La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud ha aprobado la oferta de plazas que se van a incorporar a la orden de convocatoria de laspruebas selectivas de Formación Sanitaria Especializada, que permitirá el acceso en 2027 a un total de 12.850 plazas para las titulaciones de Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física, aunque ninguna de estas plazas será para Ceuta.
Según ha informado el Ministerio de Sanidad en nota de prensa, se trata de la mayor oferta aprobada hasta la fecha y supone un incremento de 484 plazas, un 3,9 por ciento más que en la convocatoria anterior. Desde 2018, el Sistema Nacional de Salud ha ampliado su capacidad de formación en 4.448 plazas, lo que representa un crecimiento acumulado del 53 por ciento.
La oferta se ha elaborado a partir de las propuestas de las comunidades autónomas y ha contado con los informes de la Comisión Delegada de Enfermería, el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.
Distribución de las plazas por titulaciones
• 9.676 plazas de Medicina.
• 2.341 plazas de Enfermería.
• 377 plazas de Farmacia.
• 293 plazas de Psicología Clínica.
• 69 plazas del ámbito de la Biología.
• 57 plazas de Radiofísica Hospitalaria.
• 37 plazas del ámbito de la Química.
Asimismo, el Ministerio de Sanidad, como no podía ser de otra manera, ha explicado que el 10 por ciento de las plazas se reserva para el turno de personas con discapacidad, conforme a lo establecido en la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias.
Fecha del examen y sedes de las pruebas
Las pruebas selectivas se celebrarán el sábado 23 de enero de 2027. El llamamiento comenzará a las 13:00 horas, las 12:00 horas en Canarias, y el ejercicio se iniciará a las 14:00 horas, a las 13:00 horas en Canarias.
El examen podrá realizarse en 26 localidades de toda España: Santiago de Compostela, Albacete, Alicante, Oviedo, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cáceres, Santander, Granada, Palma, Logroño, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Málaga, Murcia, Pamplona, Vigo, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.
Estructura del examen y sistema de puntuación
El ejercicio consistirá en un cuestionario de 200 preguntas y otras 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta y una única respuesta correcta. Las personas aspirantes dispondrán de cuatro horas y media para completarlo. Cada respuesta correcta se valorará con tres puntos, mientras que cada respuesta incorrecta restará un punto. Las preguntas no contestadas no se valorarán. La puntuación final estará integrada en un 90% por el resultado del examen y en un 10% por los méritos académicos acreditados.
Medidas contra el fraude tecnológico
La convocatoria refuerza las medidas de prevención y detección del fraude tecnológico durante la celebración de las pruebas. El personal responsable podrá emplear equipos pasivos capaces de detectar radiofrecuencias, campos electromagnéticos, materiales ferromagnéticos y otras señales asociadas a la presencia de dispositivos ocultos.
Estos sistemas tendrán exclusivamente funciones de detección y no podrán interceptar comunicaciones, acceder a contenidos, identificar a las personas aspirantes, tratar datos personales ni interferir en las comunicaciones electrónicas.
Durante el acceso, la permanencia y la realización de la prueba estará prohibida la tenencia o utilización de teléfonos móviles, relojes digitales o inteligentes, auriculares, microauriculares, gafas inteligentes, cámaras, tabletas, ordenadores portátiles, dispositivos de geolocalización y cualquier otro elemento que permita almacenar, transmitir o recibir información.
Únicamente se permitirá utilizar un reloj analógico de esfera y agujas que carezca de conectividad, almacenamiento de información o cualquier otra función distinta de indicar la hora.
La tenencia, utilización, ocultación o activación de dispositivos prohibidos, así como cualquier actuación destinada a eludir los controles, tendrá la consideración de conducta fraudulenta y podrá dar lugar a la anulación del ejercicio y a la exclusión del proceso selectivo. La negativa reiterada a colaborar en las comprobaciones podrá tener las mismas consecuencias.
La Fiscalía marroquí ha asegurado este martes que el periodista Ali Lmrabet, conocido por sus posiciones críticas con las autoridades del país y residente en España, fue detenido el pasado domingo por su presunta implicación en delitos de injurias y difamación relacionados con la publicación de contenidos digitales.
Según informó el fiscal del rey ante el Tribunal Correccional de Casablanca en un comunicado difundido por la agencia oficial marroquí MAP, Lmrabet fue puesto bajo custodia policial «con el fin de ser interrogado sobre los hechos que se le imputan», garantizando, según la nota, el respeto a las garantías procesales y al principio de presunción de inocencia.
El periodista había sido arrestado a su llegada al aeropuerto de Tánger en un vuelo procedente de España y posteriormente trasladado a Casablanca.
La Fiscalía habla de contenidos difamatorios e injuriosos
El comunicado oficial señala que Ali Lmrabet es sospechoso de delitos relacionados con «la publicación de una serie de contenidos digitales que contienen declaraciones difamatorias e injuriosas contra personas e instituciones, así como expresiones ofensivas dirigidas contra organismos regulados por la ley».
La Fiscalía explica además que sobre el periodista pesaban varias órdenes de búsqueda y que, por ese motivo, fue detenido en el aeropuerto de Tánger y trasladado a la sede de la Brigada Nacional de la Policía Judicial de Casablanca, unidad encargada de desarrollar la investigación.
