La Policía Nacional ha lanzado una nueva advertencia a través de sus redes sociales para alertar sobre una nueva estafa conocida como «shock call» y que podría darse también en lugares como Ceuta. Se trata de un timo que busca provocar un fuerte impacto emocional en la víctima para conseguir dinero de forma inmediata.
En el vídeo difundido por el cuerpo policial se explica el funcionamiento de este fraude, en el que los delincuentes se hacen pasar por agentes de la autoridad y comunican a la persona que atiende la llamada una supuesta tragedia relacionada con un familiar cercano.
Una llamada que busca provocar pánico
La recreación comienza con una mujer atendiendo una llamada telefónica y reaccionando con incredulidad ante la noticia que le trasladan: «¿Cómo que mi hija ha matado a un bebé?»
Ese es el punto de partida de la estafa «shock call», un método con el que los delincuentes intentan que la víctima entre en un estado de nerviosismo y actúe sin tiempo para reflexionar.
Según explica la Policía Nacional, durante la llamada los estafadores aseguran que un familiar ha provocado un accidente en el que habría fallecido un bebé y que, para evitar que esa persona entre en prisión, es necesario realizar un pago.
En otra de las escenas del vídeo se escucha al supuesto interlocutor decir: «Tiene que pagar o la metemos en prisión».
🚨¿Has oído hablar de la estafa “Shock Call”?
Te hacen creer que un familiar ha causado un accidente y te piden dinero urgente
La Policía Nacional advierte de que los autores de este fraude se aprovechan del estado de shock que genera una noticia de estas características para impedir que la víctima pueda comprobar si lo que le están diciendo es cierto.
Según explican, los estafadores citan a la persona en un lugar cercano mientras mantienen la conversación telefónica, evitando que cuelgue para que no tenga oportunidad de contactar con el familiar supuestamente implicado ni con otras personas que puedan ayudarle a detectar el engaño.
El objetivo es que la víctima actúe impulsivamente y entregue el dinero antes de descubrir que todo forma parte de una estafa.
Cómo evitar caer en esta estafa
En su mensaje, la Policía Nacional recuerda varias recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de fraude.
En primer lugar, insiste en que las autoridades nunca van a pedir un pago por teléfono para evitar el ingreso en prisión de una persona.
Además, subraya que en España las fianzas judiciales nunca se pagan a una cuenta particular, por lo que cualquier petición de este tipo debe despertar sospechas.
Por último, aconseja desconfiar de las llamadas que intenten retener a la víctima al teléfono para impedir que pueda contrastar la información y recuerda la importancia de denunciar los hechos ante la Policía Nacional si se recibe una llamada con estas características.
Tras completarse las principales actuaciones de adecuación del edificio que será para el 112, la intervención se centra ahora en los trabajos interiores, con la instalación del mobiliario, el equipamiento técnico y los últimos acabados que permitirán dejar listo el futuro centro de coordinación de emergencias.
Junto a ello, también se ha llevado a cabo una importante actuación para mejorar la accesibilidad al inmueble, facilitando el acceso al local y adaptándolo a las necesidades de un servicio esencial que permanecerá operativo las 24 horas del día.
La transformación del inmueble
El proyecto ha supuesto una reforma integral del espacio, con la redistribución completa de sus dependencias para adaptarlas a las exigencias de un centro de emergencias. La nueva sede para el 112 contará con salas específicas para operadores y una sala de crisis, además de las correspondientes zonas administrativas y técnicas.
Durante la ejecución se han renovado las instalaciones de electricidad, climatización, fontanería y telecomunicaciones, imprescindibles para garantizar la continuidad del servicio. Asimismo, se ha previsto la colocación de un suelo técnico en las áreas de trabajo para albergar todo el cableado y los sistemas tecnológicos necesarios.
La actuación también ha incorporado nuevas medidas de seguridad, como puertas contra incendios en las salidas de emergencia, persianas metálicas automáticas para reforzar la protección frente a intrusiones y barandillas interiores adaptadas a la normativa vigente.
Mejoras estructurales y aislamiento
Antes de iniciar la adecuación de los espacios fue necesario acometer diversas reparaciones estructurales, ya que el inmueble presentaba filtraciones en la cubierta, daños localizados y diferentes deficiencias derivadas del paso del tiempo.
Entre las actuaciones realizadas destaca la sustitución de las antiguas carpinterías por nuevas estructuras de aluminio con vidrio laminar triple, una mejora que incrementa tanto el aislamiento térmico como el acústico, un aspecto especialmente importante para un centro en el que se gestionan emergencias de manera permanente.
Además, se demolieron falsos techos, particiones deterioradas y otros elementos existentes para redistribuir completamente el espacio interior y adaptarlo a las nuevas necesidades del servicio.
Preparado para un servicio esencial
La nueva sede dispondrá de una superficie de más de 670 metros cuadrados, configurada para ofrecer un entorno funcional, seguro y tecnológicamente preparado para la coordinación de las emergencias en la ciudad.
