinados a reforzar la seguridad fronteriza permanezcan archivados mientras las respuestas institucionales se concentran casi exclusivamente en gestionar las consecuencias.

La reciente aprobación de una partida extraordinaria destinada a atender la emergencia humanitaria constituye una respuesta necesaria desde el punto de vista asistencial. Nadie puede discutir la obligación de atender dignamente a quienes llegan.

Pero esa medida no impide que mañana vuelva a producirse exactamente la misma situación.

Se invierte en gestionar los efectos mientras las causas permanecen prácticamente inalteradas.

Por ello, la respuesta debería articularse sobre tres pilares.

El primero, jurídico. Es necesario revisar el marco legal para que diferencie con claridad entre la inmigración irregular y aquellos accesos organizados en los que se emplea violencia contra quienes ejercen la custodia de la frontera. El Derecho debe proporcionar respuestas proporcionadas a realidades distintas.

El segundo, material. Ninguna política de seguridad resulta creíble si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continúan careciendo de medios adecuados para afrontar este tipo de actuaciones.

Y el tercero, político. La protección de las fronteras exteriores no puede depender de medidas improvisadas cada vez que se produce una crisis. Requiere planificación, continuidad y voluntad de anticipación.

La solidaridad, el respeto a los derechos humanos y la protección de las fronteras no son conceptos incompatibles. Lo que sí resulta incompatible es confundir fenómenos distintos mediante una terminología que termina ocultando una parte esencial de la realidad.

Las palabras importan.

Porque cuando el lenguaje deja de describir fielmente los hechos, también la sociedad acaba perdiendo la capacidad de comprenderlos. Y quizá ese sea el primer paso para dejar de resolverlos.

Entre este sábado y el domingo el recinto ferial se ha ido quedando vacío. Los feriantes han empezado a recoger, despacio y con miedo a cerrar los contenedores, y lo que queda son atracciones que no llegó a probar nadie, bombillas que no se encendieron ni una vez y una portada esperando turno para acabar, por piezas, en un almacén municipal. En EL MUNDO lo contaban este fin de semana. Aquí no hacía falta que nos lo contaran.

De lo urgente ya escribí. De los muertos, de las boyas que llevaban veinticuatro días esperando y del ministro que veía normalidad donde el Ejército custodiaba un supermercado. Toca ahora lo otro, lo que no cabe en un teletipo y no se arregla con una comparecencia: la factura.

Lo que no sale en ninguna estadística

Empecemos por los feriantes, porque no ha hablado de ellos ni un solo tertuliano. Unas ochenta familias llegadas de la Península se quedaron atrapadas aquí desde el jueves, sin poder abrir y sin poder marcharse. Hay quien se gastó cerca de 45.000 euros en traer, montar y dar de alta seis atracciones que no encendió ni una vez. Durmieron en caravanas con sus mujeres y sus hijos, se quedaron sin agua ni comida el viernes cuando cerró la ciudad entera y tuvieron que repartirse una olla de macarrones. Montaron guardia por las noches y frenaron el desmontaje para no cerrar los contenedores, por miedo a que se les colara alguien dentro de un camión. «Estamos secuestrados, literalmente», resumía uno de ellos, que lleva veinticinco años sin faltar a nuestra feria. El regreso empezó el domingo, a cuentagotas, con barcos especiales para los remolques grandes.

Con las fiestas patronales se han caído también hosteleros, artistas y trabajadores temporales. Y ha habido quien ha perdido jornales, quien ha cerrado la persiana por miedo al saqueo, quien ha renunciado a sus vacaciones por no dejar la casa sola. Todo eso también son familias españolas.

Queda además lo que nadie ha sumado todavía: una ciudad sucia, con mobiliario roto y calles que hay que volver a poner en pie. Esa factura la pagamos nosotros, y en Madrid no la va a mirar nadie.