Según añade la nota, una vez concluyan las diligencias policiales, Lmrabet será puesto a disposición de la Fiscalía, que decidirá las medidas legales que correspondan.
Un periodista crítico afincado en Barcelona
Ali Lmrabet, nacido en Tetuán en 1959, cuenta con nacionalidad marroquí y francesa. Desde hace años reside en Barcelona, ciudad a la que se trasladó después de abandonar Marruecos.
El periodista es conocido por sus críticas hacia las autoridades marroquíes y por una trayectoria marcada por varios procesos judiciales relacionados con su actividad profesional.
En 2005, Marruecos le impuso una prohibición de ejercer el periodismo durante diez años tras la publicación de un reportaje sobre los saharauis en los campamentos de Tinduf (Argelia), circunstancia que motivó su instalación en España.
Durante los últimos años ha colaborado con medios de comunicación de España, Francia y Reino Unido, además de conducir un podcast centrado en la política marroquí.
La detención coincide con una visita oficial francesa
La actuación contra Lmrabet se produce además en un momento diplomático relevante para Marruecos. Según destaca EFE, la detención tiene lugar en vísperas de la visita a Rabat del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, prevista para esta misma semana.
Por el momento, las autoridades marroquíes no han ofrecido más detalles sobre el contenido concreto de las publicaciones investigadas ni sobre la posible fecha en la que el periodista comparecerá ante la Fiscalía.
El caso ha despertado atención tanto en Marruecos como en España debido a la trayectoria de Lmrabet y a su condición de periodista residente en territorio español desde hace más de dos décadas.
Una segunda opinión evitó que nuestra bebé fuera sometida a una cirugía craneal. Contamos nuestra historia para que otros padres sepan que pedir otra valoración puede ser fundamental.
Somos los padres de una bebé que, hace unos meses, vivió un proceso sanitario que cambió por completo nuestra vida y que creemos que merece ser conocido, no para señalar a personas concretas, sino para invitar a la reflexión y evitar que otras familias puedan pasar por una situación similar.
Todo comenzó cuando observamos una pequeña cresta en la frente de nuestra hija. Tras acudir a las revisiones médicas, fue derivada a especialistas y se le realizaron distintas pruebas diagnósticas. Finalmente, un servicio especializado nos comunicó que nuestra hija padecía craneosinostosis, una malformación del cráneo, y que el único tratamiento posible era una cirugía craneal abierta de gran complejidad.
Como cualquier padre, escuchamos atentamente la explicación de una intervención que implicaba abrir el cráneo de nuestra bebé, con los riesgos inherentes a una operación de esa magnitud. Se inició el proceso preoperatorio y se solicitó un TAC craneal para preparar la cirugía, realizado por el equipo de radiología de Ceuta.
Durante semanas vivimos con miedo, ansiedad e incertidumbre. Nos explicaron las posibles complicaciones de la enfermedad y pasamos cada día observando a nuestra hija, preguntándonos si su desarrollo podría verse afectado. Dormíamos poco, vivíamos pendientes de cualquier cambio y nuestra vida familiar quedó completamente alterada.
Antes de continuar con el proceso quirúrgico, decidimos solicitar una segunda opinión en otro hospital. Ese equipo revisó exactamente las mismas pruebas de imagen que habían servido para indicar la operación.
La conclusión fue completamente distinta. Nos informaron de que nuestra hija no presentaba craneosinostosis. Lo que tenía era una cresta metópica, considerada una variante anatómica.
En ese momento sentimos una mezcla de alivio e incredulidad. Alivio porque nuestra hija no necesitaba una intervención tan agresiva. Incredulidad porque dos equipos especializados habían llegado a conclusiones totalmente diferentes utilizando las mismas imágenes.
No somos médicos y no pretendemos juzgar el trabajo de ningún profesional. Precisamente por eso hemos presentado una reclamación formal para que se investigue cómo pudo producirse una discrepancia diagnóstica de tal importancia y si los procedimientos seguidos fueron los adecuados.
El impacto emocional sobre nuestra familia ha sido enorme. Hemos vivido meses de angustia, incertidumbre y miedo pensando que nuestra hija sufría una enfermedad grave y que tendría que enfrentarse a una cirugía craneal. Esa carga psicológica ha tenido consecuencias importantes en nuestra vida personal y familiar.
Escribimos estas líneas porque creemos que nuestra experiencia puede servir a otros padres. Cuando el diagnóstico implica una intervención de gran complejidad o de alto riesgo, pedir una segunda opinión médica no es una falta de confianza hacia los profesionales; es un derecho del paciente y, en ocasiones, puede resultar decisivo.
Nuestro único objetivo es que se esclarezca lo ocurrido, que se revisen los procedimientos si fuera necesario y que ninguna otra familia tenga que pasar por meses de sufrimiento por una posible discrepancia diagnóstica.
Confiamos plenamente en la sanidad pública y en la enorme labor que realizan la mayoría de sus profesionales. Precisamente por ese respeto creemos que, cuando se producen situaciones como esta, deben investigarse con transparencia para aprender de ellas y mejorar la seguridad de los pacientes.
Si compartir nuestra historia consigue que una sola familia solicite una segunda opinión antes de someter a su hijo a una intervención irreversible, habrá merecido la pena contarla.