El proyecto ha prestado una atención especial al aislamiento acústico, mediante la instalación de techos con paneles de lana de roca, nuevos sistemas de compartimentación y soluciones constructivas que favorecen la concentración de los operadores durante su trabajo.
Con la obra ya muy avanzada, los esfuerzos se centran ahora en la colocación del mobiliario, el equipamiento técnico y los últimos remates interiores. Si se cumplen los plazos previstos, la nueva sede del 112 quedará completamente terminada durante el último trimestre de este año, dando por finalizada una actuación destinada a dotar al servicio de unas instalaciones modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades de la atención de emergencias.
Un total de 16 personas han sido detenidas en Marruecos en una operación conjunta entre Francia y Marruecos contra una banda organizada de tráfico de drogas. Así lo comunicó el ministro de Justicia de Francia, Gérald Darmanin.
A través de un mensaje publicado en redes sociales, Darmanin ha destacado la estrecha colaboración entre ambos países y ha agradecido el trabajo realizado por las autoridades marroquíes.
«Tras nuestra colaboración reforzada y nuestros diversos intercambios, agradezco a nuestros amigos marroquíes que recientemente han procedido a la detenciónde16 individuos implicados en actos criminales graves, entre los que se incluyen tráfico de estupefacientes, banda organizada, asesinatos, estafas y blanqueo de capitales«, ha señalado el titular de Justicia francés en un mensaje en redes sociales.
Cooperación judicial entre Francia y Marruecos
Según ha explicado el titular de Justicia francés, entre los detenidos figuran tanto nacionales franceses como personas con doble nacionalidad. En el caso de los ciudadanos franceses, las autoridades francesas ya han iniciado los correspondientes procedimientos de extradición con el objetivo de que puedan ser puestos a disposición de la Justicia de su país.
Por el contrario, las personas con doble nacionalidad no podrán ser reclamadas por Francia, por lo que el Gobierno francés ha presentado las correspondientes denuncias para que sean investigadas, procesadas y, en su caso, juzgadas por las autoridades marroquíes, de acuerdo con la legislación vigente y los mecanismos de cooperación judicial entre ambos Estados.
Lucha contra el crimen organizado
Darmanin ha subrayado además la importancia de la cooperación judicial entre Francia y Marruecos en la lucha contra el crimen organizado, destacando que este tipo de actuaciones permiten reforzar la seguridad de ambos países y mejorar la eficacia de las investigaciones transnacionales.
La operación representa un nuevo ejemplo de la coordinación entre las instituciones de ambos Estados para combatir las redes delictivas que operan a ambos lados del Mediterráneo y pone de manifiesto la relevancia de la colaboración internacional para perseguir organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y otros delitos de carácter transnacional.
El club albirrojo ha vuelto a confiar en el centro hospitalario de Palmones de Quirónsalud para la realización de estas pruebas médicas, que permiten acreditar que los futbolistas se encuentran en condiciones óptimas para competir en la tercera categoría del fútbol español.
Los exámenes se han realizado de forma progresiva, adaptándose al calendario de incorporaciones de los jugadores, tanto de los renovados como de los nuevos fichajes. Además de evaluar el estado físico de la plantilla tras el regreso a los entrenamientos, el principal objetivo de estos reconocimientos ha sido descartar la existencia de posibles patologías cardíacas incompatibles con la práctica del deporte profesional.
El protocolo médico desarrollado por Quirónsalud ha incluido una historia clínica completa con la recopilación de antecedentes personales y familiares, una exploración física detallada, un electrocardiograma para la valoración inicial del corazón, un ecocardiograma que permite analizar su estructura y funcionamiento, así como una prueba de esfuerzo destinada a comprobar la respuesta cardíaca durante el ejercicio físico.
Según explicó el especialista en Cardiología del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar, Manuel Ruiz Ruiz, encargado de realizar estos reconocimientos al club desde hace catorce años, la evaluación ha permitido completar un análisis exhaustivo del estado de salud de todos los futbolistas.El cardiólogo destacó que «todos los jugadores que hemos visto han superado con éxito el chequeo y los hemos declarado aptos para la práctica deportiva sin evidencia de cardiopatía estructural».
Acuerdo de colaboración una temporada más
Estos reconocimientos se enmarcan dentro del acuerdo de colaboración que el Algeciras CF mantiene una temporada más con el Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar y el Centro Médico Quirónsalud Algeciras. Gracias a este convenio, ambas entidades colaboran para garantizar el seguimiento sanitario de la plantilla durante toda la temporada.
La colaboración no se limita únicamente a la realización de pruebas diagnósticas y reconocimientos médicos. También contempla diferentes iniciativas de promoción de hábitos saludables relacionados con el deporte, además de acciones sociales desarrolladas conjuntamente, como las visitas de jugadores del equipo a pacientes hospitalizados en fechas señaladas, entre ellas el Día Mundial de la Salud, cuando reparten camisetas oficiales del club.
