Ingesa estudia implantar arcos de seguridad en los centros de salud

  • Dentro de las medidas para evitar las agresiones se prevé igualmente que el vigilante acompañe al usuario con antecedentes


La Dirección Territorial del Ingesa ha explicado las medidas que están estudiando para hacer frente a la ola de agresiones verbales y amenazas al personal médico, que en nuestra ciudad, en esta última etapa se está centrando más en el centro de salud del Tarajal y que tienen como principales protagonistas a usuarios que exigen les sea recetados psicotrópicos, sin ternelo prescritos. Sobre este particular señala que el Ingesa en la nota de prensa que en nuestra ciudad, se ha comprobado que la mayoría de estas incidencias están relacionadas con personas que exigen recetas de fármacos psicotrópicos, por lo que es un problema con implicaciones sociales y económicas, más allá de las estrictamente sanitarias, que dificultan su resolución.
Se está estudiando cómo mejorar las medidas de seguridad, siempre dentro de su marco jurídico y competencial, que podrían incluir arcos de seguridad (ya se hizo en su día en el anterior Hospital de la Cruz Roja), acompañamiento del vigilante al paciente con antecedentes en la consulta, o el establecimiento de puntos únicos dotados de vigilante en cada centro de salud para la prescripción de fármacos psicotrópicos.
Por otro lado, se está haciendo un seguimiento de cada agresión y del cumplimiento de los protocolos establecidos para los casos de violencia, y se está prestando asistencia letrada a todas las víctimas, personándose el Ingesa a través de su técnico letrado en los juicios. El Ingesa quiere reafirmar, una vez más, su intención de seguir trabajando sin descanso para aportar soluciones al problema de las agresiones a los profesionales sanitarios, y su compromiso máximo con los mismos, garantizando el ejercicio de la función sanitaria, esencial para la sociedad.
Mencionan que las dependencias sanitarias en Ceuta están dotadas de los medios físicos y humanos apropiados y proporcionados a su tamaño y función, incluida la seguridad privada. No obstante ello, se producen, como desgraciadamente sucede en el resto del territorio nacional, agresiones al personal sanitario.
En nuestra ciudad en los últimos dos meses se han producido tres incidentes en el centro de salud del Tarajal y uno la sede del SUAP en el antiguo Lafont. En dos de ellos se ha entendido que a los agresores se les podía aplicar la nueva legislación que permite acusarles de atentado a la autoridad y en el caso de quien amenazó con una navaja se encuentra en prisión hasta la celebración del juicio el 12 de septiembre.

Creación del interlocutor policial territorial sanitario


En el ámbito nacional, el pasado 5 de julio se presentaba en Madrid por parte de los Ministros de Interior y Sanidad, Juan Ignacio Zoido y Dolors Montserrat, en respuesta al compromiso contraído con la Organización Médica Colegial, la Instrucción 3/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad del Estado sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales de la salud; el protocolo de actuación incluye medidas preventivas, asistenciales, investigativas, formativas e informativas, con el objetivo de combatir este fenómeno y generar confianza en las víctimas a la hora de denunciar, hecho importantísimo para garantizar que estas reprobables conductas sean sancionadas. Se introduce la figura del Interlocutor Policial Territorial Sanitario, como cauce de comunicación entre los cuerpos policiales y los responsables de los centros sanitarios. Al mismo tiempo, se ha anunciado la creación de un Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios que elaborará un catálogo y clasificación de los mismos, según sus medidas de seguridad, para poder mejorarlas. Por último, se está trabajando en la creación de un Sistema de información de Agresiones.

La Biblioteca Nacional cederá 183 libros a Ceuta publicados entre 1958 y 2011

El consejero de Educación y Cultura, Javier Celaya, participó en la Conferencia Sectorial de Cultura en la que el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Iñigo Méndez de Vigo ha propuesto a las Comunidades y Ciudades Autónomas la cesión, por parte de la Biblioteca Nacional, de más de un millón de ejemplares de las primeras ediciones publicadas con anterioridad a 2011 para el enriquecimiento de las colecciones de las bibliotecas de sus territorios. Según ha explicado el consejero ceutí, el fondo bibliográfico ofrecido está formado por los terceros ejemplares de cada primera edición depositado en la BNE desde 1958 hasta 2011, cuando la nueva Ley de Depósito Legal estableció que la institución debe conservar al menos dos ejemplares, frente a los tres recogidos en la normativa anterior, en total 183. La Consejería de Educación y Cultura estudiará la posibilidad de disponer de la cesión de uso de las obras publicadas en Ceuta entre esos años, algo que dependerá de la disponibilidad de espacio de la Biblioteca Adolfo Suárez.