Me gustaría nombrar también que el hospital de Cádiz junto el Servicio de Radiología fueron los que nos dieron el fallo de diagnóstico y que gracias a la segunda opinión el Materno Infantil de Málaga nos dijeron que mi niña no tiene nada.
El Ministerio de Defensa ha aprobado la modificación del destino de tres viviendas militares situadas en la avenida Nuestra Señora de Otero, en Ceuta, una decisión que permitirá avanzar en la actuación prevista sobre estos terrenos dentro de las medidas contempladas en el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta y Melilla.
La medida figura en la Orden Ministerial 30/2026, de 15 de junio, publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, donde se establece que el cambio de uso responde a razones de interés público y afecta a tres viviendas militares gestionadas por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED).
Los inmuebles están situados en la Finca Registral 3265, propiedad denominada «Almacenes Anexos a Otero», en donde se ubica la antigua «Fábrica de Harinas», cuyas dimensiones alcanzan los 8.611 metros cuadrados.
Actualmente, dos de las tres viviendas permanecen ocupadas, por lo que antes de ejecutar cualquier actuación será necesario resolver los contratos de uso y proceder al desalojo de los inmuebles.
Un paso dentro del convenio firmado entre Defensa y la Ciudad
La orden ministerial recuerda que la Secretaría de Estado de Defensa declaró el pasado 26 de mayo la desafectación, alienabilidad y puesta a disposición del INVIED de esta finca para su enajenación directa a la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Esta operación se realiza en cumplimiento del convenio suscrito entre el Ministerio de Defensa y la Ciudad Autónoma de Ceuta el 7 de julio de 2025, destinado a desarrollar distintas actuaciones incluidas en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de octubre de 2022, por el que se aprobaron los Planes Integrales de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta y Melilla.
Según recoge el propio texto oficial, esta actuación tiene la consideración de interés general y persigue, entre otros objetivos, «generar nuevas oportunidades de desarrollo urbanístico a través de la promoción de vivienda pública».
Asimismo, la orden señala que esta iniciativa responde a los principios de eficiencia, eficacia, rentabilidad y colaboración entre las distintas administraciones públicas, con el objetivo de optimizar la utilización de los bienes públicos.
Dos viviendas deberán ser desalojadas
El documento también detalla que dos de las tres viviendas militares continúan ocupadas, por lo que será necesario resolver los contratos existentes antes de proceder a cualquier intervención sobre los inmuebles.
En este sentido, el INVIED deberá aplicar lo previsto en la Ley 26/1999, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas, así como en su Estatuto.
La normativa establece que los titulares del derecho de uso podrán acogerse a las opciones previstas legalmente en función de la situación que tengan reconocida.
Además, la orden recuerda que, si los usuarios no desalojan voluntariamente las viviendas, se actuará conforme al artículo 10.4 de la Ley 26/1999 y el artículo 23.5 del Estatuto del INVIED O.A.
Las viviendas perderán su carácter militar
La resolución dispone expresamente que los tres inmuebles dejarán de tener la consideración de viviendas militares.
El cambio de destino aprobado por el Ministerio resulta necesario para poder desarrollar la actuación urbanística prevista, ya que, según recoge la propia orden, antes será preciso demoler las tres viviendas.
El documento explica que la modificación del destino de estos inmuebles está amparada por la legislación vigente, que permite resolver los contratos de uso cuando, por razones de interés público, el inmueble deja de estar destinado a vivienda militar.
La actuación permitirá continuar con los acuerdos adoptados
Una vez finalicen los procedimientos previstos y las viviendas pierdan definitivamente su carácter militar, los terrenos serán entregados a la Ciudad Autónoma de Ceuta, tal y como establece la orden ministerial.
La resolución no concreta los plazos para la ejecución de las distintas actuaciones, aunque sí deja establecido el marco administrativo necesario para continuar con el proceso acordado entre ambas administraciones.
De este modo, la modificación del destino de las viviendas constituye un nuevo paso dentro de una actuación incluida en el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico, cuyo objetivo, según recoge expresamente la orden, es favorecer nuevas oportunidades de desarrollo urbanístico mediante la promoción de vivienda pública.
La orden, firmada por la Secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce García, por delegación de la ministra de Defensa, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, permitiendo al INVIED continuar con los trámites previstos en la resolución para hacer efectiva la entrega de estos terrenos a la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Servicios Turísticos de Ceutaha aprobado la convocatoria para cubrir una plaza de Guía mediante el sistema de promoción interna y concurso-oposición, una oportunidad dirigida al personal fijo de la sociedad que reúna las condiciones exigidas en las bases publicadas este martes, 14 de julio, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta (BOCCE).
La resolución fue aprobada por el Consejo de Administración celebrado el pasado 11 de junio y publicada oficialmente este martes.
Con esta convocatoria, la empresa municipal busca reforzar su plantilla con un profesional que desempeñe funciones de guía turístico, apostando por la promoción del personal que ya forma parte de la entidad.
Quién puede presentarse a la convocatoria de guía turístico
Las bases establecen que únicamente podrán participar trabajadores con contrato fijo en Servicios Turísticos de Ceutaque actualmente ocupen las categorías de Auxiliar Administrativo, Agente Comercial o Conductor-Ordenanza.