Desde Quirónsalud recuerdan que el deporte constituye uno de los ámbitos estratégicos de actuación del grupo sanitario, tanto por su relación directa con la prevención de enfermedades y la mejora de la calidad de vida como por los valores que comparte con la práctica médica, entre ellos la disciplina, el esfuerzo y la superación.
En los últimos años, Quirónsalud ha participado como proveedor de servicios médicos en numerosos eventos deportivos nacionales e internacionales. Entre ellos figuran la Generali Hexagon Cup 2026, varias pruebas del circuito Premier Padel disputadas en España y el Mundial de MotoGP.
Asimismo, Quirónsalud presta asistencia sanitaria a entidades como la Real Federación Española de Tenis, la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), la Rafa Nadal Academy y la Real Federación Española de Vela, además de colaborar con distintos clubes de fútbol, baloncesto y rugby.
Apoyo al deporte
El grupo también ha sido responsable de la cobertura médica de competiciones de gran relevancia como las cuatro últimas fases finales de la Copa Davis celebradas en España, las finales de la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Trofeo Conde de Godó, la Ocean Race, la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana o la Behobia/San Sebastián, entre otros acontecimientos deportivos.
En Andalucía, Quirónsalud cuenta con ocho hospitales distribuidos entre Málaga, Marbella, Los Barrios, Sevilla, Córdoba y Huelva, además de una red de centros médicos y hospitales de día que lo sitúan como uno de los principales grupos hospitalarios privados de la comunidad.
La Consejería de Educación, Cultura y Juventud de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha publicado un requerimiento de documentación dirigido a los solicitantes de las ayudas para la finalización de estudios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) correspondientes al curso 2025-2026.
La medida afecta a decenas de expedientes en los que, tras la revisión de las solicitudes, se ha detectado la falta de alguno de los documentos exigidos en las bases de la convocatoria.
Según el documento oficial, la Unidad de Becas ha comprobado que numerosas solicitudes no incluyen toda la documentación necesaria para completar el procedimiento administrativo.
Por este motivo, las personas afectadas deberán presentar la información requerida dentro del plazo establecido para evitar que su solicitud figure en la relación provisional de excluidos.
Entre la documentación solicitada, el requerimiento más frecuente es la presentación del número de cuenta con IBAN del tutor solicitante, un documento que aparece reflejado en la mayor parte de los expedientes incluidos en el listado publicado por la Administración. Asimismo, algunos solicitantes deberán aportar el IBAN del propio solicitante, dependiendo de las circunstancias de cada expediente.
Además, existen otros casos en los que se solicita la acreditación de la obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria durante el curso correspondiente a la convocatoria, la situación de empadronamiento o la presentación de la solicitud debidamente cumplimentada, al detectarse deficiencias en la documentación inicialmente entregada.
Diez días hábiles para completar el expediente
La resolución recuerda que las personas incluidas en este requerimiento disponen de un plazo de diez días hábiles, contados desde la publicación del anuncio en el tablón de anuncios y en la página web de la Ciudad Autónoma de Ceuta, para subsanar las deficiencias detectadas o aportar los documentos que faltan.
La Consejería de Educación advierte de que, en caso de no presentar la documentación dentro del plazo establecido, los solicitantes podrán ser incluidos en la relación provisional de excluidos del procedimiento de concesión de estas ayudas, al no cumplir con los requisitos documentales establecidos en la convocatoria.
Presentación presencial o por vía electrónica
La documentación podrá entregarse de forma presencial en las oficinas del Registro General de la Ciudad, previa cita, o mediante la Sede Electrónica de Educación, habilitada para la tramitación de este procedimiento.
Con este requerimiento, la Administración busca garantizar que todos los expedientes cuenten con la documentación necesaria antes de resolver la convocatoria de las ayudas para la finalización de estudios de Educación Secundaria Obligatoria, un programa destinado a facilitar que los estudiantes que obtengan el título de la ESO durante el curso 2025-2026 puedan acceder a las ayudas previstas, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras.
El magistrado titular de la plaza número 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta ha dejado visto para sentencia el juicio por los incidentes ocurridos el 7 de enero de 2024en el Pasaje de las Heras, una causa en la que inicialmente se sentaron 12 personas en el banquillo de los acusados por distintos delitos relacionados con lesiones, daños, usurpación y amenazas.
Durante el trámite de conclusiones, el Ministerio Fiscal retiró la acusación respecto de cuatro de los acusados, al entender que no existían pruebas suficientes para sostener su participación en los hechos.
Asimismo, dejó sin efecto las acusaciones por los delitos leves de amenazas, de manera que el procedimiento quedó reducido a ocho acusados, sobre los que continúan pesando, en distinto grado, las restantes imputaciones.