“Te voy a rajar, te voy a matar”

  • Intenta apuñalar a un guardia civil tras entorpecer el tráfico en la N352


Un agente de la Guardia Civil sufrió ayer un violento ataque por parte del conductor de un vehículo dedicado al tráfico de mercancías que consiguió escaparse sin ser detenido. Los hechos se produjeron en la carretera de la frontera, muy cerca de la iglesia de la Almadraba, cuando el agente que estaba fuera de servicio recriminó al conductor de un vehículo patera la maniobra irregular que acababa de realizar y que, de hecho, provocó un caos mayor al obstaculizar el tráfico en los dos sentidos.
La respuesta del sujeto ante la llamada de atención del componente de la Guardia Civil fue creciendo en gravedad. Primero le insultó, mentando directamente a su madre de forma despectiva, y después echó mano de un cuchillo con una hoja de más de 25 centímetros para, empuñándolo, intentar agredirle y clavárselo sin éxito, amenazándole delante de todos los presentes con frases como “te voy a rajar, te voy a matar”. Antes de escapar del lugar le agredió golpeándole en el rostro y escapando del lugar dejando el vehículo abandonado.
De los hechos ya se ha dado parte en la Comandancia, en donde también se ha sabido que el vehículo, modelo furgoneta, está a nombre de otra persona que, a su vez, reconoció habérselo dejado a otra distinta para el pase de mercancía. El hecho es que hasta llegar a manos del agresor ha pasado por otras distintas en una suerte de enredos que vienen a dificultar el dar de forma más fácil con el conductor.
La Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC) ya ha anunciado que se personará  con sus servicios jurídicos en este asunto para esclarecer los hechos y cree necesario que se lleve a cabo “un riguroso registro de vehículos que pasan mercancía para comprobar el legítimo uso de los mismos”, explica a El Faro, al objeto de evitar situaciones como la de ayer en las que se escenifica una cadena de usuarios del mismo vehículo sin saber finalmente quién es el que lo conduce. “Consideramos insólito que los vehículos se presten a personas sin conocer su identidad. No vamos a permitir ninguna agresión física ni amenazas a guardias civiles y ya son muchas las que se están produciendo lamentablemente”, añade la AEGC. “Vamos a pedir la máxima contundencia a las personas que por acción u omisión obstruyen conocer la identidad del agresor”, apostilla.
Además de defender al agente, la asociación ha lamentado que en el momento de producirse los hechos, a plena luz del día, nadie prestó ayuda al guardia ni tan siquiera alertó a la Policía, a pesar de la cantidad de personas que había en el lugar.

La entrada de MENA cae de los 124 de enero a solo 13 en junio

  • La Ciudad tutela actualmente a 140 menores foráneos no acompañados, un 30% menos que a principios de año

La entrada en funcionamiento del ‘Tarajal II’ y la desviación del flujo de porteadores a pie que antes cruzaba por la frontera ordinara hacia ese paso específico, con más controles a ambos lados, ha conllevado una drástica reducción del número de entradas de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) de origen marroquí en la ciudad autónoma, según el análisis que de las cifras se hace tanto en la Ciudad Autónoma como en la Administración General del Estado.
Según las estadísticas oficiales a las que ha tenido acceso este periódico, mientras que en enero se registraron 124 entradas de MENA en Ceuta, durante el pasado mes de junio solamente se contabilizaron 13.
Con el discurrir del año, el volumen no ha dejado de caer: en febrero fueron 63, 39 en marzo, 23 en abril y 19 en mayo.
Así, en ‘La Esperanza’ la Ciudad Autónoma tutela actualmente a 122 jóvenes, como siempre la inmensa mayoría adolescentes varones marroquíes (99). También a 19 menores de Guinea, dos de nacionalidad argelina y otros tantos de Camerún. En ‘Mediterráneo’ hay 18 MENA, todos marroquíes.
El Área de Menores de la Ciudad Autónoma comenzó este año con 212 jóvenes extranjeros acogidos o internados en las distintas unidades de que dispone la Administración autonómica, un 12% más de los que tutelaba a principios de 2016 y un 22% del número contabilizado el verano pasado.
A pesar de la reducción de la llegada de MENA, la cifra de acogidos sigue estando muy por encima de lo que la Consejería de Sanidad considera “idóneo”, número cifrado por Adela Nieto en el Pleno durante la primavera pasada “entre 60 y 70”.