El antiguo Hospital Militar

Este lunes, el Gobierno de la Ciudad elevó a 88 el número de personas aparecidas muertas en las inmediaciones del espigón del Tarajal. Ochenta y ocho, y la cuenta sigue abierta. Conviene ponerlo al lado de otro dato: en un año normal se registran en Ceuta alrededor de veinte fallecimientos sobrevenidos. En 2024 fueron veintitrés. En 2025, un año ya excepcional, cuarenta y seis. En poco más de veinticuatro horas hemos superado el doble de la peor cifra anual conocida.

Con ese volumen saltaron las costuras de todo. Los cuerpos se depositaron primero en el puerto y en la base del Servicio Marítimo, con un camión frigorífico y espacios provisionales. Cuando aquello se desbordó, hubo que reconvertir a la carrera el antiguo Hospital Militar, cerrado desde 2018, en una morgue improvisada, con planchas prefabricadas y compresores de frío traídos en camiones militares para habilitar cámaras en su viejo tanatorio. A los dos forenses de plantilla del Instituto de Medicina Legal se han sumado cuatro llegados de la Península, y aun así se calculaba que las autopsias tardarían días.

Y todavía queda el final del trayecto: el cementerio musulmán de Sidi Embarek se colmataría si tiene que recibir a todas las víctimas. La Ciudad ha tenido que aprobar por urgencia unas obras de ampliación que no estaban previstas hasta dentro de meses.

Cuando desde Madrid se dice que la situación está revertida, conviene saber qué significa exactamente revertir: significa que en esta ciudad hemos tenido que abrir un hospital cerrado hace ocho años para poder guardar a los muertos.

Una catástrofe asistencial

El Sindicato de Enfermería SATSE denunció la semana pasada la situación de «extrema gravedad y colapso operativo» de la sanidad ceutí, con las bolsas de empleo vacías y sin profesionales disponibles para cubrir nuevas contrataciones. El Sindicato Médico fue más lejos y habló de «auténtica catástrofe asistencial» y de un escenario «propio de la medicina de catástrofes»: facultativos atendiendo a la vez hipotermias severas, ahogamientos, asfixias, traumatismos y reanimaciones, mientras sostenían la consulta ordinaria de los ceutíes. Con especial preocupación por los bebés y los niños de corta edad, muchos con deshidratación, hipotermia o agotamiento extremo.

Los números del propio Ingesa explican el resto: 1.149 asistencias en veinticuatro horas, 247 de ellas en las urgencias del hospital. Quedaron ingresados dos pacientes en la UCI, uno en Pediatría, uno en Obstetricia, dos recién nacidos gemelares en Neonatología y varios más en planta. Hubo que trasladar a un hombre a Cádiz con una fractura de columna.

Se activó un dispositivo especial, está bien que se hiciera y hay que decirlo. Pero se anunció con fecha de caducidad, inicialmente hasta el lunes, y no arregla unas bolsas que no se actualizan desde 2022. Ni la ministra de Sanidad ni el secretario de Estado han pisado Ceuta en toda la crisis, y fue él quien aseguró hace meses que esta ciudad había dejado de ser área de difícil cobertura. Aquí ya sabemos lo que vale esa frase.

Preguntarse cómo se sostiene un sistema así es puro sentido común. A cualquier servicio de urgencias del mundo se le puede preguntar qué pasa cuando la demanda multiplica por diez la capacidad, y la respuesta nunca es ideológica. Socorrer a quien lo necesita es una obligación moral que no admite matices; señalar que una ciudad pequeña no puede absorber sola una emergencia de escala nacional es una obligación cívica. Las dos cosas caben en la misma frase.

Fachas, racistas y otras formas de no escuchar

Hubo un tiempo, y no hace tanto, en que uno podía discrepar de su vecino sobre casi cualquier cosa y seguir tomándose un café con él al día siguiente. Se discutía, se levantaba la voz y se acababa hablando de otra cosa. Eso se ha perdido. Hoy basta con no compartir la opinión dominante para recibir la etiqueta puesta: facha, racista, ultra. Y no ha llegado solo: ha llegado con una forma de hacer política que convirtió el insulto en argumento y la discrepancia en categoría moral, y que lleva años repartiendo carnés de decencia desde arriba. A mi juicio, el actual Gobierno ha sido el principal arquitecto de ese método, aunque no ha estado solo en el oficio.

