El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha recibido este martes en el Salón del Trono al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en una visita marcada por la situación que atraviesa Ceuta desde la entrada masiva del pasado 30 de julio.
Vivas ha recordado además que el alcalde malagueño fue uno de los primeros responsables políticos que se puso en contacto con él tras los acontecimientos del pasado mes de julio. “Fue de los primeros responsables políticos que me llamaron para preguntarme, para interesarse por lo que estaba pasando en Ceuta y para decirnos que contáramos con ellos”, ha explicado.
En ese contexto, el presidente de Ceuta ha reivindicado la estrecha relación existente entre ambas ciudades con una frase que ha marcado su comparecencia: “Ceuta siempre ha sido un poco Málaga, y ahora muchísimo más”.
Málaga refuerza su respaldo a Ceuta
Más allá de la visita institucional, buena parte de la intervención de Vivas ha estado centrada en la situación que vive la ciudad desde finales de julio. El presidente ha insistido en que la entrada masiva ha provocado una alteración del modo de vida de los ceutíes y ha calificado lo ocurrido como una vulneración de la integridad territorial.
“No es justo lo que está pasando en Ceuta”, ha asegurado Vivas, que ha empleado también el término “trauma” para referirse a las consecuencias que los acontecimientos del último mes han dejado en la ciudad.
El presidente ha insistido en que continúa sin disponer de respuestas satisfactorias sobre cómo se va a afrontar la situación y cuál será su duración.
“Yo pregunto insistentemente, lo voy a seguir haciendo, pero las preguntas hasta ahora no tienen una respuesta satisfactoria”, ha señalado. Entre sus principales interrogantes, ha enumerado “si hay un plan”, los medios con los que se contará, el soporte jurídico de las actuaciones y cuál será el horizonte temporal.
La mirada de Ceuta puesta en Europa
Vivas también ha avanzado que la Ciudad ya ha organizado una agenda de contactos con instituciones de la Unión Europea a partir del próximo día 7, con el objetivo de trasladar directamente la situación que atraviesa Ceuta y el sentir de sus ciudadanos.
“Ya tenemos organizada una agenda a partir del día 7 para tener contacto con todas las instituciones de la Unión Europea para que sepan de primera mano lo que aquí está pasando y sepan de primera mano cuál es el sentir de los ceutíes”, ha explicado.
En este sentido, el presidente ha defendido que la protección de las fronteras no es únicamente una cuestión que afecte a Ceuta. “Si la integridad territorial se rompe por Ceuta, se rompe para toda España”.
“Son todos los españoles los que tienen el derecho de que sus fronteras sean respetadas y de que estén bien custodiadas”, ha afirmado Vivas. Al mismo tiempo, ha subrayado que, aunque la cuestión afecte al conjunto del país, es Ceuta la ciudad que está soportando directamente las consecuencias de la situación.
A pesar de ello, el presidente ha asegurado confiar “plenamente en el apoyo del resto de España” para poder hacer frente a esta situación que cada vez se vuelve más convulsa en la ciudad de Ceuta.
Vivas destaca la “madurez cívica” de los ceutíes
La situación de convivencia y la creciente tensión social también han estado presentes durante la comparecencia. En las últimas semanas se han sucedido concentraciones y episodios de crispación entre ciudadanos, en un contexto de preocupación por la evolución de la crisis.
Frente a esta situación, Vivas ha defendido el comportamiento general de los ceutíes y ha destacado lo que considera una respuesta mayoritariamente responsable. “Ceuta está dando un ejemplo de madurez cívica difícilmente superable”, ha afirmado.
Igualmente se ha referido a las agresiones sufridas durante estas semanas por profesionales de los medios de comunicación que se encontraban cubriendo la crisis. Vivas ha condenado estos hechos, aunque de manera tibia, pues declara que “la violencia siempre merece ser censurada, esta batalla la vamos a ganar sin violencia”. Sin embargo, dice entender que todo esto responde a una crispación por parte de los ciudadanos.
La dimensión de la crisis, según Vivas
Durante la comparecencia, el presidente ceutí ha recurrido también a la población de Málaga para tratar de explicar la dimensión que, a su juicio, ha alcanzado la situación en Ceuta.
Dirigiéndose al alcalde malagueño, Vivas ha señalado que Málaga cuenta con alrededor de 600.000 habitantes y ha planteado una comparación para ilustrar el peso que supone para Ceuta la presencia de personas en situación irregular.
El presidente también ha vuelto a referirse a los primeros días de la crisis y a las cifras que se ofrecieron entonces sobre el número de personas que habían entrado en la ciudad. Vivas ha cuestionado que inicialmente se hablara de unos 2.500 inmigrantes mientras, según ha defendido, la realidad que podía observarse en las calles era muy diferente.
Un mes después, ha señalado, la normalidad todavía no se ha recuperado.
“No me estoy defendiendo yo, estoy defendiendo Ceuta”
En una comparecencia en la que ha combinado el agradecimiento al alcalde de Málaga con sus críticas sobre la gestión de la crisis, Vivas ha insistido en que sus reivindicaciones no responden a una cuestión personal. “No me estoy defendiendo yo, estoy defendiendo Ceuta”, ha afirmado.
El presidente ha defendido así que sus declaraciones y reclamaciones responden a la necesidad de trasladar el sentir de los ciudadanos y reclamar respuestas ante una situación que considera excepcional.
La visita de Francisco de la Torre se produce, por tanto, en un momento especialmente delicado para Ceuta. Mientras Málaga muestra públicamente su respaldo a la ciudad, Vivas continúa reclamando información, respuestas y un horizonte claro para recuperar la normalidad.
Una normalidad que, según ha insistido durante su intervención, sigue sin llegar a Ceuta un mes después de la entrada masiva del 30 de julio.
El Gobierno de Ceuta va a plantear al ministro Ángel Víctor Torres, nombrado mando único para abordar la crisis en la ciudad, que de la acogida de menores inmigrantes no acompañados se haga cargo el Estado.
“Lo voy a plantear porque esto nos desborda, absolutamente”, ha razonado en declaraciones a los periodistas.