LOS NÚMEROS

Caída
Reducción continua. La entrada mensual de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) en Ceuta no ha dejado de caer, mes tras mes, desde que comenzó el año: en enero se registraron 124, 63 en febrero, 39 en marzo, 23 en abril, 19 en mayo y únicamente 13 en junio.

Acogida
Ciento cuarenta en ‘La Esperanza’ y ‘Mediterráneo’. Actualmente hay 122 MENA acogidos en ‘La Esperanza’ (99 de Marruecos, 19 de Guinea, dos argelinos y otros tantos de Camerún). En el Centro ‘Mediterráneo’ hay 18 jóvenes, todos oriundos del país vecino.

Tarajal II
Porteadores. La entrada en funcionamiento del ‘Tarajal II’, que ha descongestionado el paso fronterizo ordinario de porteadores a pie, es a ojos de las dos Administraciones el factor que ha propiciado la reducción de las entradas. En enero la Ciudad tutelaba a 212 MENA.

La temporada de baño cuesta un millón de euros

  • El consejero Carreira remarca que en Ceuta no hay playas de primera o de segunda y que es un servicio público muy demandado por la totalidad de los ceutíes


El presidente de la Ciudad, Juan Vivas y el consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Emilio Carreira, izaron en la mañana de ayer en la playa de la Ribera las banderas concedidas a la Ciudad Autónoma de Ceuta para esta zona de baño y también para el Chorrillo que confirman la calidad en la prestación de sus servicios.
En términos económicos, el esfuerzo de la Ciudad para atender la temporada de baño roza el millón de euros. En concreto, 995.000 euros los que se van a los diferentes servicios y suministros contratados previa licitación pública.
Se trata de los relativos a: suministro de mobiliario (552.700 euros), servicio de salvamento y socorrismo (265.408 euros), balizamiento, redes antimedusa y recogida de residuos flotantes (138.134 euros), señalización con paneles de las playas (10.104 euros), acometida eléctrica (5.500 euros), suministro de pintura (6.346 euros), montaje y desmontaje de mobiliario (17.003 euros).
La mejora más visible esta temporada está ligada a la colocación de los nuevos módulos, que incluyen aseos –masculino, femenino y adaptado- y espacio para los servicios de seguridad y primeros auxilios. Se ha instalado uno en cada playa considerada zona de baño: Ribera, Chorrillo, Benítez, Almadraba y Tarajal.
Al final este sencillo acto, el consejero de Medio Ambiente quiso destacar que ya se llevan dos años seguidos de mejora en los servicios que se prestan en las playas de nuestra ciudad y que la idea del Gobierno presidido por Juan Vivas es continuar en esta misma línea.
Vino a confirmar que los servicios de playa son de los más demandados por parte de los ciudadanos, “pero la verdad es que tampoco con igual insistencia durante todo el año y tampoco en todas por igual”.
Explicó que después de muchos años dedicado a la función pública sabe a la perfección que la importancia de un servicio público se mide por el número de usuarios y que la limpieza y la seguridad son reclamaciones por parte de todos los ceutíes y lo mismo sucede con las playas.
Entró a diseccionar las playas de nuestra ciudad y señaló que Obimasa tiene en su poder una estadística donde se establece cuales son las más visitadas por parte de los ciudadanos y que tanto La Ribera como el Chorrillo y Benítez son las que cuentan con un mayor número de usuarios con diferencia, aparte de las otras dos playas como son Alambraba y el Tarajal. “Hay playas que se ven menos porque están más alejadas, o porque la temperatura del agua es distinta, o porque en las mismas no se pueden instalar redes antimedusas, pero en Ceuta no hay playas de primera ni playas de segunda, porque no se trata de un campeonato de fútbol”. Si reconoció que “en Ceuta no contamos con la arena que tienen las playas del Norte de España, pero sí con unos servicios para que los ciudadanos puedan pasar un buen día de playa, incluso diría que mejor que en la Costa del Sol, porque allí, a buen seguro, que te pican las medusas porque no tienen redes como en Ceuta”.

