FECCOO pide cita a Bendayán para tratar la conflictividad en las aulas después de que un alumno del IES Abyla sea expulsado tras herir en la cabeza a una profesora con un objeto metálico durante una clase
La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO) de Ceuta solicitó al director provincial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) en la ciudad autónoma, León Bendayán, la convocatoria de una reunión “con carácter urgente” para “tratar la conflictividad en las aulas que afecta negativamente a los miembros de la comunidad educativa de los centros” tras el último caso de violencia conocido en el IES Abyla.
El sindicato dejó constancia en su misiva a la Administración de su “repulsa” hacia los hechos acontecidos y puso de relieve “el malestar del profesorado y su disconformidad en lo relativo al desarrollo de su trabajo”.
Un estudiante de segundo curso de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) del IES Abyla ha sido expulsado provisionalmente de su centro educativo tras arrojar esta semana durante una clase un objeto metálico a su profesora, que permanece de baja médica tras recibir cuatro puntos de sutura en la cabeza, según explicaron fuentes de la comunidad educativa del instituto.
La Dirección y el Claustro del IES Abyla organizaron ayer a mediodía un minuto de silencio en todas las aulas del instituto, en las que se ha leído un manifiesto contra la violencia escolar.
La Administración ha ordenado la apertura del correspondiente expediente, que podría concluir con la expulsión del estudiante durante un máximo de 30 días o con su separación definitiva del centro en el que hasta ahora estaba escolarizado. La docente podrá tener acceso, según fuentes sindicales, a apoyo jurídico por parte de la Administración si desea formular denuncia.
La legislación vigente establece que conductas como “la agresión grave física o moral contra los demás miembros de la comunidad educativa” pueden conllevar la suspensión del derecho de asistencia al centro “durante un período superior a tres días lectivos e inferior a un mes” e incluso con el cambio de centro.
Cuando se impone esa sanción extrema a un alumno de enseñanza obligatoria, la Administración educativa tiene que procurar al alumno un puesto escolar en otro centro docente. La instrucción del expediente se lleva a cabo por un profesor del centro designado por el director. Un vez abierto debe darse audiencia al alumno (si es menor, también a los padres o representantes legales) comunicando las conductas que se le imputan y las medidas de corrección que se proponen. La instrucción debe concluir en 7 días.
ANPE aprecia un “gran aumento” de las agresiones a docentes
El último informe del ‘Defensor del Profesor’ de ANPE ha reflejado un “cambio de tendencia” en los casos de acoso y violencia hacia los docentes. Más de 32.500 han sido atendidos por este servicio desde su creación, 2.249 solo durante al año académico 2016-2017, lo que supuso un 15% más que en el curso inmediatamente anterior, por situaciones conflictivas en su centro educativo, multiplicándose por cuatro las agresiones y amenazas de alumnos a profesores.
Según los datos recopilados con la central que en Ceuta lidera Remedios Acosta, en cuanto a los alumnos hay que destacar el “gran aumento” de casos en lo relacionado con agresiones y amenazas (pasando del 3% al 12%).
Por lo que se refiere a los padres, se observó un incremento en las denuncias a profesores (desde un 18% a un 19%), al igual que en la presión para modificar calificaciones (de un 7% a un 8%).
ANPE ha mostrado su “preocupación” por el cambio de tendencia en el número de situaciones “que alteran el normal desarrollo de la convivencia en los centros educativos” y principalmente por el gran aumento en los casos de agresiones y amenazas por parte de estudiantes a profesores.
El sindicato ha reclamado la propuesta de elaboración de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar, que debería contar, entre otros, con la reactivación de los Observatorios autonómicos de Convivencia Escolar, con un programa de prevención de acoso escolar que contemple la aceleración de los protocolos de protección a las víctimas y un plan de detección precoz de problemas de convivencia en los centros.