“¿Usted cree que una ciudad autónoma, que es un ayuntamiento con determinadas competencias autonómicas de la dimensión de Ceuta, se puede hacer cargo de 3.500, 4.000 menores que han llegado como consecuencia de una invasión?”, se ha preguntado.
“¿Quién es competente y quién es en todo caso responsable de que se haya producido una entrada masiva en Ceuta que ha supuesto una vulneración de la integridad de las fronteras y de la integridad territorial?”, ha indicado. “¿De eso también es responsable la ciudad autónoma?”.
Una ciudad sin recursos
La Ciudad maneja hasta 25 recursos para atender a todos los niños y niñas que hay, y eso sin contar la carga que están soportando asociaciones de vecinos.
“Nosotros no tenemos capacidad para acoger a 3.500 ni a 4.000 menores y vamos a pedir que sea el Estado quien se haga cargo de esto”.
Vivas se ha sorprendido de la falta de reacción suficiente para salir con celeridad de esta situación.
“Cuando uno se enfrenta a un problema ve dónde están las cuestiones que de alguna manera pueden ser un hándicap para conseguir el objetivo, el objetivo es el retorno, y trata de resolver esos problemas”.
Problemas y falta de recursos: la indignación de Vivas
“Cuando ocurre que los ámbitos legales son irresolubles, incluso modificando la ley, que yo esto no lo sé, lo que hay que poner es una proporción de medios adecuada para resolver el problema. A mí me dicen personas informadas en el asunto, y que no tengo que dudar de su solvencia, que esto es cuestión fundamentalmente de medios”.
“Que hay que traer más funcionarios de extranjería, que hay que traer más funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, que hay que traer más intérpretes, que hay que traer más jueces, más fiscales, que hay que traer a la unidad de asilo y refugio a Ceuta… Que hay que abrir en la Audiencia Nacional un juzgado específico para Ceuta. Pues que se haya, oiga, que es que han vulnerado la integridad territorial de España”.
“Es que esto está considerado como un asunto de alto riesgo para la seguridad nacional”.
“¿Qué tiene que pasar en España para que haya una movilización de los recursos suficientes para atender una vulneración de su integridad territorial?, se ha preguntado.
El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) quiere trasladar su condena ante “cualquier tipo de agresión o actitud violenta” hacia los profesionales de los medios de comunicación tanto de la ciudad autónoma como aquellos que se encuentran en Ceuta realizando su trabajo por la crisis, al tiempo que hace un llamamiento “a la calma y al respeto”.
Desde la formación localista señalan que son “plenamente conscientes de que la ciudadanía lo está pasando realmente mal” como consecuencia de la crisis migratoria que atraviesa Ceuta. Una situación que “continúa siendo dura y difícil” y que está llevando a la población a salir espontáneamente a las calles para manifestar “su malestar, reclamar la atención y la presencia del Estado y exigir soluciones”.
◼️Un periodista de La Sexta es increpado y empujado durante la manifestación
“Es una realidad que seguimos en la misma situación que hace un mes y que las medidas llegan tarde”, señala el MDyC, que considera que el malestar de la ciudadanía “es comprensible ante la falta de respuestas y soluciones a una situación que afecta directamente al día a día de Ceuta”.
Desde el MDyC son conscientes del “hartazgo” de la ciudadanía por la situación, pero insiste en que la tensión no puede dirigirse contra los profesionales de los medios de comunicación: “no olvidemos que están haciendo su trabajo al igual que lo hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o el resto de profesionales. Están cubriendo noticias para que el resto del mundo sepan cómo estamos viviendo los ceutíes en estos momentos”.
Por último, quieren condenar cualquier acto violento de forma generalizada: “la violencia no tiene que tener cabida y hay que manifestarse de manera pacífica y respetuosa, especialmente con quienes están haciendo su trabajo”.
La FAPE: ningún periodista debe ser atacado por informar
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha condenado las agresiones a periodistas en Ceuta y ha advertido de que ningún profesional de la información debe ser objeto de amenazas, insultos, o agresiones por el mero hecho de desempeñar su labor, «con independencia del contexto de crispación en el que esta se desarrolle».
«Los ataques contra quienes informan -recalca- no son solo ataques contra las personas que los sufren, sino contra el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir una información veraz».
De esta forma, la federación, que se suma al comunicado emitido por la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS), muestra su solidaridad con el periodista de La Sexta Juan José Cuéllar, así como con el resto de compañeros y compañeras que están cubriendo la actualidad de Ceuta en unas condiciones -remarca- «de creciente malestar ciudadano».
Según explica la federación, Cuéllar, junto a su equipo se ha visto increpado y perseguido mientras cubría las protestas motivadas por la tensión social que vive la ciudad autónoma desde el pasado 30 de julio, cuando se produjo la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
El caso de La Sexta
Un episodio -recuerda la FAPE- que se suma a otros incidentes recientes sufridos por distintos profesionales de la información desplazados a la zona.
«La libertad de prensa y el derecho a la información son pilares irrenunciables de cualquier sociedad democrática», según la federación, que mantiene que «los ataques contra quienes informan no son solo ataques contra las personas que los sufren, sino contra el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir una información veraz».
Por todo ello, condena cualquier forma de intimidación, acoso o agresión, verbal o física contra profesionales de la información en el ejercicio legítimo de su trabajo, y reclama a las autoridades que garanticen la seguridad de los equipos periodísticos desplazados a la ciudad autónoma.
En los últimos días, la federación también ha denunciado el acoso y hostigamiento que están sufriendo profesionales de la información en la ciudad, y además las trabas impuestas a periodistas españoles en la zona fronteriza con Marruecos, donde -incide- reporteros de EFE y RTVE fueron obligados a abandonar su labor informativa sin explicación alguna por parte de las autoridades marroquíes.
La barriada de Miramar Bajo es escenario de una nueva polémica vecinal y administrativa en Ceuta después de que una persona ocupase un local de la Ciudad e iniciase obras para convertirlo en una vivienda, como publica este miércoles el BOE.