Además, será imprescindible acreditar al menos dos años de antigüedad desempeñando alguno de estos puestos antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes.
En cuanto a la formación, los aspirantes deberán estar en posesión del título de Bachiller o de Técnico, aunque también podrán participar quienes acrediten una antigüedad de diez años en la categoría de auxiliar administrativo, tal y como recogen las bases.
Todos estos requisitos deberán mantenerse hasta la formalización del contrato en caso de resultar seleccionados.
Plazo de inscripción y presentación de solicitudes
Las personas interesadas dispondrán de diez días hábiles para presentar la solicitud desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOCCE, es decir hasta el próximo 28 de julio.
La documentación podrá registrarse de manera presencial en Servicios Turísticos de Ceuta, a través de la sede electrónica de la Ciudad Autónoma o mediante cualquiera de los procedimientos contemplados en la legislación administrativa vigente.
Junto a la instancia oficial será necesario aportar la documentación acreditativa de la identidad, la titulación exigida y los méritos que se pretendan hacer valer durante la fase de concurso.
El procedimiento de selección combinará una fase de concurso, que tendrá un valor máximo de 40 puntos, y una fase de oposición, valorada hasta un máximo de 60 puntos. La puntuación final será el resultado de la suma de ambas fases, aunque el concurso no tendrá carácter eliminatorio.
En la fase de oposición los candidatos deberán superar un único ejercicio teórico-práctico, diseñado para evaluar tanto los conocimientos específicos como la capacidad analítica de los aspirantes. Para aprobar esta prueba será necesario obtener un mínimo de 30 puntos sobre 60. En caso de empate, tendrán prioridad quienes logren mejor puntuación en la oposición y, posteriormente, en el apartado de experiencia profesional. Si la igualdad persistiera, el desempate se resolverá mediante sorteo público.
Experiencia, formación e idiomas puntuarán
Dentro de la fase de concurso, la experiencia profesional será el apartado con mayor peso, pudiendo alcanzar hasta 20 puntos. También se valorará la formación profesional, con un máximo de 10 puntos, la formación académica, hasta cinco puntos, y el conocimiento de idiomas oficiales de la Unión Europea, que podrá aportar otros cinco puntos adicionales.
Una vez concluido el proceso, el Tribunal Calificador hará pública la relación definitiva de aspirantes por orden de puntuación y propondrá el nombramiento del candidato que haya obtenido la mayor calificación. Además, las bases contemplan la posibilidad de constituir una bolsa de empleo con quienes superen la fase de oposición pero no consigan la plaza, con el objetivo de cubrir futuras vacantes temporales o sustituciones en la categoría de Guía.
La convocatoria representa una nueva oportunidad de promoción interna dentro de Servicios Turísticos de Ceuta, reforzando el compromiso de la empresa pública con la carrera profesional de su plantilla.
El Instituto Ceutí de Deportes (ICD) ha aprobado el encargo al medio propio Tragsatec para la gestión del Centro Ecuestre. La medida ha sido adoptada mediante decreto del Consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, Nicola Cecchi, también presidente del ICD, en virtud de la delegación efectuada por el Consejo de Gobierno.
El proyecto, publicado en el BOCCE de este martes, 14 de julio, contempla una amplia gama de actividades, incluyendo el funcionamiento integral del centro, la Escuela Deportiva de Equitación, el Programa de Hipoterapia, la Actividad Escolar de Equitación recogida en la Guía Educativa y el apoyo a las prácticas del TSEAS del IES Clara Campoamor.
Contrato de tres meses con posibilidad de prórroga
La duración del encargo es de tres meses, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, con posibilidad de prórroga por otros tres meses. El presupuesto máximo del proyecto asciende a 185.427,23 euros, cantidad que se financiará en el Presupuesto de Gastos del Instituto Ceutí de Deportes en la partida presupuestaria ‘Contratos de prestación de servicios’ para el ejercicio 2026 por el importe indicado.
Servicios educativos, deportivos y terapéuticos
El expediente incluye toda la documentación necesaria: informe de necesidad, propuesta de encargo, memoria justificativa, informe jurídico y consignación presupuestaria. El encargo permitirá garantizar la continuidad de servicios esenciales tanto educativos como terapéuticos, además de fomentar el deporte base.
Se destaca la importancia del Programa de Hipoterapia, de gran impacto social, y la inclusión del centro ecuestre en la oferta de la Guía Educativa municipal, lo que refuerza su papel formativo en la ciudad.
Además, el encargo se ha publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad, en la Plataforma de Contratación y en el Portal de Transparencia.
«Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso ordinario (de alzada) ante el consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte, Nicola Cecchi, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación o publicación de la presente resolución», concluye el decreto BOCCE.
La magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Ceuta ha dictado sentencia condenatoria contra un joven por un delito de resistencia.
El acusado, conducido desde la prisión, reconoció los hechos y aceptó la pena de 6 meses de multa con una cuota diaria de 5 euros.
Una pena de multa que deberá abonar de manera íntegra. De no hacerlo tendrá que cumplir un día de prisión por cada dos cuotas no satisfechas.
¿Qué ocurrió?