Nuevos módulos de casetas

La inversión de este año por parte de la Ciudad Autónoma se concreta en nuevos módulos de casetas para los servicios de Policía y primeros auxilios, además de los servicios para los ciudadanos que acuden a la playa. La promesa de Carreira es que continuarán invirtiendo el año que viene con total seguridad.

La arena para el Chorrillo, a punto

  • Nada más que queda firmar el oportuno convenio con el MAGRAMA


Uno de los grandes proyectos que la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad tiene para las distintas playas de nuestra ciudad es el transporte de arena desde una de las playas de la provincia de Cádiz para el Chorrillo, debido a que los últimos temporales de Levante se han llevado mucho arena y los técnicos han recomendado la realización de un acción de estas características.
Como sucede que la voluntad del Gobierno del presidente Vivas es actuar con este aporte de arena, lo cual mejoraría la presencia y estancia en la playa, pero sucede que no es la propietario del terreno, sino que corresponde al Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y Medio Ambiente. Por ello, aunque sea la Ciudad la que pone el dinero la obligatoriedad es firma un convenio con este departamento ministerial.
El mismo Carreira obtuvo el visto bueno político para la rúbrica de este acuerdo en una reunión que tuvo con la secretaria de Estado de Medio Ambiente y que, luego, el mismo presidente Vivas insistió en otra entrevista con la titular del departamento ministerial, Isabel García Tejerina. Los borradores del convenio ya están aprobados tanto por la Ciudad Autónoma como por el MAGRAMA y nada más que hace falta la firma física.
Anunció el propio consejero que la idea de la ministra García Tejerina es visitar nuestra ciudad, aunque ya lo más probable es que sea como mínimo en el mes de septiembre. Destacó Carreira que “este departamento ministerial ha invertido mucho en esta ciudad y nosotros tenemos preparados una serie de proyectos desde el punto de vista técnico que nos gustaría discutir con la ministra en Ceuta”.
Una de las grandes dificultades que tiene la Consejería para la puesta en marcha de muchos proyectos, para los que cuenta con disponibilidad presupuestaria, es la disponibilidad de los terrenos, los cuales son de la propia Administración General del Estado. Y es que reconocía que la misma Ley de Racionalización del Sector Público ha obligado a que “cada administración se dedique a lo suyo”.

La Consejería señaló varios fallos en el campamento para diabéticos

  • La jefa del Programa apuntó en un informe que se debieron hacer todos los análisis y controlar hidratos y dosis de insulina

Las familias de los niños que participaron en septiembre del año pasado en el campamento para jóvenes diabéticos organizado por la Consejería de Sanidad y cuya supervisión médica se adjudicó al doctor Juan Antonio Márquez han formalizado esta semana sus recursos de apelación y reforma contra el sobreseimiento  de la denuncia penal que formalizaron por supuesta imprudencia o mala praxis profesional, diligencias que se cerraron tras la declaración como investigados de Márquez y la responsable del Programa de Diabetes de la Ciudad, Margarita Medina.
La acusación considera que, cuando menos, la instructora debe solicitar un informe pericial a un especialista en Endocrinología que respalde que la actuación de ambos no causó lesiones a los menores, así como tomar declaración al DUE que asistió al campamento y esperar que el Colegio de Médicos remita el dictamen que requirió a un experto en Medicina Interna.
Para las familias, de la documentación que obra en la causa se deduce que se produjeron múltiples irregularidades “reconocidas por la propia coordinadora del Programa de Diabetes”.
En su informe sobre lo acontecido, elaborado para el expediente administrativo abierto que posteriormente fue paralizado hasta que termine la instrucción judicial, Medina reconoció que “el servicio sanitario debió comprobar que la insulina administrada a los menores (rápida y lenta) se ajustaba a las pautas que constaban en las fichas e informes médicos correspondientes”, así como que tenían que haberse efectuado “las mediaciones de glucemia de las 3.00 ó 4.00 horas todos los días y a todos los menores”, algo que no se hizo.
Igualmente, la jefa de Sección de Salud Escolar ha asumido que “el personal sanitario debió consultar con los padres de los menores en cuyas fichas médicas no constaban con exactitud las pautas de insulina” para saber cuáles debían seguirse.
En su informe, a cuyo contenido ha tenido acceso ‘El Faro’, también refirió que el equipo de Márquez, al que se adjudicó la supervisión médica de tres días de campamento por 2.700 euros, “debió tener en cuenta las raciones de hidratos de carbono que cada menor consumía”, así como “comprobar” en el caso concreto de un niño “que se respetaban los requerimientos de las raciones de hidratos de carbono y de estos con la insulina a administrar de acuerdo con su informe médico”.
Medina entiende, y así lo defendió en el Juzgado también, que la Consejería adoptó “todas las medidas oportunas para que el desarrollo de la actividad fuera adecuado” y que el personal de la Ciudad presente en García Aldave “cumplió su cometido adecuadamente”.
Igualmente resaltó que el equipo médico externo recibió “todos los medios oportunos para que el desarrollo de su actividad fuera adecuado”, desde informes y fichas médicas hasta hojas de registro diario de glucemia “con indicación de cuándo debían realizarse las mediciones”.
Medina negó en sede judicial que en ningún momento indicase que podían obviarse los controles nocturnos a los niños.
Si en el futuro se organizasen más campamentos parecidos, algo que “no se ha planteado” este año, la Consejería entiende que tendría que cambiar el modelo de arriba abajo, pidiendo mucha más información a las familias (hidratos de carbono a consumir, dosis de insulina…), organizando encuentros previos, contando con personal de la Consejería las veinticuatro horas y disponiendo de endocrinos y educadores en diabetes para elaborar los menús de los participantes.