Lo digo con una tristeza que no me molesto en disimular: la izquierda que yo conocí, la que discutía de ideas y de condiciones de vida, no se parece a esta. Aquella podía tener razón o no tenerla, pero escuchaba. La de ahora, en demasiados casos, ya no argumenta: clasifica. Y en cuanto uno queda clasificado deja de ser un vecino con el que se discrepa para convertirse en un adversario al que no hay que responder, sino desactivar. Ahí ya cabe todo: la etiqueta, la sospecha y, con demasiada frecuencia, cierta satisfacción mal contenida ante lo que pueda pasarle.

El resultado se ha visto estos días en su versión más miserable: una ciudad de 85.000 personas viviendo lo peor que yo le he visto vivir, y buena parte del país discutiendo si tenemos derecho a contarlo. Nada de esto beneficia a los ceutíes. Beneficia, y mucho, a quien nos quiere divididos.

Y a los que nos quieren divididos les hemos visto la cara dos noches seguidas. Después de Alvise Pérez el sábado, el domingo apareció en la plaza de los Reyes Vito Quiles, que había convocado una concentración «contra la invasión» justo donde los ceutíes se habían citado por su cuenta para defender la unidad de la ciudad. Llegó con un fuerte equipo de seguridad propio que, según ha informado este periódico, llegó a empujar a los asistentes y a encararse con los periodistas. Se marchó, y la plaza volvió sola a lo que era: banderas de España y de Ceuta, críos, y una consigna que lo dice todo, «Ceuta unida y no dividida».

Y la fábrica de bulos trabaja en las dos direcciones, conviene saberlo. Vecinos de Ceuta que veranean en el norte de Marruecos han denunciado a este periódico que están recibiendo amenazas: circulan vídeos con insultos y fotografías suyas con la advertencia de que los agredirán si los ven en la calle o en la playa. Hay familias ceutíes que no se atreven a salir de casa. Corre por ahí un supuesto muerto en La Reina que jamás existió. Y conviene decir la otra mitad, porque también es verdad: en esas mismas redes hay quien llama a la calma y recuerda la solidaridad que recibieron aquí los que llegaron, la ropa, la comida, las medicinas y hasta el teléfono prestado para poder llamar a los suyos. Esa parte no la va a contar nadie desde fuera.

Y ya que hablamos de lo que circula por allí, cuento lo que pasó el domingo por la tarde. Tras la marcha de un grupo de marroquíes desde la playa del Trampolín, a la altura de Varela quedaron en el suelo dos jóvenes en mal estado, uno con un cuadro de epilepsia y otro desvanecido, mientras los demás huían. Quienes se quedaron a atenderlos fueron cuatro soldados de Regulares. Uno de ellos, el regular Omar Mohamed Amar, con formación sanitaria, los asistió llorando de impotencia. Cuento esto porque en Marruecos se están difundiendo estos días imágenes de supuestas desatenciones y malos tratos. Ahí tienen la desatención: cuatro chavales de uniforme, arrodillados en el asfalto, intentando salvar a dos desconocidos que habían entrado ilegalmente en su ciudad. Que lo expliquen los que fabrican vídeos.

Escribir el guion antes de ver la película

Porque ese es el otro frente, y lo estamos perdiendo. Ceuta ha ocupado portadas en medio mundo y lo que ha circulado fuera de aquí no ha sido nuestra versión.

Se han oído entrevistas, tertulias y titulares dando por hecho que quienes cruzaron llegaban casi todos desnutridos y en la miseria absoluta. Yo he visto lo que ha pasado por esta ciudad, y no era eso. Había de todo, como en cualquier grupo de decenas de miles de personas: quien llegaba en una situación desesperada y quien no. Reducirlo a una sola imagen, la que sea, no es informar. Es escribir el guion antes de ver la película. O eso, o alguien te ha dictado el guion.

Aquí dentro, mientras tanto, hubo espacios informativos que dedicaron más minutos a las querellas domésticas de la política madrileña que a la mayor crisis fronteriza de la historia reciente de España. Con el Ejército en la calle y la población encerrada en casa, la televisión pública dedicaba espacio en su programación a la compra de un ático en Chamberí.