El acusado, identificado por las iniciales A.T.G.Z., protagonizó un altercado en la puerta principal de la Jefatura Superior de Policía, ubicada en el Paseo Colón, sobre las 10:55 horas del pasado 24 de junio.
Lejos de atender el requerimiento policial, el acusado se encaró con el agente, mostrando un evidente desprecio al principio de autoridad.
La situación fue elevando su tensión hasta el punto de que los policías tuvieron que emplear la fuerza mínima indispensable para reducirlo y controlar el episodio, ante el elevado estado de agresividad que presentaba.
El acusado reconoció los hechos
El ahora condenado fue detenido de inmediato, puesto a disposición judicial donde no quiso reconocer los hechos. Este lunes, un mes después de lo ocurrido, sí quiso reconocer los hechos y aceptar la multa ante la Sección Penal del Tribunal de Instancia de nuestra ciudad.
El acuerdo previo entre el representante del Ministerio Fiscal y el letrado de la Defensa evitó la celebración de la vista oral con la que se contaba con la testifical, además de la del acusado, de los agentes de la Policía Nacional que prestaban servicios ese día a las puertas de la Jefatura Superior.
La familia de Mariam Hayekse aferra ahora a un único objetivo: que el caso de la joven ceutí con Síndrome de Down no caiga en el olvido. Casi dos años después de su fallecimiento, el dolor sigue siendo el mismo, pero a él se ha sumado una profunda sensación de impotencia tras no haber llegado a tiempo para presentar una denuncia.
Tras meses recopilando documentación, el procedimiento nunca llegó a iniciarse y, con el transcurso del tiempo, la familia se ha quedado sin margen para emprender acciones judiciales.
Sin tiempo para hacer justicia
“Sentimos que nos hemos quedado sin tiempo para hacer justicia a Mariam”, ha lamentado su hermano, Yamal Hayek, convencido de que todo ha terminado por alinearse para que su historia se diluya con el paso de los meses.
Mariam Hayek falleció el 6 de septiembre de 2024 en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz, después de permanecer varios días ingresada tras sufrir un grave derrame cerebral.
Una muerte que conmocionó a Ceuta
Su muerte conmocionó a Ceuta y dio lugar a una intensa polémica por el traslado sanitarioque recibió desde la ciudad hasta la península.
Este proceso fue denunciado públicamente por su familia desde el primer momento por entender que estuvo marcado por retrasos y una falta de coordinación que terminó agravando el estado de la joven.
Fue su hermano, Yamal Hayek, quien hizo público el caso a través de las redes sociales pocas horas después de conocer lo ocurrido.
El caso Mariam, contextualización
Su relato despertó una enorme indignación social al denunciar que desde que una ambulancia recogió a Mariam en su domicilio, en Ceuta, alrededor de las 15:15 horas, hasta que finalmente llegó al Hospital Puerta del Mar de Cádiz, pasadas las 03:30 de la madrugada, transcurrieron más de doce horas pese a que existía una indicación médica de traslado urgente.
Según explicó entonces la familia, el facultativo había ordenado su evacuación inmediata a Cádiz. Sin embargo, el helicóptero sanitario no despegó hasta las 22:30 horas.
Mientras la familia se dirigía a Cádiz convencida de que Mariam sería intervenida de urgencia, descubrieron que la paciente ni siquiera había llegado al hospital gaditano a las 02:00 de la madrugada.
Sin camas en Málaga
La explicación ofrecida posteriormente fue que el helicóptero había aterrizado en Málaga y que, según manifestó el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), la paciente no pudo ser atendida allí por falta de camas, por lo que tuvo que continuar el trayecto hasta Cádiz en ambulancia.
Durante ese largo recorrido, tal y como se informó entonces, Mariam sufrió varios microinfartos que, unidos al derrame cerebral que ya padecía, terminaron agravando de forma irreversible su estado clínico.
Un proceso de recogida de pruebas
Tras su fallecimiento en septiembre de 2024, la familia anunció que iniciaría la recogida de pruebas de la mano de un abogado para interponer una denuncia contra el Ingesa.
Durante meses mantuvieron reuniones con un abogado, recopilaron informes médicos, solicitaron documentación y trataron de reunir todas las pruebas necesarias para presentar una denuncia.
Sin embargo, ese procedimiento nunca llegó a materializarse.
Para no olvidar el caso Mariam Hayek
Así lo ha explicado este lunes Yamal Hayek en declaraciones a este periódico, con la intención de que el caso de Mariam Hayek, vacío de justicia para su familia, no caiga en el olvido.
Según relata, después de casi un año trabajando con el letrado, fue este quien les comunicó que no continuaría con el caso.
“Siempre me iba diciendo que faltaba documentación o que había que seguir recopilando pruebas. Y cuando prácticamente pasó el año me dijo que no se veía capacitado para seguir con este caso”, explica Yamal, quien reconoce que la decisión dejó completamente descolocada a toda la familia.
Plazo de presentación expirado
Esa circunstancia ha provocado que, según les han trasladado posteriormente, haya expirado el plazo para presentar una denuncia de estas características, dejándolos sin la posibilidad de acudir a los tribunales.
La familia reconoce que no logra comprender qué ocurrió durante todo ese proceso. Tampoco entiende por qué, después de tantos meses de trabajo y la contratación de un perito forense el letrado tiró la toalla.