Una resolución de la Consejería de Urbanismo y Transporte ha destapado este caso de ocupación e infracción de la legalidad que ha activado a los servicios técnicos.
Todo comenzó cuando una llamada al teléfono de emergencias 112 alertó a las fuerzas de seguridad de que se estaba llevando a cabo una reforma sospechosa en los bajos del Grupo Miramar, donde intuían que un local se estaba acondicionando para vivir en él.
Al personarse los agentes en la zona, confirmaron la sospecha: un local se está acondicionando para vivir en él de manera totalmente clandestina.
El origen: el tapiado de una ventana
La intervención policial tuvo lugar en Miramar Bajo. Una llamada alertó de que se estaban realizando modificaciones en la fachada, concretamente el tapiado de una ventana.
Al realizar la inspección ocular, la patrulla descubrió que un local se está acondicionando para vivir en él, procediendo a identificar a la persona que se encontraba promoviendo los trabajos, quien reconoció abiertamente que había ocupado el espacio con la intención de fijar allí su residencia, según figura en el BOE.
La gravedad del asunto radica además en que el inmueble afectado no es de propiedad privada. Según consta en el expediente administrativo, el bajo es de titularidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Los informes técnicos posteriores confirmaron que el espacio carece de cualquier licencia y que la situación es inaceptable, ya que un local se está acondicionando para vivir en él sin el consentimiento del Ayuntamiento.
Obras ilegales en el local y multas de miles de euros
Los servicios técnicos municipales emitieron un informe de disciplina urbanística, detallando las características de la reforma ilegal.
En el documento técnico se indica que las obras consisten en el tapiado y cierre de huecos sin autorización oficial. El informe resalta con preocupación que un local se está acondicionando para vivir en él mediante alteraciones físicas no legalizables en un bien de dominio municipal.
Dado que un local se está acondicionando para vivir en él sin licencia de obras, la administración ha iniciado un expediente de disciplina urbanística para restaurar el estado original del inmueble.
Esta reforma ilegal conlleva duras sanciones para la promotora de los trabajos:
Valoración de las obras: los trabajos de acondicionamiento ilegal se han tasado provisionalmente en 8.000 euros más el Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI).
Sanción económica directa: se ha propuesto una sanción administrativa equivalente al 20% del valor de la obra, lo que asciende a una multa de 1.600 euros.
Coste de demolición: la restauración de la legalidad urbanística y la devolución del local a su estado original supondrán un desembolso estimado en 7.800 euros más IPSI, que correrá a cargo de la infractora.
La Consejería ha ordenado la paralización inmediata de las obras para frenar el avance de la reforma, ya que un local se está acondicionando para vivir en él de manera ilegal. Si la promotora incumple la orden de suspensión de forma voluntaria, podría enfrentarse a un presunto delito de desobediencia a la autoridad.
El laberinto del Catastro y la antigua cesión vecinal
El caso ha sacado a la luz varias sorpresas burocráticas que los técnicos municipales intentan resolver. Por un lado, la Policía Local registró en su informe una referencia catastral errónea que corresponde a una vivienda particular de la primera planta, y no al bajo municipal afectado, tal y como publica el BOE.
Esto obliga a los técnicos a buscar la identificación correcta entre las distintas referencias de la planta baja del bloque de Miramar Bajo. Por otra parte, se investiga si el local afectado coincide con antiguos departamentos que la Consejería de Fomentocedió de forma temporal en régimen de precario a la Asociación de Vecinos de Miramar Bajo en el año 1998, una cesión de cinco años de la que se desconoce su vigencia actual.
A pesar de estas complejidades burocráticas, la orden de la administración es firme porque es evidente que un local se está acondicionando para vivir en él sin ningún tipo de habilitación legal ni título de posesión.
Plazo para presentar alegaciones
La resolución dictamina que un local se está acondicionando para vivir en él alterando de forma ilegal el patrimonio de Ceuta. La infractora tiene ahora un plazo de diez días hábiles para presentar sus alegaciones antes de que se proceda a la ejecución subsidiaria, lo que implicaría que la propia Ciudad de Ceuta derribará las obras de tapiado y pasará la factura de los gastos a la responsable de la ocupación ilegal.
Por mucho que venga recogido en el real decreto publicado este miércoles, no se permitirá que se haga. De entrada, se va a exigir que se retire esa inclusión del documento y se recurrirá si no se hace, tal y como adelantó este medio.
No van a permitir que Ceuta sea un CETI ni que se anulen todos los espacios deportivos de la ciudad. Una idea que nunca conoció la institución municipal que se fuera a plantear, se la sacó el Gobierno de la Nación prácticamente de la manga.
“Nosotros nos desayunamos con un borrador de real decreto en donde venían los polideportivos sin que nadie nos preguntara que iban a incorporarse”, ha explicado. “Qué menos que decirnos”, ha apostillado.
Como usen los polideportivos, Vivas ‘se atrinchera’
Vivas ha sacado su vena más caballa y defensora de la tierra para, empatizando con el sentir de todo un pueblo, destacar que exponga lo que exponga el Gobierno central, los polideportivos no se van a ocupar.
“A mí me van a tener que sacar de los polideportivos si los van a utilizar, a mí y a todos los que quieran venir conmigo”, ha expresado el presidente Vivas.
“¿A quién se le ha ocurrido esto? Nosotros hicimos una lista que supone no cargar más anormalidad” a situación de no normalidad. “Nos hemos quedado sin feria que es algo que forma parte del sentimiento de un pueblo, sin parques, ¿y ahora también sin polideportivos? Hombre, hasta dónde vamos a llevar esto”, ha indicado visiblemente molesto.
El Tarajal como alternativa
El presidente de la Ciudad ha lamentado que no exista un plan claro, y ha insistido en que la única salida posible es retornar a los que siguen en Ceuta, que son, en número, un 15% de la población.
Vivas ha propuesto que se emplee el espacio del polígono del Tarajal, insisting en que siempre ha trasladado al Gobierno central que los espacios elegidos para acoger a inmigrantes deben estar alejados de los núcleos poblacionales.
Para la Ciudad otros emplazamientos son también de interés, siempre que estén alejados, como pueden ser zonas de Calamocarro, Benzú.