Y los números, que era el asunto de mi artículo anterior, siguen sin cuadrar. El Gobierno mantiene que entraron unas 50.000 personas. Las fuerzas de seguridad manejan de forma oficiosa más de 77.000 retornos hacia Marruecos, según ha publicado este periódico, que sitúa las entradas por encima de las 80.000. Marruecos, por su parte, reconoció el domingo unas 40.000 llegadas a la frontera. Que alguien me explique cómo vuelven setenta y siete mil personas de un sitio al que entraron cincuenta mil.

Hay una cifra más que conviene retener. La presidenta de la Comisión Europea aseguró que «ni una sola persona» llegó a la España peninsular. El domingo, fuentes policiales cifraban en torno a una veintena los marroquíes llegados de estos días localizados ya en las playas del Campo de Gibraltar, en Getares, Punta Carnero y La Línea. Veinte no es una avalancha y nadie ha dicho lo contrario, y desde luego no llegaron por el puerto ni por el aeropuerto, sino cruzando el Estrecho por su cuenta. Pero «ni una sola persona» es una expresión muy fácil de desmentir, y a fuerza de repetirla se acaba desmintiendo también todo lo demás.

Las aristas

Porque esto no ha caído del cielo. Conviene enumerar, sin conspiranoias y sin ingenuidad.

Está el pulso por la sede de la final del Mundial 2030, con Casablanca disputándole a Madrid y Barcelona un partido que aquí se creía ganado de antemano. Está el reequilibrio con Argel tras años de ruptura, con Argelia convertida en primer proveedor de gas de España: el viaje de Sánchez a Argelia se produjo diez días antes de la avalancha, y mandos de la Guardia Civil citados por la prensa nacional sitúan ahí uno de los factores del malestar de Rabat. Está la excelente relación de Rabat con Washington. Ninguna de estas piezas prueba nada por sí sola, y no voy a fingir que tengo el telegrama. Pero cuando la presión llega justo en el punto donde España es más vulnerable, quien no quiere ver el tablero completo acaba pagando la factura entera.

Hay además una lectura que conviene tener presente: la de la guerra híbrida. Un analista de Arcano Research y antiguo oficial de la CIA la resumía estos días en una frase: «quien tiene la llave de la frontera gana, y Europa paga». Marruecos dosifica los cruces en Ceuta igual que Bielorrusia los empuja hacia Polonia. No hace falta ninguna conspiración para entenderlo; basta con preguntarse quién sale ganando cuando el grifo se abre y quién cuando se cierra.

O hubo aviso, o no hubo aviso

Y aquí llegamos al punto que, a mi juicio, más va a doler con el tiempo. El Gobierno sostiene que no existía ningún informe que permitiera prever lo del 30 de julio. Frente a eso hay ya demasiadas voces.

EL ESPAÑOL publicó que fuentes del Estado Mayor de la Guardia Civil aseguran haber detectado, a través del sistema de cámaras de la frontera, a agentes del servicio de información marroquí infiltrados entre los grupos que cruzaron. The Objective publicó que se alertó al Gobierno de la llegada inusual de autobuses a Castillejos desde todo el país y de que podía organizarse una oleada coincidiendo con la Fiesta del Trono. Y este periódico ha sostenido algo todavía más concreto: que antes del 25 de julio existía ya una comunicación clara sobre el riesgo de una entrada masiva, y que cuarenta y ocho horas antes del día 30 los intentos de cruce se cifraban en mil.

De modo que hay dos posibilidades, y conviene que alguien elija una. O sí hubo aviso, y entonces lo de «no hay ningún informe» no es un error de apreciación. O no lo hubo, y entonces los servicios de información del Estado han protagonizado el mayor fallo de su historia reciente sin que nadie haya sido cesado, ni relevado, ni siquiera reprendido. Que cada cual decida cuál de las dos es más tranquilizadora. Yo, mientras tanto, sigo esperando la comparecencia de la T.I.A.