Sentimiento de vacío
Yamal Hayek asegura sentirse vacío tras haber depositado toda su confianza en ese camino judicial.
A ese sentimiento se une otra duda que sigue persiguiendo a la familia: la ausencia de una autopsia
Aunque desconocen hasta qué punto podría haber condicionado una futura denuncia, consideran que quizá habría permitido aportar más elementos para esclarecer las consecuencias que pudieron tener los retrasos y el complejo traslado sanitario.
Rendirse no es opción
Pese a que el tiempo juega ahora en su contra, la familia Hayek asegura que no ha renunciado moralmente a seguir buscando respuestas.
De hecho, Yamal mantiene la esperanza de consultar nuevamente con otro abogado para conocer si todavía existe alguna posibilidad legal de abrir el caso.
“No es que nos hayamos rendido; es que sentimos que nos hemos quedado sin tiempo”, dice con voz cansada.
El mismo vacío que en 2024
Aseguran que continúan viviendo con el mismo vacío desde el 6 de septiembre de 2024 y con la convicción de que nunca llegaron a obtener las respuestas que buscaban. Mariam Hayek sigue siendo recordada cada día y cada semana en las reuniones familiares.
“Lo único que pedimos es que el caso no quede en el olvido”, concluye Yamal, convencido de que recordar lo ocurrido también es una forma de hacer justicia por su hermana.
La organización sindical alerta de que esta resolución incrementará de forma considerable la carga de trabajo de las Brigadas de Extranjería y Fronteras, agravando una situación que ya consideran crítica por la falta de efectivos y recursos.
Según denuncia el SUP, la obligación de tramitar un procedimiento ordinario de devolución en cada intervención supondrá un aumento de las diligencias policiales, la burocracia, los tiempos de custodia y las gestiones administrativas, lo que amenaza con desbordar unas unidades que ya soportan una elevada presión asistencial.
Ante este nuevo escenario, el sindicato reclama al Ministerio del Interior un plan de choque urgente que incluya el envío inmediato de más policías, la ampliación permanente de las plantillas en Ceuta y Melilla y la autorización de servicios extraordinarios remunerados, con el objetivo de evitar el colapso operativo de las unidades encargadas del control de la frontera.
Un cambio jurídico con importantes consecuencias operativas
El SUP ha mostrado su preocupación por las consecuencias directas que tendrá la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que establece que las personas inmigrantes interceptadas en el mar no podrán ser objeto del procedimiento de rechazo en frontera, debiendo tramitarse en todos los casos el procedimiento ordinario de devolución previsto en la legislación de extranjería.
Según explica el sindicato, esta resolución supone uncambio sustancial en la actuación policial, ya que elimina la posibilidad de aplicar mecanismos de respuesta inmediata y obliga a iniciar un procedimiento administrativo y policial completo en cada intervención.
Esto implica un incremento considerable del tiempo de gestión de cada expediente y una mayor dedicación de recursos humanos y materiales.
Cada interceptación requerirá la práctica de nuevas diligencias, la identificación individualizada de los inmigrantes, la coordinación con abogados e intérpretes, la comprobación de posibles solicitudes de protección internacional y el mantenimiento de las correspondientes medidas de custodia, además de toda la tramitación administrativa asociada.
Brigadas al límite de su capacidad
Desde el SUP denuncian que toda esta carga de trabajo recaerá sobre unas Brigadas de Extranjería y Fronteras que ya soportan una presión asistencial muy superior a sus posibilidades reales.
Recuerdan que las plantillas llevan años denunciando la falta de efectivos y el incremento constante de funciones sin que se haya producido un refuerzo proporcional de medios.
En este sentido, el sindicato considera que resultainviable seguir aumentando las obligaciones legales y administrativas de los policías sin acompañarlas de una dotación suficiente de personal y recursos.
“No se puede exigir más carga administrativa, más garantías procedimentales y más responsabilidad a los policías sin proporcionar previamente los efectivos y los medios necesarios para desarrollar su trabajo con eficacia y seguridad”, sostienen.
El SUP advierte de que, si el Estado incrementa las exigencias jurídicas sin reforzar simultáneamente las capacidades operativas de la Policía Nacional, el resultado será una saturación total de los servicios de Extranjería, con consecuencias directas sobre el conjunto de la actividad policial.
A su juicio, esta situación podría acabar afectando también a otras funciones esenciales, como la seguridad ciudadana, al tener que desviar recursos hacia unas tareas administrativas cada vez más complejas.
Riesgo de fortalecimiento de las mafias
El sindicato considera igualmente necesario valorar el impacto que este nuevo escenario puede tener sobre las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.
Según recuerda, estas redes analizan de forma permanente los cambios legislativos y judiciales para adaptar sus rutas y estrategias en función de las mayores o menores dificultades que encuentren los procedimientos de devolución.
En opinión del SUP, la percepción de que las devoluciones serán ahora más lentas y complejas puede convertirse en un elemento de incentivo para las mafias, que podrían utilizar este argumento para fomentar nuevas salidas hacia las costas y fronteras españolas, incrementando la presión migratoria sobre Ceuta y Melilla.