La vista oral estuvo marcada por dos versiones completamente opuestas de lo sucedido aquella noche.
Mientras una de las familias sostiene que acudió a una vivienda al descubrir que un vecino había realizado obras para apropiarse de parte del inmueble, la otra mantiene que fueron ellos quienes sufrieron una agresión en su propio domicilio y niega haber ocupado una vivienda colindante.
Una discusión por una vivienda derivó en el enfrentamiento
Las primeras declaraciones correspondieron a varios integrantes de la familia que denunció haber encontrado modificada la vivienda de sus padres. Una de las acusadas explicó que aquella noche, sobre las 21.30 horas, ya sospechaban que alguien había accedido al inmueble para realizar unas obras sin autorización.
Según su testimonio, un familiar consiguió entrar en la vivienday avisó al resto de la familia. Cuando llegaron comprobaron, siempre según esta versión, que una de las puertas había sido tapiada, circunstancia que dio lugar a una discusión con el vecino ahora también acusado.
La procesada relató que tanto su madre como su tía pidieron explicaciones al hombre, quien les respondió que la habitación le pertenecía porque, según les manifestó, la había adquirido a otro vecino. La acusada negó durante el juicio que alguno de los presentes golpeara al denunciante con un palo o una barra de hierro, como sostiene la otra parte.
La familia asegura que intentó recuperar el acceso a la vivienda
En su declaración añadió que, tras iniciarse la discusión, el vecino entró en su vivienda portando un objeto metálico punzante, con el que, según aseguró, trató de agredir a dos de sus familiares. Explicó igualmente que ella cogió una barra de hierro, pero únicamente con la intención de derribar el tabique que impedía el acceso a la habitación y no para atacar a nadie.
Otro de los acusados, familiar de la anterior, declaró que acudió al inmueble tras recibir la llamada de su esposa.
Explicó que llevaba las llaves de la vivienda y que, al intentar abrir la puerta, comprobaron que el acceso estaba bloqueado. Una vez dentro observaron, según su versión, un boquete que comunicaba con la vivienda colindante y una habitación completamente tapiada.
Este acusado manifestó que el vecino portaba un palo y que parecía dispuesto a golpear a uno de sus familiares. No obstante, durante el interrogatorio reconoció que no llegó a presenciar ninguna agresión física, limitándose a describir el ambiente de tensión existente en ese momento.
Los acusados niegan haber golpeado al denunciante
Otro de los procesados aseguró que cuando llegó al lugar la discusión prácticamente había finalizado y que la Policía se personó unos veinte minutos después. Recordó que todos los implicados permanecían en los pasillos del inmueble y afirmó que no vio a nadie agredir al denunciante.
Otra de las acusadas explicó que comenzó a escuchar ruidos procedentes de la vivienda de sus padres y pidió a su marido que acudiera con las llaves. Según declaró, al acceder comprobaron que una habitación había sido cerrada mediante un tabique y que existía un agujero que comunicaba ambas viviendas.
La procesada sostuvo que fue el denunciante quien comenzó a increparles, insistiendo en que aquella habitación era de su propiedad. Añadió que durante el forcejeo recibió un empujón que provocó la rotura del contador eléctrico, rechazando por ello que fuera ella quien causara esos daños. También negó haber llegado a entrar en la vivienda del denunciante, asegurando que todo ocurrió en el rellano.
«Solo intentábamos retirar el muro», sostienen
Otra de las acusadas manifestó que al entrar en la vivienda de sus padres comprobó que una de las habitaciones estaba completamente tapiada. Reconoció que hubo un enfrentamiento con el denunciante, aunque aseguró que únicamente se produjeron empujones y agarrones, negando haber utilizado una barra de hierro para golpearle.
En la misma línea declaró otra de las procesadas, quien explicó que acudió tras conocer que alguien había accedido a la casa de sus abuelos y había levantado un muro que impedía el paso hacia una de las habitaciones. Según relató, el cemento todavía estaba fresco, motivo por el que comenzó a retirarlo.
La acusada añadió que, mientras intentaba derribar parte del tabique, escuchó gritos procedentes del pasillo. Al salir, afirmó haber visto al denunciante intentando agredir a dos familiares suyas, por lo que decidió intervenir únicamente para separar a las partes, negando haber participado en ninguna agresión.
La otra familia niega haber ocupado la vivienda
Concluidas las declaraciones de la primera familia comenzó la comparecencia de los integrantes de la otra parte implicada en el procedimiento, quienes ofrecieron un relato completamente distinto de lo sucedido.
El primero en declarar fue el hijo del denunciante, quien aseguró que recibió una llamada alertándole de que varias personas estaban forzando la puerta del domicilio familiar. Cuando llegó, afirmó haber encontrado el contador eléctrico roto y a varias personas sujetando a su padre.