Es lo que siempre ha defendido en todas las reuniones y con los encuentros con las asociaciones de las distintas barriadas.
Los informes del CNI que Vivas no conocía y las llamadas que lo demuestran
Vivas ha denunciado que quien puedo evitar la invasión no lo hizo, a pesar de estar en condiciones de hacerlo porque existía información. Lo desveló la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, el CNI compartió información con la Delegación del Gobierno.
Y hablando del CNI, tras lo recogido en un medio nacional que indica que la Ciudad también sabría lo de la invasión, Vivas lo ha negado categóricamente. Pero además lo ha hecho con fundamento al explicar que, de haber conocido alguna información del CNI, la habría trasladado a donde correspondía.
“Yo pedí el mando único bastante antes de la avalancha. El 27 de julio fui a Delegación del Gobierno y hablé de la situación de emergencia nacional. Los días previos se habían incrementado las llegadas de manera preocupante, pasamos de tener 180 niños a 800 en una semana, entraron 1.500 personas en ese tiempo”, ha expresado.
El día 28 de julio, Vivas habló con la secretaria de Estado de Seguridad, a quien le pidió una declaración de excepción en Ceuta. “A las 24 horas me llamó para darme una respuesta y me dijo que no se daban las condiciones. El jueves ya fue la avalancha y el caos”, ha recordado.
La situación crítica que atraviesa Ceuta a causa de la invasión migratoria acontecida a finales del pasado mes de julio sigue dejando muchas consecuencias en la ciudad. Todos en la ciudad autónoma se han visto afectados de una manera u otra, aunque el deporte bien puede ser uno de los sectores más perjudicados, hasta el mundo que pocas serán los eventos, pruebas y competiciones que continuarán en pie este verano.
Ya lo avanzó el portavoz de la ciudad Alejandro Ramírez este mismo mes. “La situación que vivimos a día de hoy no permite la organización o desarrollo de ningún evento que suponga un cúmulo de personas dentro de la ciudad”, informó Ramírez. Así, poco a poco, distintas competiciones se han ido cayendo, abocadas de forma irremediable a su suspensión.
Una oleada de eventos suspendidos
Ocurrió, por ejemplo, con la celebración de la LXXXII Travesía al Puerto de Ceuta o con el Torneo Internacional de Tenis ‘Ciudad de Ceuta-Bravoleum’. También con la tercera edición de la Backyard Ultra Dos Bahías del Club de Montaña Anyera, anunciada en el día de ayer “por la situación excepcional que vive la ciudad”.
No obstante, el deporte no sólo se ha quedado sin sus eventos y competiciones, sino que, además, existe la posibilidad de ver como sus instalaciones pueden servir como espacios destinados a la acogida de personas inmigrantes. Instalaciones como el polideportivo de Santa Amelia, el complejo deportivo Guillermo Molina, el polideportivo de La Libertad, el Antonio Campoamor o el Díaz-Flor.
Si bien, existe un compromiso verbal de no utilizarlos y en nota de prensa se puntualizó que solo se haría de manera extrema, esto siguen apareciendo en el real decreto en el BOE, por lo que la Ciudad valora solicitar medidas cautelarísimas ante el Contencioso-Administrativo para que se modifique.
El deporte de Ceuta, en riesgo
Una decisión que, además de poner en riesgo la actividad de los equipos de la ciudad que compiten en categorías nacionales, privaría a muchos menores de poder disfrutar de unos espacios destinados al deporte, a la convivencia y a su desarrollo.
La RFFCE (Real Federación de Fútbol de Ceuta), en una muestra de respaldo al Gobierno de la Ciudad Autónoma y en defensa de los intereses de los ciudadanos, fue una de las primeras en manifestar su oposición rotunda a esta decisión.
Ahora, el director general de Deportes de la ciudad ha hecho lo mismo, a través de la puesta en marcha de una iniciativa lanzada en las redes sociales. Sergio Aguilera ha propuesto defender el deporte de Ceuta bajo el lema #ConElDeporteDeCeutaNoSeJuega.
Aguilera pide «unirnos en defensa del deporte ceutí»
“Quienes queráis sumaros podéis grabar y compartir vídeos breves de vuestros deportistas, técnicos y equipos, mostrando su apoyo y explicando por qué debemos proteger nuestros espacios e instalaciones deportivas”, ha expresado Aguilera a través de sus redes sociales.
En este sentido, el director general de Deportes ha aclarado que “es fundamental que sean mensajes exclusivamente relacionados con el hashtag. Nada de contenido político, insultos, ofensas ni descalificaciones. Perdería completamente el sentido. No se trata de atacar a nadie, sino de unirnos en defensa del deporte ceutí y de todos los que lo practicamos”.
Una iniciativa con la que pretende inundar las redes con mensajes y, sobre todo, alzar la voz con respeto, unidad y firmeza para defender el deporte ceutí.
CCOO se sube al carro de la particular alerta o advertencia ante el contenido del real decreto publicado este miércoles en el BOE. Al recogerse las instalaciones deportivas y por mucho que exista el compromiso de no utilizarlas salvo que se produjera una situación excepcional y hacerlo además de manera gradual, el Gobierno de Ceuta ya ha mostrado su intención de recurrir ese decreto.
CCOO vuelve a reiterar su rechazo a la inclusión de estas instalaciones deportivas en la lista de medios materiales disponibles, “ya que afectaría a decenas de trabajadoras y trabajadores vinculados a los mismos (monitores deportivos, personal de control de acceso, personal de limpieza…), y a miles de personas usuarias de los mismos”, explica.
“Utilizar los polideportivos para albergar inmigrantes sería un paso más hacia esa conversión, sería ahondar en la anormalidad del día a día de la ciudad de Ceuta”, detallan en una nota.
El sindicato considera que proporcionar una atención digna y adecuada a los inmigrantes debe ser compatible con la protección de los servicios, derechos y espacios públicos de los ceutíes y, en ningún caso, debe suponer una merma en los mismos.