IRREGULARIDADES

M.M.A.
Hasta 460 de azúcar. Uno de los asistentes al campamento, M.M.A., solo se puso dos días insulina lenta. Una jornada no se la inyectó al almorzar y llegó a 350 de azúcar. Al día siguiente sus niveles se dispararon hasta 465 y el tercero hasta 460 por no administrarse insulina en la cena. El cuarto se levantó con 258, “totalmente anormal a esa hora”. No se le hicieron controles ni al acostarse ni a las 3.00 horas.

C.C.I.
Hipoglucemias. Otro menor osciló entre hipoglucemias y niveles superiores a 300 por no ponerse las dosis en tiempo y forma.

H.I.B.
Sin insulina lenta. Sin controles nocturnos ni administrarse insulina lenta, llegó a más de 300 por la noche y sufrió una hipoglucemia tras una cena.

S.M.M.
Registros contradictorios. S.M.M. tuvo dos hipoglucemias el primer día y al siguiente se levantó con 273. Por la tarde alcanzó 300 y a las 23.00 horas, a 501 pero “no se apuntó y aparece 190 a medianoche sin que su medidor recoja ese análisis”.  “Sin rastro de insulina lenta ningún día”.

A.R.C.
Contra las pautas. A.R.C. “nunca se inyectó lenta ni se puso insulina rápida a media mañana, como tenía pautada”. Llegó a tener hipoglucemias (62) poco después de cenar pero no tuvo mediciones nocturnas”. Alcanzó niveles de 366.

R.A.I.
Falta de análisis. Pese a ser una niña con hipoglucemias frecuentes “y estaba avisado”, algunas madrugadas no se hicieron análisis nocturnos y en algunas comidas no se inyectó insulina, llegando a niveles de 370.

A.A.A.
Hiperglucemias. “Sin controles al acostarse ni a las 3.00 horas” pese a mostrar frecuentes hiperglucemias de hasta 358, 390 y 325.

A.F.A.
Sin insulina. Una jornada se levantó con hipoglucemia (59) y no se puso insulina al finalizar el desayuno. Tampoco en almuerzo ni cena, llegando a las 22 horas a 398. “Sin controles al acostarse ni de madrugada”.

Carreira: “Ningún partido ha podido enchufar a sus afines con Tragsa”

  • Para el consejero puede ser una de las razones de las críticas que determinadas organizaciones políticas han realizado

  • Defiende el procedimiento escogido por la empresa pública para la selección del personal

El consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Emilio Carreira, ha indicado que ningún grupo político del arco parlamentario de nuestra ciudad ha podido “enchufar” entre los 60 peones contratados por Tragsa para la encomienda de gestión de ‘Actuaciones en distintos puntos de la ciudad’ a ninguno de sus simpatizantes, “ni siquiera el Partido Popular”. Desde su punto de vista, de esa situación viene “alguno de los cabreos que estamos detectando por las protestas estos días”.
En relación con todas las noticias que han ido apareciendo a lo largo de la última semana, en torno a la fórmula utilizada por Tragsa para la selección de personal y que ha provocado polémica en nuestra ciudad, las primeras palabras del consejero fueron para indicar que “ha producido polémica en algunos sectores. Dicen que soy una persona muy animada a la polémica y en esto no voy a polemizar”. Sentenció que Tragsa es una empresa pública estatal, en la que participan las comunidades autónomas y que “está controlada y auditada por la Intervención General del Estado y por la Abogacía del Estado. Y seleccionan su personal, de acuerdo con los procedimiento que marca la legislación para este tipo de sociedades y así lo han hecho. Por tanto, la polémica para quien la quiera”.
Dijo el mismo Carreira que “una buena noticia la quieren convertir algunos en una mala noticia, porque debemos tener en cuenta que lo que ha sucedido es que la empresa Tragsa ha contratado a sesenta personas de Ceuta para trabajar en nuestra ciudad y que estaban en el desempleo. Esto no es ningún escándalo, esto no es Raphael. Estamos hablando de una encomienda de gestión que tiene todas las bendiciones tanto técnicas, como jurídicas e igualmente de Intervención. Y el que no esté de acuerdo, ya lo dijo el otro día el portavoz del Gobierno, que se vaya donde quiera”.
Recalcó que la empresa pública ha actuado “correctamente”, siguiendo las instrucciones de la encomienda de gestión “y tengo que felicitarla por lo que ha hecho. Y los vecinos de Ceuta lo van a agradecer mucho”.
En relación con ese intento de acercamiento que hubo por parte de Tragsa para hacer la selección a través de SEPE, desde el punto de vista del consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, “lo que ha existido es un malentendido. Tragsa quería hacerlo con el SEPE, porque hay un servicio estatal de empleo que se dedica, precisamente a eso, a proveer de trabajadores a quien se lo solicite, ya sea una administración pública o un particular. Lo que sucede es que el perfil que quería Tragsa, que a mí me parece bien que quisiera peones pero con una cierta especialización, dentro de las posibilidades de SEPE a la hora de clasificar les llevaría un trabajo excepcional porque ahora mismo no lo tienen actualizado. Pero no porque sean malos, no le estoy haciendo ninguna crítica a SEPE, sino porque no lo tienen incluido dentro de los perfiles de las personas que acuden a la Oficina de Empleo, y seguramente será porque esas personas no lo han aportado, ya que poco trabajo le cuesta a SEPE si llevan la documentación, incluirla en el perfil del desempleado”.
Terminó señalando que le parecía muy bien lo que había hecho la empresa pública, “porque también incentiva a la formación. Esto no es un plan de empleo social como algunos propugnaban, sino una encomienda de gestión para prestar un servicio público a los ciudadanos de Ceuta. No va dirigido a ningún colectivo en particular, sino un servicio dirigido a los ciudadanos que tienen derecho a tener una limpieza digna. Vayan a la zona del Tarajal y vean, desde que está Tragsa, como se encuentra este lugar”.

Explicaciones claras
El consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad defendió de manera muy clara a Tragsa por la labor que ha realizado para la selección de personal y entiende que la polémica ha estado en determinados lugares.

LAS CLAVES

Selección
Medio Ambiente defiende que ha sido correcto
Para la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad, la fórmula que ha utilizado Tragsa para la elección de personal ha sido la correcta y además se lo permite la legislación existente para este tipo de sociedades.

Enfado
Por parte de varias organizaciones políticas
El consejero dijo a los medios de comunicación que el enfado por parte de determinadas organizaciones políticas había podido venir porque no lograron enchufar a sus afines en esta selección que ha realizado la empresa pública.

Gran noticia
Convertir en algo malo
Carreira indica que una gran noticia como es que sesenta desempleados de Ceuta estén trabajando ahora mismo en nuestra ciudad es una gran noticia que algunos la han querido convertir en mala.

Malentendido
El problema con el SEPE
La situación que se ha provocado con el SEPE para Emilio Carrera es un malentendido, puesto que en realidad Tragsa tenía mucho interés en trabajar con el servicio público de empleo, no en vano, para ello existe.