Por ello, el sindicato insiste en la necesidad de mantener una política migratoria coherente, acompañada de un refuerzo efectivo de la presencia policial y de los recursos disponibles, con el objetivo de evitar que las organizaciones criminales aprovechen cualquier debilidad del sistema para aumentar su actividad.
Las exigencias del SUP al Ministerio del Interior
Ante este escenario, el Sindicato Unificado de Policía exige al Ministerio del Interior la adopción inmediata de un plan de choque que permita afrontar las nuevas obligaciones derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo sin comprometer la operatividad policial.
Entre las medidas que reclama figura, en primer lugar, el envío urgente de más efectivos a las Brigadas de Extranjería y Fronteras de Ceuta y Melilla, acompañado de una mejora de los medios materiales, logísticos e informáticos necesarios para asumir el incremento de expedientes.
Asimismo, el SUP solicita una ampliación permanente del catálogo de puestos de trabajo en ambas ciudades autónomas, ajustando las plantillas a la carga de trabajo real que impone el nuevo escenario jurídico.
Igualmente, reclama la autorización y remuneración de servicios extraordinarios, de manera que los agentes que deban prolongar sus jornadas para atender el aumento de trámites administrativos vean compensado el esfuerzo adicional que asumirán.
“Una vez más, son los policías quienes tienen que gestionar sobre el terreno las consecuencias de decisiones que incrementan notablemente la carga de trabajo sin ir acompañadas de los recursos necesarios”, concluyen desde el SUP, instando al Ministerio del Interior a asumir su responsabilidad y actuar con rapidez para evitar el colapso operativo de la frontera sur de España.
Del auxiliar indígena al soldado profesional: la evolución de las fuerzas indígenas españolas (1860-1911)
La desaparición de los antiguos Mogataces y de los Regimientos Fijos tras el abandono de Orán en 1792 no supuso el final de la colaboración entre España y las poblaciones musulmanas del norte de África. Por el contrario, la experiencia acumulada durante casi tres siglos demostró que la integración de combatientes indígenas constituía un recurso militar de enorme valor estratégico.
Durante el siglo XIX, la creciente importancia de Ceuta y Melilla, junto con la progresiva penetración española en el territorio marroquí, obligó al Ejército a desarrollar un nuevo modelo de fuerzas auxiliares. La guerra había cambiado, pero seguían siendo imprescindibles hombres capaces de moverse con rapidez por un terreno abrupto, conocer las rutas de las cabilas y obtener información donde los soldados peninsulares apenas podían desenvolverse.
Ese proceso de transformación conduciría, paso a paso, al nacimiento de una de las unidades más prestigiosas de la historia militar española: las Fuerzas Regulares Indígenas.
Las Fuerzas Indígenas de la Berbería: la recuperación de un modelo probado
La Guerra de África de 1859-1860 confirmó definitivamente que la defensa de las plazas españolas no podía depender exclusivamente de tropas llegadas desde la Península. Las operaciones demostraron que el conocimiento del terreno constituía un factor decisivo y que las antiguas experiencias desarrolladas con los Mogataces conservaban plena vigencia.
Con esta idea surgieron las Fuerzas Indígenas de la Berbería, organizadas oficialmente en 1864 para reforzar la seguridad de Ceuta y Melilla mediante personal musulmán encuadrado bajo mando español.
Estas nuevas unidades representaban una evolución respecto a los antiguos Mogataces. Su organización era más estable, su disciplina más rigurosa y su dependencia de las Comandancias Generales mucho más directa. Sin embargo, mantenían la esencia del modelo tradicional: soldados indígenas dirigidos por oficiales españoles y empleados en aquellas misiones donde su experiencia resultaba insustituible.
«Las operaciones demostraron que el conocimiento del terreno constituía un factor decisivo y que las antiguas experiencias desarrolladas con los Mogataces conservaban plena vigencia»
Entre sus cometidos figuraban la vigilancia de fronteras, el reconocimiento del terreno, la obtención de información, la protección de convoyes y la mediación con las tribus amigas.
Su uniformidad reflejaba igualmente esa doble identidad. Conservaban elementos tradicionales marroquíes, como la chilaba, el burnús y el turbante, pero fueron incorporando progresivamente prendas reglamentarias españolas, simbolizando así la transición entre las antiguas tropas auxiliares y las futuras unidades militares permanentes.
Melilla y el nuevo escenario africano
La segunda mitad del siglo XIX estuvo marcada por una creciente presencia española en el norte de Marruecos. La presión internacional sobre el sultanato, el interés de las potencias europeas y la importancia estratégica del Estrecho situaron nuevamente a Ceuta y Melilla en el centro de la política exterior española.
Sin embargo, el territorio rifeño presentaba enormes dificultades para cualquier ejército convencional. La abrupta geografía montañosa, la fragmentación tribal y la guerra de guerrillas convertían cualquier operación militar en una empresa extremadamente compleja.
Los oficiales españoles comprendieron muy pronto que la victoria no dependería únicamente del número de soldados o de la superioridad del armamento, sino de la capacidad para adaptarse a una forma de combatir completamente diferente a la europea.
Era necesario crear fuerzas capaces de pensar y actuar como el enemigo sin dejar de pertenecer al Ejército español.
Los Moros Tiradores del Rif: el primer paso hacia la profesionalización
Ese cambio comenzó a materializarse en 1909.