Medidas consensuadas con los ceutíes y con los trabajadores
Insta al Gobierno a consensuar, con todos los actores afectados e implicados, los espacios donde albergar a las personas migrantes, ya que las decisiones que se adopten tendrán consecuencias sociales, económicas y laborales.
Es de hecho, lo que está pidiendo la Ciudad, que cualquier espacio sea consensuado con quienes pueden verse más afectados por la situación.
“El Real Decreto establece en su artículo 9 la obligación de colaboración de todas las administraciones y organismos públicos, aportando los medios humanos que se les requieran entre los establecidos en sus anexos”, avanza.
“En dichos anexos se enumeran las funciones y tareas que deberán desarrollar cada uno de los ministerios (anexo I), así como la que asumirá la Ciudad Autónoma de Ceuta (anexo II), pero sin detallar ni concretar los recursos humanos afectados”, recalca.
Ante esta indeterminación, CCOO de Ceuta “exige al mando único en particular y al Gobierno en general, que las medidas que pudieran afectar a las plantillas sean sometidas a negociación previa con la representación sindical pertinente en cada ámbito. El sindicato señala que la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional no puede convertirse en un cheque en blanco para poder modificar o alterar unilateralmente las condiciones laborales de las plantillas”.
De la Marcha Verde a un Real Madrid-Barcelona
El sindicato señala que la técnica legislativa exige precisión y claridad en la redacción de las normas y disposiciones legales, algo que este Real Decreto no cumple ni en su parte expositiva ni en la “Definición de la crisis”, que ha justificado nada menos que la declaración de situación de interés para la seguridad nacional.
Esa claridad y precisión deberían permitir que una persona que hubiera estado completamente ajena a lo ocurrido en Ceuta entendiera perfectamente qué hechos tan graves han ocurrido para que el Gobierno de España haya tenido que declarar algo tan relevante e inédito como una “situación de interés para la seguridad nacional”, o, por poner otro ejemplo, que alguien que lea este Real Decreto dentro de 50 años sepa, sin necesidad de recurrir a la hemeroteca, qué ocurrió en Ceuta el 30 de julio de 2026.
En la parte expositiva del Real Decreto se habla de una entrada irregular de inmigrantes sin detallar la magnitud de la misma ni el modo en que se produjo.
Y en su artículo 2, definición de la crisis, la situación se expone de forma inespecífica y superficial, indicando que la crisis es producida por una “permanencia temporal indeterminada en la ciudad de Ceuta […] de un elevado número de personas migrantes en situación irregular tras la afluencia masiva y simultánea ocurrida el 30 de julio de 2026”.
El artículo 4 del Real Decreto establece que la situación de interés para la seguridad nacional se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026, pudiéndose prorrogar o finalizar anticipadamente.
En este sentido, desde el sindicato señalan que es necesario que la ciudad recupere su normalidad lo antes posible y que se trabaje para que la situación actual se haya revertido antes de ese 31 de diciembre.
Ceuta no se puede convertir de facto en un macrocentro de estancia temporal. Desde CCOO de Ceuta exigimos al Gobierno de España que rectifique de inmediato la inclusión de los polideportivos de nuestra ciudad en la lista de recursos disponibles, y abran una mesa de diálogo urgente con los agentes sociales y vecinales para consensuar alternativas que no menoscaben los derechos de la ciudadanía ceutí.
CCOO de Ceuta reitera que mantendrá una postura firme en defensa de la estabilidad laboral, de las condiciones de trabajo de las plantillas y de la calidad de vida en la ciudad, exigiendo al Ejecutivo transparencia en el diagnóstico de lo ocurrido el 30 de julio, rigor legislativo, negociación de las medidas a adoptar y soluciones estructurales a la altura de la gravedad de esta crisis.
Los ceutíes están afectados, mucho, por lo que sucede en su tierra, en Ceuta. Cualquier convocatoria, cualquier evento, es buen momento para arroparse entre ellos, abrazarse y darse ánimos. Así ha ocurrido este miércoles.
Los trabajadores de la Ciudad Autónoma han decidido que, a partir de hoy, guardarán un minuto de silencio a las 12.00 horas en la Puerta del Palacio de la Asamblea.
Lo van a hacer mientras persista la grave situación por la que atraviesa la Ciudad tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio.
El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha querido bajar para compartir este momento, y lo ha hecho de la mano del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.
Y es ahí, a las puertas del Palacio de la Asamblea, cuando gran cantidad de ceutíes se han congregado aplaudiendo al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, dándole mucho ánimo y arropándolo en unos momentos muy delicados para Ceuta.
Después de esos gestos de cariño, se han escuchado los vivas a Ceuta, España y el rey, además de escuchar el himno de esta ciudad.
La Banda de Música pone la nota de color
La Banda de Música Ciudad de Ceuta ha aportado la música a este momento tan especial que se une al de anoche, cuando a las puertas del Ayuntamiento, cientos de ceutíes acudieron para aplaudir al presidente Vivas.
Mientras sonaba la música, los ceutíes querían saludar al presidente de la Ciudad, mostrándole su apoyo y ánimo. Había personas muy emocionadas al poder hablar con Vivas.
Todos los presentes indicaban su malestar por el abandono del Gobierno de la Nación y han aplaudido la gestión que está llevando a cabo la Ciudad y, en especial, el propio presidente Vivas.
Estos momentos son importantes para una Ceuta que está cansada de esta situación sobrevenida.
Tras la crisis en Ceuta, el Gobierno ha dado el primer paso para aprobar las nuevas leyes de Extranjería y Asilo que deberán adaptar el sistema español al Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) que incorporará reparto de inmigrantes, internamientos forzosos y confinamiento.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en primera vuelta, dos anteproyectos impulsados por el Ministerio del Interior: una nueva ley de asilo que sustituirá a la actualmente vigente y una reforma de la Ley de Extranjería.
Las nuevas leyes de Extranjería y Asilo plantean una profunda actualización del sistema de protección internacional y del régimen aplicable a las personas extranjeras.
El objetivo declarado es conseguir procedimientos más ágiles y eficaces, reforzar determinadas garantías y, al mismo tiempo, mejorar el control de las fronteras y acelerar los procesos de retorno cuando no exista derecho a protección internacional.
