El juicio celebrado en la Sección VI de la Audiencia Provincial con sede en nuestra ciudad por la presunta trama paraguaya dedicada a la prostitución en Ceuta ha quedado visto para sentencia.
Ha sido después de una segunda jornada en la que se han escuchado las declaraciones de varias mujeres que ejercieron la prostitución y las versiones ofrecidas por los dos acusados.
La sesión también ha permitido reproducir diferentes audios y conversaciones telefónicas incorporadas a la causa y que fueron impugnadas por la defensa.
Una de las testigos protegidas, de nacionalidad paraguaya, explicó ante el tribunal que decidió venir a España porque atravesaba una situación económica complicada.
Según relató, conocía directamente a la acusada, quien le ofreció trabajar como “dama de compañía”. El desplazamiento desde Paraguay hasta Ceuta, afirmó, fue abonado por los acusados.
La mujer aseguró que desconocía las condiciones reales de trabajo que se encontraría al llegar a la ciudad. Según su declaración, no sabía que tendría que trabajar 24 horas al día y siete días a la semana.
Vivía con otra compañera en un piso que, según describió, era pequeño y no se encontraba en buenas condiciones de limpieza. Además, manifestó que contrajo una deuda de unos 3.000 euros con los acusados.
Clientes previamente concertados y presencia de cocaína
La testigo señaló que los clientes ya eran designados por los acusados y que, cuando recibía el dinero por los servicios sexuales, sabía que debía entregárselo a uno de ellos.
También afirmó que en la vivienda había drogas y que ella misma vendía cocaína a algunos clientes, entregando posteriormente ese dinero a los acusados.
Según explicó ante el tribunal, aquella situación se prolongó hasta que consiguió saldar la deuda que había contraído. Una vez finalizada, pudo abandonar Ceuta.
Su testimonio se suma al resto de declaraciones incorporadas durante la investigación sobre el funcionamiento de los pisos en los que, según la acusación, se ejercía la prostitución.
Posteriormente se reprodujo el contenido de dos pruebas preconstituidas correspondientes a otras mujeres que ejercieron la prostitución. Una de ellas, también de nacionalidad paraguaya, explicó que conoció a la acusada por ser de su misma nacionalidad y que fue ella quien le ofreció el trabajo.
Al igual que en el caso anterior, manifestó que los acusados abonaron el viaje desde Paraguay hasta Ceuta, aunque aseguró que las condiciones que encontró al llegar eran diferentes de las que le habían trasladado inicialmente.
La mujer indicó que trabajó en una casa de la calle Juan de Juanes y que, según su relato, las jornadas eran de 24 horas y sin descanso. También explicó que no eran ellas quienes escogían a los clientes. Existía, según declaró, una página web con fotografías de las mujeres y eran los clientes quienes las seleccionaban.
Una deuda que se pagaba con parte de los servicios
La segunda prueba preconstituida correspondió a otra mujer que también ejerció la prostitución y que, en este caso, era de nacionalidad chilena.
Explicó que llegó a contactar con los acusados después de que una amiga le facilitara su número de teléfono. Todos los gastos del desplazamiento desde Chile hasta Ceuta, según manifestó, fueron asumidos por los acusados.
En su caso, relató que el dinero obtenido de cada cliente se repartía al 50 por ciento: una mitad para ella y la otra para los acusados.
La parte que le correspondía, según explicó, servía para ir abonando la deuda contraída por su desplazamiento. También aseguró que no descansaban y que trabajaban durante toda la semana, igualmente en la zona de Juan de Juanes.
Esta mujer también hizo referencia a la página web en la que aparecían las fotografías de las chicas para que los clientes pudieran escogerlas.
Asimismo, afirmó que ellas proporcionaban droga a los acusados, incorporando así a su declaración otro de los elementos que aparecen en la investigación.
Audios y llamadas enfrentan las versiones de Fiscalía y defensa
Durante la segunda jornada se procedió también a la reproducción de audios y llamadas telefónicas incorporadas a la causa. Estas conversaciones habían sido impugnadas por la defensa.
En algunas de ellas aparecen conversaciones con clientes que, según la interpretación del Ministerio Fiscal, permiten situar a la acusada como la persona que concertaba las citas para los servicios sexuales.
La defensa, sin embargo, sostiene una interpretación diferente. Reconoce que la persona que aparece en esas conversaciones es la acusada, pero argumenta que las llamadas estaban relacionadas con sus propios servicios, ya que ella también ejercía la prostitución, y no con la actividad de terceras personas.