La campaña desarrollada en torno a Melilla, y especialmente el desastre sufrido en el Barranco del Lobo el 27 de julio de aquel año, puso de manifiesto las graves limitaciones de las tropas peninsulares frente a los combatientes rifeños.
Las emboscadas, el dominio del terreno y la extraordinaria movilidad de las cabilas obligaban a replantear completamente el sistema militar español.
El comandante general de Melilla, José Marina Vega, impulsó entonces la creación de una nueva fuerza integrada por indígenas leales a España: los Moros Tiradores del Rif.
Organizados oficialmente en septiembre de 1909, estaban formados por soldados rifeños bajo mando de oficiales españoles.
Su misión consistía en realizar reconocimientos, proteger convoyes, asegurar las líneas de comunicación, custodiar posiciones avanzadas y participar directamente en operaciones de combate.
La unidad destacó inmediatamente por su capacidad para desenvolverse en el terreno montañoso, su resistencia física y su profundo conocimiento del idioma y de las costumbres locales.
Su eficacia confirmó definitivamente que el futuro de las operaciones en Marruecos pasaba por integrar combatientes indígenas dentro de estructuras militares permanentes.
Las Harkas: la guerra tribal al servicio de España
Junto a estas primeras unidades permanentes continuaron utilizándose las Harkas, fuerzas irregulares reclutadas entre tribus amigas para operaciones concretas.
La palabra árabe harka significa literalmente “expedición” o “movimiento militar”, reflejando perfectamente su naturaleza temporal.
Estas agrupaciones no constituían unidades permanentes. Se organizaban para una campaña determinada y, una vez finalizada la misión, regresaban a sus respectivas cabilas.
Su principal ventaja residía en la extraordinaria movilidad y conocimiento del terreno. Actuaban como exploradores, guías, fuerzas de flanqueo o guerrilleros, hostigando continuamente al enemigo y proporcionando una valiosa información a los mandos españoles.
Sin embargo, presentaban importantes limitaciones.
Su lealtad dependía con frecuencia de acuerdos económicos o tribales; carecían de disciplina militar homogénea y su organización variaba considerablemente de una harka a otra.
Además, el mando español debía negociar continuamente con los caídes y jefes tribales, dificultando la unidad de acción.
Pese a ello, las Harkas constituyeron un auténtico laboratorio táctico del que surgirían las futuras fuerzas indígenas permanentes.
Dámaso Berenguer y una idea revolucionaria
Entre quienes mejor comprendieron las posibilidades de aquellas tropas destacó el teniente coronel Dámaso Berenguer Fusté.
Berenguer observó que los combatientes indígenas reunían cualidades excepcionales para la guerra en Marruecos: conocían cada valle y cada barranco, hablaban los dialectos locales, dominaban las tácticas de combate irregular y poseían una extraordinaria resistencia física.
«El comandante general de Melilla, José Marina Vega, impulsó entonces la creación de una nueva fuerza integrada por indígenas leales a España: los Moros Tiradores del Rif»
Pero también era consciente de sus limitaciones.
Mientras las Harkas continuaran siendo fuerzas temporales, ligadas a intereses tribales y con escasa disciplina militar, nunca podrían constituir una verdadera fuerza de choque.
La solución consistía en conservar todas sus virtudes y eliminar sus defectos.
Era preciso crear una unidad permanente, perfectamente organizada, instruida según los reglamentos del Ejército español, equipada con armamento moderno y sometida a una cadena de mando estable.
Aquella idea transformaría por completo la historia militar española en el norte de África.
El nacimiento de los Regulares
El 30 de junio de 1911 una Real Orden dio vida oficialmente a las Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla.
Con aquella decisión culminaban más de cuatro siglos de evolución iniciados con los Mogataces de Orán.
Los nuevos Regulares conservaban el profundo conocimiento del terreno característico de las antiguas tropas indígenas, pero incorporaban disciplina, organización permanente, instrucción militar y una sólida cadena de mando dirigida por oficiales españoles.
Ya no eran auxiliares ocasionales ni guerreros contratados para una campaña.
Eran soldados profesionales.
Su creación supuso una auténtica revolución doctrinal para el Ejército español y marcaría el inicio de una nueva etapa en las campañas de Marruecos.
Un cambio decisivo en la historia militar española
Entre 1860 y 1911 España transformó completamente su forma de entender la guerra en el norte de África.
Las antiguas tropas auxiliares fueron evolucionando hasta convertirse en unidades permanentes capaces de combatir con la misma eficacia que cualquier fuerza regular europea, pero conservando las ventajas que proporcionaba el conocimiento del medio africano.
Las Fuerzas Indígenas de la Berbería, los Moros Tiradores del Rif y las Harkas constituyeron los escalones intermedios de un proceso de aprendizaje militar iniciado tres siglos antes.
Sobre esa experiencia nacerían los Regulares y, poco después, las Mehal-las Jalifianas, dos instituciones que protagonizarían las campañas del Protectorado y que alcanzarían un lugar destacado en la historia del Ejército español.
La historia de aquellas unidades demuestra que la adaptación al terreno, la integración de diferentes culturas militares y la capacidad para aprender de la experiencia fueron factores decisivos para la evolución de la estrategia española en el norte de África.