La reforma llega después de la entrada en aplicación, el pasado 12 de junio de 2026, del nuevo marco europeo derivado del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Ese pacto fue acordado durante la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en 2023 y aprobado definitivamente por las instituciones europeas en 2024.
Una nueva ley de asilo para sustituir la norma de 2009
Interior ha optado por elaborar una nueva Ley de Asilo, en lugar de modificar parcialmente la Ley 12/2009, al considerar que esta norma ha quedado obsoleta y, además, carece de desarrollo reglamentario.
El nuevo texto pretende combinar un enfoque garantista con una gestión más eficaz de las fronteras. Las nuevas leyes de Extranjería y Asilo prestan especial atención a los menores, las personas vulnerables y la unidad familiar, pero también incorporan herramientas destinadas a reducir los tiempos de tramitación y facilitar los retornos.
De acuerdo con la información publicada por El País, esas cifras han situado a España como el segundo país de la Unión Europea con más solicitudes, solo por detrás de Alemania.
Procedimientos de asilo más rápidos
Una de las principales novedades de las nuevas leyes de Extranjería y Asilo será la reorganización de los procedimientos para resolver las solicitudes de protección internacional.
El anteproyecto contempla un nuevo procedimiento acelerado que deberá resolverse en un plazo máximo de tres meses y que podrá aplicarse a determinados supuestos en los que la solicitud presente características que permitan una tramitación más rápida.
La reforma también pretende aclarar las diferentes fases del acceso al procedimiento:
Formulación de la solicitud.
Registro de la solicitud.
Formalización de la solicitud.
Examen y resolución.
Posible recurso ante los tribunales.
El Gobierno pretende reducir los plazos y hacer más eficiente el sistema sin eliminar las garantías de las personas solicitantes.
Las nuevas leyes de Extranjería y Asilo también modifican el régimen de recursos. En términos generales, desaparecerá el recurso administrativo previo y se reforzará la vía contencioso-administrativa.
El procedimiento de frontera podrá durar hasta 12 semanas
Otra de las novedades más relevantes de las nuevas leyes de Extranjería y Asilo es la incorporación del procedimiento de frontera previsto en la normativa europea.
En determinados casos, las solicitudes presentadas en frontera deberán resolverse mediante este procedimiento, que tendrá una duración máxima de doce semanas. Durante ese periodo, el solicitante deberá permanecer en instalaciones policiales a disposición de las autoridades antes de que se autorice formalmente su entrada en España.
El objetivo es que, si la solicitud es denegada, pueda ejecutarse con mayor rapidez el retorno de la persona.
El procedimiento pretende establecer una separación más clara entre quienes pueden acceder a la protección internacional y quienes no reúnen los requisitos para permanecer en España.
Triaje para las personas que entren de forma irregular
La reforma de la Ley de Extranjería incorpora además el denominado triaje, un procedimiento inicial de control que deberá realizarse a determinadas personas extranjeras que crucen las fronteras exteriores de la Unión Europea sin cumplir las condiciones de entrada.
Este triaje incluirá:
Reconocimiento médico.
Evaluación de posibles situaciones de vulnerabilidad.
Identificación de la persona.
Toma de datos biométricos.
Inspección de seguridad.
Derivación al procedimiento que corresponda.
Las nuevas leyes de Extranjería y Asilo establecen que, con carácter general, no se autorizará la entrada en territorio español hasta que finalice este proceso.
Aunque el reglamento europeo permite que el triaje pueda prolongarse hasta siete días, España establece inicialmente un plazo de 72 horas, que únicamente podrá ampliarse mediante decisión judicial en casos individuales debidamente justificados.
Repartos de inmigrantes entre comunidades
Uno de los aspectos que no aparece desarrollado en la nota de prensa de Interior y que ha trascendido a través de El País es la posibilidad de establecer repartos de inmigrantes entre diferentes territorios.
El nuevo marco contempla que los solicitantes de protección internacional puedan ser distribuidos entre comunidades autónomas, provincias o grandes ciudades, atendiendo a criterios como su capacidad o con el objetivo de garantizar una tramitación más rápida, eficiente y eficaz de las solicitudes.
Esta posibilidad convierte los repartos de inmigrantes en una de las cuestiones que pueden tener mayor impacto territorial, especialmente en zonas sometidas a una presión migratoria elevada.
La medida también busca evitar movimientos no autorizados de los solicitantes hacia otros Estados de la Unión Europea.
Confinamientos durante la tramitación del asilo
Las nuevas leyes de Extranjería y Asilo también contemplan restricciones sobre la movilidad de determinados solicitantes de protección internacional.
El anteproyecto permite asignar a una persona una zona geográfica concreta de residencia mientras se resuelve su expediente, con la obligación de no abandonarla.
En determinadas circunstancias, esta limitación podría ser todavía más estricta y quedar circunscrita a un edificio o lugar específico, especialmente cuando exista riesgo de fuga o resulte necesario para proteger el orden público.
El sistema contempla excepciones. Por ejemplo, podrán concederse permisos para abandonar temporalmente el lugar asignado por motivos familiares urgentes debidamente acreditados o para recibir un tratamiento médico que no pueda obtenerse en el lugar de residencia.
El incumplimiento de estas restricciones podría tener consecuencias sobre las condiciones materiales de acogida.
Internamientos forzosos y seguridad
La reforma de la Ley de Extranjería también incorpora la posibilidad de recurrir a internamientos forzosos o a medidas alternativas al internamiento en determinadas circunstancias.
Entre los supuestos previstos se encuentra la necesidad de proteger la seguridad nacional y el orden público, siempre que no exista otra forma de conseguir ese objetivo.
Esta previsión supone otra de las novedades relevantes de las nuevas leyes de Extranjería y Asilo, dentro de un modelo europeo que pretende combinar protección internacional, control migratorio y procedimientos de retorno más rápidos.
Retornos más rápidos cuando se deniega el asilo
Uno de los cambios fundamentales afecta a la relación entre el procedimiento de asilo y el procedimiento de retorno.