Entre las conversaciones reproducidas figuró una relacionada con una vivienda de Algeciras. En ella, la propietaria del inmueble se pone en contacto con uno de los acusados para trasladarle sus quejas después de que los vecinos hubieran manifestado su malestar por el supuesto uso de la vivienda para ejercer la prostitución.
El acusado, que había alquilado el inmueble, manifestó que le sorprendía la llamada y afirmó que únicamente había dejado allí a su cuñada, señalando que hablaría con ella.
El acusado niega cualquier explotación y habla de una relación de pareja
En su declaración, el acusado, que sólo quiso responder a su abogado, negó haber obligado a las mujeres a ejercer la prostitución y rechazó las acusaciones planteadas durante el procedimiento.
Comenzó relatando las circunstancias de su detención, el 10 de abril de 2024, asegurando que se encontraba en su domicilio cuando escuchó gritos en la puerta. Según su versión, los agentes entraron y uno de ellos se abalanzó sobre él antes de proceder a su detención.
Afirmó que los agentes permanecieron alrededor de media hora registrando su vivienda y sostuvo que nadie le mostró una hoja de entrada y registro.
También manifestó que no recuerda que ningún policía llamara al juzgado ni si había un funcionario judicial durante el registro.
Sobre su relación con la otra acusada, explicó que la conoció cuando ella ya ejercía la prostitución y que posteriormente se enamoró de ella.
Tuvieron un hijo y, según su relato, ambos acordaron mantener una relación abierta, por lo que ella continuó ejerciendo esa actividad mientras mantenían la relación.
El acusado sostuvo que su única relación con las otras mujeres consistía en cobrarles una cantidad por el alquiler de las viviendas. Aseguró que todas ellas eran amigas de la infancia de su pareja y negó en todo momento haberlas forzado.
“En ningún momento he forzado a nadie”, manifestó durante su declaración, defendiendo que nunca haría algo así a una mujer.
La acusada defiende que ayudó a las mujeres a venir a Ceuta
La acusada, que declaró sólo a su letrado, también negó las acusaciones y ofreció su propia explicación sobre las conversaciones telefónicas. Señaló que cuando atendía llamadas relacionadas con tarifas lo hacía porque ella misma se dedicaba a la prostitución y que, por tanto, los contactos no tenían como finalidad concertar servicios para terceras personas.
Sobre su relación con las otras mujeres, explicó que procedían del mismo pueblo de Paraguay y que mantenían una relación de conocimiento previo. Según su versión, les contó que ella se dedicaba a la prostitución y les planteó la posibilidad de venir a España para ejercer el mismo trabajo.
La acusada afirmó que ella permanecía con las mujeres en las viviendas porque también ejercía la prostitución y negó cualquier situación de explotación.
Según declaró, las chicas tenían vida social, salían de fiesta, buscaban incluso clientes por su cuenta y realizaban actividades cotidianas como acudir al gimnasio o salir a comer.
“Yo les ayudaba a venir aquí”, explicó, argumentando que conocía las dificultades económicas que atravesaban y que, como ella ya estaba trabajando en España, decidió ayudarlas para que pudieran desplazarse hasta Ceuta. Negó haber obligado a ninguna de ellas a ejercer la prostitución.
Por último, respecto a la droga localizada en el domicilio, la acusada afirmó que no es consumidora y que desconocía por completo la existencia de esas sustancias.
Fiscalía pide penas que alcanzan los 40 años de prisión
En la lectura de los informes, el representante siguió con su escrito inicial y solicitó siete años de prisión por cada uno de los cinco delitos de trata que atribuye a los acusados, además de otras penas por un delito contra la salud pública relacionado con el tráfico de drogas.
En los registros efectuados en las viviendas de Benzú y Juan de Juanes fueron localizadas, según la acusación, sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína.
La petición del Ministerio Público eleva la suma de las penas solicitadas a aproximadamente 40 años de prisión para el matrimonio. Además, Fiscalía reclama que ambos cumplan 10 años de libertad vigilada una vez finalizadas las penas de prisión.
Junto a las penas de cárcel, el Ministerio Público solicita también que los acusados indemnicen a cada una de las víctimas con 20.000 euros por daños morales.
Las Defensas no aprecian delitos
En el turno de palabra de las Defensas, los dos letrados pidieron la libre absolución de sus representados ya que entienden que no quedó acreditado que ellos se aprovecharan de las chicas para ejercer la prostitución.
El juicio quedó visto para sentencia.