Las viudas del Daesh vuelven a España

  • Detenidas en Turquía, ayer fueron entregadas a la Guardia Civil. Es Asia, la mujer de Kokito Castillejos, y Fatima, una ceutí viuda de otro radical muerto en combate


Son las viudas del Daesh. O al menos así fueron etiquetadas en esa suerte de informaciones que se han publicado no tanto sobre ellas sino, más bien, sobre sus maridos. Asia y Fatima. La primera residente en Ceuta durante muchos años, casada con Kokito Castillejos, un marroquí que se hizo famoso por colgar fotos en su perfil de Facebook con las cabezas de las personas a las que decapitaba en Siria. Allí viajó su mujer, allí tuvieron su primer hijo, Abdulrahman, y espera el segundo. Allí antes se casaron, recibiendo de dote un cinturón de explosivos. Y allí quedó viuda. La segunda, ceutí, la gran olvidada de todas las marchas de mujeres a Siria. De hecho viajó con su hijo pequeño nacido en Ceuta, pero su caso no trascendió más que en algún artículo de El Faro para, después, tener eco en pocos medios nacionales. Casada con otro marroquí, Mourad Kadi, también quedó viuda y durante mucho tiempo su familia intentó hacerla regresar, manteniendo contactos permanentes con las fuerzas de seguridad. De hecho mandaba fotografías del cumpleaños de su hijo Yunes y tenía contactos permanentes, pero nunca dio el paso de regresar con su familia.
La noticia saltaba hace unos meses, cuando se supo que las dos y sus hijos habían cruzado la frontera con Turquía en donde habían sido detenidas por las autoridades. Ayer se hizo entrega de la pareja a las fuerzas de la Guardia Civil, que han sido las que han llevado a cabo los contactos permanentes con las autoridades turcas. Son también las que recibieron informaciones de cómo estaban las dos en tierras sirias y de los movimientos que llevaban a cabo hasta su arresto.
A las dos féminas se les acusa de vinculación con organización terrorista y de este delito tendrán que responder ante la Audiencia Nacional que será la que, en última instancia, responda sobre su destino. El Ministerio de Interior difundió ayer las imágenes de las dos bajando de un avión, procedentes de Estambul, siendo entregadas a los componentes del Instituto Armado.
La historia de estas dos féminas ha trascendido a los medios de comunicación precisamente por las andanzas de sus maridos. Más la de Asia, debido a que Kokito, el decapitador, no solo exhibió sus crímenes sino que además mantuvo contactos con periodistas e historiadores para dar a conocer sus pasos.
Las fuerzas de seguridad dicen de Kokito que llegó a liderar una unidad con 200 combatientes y que se adhirió al Daesh en 2013. Le conocían en Castillejos, su tierra, pero también en Ceuta, donde pasó tiempo viviendo, donde conoció a su mujer y donde trapicheó durante varios meses.
Las detenidas, sobre las que pesaba una orden internacional de detención promovida por la Guardia Civil, han permanecido en territorio de Daesh durante más de dos años, en un contexto de brutalidad extrema, señala Interior. El Ministerio subraya que vivieron de manera voluntaria bajo las condiciones del grupo terrorista Daesh y que el nivel de adoctrinamiento en el extremismo religioso “hace de esas personas una amenaza potencial para la seguridad nacional”.
Además, su vinculación con miembros muy activos de la organización las convierte en elementos clave para ser utilizadas como “facilitadoras” para la organización terrorista en España, expone Interior en un comunicado oficial que difundió en la mañana de ayer.
La investigación que ha culminado con la detención de las dos activistas de Daesh se ha prolongado durante más de dos años, tiempo en el que ha tenido un papel fundamental la permanente cooperación bilateral con las autoridades y fuerzas de seguridad de Turquía.
Los hijos menores de ambas, que llegaron con ellas, serán entregados a sus familiares. En el desarrollo de la operación ha sido fundamental el intercambio de información con los servicios americanos, turcos y marroquíes, recalca Interior.
Estos son los casos de mujeres conocidas que terminan regresando a España, pero quedan más chicas de Ceuta que se marcharon de sus viviendas y de las que nada se sabe, o al menos nada ha trascendido sobre su actual paradero. Mujeres captadas para unirse a los radicales que siguen combatiendo en distintos territorios.

AHORA LA AUDIENCIA NACIONAL

Determinará su situación

Las dos viudas serán acusadas de pertenencia a organización terrorista y dependerá del juez correspondiente de la Audiencia Nacional su destino, es decir, si ingresan en prisión preventiva a la espera de juicio o si son puestas en libertad con cargos. Sus hijos sí que han sido entregados a sus respectivas familias para que cuiden de ellos. En el caso de las dos estuvieron casadas con combatientes que murieron en Siria.