Hasta ahora, ambos procesos podían desarrollarse de forma diferenciada. El nuevo modelo pretende vincularlos en determinados supuestos para evitar que una denegación de protección internacional se traduzca en una prolongación del procedimiento de expulsión.
Así, si una solicitud de protección internacional es rechazada, la persona recibirá la notificación junto con la denegación de entrada, que implicará la obligación de abandonar España.
Las nuevas leyes de Extranjería y Asilo incorporan de este modo una decisión de retorno que puede quedar vinculada a la propia resolución denegatoria.
Además, se elimina con carácter general el recurso administrativo previo, de manera que la persona afectada deberá acudir directamente a la vía judicial si quiere impugnar la decisión.
Países seguros y nuevas reglas para las solicitudes
El anteproyecto de nueva ley de asilo desarrolla también los conceptos de primer país de asilo, tercer país seguro y país de origen seguro.
Estas categorías pueden influir en la admisión y tramitación de una solicitud de protección internacional.
El texto mantiene el principio de examen individual de cada expediente, pero establece mecanismos específicos cuando la persona procede de determinados países considerados seguros o dispone de protección efectiva en otro Estado.
Esta cuestión puede adquirir especial relevancia para personas procedentes de países incluidos en las categorías europeas de seguridad, entre ellos Marruecos, según la información incorporada al texto analizado.
Más obligaciones para los solicitantes de asilo
Las nuevas leyes de Extranjería y Asilo no solo refuerzan derechos y garantías. También establecen con mayor detalle las obligaciones que deberán cumplir quienes soliciten protección internacional.
Entre ellas se encuentran:
Aportar la información y documentación disponible.
Facilitar la toma de datos biométricos.
Comparecer cuando sean requeridos.
Responder a las preguntas de las autoridades.
Colaborar activamente con la Administración.
Colaborar en determinados procesos de traslado a otros Estados miembros.
La falta de colaboración podrá llegar a tener consecuencias sobre la propia solicitud de protección internacional.
Nuevas sanciones en los centros de acogida
Otra novedad de la nueva ley de asilo es la creación de un catálogo específico de infracciones y sanciones para los usuarios del sistema de acogida.
Las infracciones se dividirán en leves, graves y muy graves.
Entre las conductas contempladas aparecen cuestiones relacionadas con la higiene personal o el incumplimiento de horarios, mientras que las infracciones más graves incluyen comportamientos que alteren la convivencia o determinados supuestos de acoso discriminatorio.
Las sanciones podrán implicar:
Reducción de ayudas.
Traslado a otro centro.
Retirada temporal de prestaciones.
Retirada definitiva de determinadas prestaciones.
El objetivo es establecer unas reglas de convivencia más claras dentro del sistema de acogida.
Más protección para menores y colectivos vulnerables
El carácter restrictivo de algunas de las medidas se combina con un refuerzo de determinadas garantías.
Las nuevas leyes de Extranjería y Asilo introducen una evaluación individual de las situaciones de vulnerabilidad para determinar qué garantías especiales deben aplicarse tanto durante el procedimiento como en las condiciones de acogida.
Los menores no acompañados reciben una atención específica. La reforma regula la figura del representante de los menores que soliciten protección internacional y desarrolla cuestiones relacionadas con la tutela, la búsqueda de familiares y la presunción de minoría de edad mientras se completa la evaluación correspondiente.
También se incorporan de forma expresa realidades como la persecución relacionada con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad.
El texto presta igualmente atención a menores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y víctimas de tortura, violencia o trata.
Fin de la vía extraordinaria por razones humanitarias
La nueva ley de asilo elimina además la vía específica que permitía acceder a autorizaciones de residencia por razones humanitarias después de que una solicitud de protección internacional hubiera sido rechazada en determinados casos.
La justificación del Gobierno es que el uso extensivo de esta vía habría terminado convirtiendo determinadas solicitudes de protección internacional en un mecanismo instrumental para conseguir posteriormente una autorización de residencia.
El nuevo sistema pretende devolver estas situaciones al procedimiento ordinario de extranjería.
Una reforma todavía pendiente de tramitación
Las nuevas leyes de Extranjería y Asilo aprobadas este martes todavía no son leyes definitivas.
Los dos anteproyectos han superado únicamente la primera vuelta en el Consejo de Ministros. A partir de ahora, Interior trasladará los textos a los ministerios que tienen competencias relacionadas con la materia y solicitará informes a diferentes instituciones y organismos.
Entre ellos estarán el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, la Comisión Interministerial de Extranjería y la Agencia Española de Protección de Datos.
También se solicitará la opinión del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y del Consejo Estatal de Organizaciones no Gubernamentales de Acción Social.
Después de incorporar las observaciones que correspondan, Interior volverá a llevar los textos al Consejo de Ministros. Si son aprobados como proyectos de ley, comenzará su tramitación parlamentaria en las Cortes.
Por tanto, las nuevas leyes de Extranjería y Asilo todavía pueden experimentar cambios antes de su aprobación definitiva.
La reforma dibuja, en cualquier caso, un nuevo modelo para gestionar la protección internacional y la inmigración irregular en España: más rapidez en la resolución de solicitudes, mayor control en las fronteras, nuevos mecanismos de retorno, posibles repartos de inmigrantes, restricciones de movilidad e internamientos en determinados supuestos, junto a un refuerzo de las garantías para menores y personas especialmente vulnerables.
El resultado será una transformación sustancial del sistema español de asilo y extranjería para adaptarlo al nuevo marco europeo.
La reciente visita del secretario de Estado de Sanidad y presidente del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Javier Padilla, ha provocado la decepción en el Sindicato Médico de Ceuta (SMC). La organización ha lamentado que el viaje haya dejado declaraciones políticas en lugar de respuestas concretas, evidenciando una falta total de reuniones de trabajo con los facultativos que afrontan directamente la crisis asistencial.
En concreto, el SMC considera desafortunado que se justificara la falta de diálogo bajo el pretexto de que el Colegio Oficial de Médicos ya se había reunido previamente con la ministra de Sanidad, Mónica García.