Porque en eso consiste el fondo del asunto. Negar el aviso no solo tapa una responsabilidad política: deja por los suelos a unos profesionales cuyo trabajo es exactamente ese, adelantarse con datos a lo que va a ocurrir. Aquí siempre se ha dicho, medio en broma, que en Ceuta hay más agentes de información por kilómetro cuadrado que en ningún otro sitio de España. Cuesta creer que precisamente aquí, y precisamente esa semana, no viera venir nadie una marea de decenas de miles de personas que llevaba días formándose a la vista de todos.

Rabat, mientras tanto, ya ha dado su versión, y contiene una frase que merece subrayarse. El Ministerio del Interior marroquí afirma en su comunicado del domingo que la oleada «no fue espontánea», y la atribuye a la combinación de la desinformación en redes, las redes de tráfico de personas y las «interpretaciones incorrectas» de la sentencia del Supremo español. Asegura además que adoptó «un enfoque proactivo temprano», con vigilancia terrestre y marítima reforzada; reconoce once muertos en su territorio; anuncia una investigación de su Fiscalía; y concluye prometiendo que seguirá siendo «un socio fiable y responsable». Fiable. La misma palabra que había usado dos días antes nuestro ministro del Interior. Se ve que en esto sí hay sintonía.

Que quede claro lo que acabamos de leer. Marruecos dice dos cosas a la vez: que aquello no fue espontáneo y que ellos vigilaban de forma reforzada. Si no fue espontáneo y usted estaba vigilando, ¿cómo se le colaron decenas de miles de personas hasta la orilla?

Y aquí es donde el Gobierno de España se queda solo. Porque Marruecos dice que aquello no fue espontáneo, y en Madrid hay además una jueza que quiere saber hasta qué punto. La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha incoado diligencias previas tras una denuncia del partido Iustitia Europa y ha pedido a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras un informe para determinar, dice el auto, «si nos encontramos ante una acción concertada o dirigida» por alguna organización o grupo criminal, y para identificar a quienes hubieran podido participar. Antes de decidir siquiera si la Audiencia es competente, la jueza afirma que los hechos «presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal».

Conviene ser preciso, porque esto no está juzgado ni investigado todavía: lo que hay es una jueza pidiendo un informe policial para saber si debe investigar. Pero repárese en el contraste. El Gobierno de España lleva cinco días asegurando que aquí no hubo nada que prever. Rabat dice que no fue espontáneo. Una magistrada de la Audiencia Nacional, leyendo los mismos hechos, considera que hay indicios suficientes para preguntarse si todo esto estaba dirigido. El único que sostiene la tesis de la casualidad es, precisamente, quien tenía la obligación de preverlo.

Y hay algo más que conviene registrar, aunque no permita concluir nada. El analista estadounidense Michael Rubin, del Middle East Forum, ha publicado que si España devolviera «Ceuta y Melilla ocupadas» a la «legítima soberanía marroquí» Madrid no estaría en este lío, enlazando un texto de su propia institución titulado, sin metáforas, «Marruecos debería enviar una nueva Marcha Verde a Ceuta y Melilla». No sé si eso influye en algo ni pretendo dibujar ninguna trama; sí sé que la tesis de Rabat sobre nosotros ya no vive solo en Rabat, y que en esa misma red social los propios usuarios tuvieron que añadirle una nota de contexto recordándole que Ceuta y Melilla llevan bajo soberanía española desde 1497 y 1668. Que uno tenga que enterarse de esto por una nota de comunidad, y no por una respuesta de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, también dice algo.

Europa, que no sabe dónde estamos

La respuesta europea ha sido un espejo. Giorgia Meloni amenazó con «suspender el espacio Schengen con España», algo que ningún país puede hacer unilateralmente, y lo que finalmente ordenó Roma fue el cierre y el refuerzo de los controles en sus fronteras marítimas y aéreas con nosotros. Todo ello sin reparar en un detalle que aquí conoce cualquiera: Ceuta y Melilla tienen desde 1991 un régimen singular, único en Europa, por el que el control Schengen se hace a la salida. Nadie viaja de aquí a la Península, ni por barco ni por avión, sin identificarse ante la Policía Nacional en puerto y aeropuerto, y las navieras y aerolíneas están obligadas a verificar la documentación. De modo que Roma decidió blindarse frente a una frontera que lleva más de tres décadas con control de salida. Lo dijo con todas las letras el presidente del Consejo Europeo, António Costa: los nacionales de terceros países en Ceuta no disfrutan de libre circulación ni a la España peninsular ni al resto del espacio Schengen.