Según sostuvo, el denunciante estaba siendo agredido cuando él llegó al lugar. Negó haber golpeado a ninguno de los presentes y aseguró que únicamente reaccionó al ver a su padre ensangrentado. También rechazó haber pronunciado las amenazas que le atribuye la otra parte durante el altercado.
La defensa sostiene que nunca ocuparon la vivienda vecina
Durante su declaración, el hijo del denunciante insistió en que la vivienda objeto del conflicto no estaba habitada y negó que su padre hubiera realizado obras para apropiarse de parte del inmueble colindante. Según explicó, el espacio al que hace referencia la otra familia era una construcción en mal estado, sin condiciones para ser habitada, por lo que, a su juicio, el verdadero interés de los denunciados era hacerse con esa parcela.
El acusado también hizo referencia a un episodio ocurrido años atrás, antes de la pandemia, cuando, según afirmó, una persona acompañada de un abogado manifestó haber adquirido toda esa parcela. Con esa explicación trató de contextualizar el origen del conflicto y defender que la disputa sobre la propiedad del terreno venía de tiempo atrás.
Asimismo, negó haber proferido amenazas contra los integrantes de la otra familia y rechazó que su padre hubiera afirmado que la habitación en disputa era de su propiedad por haberla comprado a un vecino, como habían declarado anteriormente varios de los acusados.
«Entraron en nuestra casa y le agredieron»
La esposa del denunciante aseguró que ella no presenció los hechos, aunque explicó al tribunal que, según le trasladaron posteriormente, su marido había sido retenido por varias personas durante el enfrentamiento, mientras estas le reclamaban la habitación y la parcela objeto de la disputa.
Otra de las familiares declaró que llegó cuando el altercado ya se había producido y encontró al denunciante con sangre visible. Explicó que en ese momento varias personas comenzaron a grabarla con sus teléfonos móviles, motivo por el que les pidió que dejaran de hacerlo.
Esta testigo manifestó igualmente que desconoce quién es el propietario de la vivienda que originó el conflicto, aunque sostuvo que nadie reside actualmente en ella. Según su versión, fueron los integrantes de la otra familia quienes accedieron al domicilio del denunciante, rompieron la puerta y el contador eléctrico y posteriormente le agredieron.
El denunciante niega haber realizado obras
El propio denunciante rechazó de forma tajante haber ejecutado obras en la vivienda colindante o haber ocupado parte del inmueble vecino. Preguntado expresamente durante el interrogatorio, negó haber construido tabiques o ampliado su vivienda a costa de la propiedad contigua.
Según declaró, aquella noche se encontraba en la puerta de su domicilio cuando comenzó a escuchar gritos. Poco después, aseguró haber oído cómo rompían el punto de luz y, seguidamente, cómo forzaban la puerta de entrada a su vivienda antes de que varias personas accedieran al interior.
El denunciante afirmó que fue agredido por varios integrantes de la otra familia, llegando a asegurar que todos ellos participaron en la agresión. Durante su declaración lamentó que, con 74 años, tuviera que verse envuelto en una situación de este tipo y aseguró que los presentes habían decidido “tomarse la justicia por su mano”.
También manifestó que únicamente conocía a algunos de los acusados de vista, mientras que a otros afirmó no haberlos visto nunca con anterioridad.
La titular de la vivienda mantiene que el inmueble es suyo
La fase testifical comenzó con la declaración de la mujer que se presentó como propietaria de la vivienda en la que supuestamente se realizaron las obras. La testigo aseguró que la casa no estaba abandonada y que sigue siendo utilizada por ella, rechazando que el inmueble careciera de ocupación.
Durante su comparecencia sostuvo que una de las paredes había sido derribada para ampliar la vivienda colindante. Explicó que no conocía personalmente a la persona a la que atribuye esas obras, aunque aseguró haber escuchado los ruidos de los trabajos realizados.
Preguntada por qué no aportó al procedimiento documentación acreditativa de la propiedad cuando le fue requerida, respondió que esas viviendas carecen de títulos de propiedad convencionales, indicando que la cuestión se encuentra actualmente siendo gestionada por los abogados con el objetivo de acreditar los derechos que sostienen ostentar sobre el inmueble.
La Policía encontró versiones enfrentadas
Los agentes de la Policía Nacional que acudieron al lugar explicaron que recibieron un aviso alertando de una discusión entre vecinos. A su llegada, una de las partes les manifestó que varias personas habían accedido a su vivienda y que un vecino había ocupado parte del inmueble tras realizar unas obras.
Los policías señalaron que ninguna de las partes aportó en ese momento documentación que permitiera acreditar la titularidad de la vivienda en disputa. Sí confirmaron que existía una rotura en una de las paredes, aunque precisaron que resultó imposible determinar sobre el terreno quién tenía razón respecto al origen del conflicto, al encontrarse únicamente con las versiones contrapuestas de ambas familias.