Para el sindicato, escuchar a los profesionales una sola vez es insuficiente en un escenario sanitario que cambia diariamente.
La organización califica como incomprensible que el secretario de Estado regresara a Madrid sin haberse reunido con los profesionales que trabajan en el servicio de Urgencias, doblan turnos y realizan guardias.
El colectivo médico insiste en que no necesitan supervisión sobre cómo realizan su trabajo, sino una escucha activa y la llegada de recursos suficientes.
Cuestionamiento de las cifras de refuerzo del Ministerio
Uno de los puntos más críticos de la denuncia sindical tiene que ver con las cifras de personal ofrecidas por el secretario de Estado.
Según lo que ha trasladado el sindicato, Padilla situó en alrededor de 90 profesionales de refuerzo el dispositivo movilizado para Ceuta, pero no pudo precisar cuántos de ellos son médicos cuando fue interrogado al respecto.
Pero, a criterio del Sindicato Médico de Ceuta, agrupar distintas categorías profesionales bajo un mismo número global sirve únicamente para dimensionar el dispositivo, pero no permite determinar si la asistencia médica se ha reforzado de manera suficiente.
El SMC exige que, si el Ministerio utiliza la cifra de 90 trabajadores para defender su gestión, aclare con precisión cuántos son médicos, cuáles son sus especialidades, dónde desempeñan sus funciones y cuánto tiempo permanecerán en Ceuta.
Confidencialidad de los pacientes y propaganda política
El sindicato también ha puesto el foco en el respeto a la confidencialidad de los pacientes.
El SMC cuestiona abiertamente la presencia de responsables políticos y gestores durante los momentos de transmisión de información clínica, señalando que estas visitas y comparecencias acaban sirviendo únicamente para la toma de fotografías en lugar de propiciar una interlocución real.
Llamamiento a una huelga general en Ceuta
Ante una crisis que consideran ha superado el ámbito meramente sanitario para afectar al conjunto de la ciudadanía, el Sindicato Médico de Ceuta ha hecho un llamamiento directo a las organizaciones sindicales de carácter generalista de la ciudad autónoma.
El objetivo de este llamamiento es valorar una respuesta colectiva y excepcional ante la situación de la ciudad.
Entre las medidas propuestas por el SMC para visibilizar el malestar de los trabajadores de diversos sectores se encuentra la realización de paros de protesta e, incluso, la posibilidad de convocar una huelga general en Ceuta.
CEMSATSE exige medidas urgentes ante la grave crisis sanitaria de Ceuta
Este miércoles también ha habido un pronunciamiento por parte de CEMSATSE que ha exigido formalmente medidas inmediatas al secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, debido a la grave crisis sanitaria que atraviesa Ceuta.
Durante un encuentro oficial, la representante Elisabeth Muñoz expuso detalladamente la insostenible situación laboral y asistencial que sufren tanto los pacientes como los profesionales de la salud en la ciudad autónoma.
Crisis de contratación y bolsas de empleo vacías en enfermería
Uno de los principales problemas que compromete el servicio de salud es la falta de contratos estables en el sector público. Según ha advertido la organización sindical, las bolsas de empleo para las especialidades de enfermería y fisioterapia se encuentran completamente vacías en la actualidad.
Ante esta alarmante falta de contrataciones, quedan numerosas vacantes asistenciales básicas sin cubrir.
Para solventar esta situación, el sindicato insiste en la necesidad ineludible de incrementar la duración de los contratos de trabajo. Esta medida representa la única vía efectiva para formular ofertas de empleo atractivas que consigan incentivar la llegada de personal sanitario a Ceuta.
El colectivo médico, al límite del colapso por la falta de personal
La situación del personal facultativo es descrita por el sindicato como igualmente dramática debido a que los recursos humanos son extremadamente escasos.
Esta falta de personal estructural ha llevado a los médicos a un estado de agotamiento físico y mental extremo.
Ante la falta de efectivos para cubrir la demanda diaria, el sistema se ve obligado a recurrir de forma sistemática a los médicos residentes para sacar adelante el trabajo ordinario. Esta práctica constante ha sembrado un clima de profundo hartazgo y malestar generalizado entre todo el colectivo médico de la ciudad.
Demandas de compensación económica y días de descanso
Para aliviar la insostenible sobrecarga de trabajo y el exceso de jornadas acumuladas, el sindicato exige la aplicación urgente de medidas compensatorias para el personal de los hospitales y centros de salud la compensación en días libres para mitigar el exceso de jornadas de trabajo acumuladas y permitir que la plantilla pueda descansar del agotamiento actual.
Asimismo, la compensación económica justa por todos los turnos y excesos de jornada realizados, especificando que no deben ser retribuidos bajo el concepto genérico de atención continuada.
Desaparición de datos de pacientes en los registros del Ingesa
La denuncia de CEMSATSE también pone el foco en la gestión administrativa de los datos asistenciales por parte del Ingesa.
El sindicato afirma haber comprobado que las estadísticas de atención informática de la administración no concuerdan con la cantidad real de pacientes atendidos.
Específicamente, se ha constatado la desaparición de registros de pacientes en urgencias.
Todos aquellos usuarios que son atendidos en la Vía Rápida del servicio de urgencias hospitalarias (conocido como Fast Track) no se computan en el sistema informático, a menos que requieran ser trasladados formalmente al servicio de urgencias ordinarias. De este modo, tratamientos médicos que incluyen curas de heridas, suturas o vacunaciones quedan invisibilizados en el sistema de gestión del Ingesa, figurando administrativamente como inexistentes.
Exigencia de mejoras reales en la próxima mesa de negociación
A pesar de que el sindicato valora la disposición del secretario de Estado al escuchar las demandas de la Junta de Personal del Ingesa, la organización advierte que no se detendrá ante meras declaraciones de intenciones.
Ambas partes se han comprometido a mantener una nueva reunión la próxima semana. No obstante, CEMSATSE recalca que este futuro encuentro debe servir exclusivamente para constatar mejoras reales, tangibles y urgentes que resuelvan de inmediato la situación sanitaria en Ceuta.