Puestas las bases para la venta del último de los edificios de ‘La Manzana’

  •  Fomento firmó ayer el convenio con el Banco Mare Nostrum e Isolux-Corsán

  • El visto bueno definitivo se lo debe dar el pleno

El consejero de Fomento, Néstor García, firmó ayer con los representantes de las entidades Banco Mare Nostrum e Isolux Corsán el convenio urbanístico de planeamiento para el ámbito de la Manzana del Revellín, con el que se pretende dinamizar la actividad económica y revitalizar este entorno, incrementando la superficie de uso comercial en determinados edificios y a cambio de conseguir, para la Ciudad, superficies de uso dotacional que actualmente son de propiedad privada.
Este acuerdo afecta en total a unos 6.000 metros cuadrados, de forma que la superficie comercial pasará del 10 al 30 %, al cambiar de uso aproximadamente 4.000 metros cuadrados del conjunto diseñado por el arquitecto portugués Álvaro Siza. Con este convenio, la Ciudad obtendrá como compensación por la plusvalía que se obtendrá por este cambio de uso, la tercera planta del edificio del conjunto que linda con la calle Padilla así como un local situado en la planta baja del edificio anexo al Museo, situado en la calle Ingenieros. En total, la Ciudad recibirá, para uso dotacional, 900 metros cuadrados.
El consejero de Fomento ha resaltado que el convenio redundará en una mejora del equipamiento de la Ciudad, la puesta en valor de la Plaza Nelson Mandela y el incremento de la actividad económica en una infraestructura muy importante, tanto por situación como por lo emblemático de la obra. pero que al mismo tiempo demuestra el interés del Gobierno en aras a conseguir la aprobación definitiva del nuevo PGOU. “Con esta propuesta conseguiremos dos objetivos, por una parte, dar vida a la plaza, porque supondrá que allí se instalen comercios, locales de hostelería y ello conllevará generación de empleo, y también mejorará el equipamiento”, ha explicado Néstor García.
El convenio que se fue firmado en la Sala de Juntas del edificio Ceuta Center, será sometido a un periodo de exposición pública de 20 días hábiles a contar una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Tras la información pública, si se presentaran alegaciones, se elaborará una propuesta de texto definitivo y concluido el trámite de audiencia, el convenio tendrá que ser ratificado y aprobado definitivamente por el Pleno de la Asamblea y se integrará en la documentación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, lo que implicará su entrada en vigor cuando tenga el Plan el visto bueno.

LAS CLAVES

El último
Desocupado desde la inauguración. El edificio del conjunto de ‘La Manzana’ que da a la calle Padilla lleva desocupado desde la inauguración. Han existido varios intentos, hasta ahora sin posibilidades. Ahora parece

Acuerdo
Plusvalía para la Ciudad. La Ciudad incrementa el tanto por ciento de utilización comercial con la contraprestación de las plusvalía que se ha cerrado con la cesión de unos novecientos metros cuadrados aproximadamente, Ahora se abre un período de alegaciones y luego deberá ser rubricado por el pleno de la Asamblea.

El cálculo de la plusvalía tiene en cuenta los valores de uso comercial y dotacional

Según el borrador del convenio que suscribieron la Ciudad y la parte privada propietaria de parte de la Manzana, el cálculo de la plusvalía generada con motivo del incremento del suelo de uso comercial “tiene en cuenta los valores de referencia de los usos comercial y dotacional, según los valores catastrales de los que se disponen, además de un reciente Estudio de Mercado, así como la aplicación del coeficiente de homogeneización (0,8) que deriva del Plan”. El objeto del convenio es “establecer las condiciones en las que se habrá de llevar a cabo la revisión del PGOU en el ámbito de la Manzana del Revellín “en orden a incrementar la superficie del uso comercial en determinados edificios a cambio de conseguir, para la Ciudad,  unas superficies en los mismos de uso dotacional que actualmente son de propiedad privada”.
Dicho propósito “responde al interés público municipal, que, por una parte, debe velar por la existencia de suficientes suelos dotacionales para responder a las necesidades de la ciudad y, por otra, asegurar la participación de la comunidad en las plusvalías que genere la alteración de las condiciones urbanísticas preexistentes”, según la literalidad del propio texto.