Uno de los agentes indicó además que el denunciante presentaba restos de sangre, si bien aclaró que durante la intervención no apreciaron lesiones que pudieran calificarse como especialmente graves, extremo que posteriormente fue objeto del informe médico incorporado a la causa.
Los vecinos evitaron señalar a los responsables
Varios vecinos del Pasaje de las Heras comparecieron también como testigos. Todos coincidieron en señalar que conocen desde hace años a ambas familias por residir en la misma zona.
Los testigos recordaron haber escuchado gritos y una fuerte discusión, aunque la mayoría evitó atribuir agresiones concretas a alguno de los implicados. Tampoco quisieron confirmar haber escuchado amenazas o insultos determinados durante el altercado.
Sus declaraciones, por tanto, sirvieron para acreditar la existencia de un enfrentamiento aquella noche, aunque sin despejar cuál de las dos versiones ofrecidas por las partes se ajusta a lo realmente ocurrido.
La perito sitúa la lesión en el momento de los hechos
La última prueba practicada durante la vista fue la declaración de la médico forense, quien analizó las lesiones que presentaba el denunciante tras el altercado. Según explicó, el informe elaborado tras su asistencia en Urgencias reflejaba una rotura en un hombro, además de una lesión en una mano.
Durante el interrogatorio, la defensa del denunciante trató de desvincular esas lesiones de patologías anteriores, mientras que la representación de los acusados aportó un informe médico de 2018 para sostener que el perjudicado ya había sufrido problemas previos en ese mismo hombro.
Preguntada expresamente por esa circunstancia, la perito explicó que, en principio, la limitación funcional descrita en la exploración realizada el día de los hechos no guardaba relación con el informe médico de 2018.
Añadió que aquel documento anterior no reflejaba esa limitación y que, desde un punto de vista médico, la lesión observada en enero de 2024 resultaba compatible con el episodio que motivó la asistencia hospitalaria, aunque precisó que la artrosis propia de la edad del paciente pudo influir en la gravedad de la rotura.
El sistema de pensiones en España afronta una transformación que afectará de lleno a las personas nacidas, también en Ceuta, entre 1960 y 1970, un grupo que se encuentra actualmente en la antesala de la jubilación o ya en plena planificación de su retiro laboral.
Según la normativa en vigor y su progresiva aplicación hasta 2027, este colectivo deberá adaptarse a nuevas condiciones para poder acceder al 100% de la pensión, especialmente en lo relativo a la edad de jubilación y a los años cotizados exigidos.
El cambio principal es claro: a partir del final del sistema transitorio, la edad ordinaria de jubilación se situará en los 67 años, salvo que se acrediten al menos 38 años y 6 meses de cotización, lo que permitiría retirarse antes en determinadas condiciones.
Cómo se calcula ahora la pensión: dos modelos en transición
El cálculo de la pensión también está experimentando ajustes importantes. Actualmente, la Seguridad Social contempla dos sistemas de referencia que conviven durante esta etapa de transición.
Por un lado, el método tradicional, que toma como base los últimos 25 años cotizados. Por otro, el nuevo sistema progresivo, que amplía el periodo de cálculo hasta los últimos 29 años, eliminando los dos peores años de cotización para suavizar el impacto en la base reguladora.
Este cambio busca adaptar el sistema a trayectorias laborales más irregulares, pero también introduce una mayor complejidad a la hora de prever la pensión final.
En cualquier caso, alcanzar el 100% de la base reguladora no garantiza necesariamente la pensión máxima, ya que entran en juego otros factores como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), diseñado para reforzar la sostenibilidad del sistema ante el aumento del número de jubilados.
Jubilarse antes puede salir caro
Uno de los puntos más relevantes para este grupo de edad es el impacto de la jubilación anticipada. El sistema establece que quienes decidan retirarse antes de la edad ordinaria verán reducida su pensión mediante coeficientes reductores, que se aplican directamente sobre la cuantía final.
Esto significa que, incluso habiendo cotizado durante muchos años, adelantar la jubilación puede suponer una pérdida permanente en los ingresos mensuales.
La normativa distingue entre jubilación anticipada voluntaria y forzosa, además de algunos regímenes especiales para colectivos como policías, bomberos, mineros o trabajadores del mar.
Las cinco modalidades de jubilación en España
El sistema actual reconoce varias formas de acceso a la jubilación, que permiten cierta flexibilidad en función de la situación laboral de cada persona.
Entre ellas destaca la jubilación parcial, que permite compatibilizar trabajo y pensión reduciendo jornada y salario, funcionando como transición progresiva hacia el retiro definitivo.
También existe la jubilación activa, que permite seguir trabajando mientras se cobra parte de la pensión. En este caso, los pensionistas pueden percibir hasta el 50% de la prestación, aunque los autónomos pueden llegar al 100% si mantienen al menos un trabajador contratado.
Otra modalidad es la jubilación flexible, que permite volver al mercado laboral tras haberse jubilado, ajustando la pensión en función del trabajo realizado.
