El sindicato CGT, con su secretario general para Andalucía, Ceuta y Melilla, Miguel Montenegro Muriel, a la cabeza, ha denunciado públicamente la «gravísima situación» que, a su juicio, sufre la plantilla de la empresa municipal Obimace, una situación que atribuye directamente a la «inacción» y la «evidente dejación de funciones de la actual gerencia».
Según expone la organización sindical en una nota de prensa, la dirección de Obimace estaría vulnerando derechos laborales básicos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, «poniendo en riesgo la seguridad, la salud y la dignidad de la plantilla».
Vehículos en mal estado
Entre las principales denuncias que hace el sindicato relativas al «riesgo para la seguridad y la vida», figura el estado de la flota de vehículos, que se encuentra «en un estado deplorable»: «Vehículos sin frenos en condiciones, sin estabilidad y con averías constantes, pasando más tiempo en el taller que prestando servicio, lo que constituye un riesgo grave e inminente para conductores, resto de trabajadores y ciudadanía».
Además, asegura que la flota lleva más de 15 años sin renovarse, lo que, a su juicio, «agrava todavía más los riesgos mecánicos y de seguridad vial y evidencia una absoluta falta de planificación y de responsabilidad preventiva por parte de la gerencia». «Además ya no quedan vehículos suficientes para trabajar con normalidad».
En este sentido, CGT recuerda que el artículo 19 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho de las personas trabajadoras a una protección eficaz en materia de seguridad y salud, mientras que el artículo 14 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales obliga al empresario a garantizar dichas condiciones.
«La gerencia de Obimace está incumpliendo de forma flagrante estas obligaciones legales al permitir que se trabaje con vehículos inseguros y sin medios adecuados, situando a la plantilla en una posición de riesgo intolerable», han continuado.
«CGT advierte que, de persistir este riesgo grave e inminente, se valorará el ejercicio de las facultades legales de paralización de la actividad en aquellas tareas que pongan en peligro la vida o la integridad de los trabajadores, conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales».
Denuncias sobre categorías profesionales y salarios
La organización sindical también denuncia un presunto «fraude» en las categorías profesionales y los salarios. Según explica, existen trabajadores que llevan más de 19 años desempeñando funciones correspondientes a categorías superiores, como segunda y primera, sin percibir la retribución que les correspondería por el trabajo efectivamente realizado.
Para CGT, esta situación supone una vulneración del régimen de clasificación profesional previsto en el Estatuto de los Trabajadores, al considerar que quienes desempeñan de manera habitual funciones de una categoría superior tienen derecho a percibir el salario correspondiente.
«No estamos ante un mero “error administrativo”, sino ante un abuso continuado y consciente contra una plantilla profesionalizada en el mantenimiento de la ciudad, mientras la gerencia se niega deliberadamente a reconocer y pagar lo que por ley corresponde», insisten.
«Falta de medios y opacidad en el uso del dinero público»
La central sindical también pone el foco en la falta de medios materiales. «No hay material suficiente, no hay maquinaria adecuada y equipos esenciales llevan años averiados, como el toro mecánico que lleva más de un mes fuera de servicio sin reparación, obstaculizando gravemente la prestación del servicio».
«Hablamos de una empresa municipal que recibe fondos públicos cada año, lo que exige una gestión diligente y transparente de dichos recursos. Resulta legítimo preguntarse dónde están y a qué se destinan esos fondos cuando la realidad diaria es que la plantilla no dispone ni de vehículos seguros, ni de maquinaria operativa, ni de los medios materiales mínimos para trabajar con dignidad», han proseguido.
La falta de medios, insisten, «vulnera también el deber empresarial de proporcionar equipos de trabajo seguros y adecuados, recogido en la normativa de prevención de riesgos laborales».
CGT denuncia un bloqueo sindical y reclama la dimisión del gerente
Otro de los puntos recogidos en la nota hace referencia a las relaciones entre la dirección y la representación de los trabajadores. CGT asegura que el gerente de Obimace «muestra una auténtica “alergia” a los sindicatos».
«No quiere recibir ni atender en ningún momento a los representantes legales de los trabajadores, ni a la representación unitaria (delegados y comité de empresa) ni a la representación sindical (sección y delegados sindicales de CGT).
Según el sindicato, esta actuación vulnera el derecho de representación colectiva reconocido en el Estatuto de los Trabajadores y el ejercicio de la actividad sindical contemplado en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
«Negarse sistemáticamente a recibir y dialogar con la representación legal de los trabajadores es una actitud antidemocrática e ilegal, que busca silenciar las denuncias y reivindicaciones, y que constituye un ataque frontal a la libertad sindical y a la negociación colectiva en la empresa», ha explicado CGT.
«Responsabilidad directa de la gerencia y ruptura del clima laboral»
Por último, CGT afirma que el clima laboral en Obimace «se ha deteriorado hasta niveles insoportables, con tensión permanente, falta de respeto institucional hacia la plantilla y desprecio absoluto a las reivindicaciones sindicales».
«La actual gerencia está incumpliendo sus deberes de organización del trabajo y de protección de la seguridad y salud de la plantilla, quebrando la confianza mínima necesaria para la convivencia laboral y vulnerando el derecho de los trabajadores a una protección eficaz, reconocido en la Ley 31/1995».
«La actitud pasiva, negligente y abiertamente antisindical de la dirección no solo multiplica los riesgos laborales, sino que constituye una clara vulneración de la legalidad que puede derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales en caso de accidente grave o de vulneración de la libertad sindical».
Exigencias de CGT
Desde CGT exigen, con carácter inmediato:
- Que se ponga fin al agravio comparativo existente entre las distintas empresas municipales, «dado que todas han recibido vehículos nuevos en los últimos años, excepto Obimace, manteniendo aquí una flota envejecida de más de 15 años, con el consiguiente aumento del riesgo para la seguridad vial y laboral». «Esta discriminación en la renovación de la flota resulta incompatible con el deber de protección eficaz en materia de seguridad y salud recogido en el artículo 19 del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 14 de la Ley 31/1995».
- El reconocimiento inmediato de las categorías profesionales reales y el abono de las diferencias salariales dejadas de percibir, conforme al régimen de clasificación profesional y al derecho a percibir la retribución correspondiente a las funciones efectivamente realizadas.
- La dotación suficiente de medios y materiales para «prestar el servicio público con seguridad y dignidad, tal y como exige la normativa de prevención de riesgos laborales».
- El respeto efectivo al derecho de representación y a la libertad sindical, con la «apertura inmediata de canales de diálogo y negociación con los representantes legales y sindicales de los trabajadores, conforme al Estatuto de los Trabajadores y a la Ley Orgánica de Libertad Sindical».
- El estricto cumplimiento de toda la normativa laboral y de prevención de riesgos laborales vigente, garantizando la protección eficaz de la plantilla, en los términos del Estatuto de los Trabajadores y la Ley 31/1995.
Movilizaciones
Además, CGT ha anunciado que está fijando fechas para movilizaciones y concentraciones frente al Ayuntamiento para denunciar lo que considera un «grave incumplimiento de la legalidad», al tiempo que reclama el cese o la dimisión inmediata del gerente de Obimace por su «incapacidad manifiesta para garantizar la seguridad, respetar la legalidad, admitir el diálogo sindical y gestionar con rigor una empresa municipal financiada con dinero público».