Veintidós gobiernos, con Italia y Dinamarca al frente y Alemania detrás, firmaron una carta cuestionando la política migratoria española. Sánchez respondió por carta a Bruselas calificando la reacción de «egoísta, polarizadora e ilegal». Puede que en algún caso haya oportunismo, pero cuando veintidós socios te señalan a la vez, la respuesta madura no es el insulto: es preguntarse qué imagen estamos dando.

Conviene añadir, eso sí, un detalle que dice mucho: ni Francia ni Portugal, los dos países con los que compartimos frontera, figuran entre los firmantes. París reforzó sus controles, sí, pero su ministro del Interior habló de una cooperación «muy, muy, muy buena» con Madrid y descartó de plano que España saliera de Schengen. Los que nos conocen, no firmaron. Llevamos décadas siendo frontera exterior de Europa y Europa sigue sin saber dónde estamos.

Lo que queda

Quedan las preguntas de siempre y una certeza incómoda: que el Estado ha tenido que ser recordado a su obligación por quien no gobierna. El Rey salió a decir por escrito, con «gran preocupación e indignación», que el Estado debe velar por nuestra seguridad y evitar que esto se repita. Cuando la Jefatura del Estado tiene que recordarle al Gobierno cuál es su trabajo, es que el Gobierno no lo estaba haciendo. Y desde la plaza de San Pedro, el Papa León XIV pidió en español por Ceuta y encomendó a la Virgen de África que se encuentren «soluciones de paz, estabilidad y de justicia». Se agradece. Da que pensar que hayamos tenido más palabras de consuelo desde Roma que explicaciones desde Madrid.

Y queda una deuda que conviene dejar por escrito, porque nadie la va a saldar desde un ministerio. Con la Guardia Civil, que sacó del agua a vivos y a muertos hasta quedarse sin fuerzas. Con la Policía Nacional y con la Policía Local, que llevan días sin horario. Con la Legión y con los Regulares. Con Salvamento, con los GEAS, con los bomberos, con Cruz Roja, con Protección Civil, con los forenses y con todo el personal del Ingesa, sanitario y no sanitario. Con los empleados públicos y con los voluntarios. Ninguno de ellos eligió esta semana y todos la sostuvieron. Si esta ciudad no se rompió fue por ellos, y por sus vecinos.

Y queda esta ciudad, que sigue funcionando. Aquí llevamos siglos viviendo cuatro culturas en dieciocho kilómetros cuadrados, y funciona. No porque nadie discuta nunca, sino porque el de al lado no es una categoría: es tu vecino, el que te guarda el sitio en la cola y el que te sube la compra cuando no puedes. Eso no se improvisa y no se explica bien desde fuera, y precisamente por eso viene tan bien acompañado de cámara quien quiere romperlo.

A todos los que estos días nos han explicado desde un plató cómo debemos sentirnos, la misma invitación: vengan. No a grabar un directo de nueve minutos, sino a vivir aquí una semana con la persiana bajada, la feria suspendida y el hijo pequeño preguntando por qué hay militares en la puerta del súper. Todo el mundo tiene las ideas muy claras hasta que la cola del súper es la suya.

Y vengan también el día 5. Porque la feria se ha suspendido, pero la Virgen de África sale. La Ciudad y la Hermandad lo confirmaron el domingo: ofrenda floral el día 4 y procesión el 5, con un dispositivo especial de seguridad. Después de la semana que llevamos, que esta ciudad se eche a la calle detrás de su Patrona no es solo una cuestión de fe. Es la mejor respuesta que se le puede dar a todo el mundo: a los que nos dieron por perdidos, a los que vinieron a dividirnos y a los que aún no saben dónde está Ceuta.