Por último, la jubilación demorada incentiva retrasar el retiro más allá de la edad legal, ofreciendo mejoras económicas en la cuantía de la pensión.
Más años cotizados para asegurar el 100% de la pensión
El requisito clave para acceder al 100% de la pensión en el nuevo escenario es haber cotizado al menos 38 años y 6 meses. Quienes no alcancen ese umbral deberán esperar hasta los 67 años para poder percibir la totalidad de la base reguladora.
Este ajuste responde al objetivo de equilibrar el sistema ante el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, dos factores que presionan directamente las cuentas de la Seguridad Social.
Un sistema más exigente y con más variables
En conjunto, el modelo de pensiones avanza hacia un esquema más complejo, en el que no solo cuenta la edad de jubilación, sino también la carrera laboral completa, los periodos cotizados y la modalidad elegida para el retiro.
Para los nacidos entre 1960 y 1970, esto implica una planificación más cuidadosa de su jubilación, ya que pequeñas diferencias en años cotizados o en el momento de la retirada pueden tener un impacto significativo en la pensión final.
El mensaje es claro: el acceso al 100% de la pensión será posible, pero cada vez estará más condicionado por una combinación de edad, cotización y decisiones individuales sobre cuándo y cómo retirarse del mercado laboral.
Los recursos de menores acogen ya a 320, en solo 9 días han llegado cerca de un centenar.
Este es el resultado de la presión migratoria que sufre Ceuta y que está siendo preocupante. Una presión recrudecida después del dictado de la resolución del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente y sometida, más que nunca, a la intervención que lleve a cabo Marruecos.
De momento, las embarcaciones de la Marina Real marroquí están saliendo en noches en las que los recursos tanto marroquíes como de la Guardia Civil están desbordados.
Otra madrugada con más de 200 intentos de pase
Esta misma madrugada ha habido más de 200 intentos de cruce. Es una situación que se repite prácticamente todas las noches. Esos son los que no lograron el pase, pero las entradas han sido cuantiosas, también entre quienes se alejan más de la costa protagonizando salidas más temerarias.
Las consecuencias de todo esto se aprecian, en parte, a las puertas del centro del Jaral en donde cien inmigrantes esperan poder entrar.
Queda poco para que el centro quede colapsado aun disponiendo literas y tiendas de campaña. Las salidas a la Península pueden paliar el efecto que ya se teme hasta cierto límite.
En el caso de los recursos de menores, la cifra de acogidos va en aumento, pero la situación se controla gracias a los traslados en aplicación del real decreto.
Guardia Civil y Policía desbordados; las mafias, ante el negocio redondo
Esta situación de presión desborda y bloquea a la Guardia Civil y a la Policía, pero alimenta el negocio de las mafias, de quienes ven en estas personas la oportunidad de sacar dinero ofreciendo falsas regularizaciones.
La última información oficial dada por la Delegación del Gobierno es que Interior estaba estudiando la resolución del Supremo. El día a día afecta directamente a unos recursos cada vez en situaciones más extremas, recursos que no entienden de los tiempos que pueda tomarse el Ministerio para afrontar medidas urgentes en la ciudad.
Acceden de distintas nacionalidades, no solo marroquíes sino también argelinos y subsaharianos que se echan al agua ayudados de los llamados motores humanos. La vía marítima es la que están explotando, la más temeraria y la que más muertos y desaparecidos genera.
Llegadas por toda Ceuta
Los inmigrantes llegan a Ceuta alcanzando por sus propios medios Juan XXIII, Chorrillo, Sarchal, Recinto, Monte Hacho… también los hay que se presentan en la Jefatura Superior o en el CETI directamente. Llegan mojados, pero se sospecha que ‘apoyados’ por otras personas que los recogen en sus coches.
Los sindicatos de la Policía Nacional ya han denunciado que la situación se desborda debido al aumento de trámites que tienen que llevar a cabo con los inmigrantes que llegan. Sobre todo, las unidades de extranjería.
A la Guardia Civil se le prometió refuerzos para el Servicio Marítimo y los GEAS, anunciándose la incorporación de una embarcación que sigue estropeada, por lo que no ha servido para garantizar mejores recursos.
Ceuta depende de los recursos marítimos que mantenga Marruecos para evitar situaciones que no pueda controlar. El problema de envergadura se producirá en momentos adversos en los que esa merma de control al otro lado de la frontera tenga su consecuencia directa en la propia ciudad.
El Supremo ya dejó claro que no cabe equiparar los elementos de contención con los dispositivos tecnológicos de control fronterizo -como drones, cámaras térmicas o sensores- que, en principio (y salvo que se demuestre lo contrario), “no cumplen una función material de contención, sino de vigilancia, detección y alerta, permitiendo detectar la presencia de inmigrantes, pero no impedir físicamente el cruce de la línea fronteriza, ni retener a quienes lo intentan”.
Por esto mismo, quien entra por mar no supera un elemento de contención fronterizo, por lo que no es aplicable la Disposición adicional décima de la ley de Extranjería a las interceptaciones en el mar. Las devoluciones en caliente son ilegales.
La Funeraria Al-Qadr ha procedido este jueves al traslado a Marruecos de los cuerpos de dos jóvenes cuyos cadáveres fueron localizados por la Guardia Civil este mes de julio en aguas de Ceuta.
Quisieron cruzar a nuestra ciudad, en ese trayecto perdieron la vida. Sus historias se entremezclan con la hilera de desaparecidos que se están registrando.
Tras su identificación oficial, serán enterrados en su país. Algo que habían implorado sus familias tras conocer que tanto Adam como Mohamed habían fallecido al intentar incursiones a nado en Ceuta.
Adam, el joven de 20 años que perdió la vida en el Desnarigado
En el caso de Adam, falleció en la tarde del pasado 9 de julio tras precipitarse en la zona del Desnarigado. Su familia pudo identificarlo y será enterrado en Larache.
Llegó a entrar en Ceuta junto a un amigo, pero tras subir por las rocas se precipitó al agua y falleció. Su cuerpo fue trasladado a la base del Servicio Marítimo contándose con la declaración de su amigo, que logró entrar con vida.
Tenía solo 20 años, además de portar documentos personales, lo que facilitado llevar a cabo su repatriación.
Mohamed, de El Jadida, identificado gracias a sus llamativos tatuajes
El otro joven, llamado Mohamed y natural de El Jadida, fue localizado sin vida en la zona de la almadrabeta del Recinto el 12 de julio.
Fueron los tatuajes que presentaba en piernas y brazos los que permitieron su identificación. Tenía 23 años y había intentado el cruce a Ceuta junto a otros compañeros.
En sus tierras esperan sus familias para poder despedirlos y enterrarlos tras travesías clandestinas que terminaron de la forma más trágica.
Gracias a las gestiones de la Guardia Civil se ha podido identificar oficialmente a estos dos chicos para atender las peticiones de su familia. El juzgado ha autorizado esa repatriación.
La Conferencia Sectorial de la Inmigración convocada este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha terminado en un plantón. La mayoría de los gobiernos autonómicos del Partido Popular, entre ellos el de la Ciudad Autónoma de Ceuta, han decidido no participar en la reunión, lo que ha provocado una falta de cuórum que ha impedido su celebración formal.
El Gobierno de Ceuta ha fundamentado su ausencia en razones técnicas y jurídicas.
Según ha manifestado la administración local, no se han dado las condiciones necesarias para asistir debido a que el Ejecutivo central no ha remitido la documentación e informes comprometidos para analizar los asuntos del orden del día.
Lo que el Gobierno de Ceuta exige específicamente para poder participar con garantías es la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, un documento esencial para entender los cambios legales propuestos.
Además de informes detallados sobre el impacto económico, presupuestario y asistencial que tendrá el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes en la ciudad.
A esto le suma datos concretos sobre la repercusión que esta medida tendrá en los servicios públicos locales, especialmente en áreas de sanidad y educación.
Para la Ciudad, la falta de esta información impide valorar el alcance real de las medidas y supone un incumplimiento de los principios de cooperación y lealtad institucional recogidos en la Ley 40/2015.
El bloque del PP denuncia una «política migratoria opaca»
Más allá de los argumentos técnicos de Ceuta, el conjunto de las comunidades del PP ha suscrito una declaración conjunta en la que tachan la convocatoria de «simulación» y «paripé».
Los consejeros populares critican que el Gobierno de España ha ignorado sistemáticamente sus solicitudes de información, incluyendo el acceso a la «documentación reservada» que existe sobre la regularización masiva.
Desde este bloque político se defiende un modelo de inmigración legal estrictamente vinculada a las necesidades del mercado laboral y un refuerzo de la seguridad en las fronteras.
Asimismo, denuncian que no se les ha consultado sobre la implementación del Pacto Europeo de Inmigración y Asilo en territorio español.
EFE
Respuesta del Ministerio y datos del proceso de regularización
Ante el plantón masivo, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, ha reaccionado calificando al Partido Popular de «partido antisistema».
La ministra ha decidido mantener encuentros informales con los representantes de las comunidades que sí asistieron (como Canarias, Cataluña o País Vasco) para defender los efectos positivos de la medida.
Según los datos ofrecidos por el Ministerio, el proceso de regularización extraordinaria cerró el pasado 30 de junio con casi 1,2 millones de solicitudes.
Saiz ha agregado que más del 70% de los solicitantes ya han visto admitida a trámite su petición, lo que les otorga un permiso temporal para vivir y trabajar en España.
A modo de ejemplo, el Ministerio destaca que solo en la Comunidad de Madrid ya hay 50.000 nuevas personas cotizando a la Seguridad Social gracias a este proceso.
