Plena inclusión Ceuta fomenta la creación de espacios accesibles

Plena inclusión Ceuta está fomentando la creación de espacios accesibles. Ayer viernes, usuarios de la asociación colgaron pictogramas en la céntrica Cafetería Gini para adaptarla y que sea más accesible. Además, la asociación ha elaborado la carta de la cafetería con pictogramas.

Tal y como ha explicado la asociación a través de una nota de prensa, se trata de una actividad enmarcada dentro del programa de Promoción a la Accesibilidad Cognitiva.

Su objetivo es crear entornos más accesibles tanto para personas con discapacidad intelectual como para personas con deficiencias visuales y extranjeros.

Los pictogramas son sistemas aumentativos y alternativos de comunicación que sirven para que la información del entorno que nos rodea llegue a todas las personas.
Estos pictogramas han sido realizados en Plena inclusión Ceuta. El color del marco los clasifica: el naranja corresponde a los nombres, el verde a los verbos o el rosa a comunicación social.

Los usuarios han participado en el proceso, identificando los pictogramas una vez han sido elaborados y antes de ser colocados en el espacio elegido.

Esta iniciativa se ha desarrollado en esta cafetería porque es el lugar elegido por los usuarios para desayunar cuando participan en salidas a la comunidad. La asociación pretende aumentar el número de espacios accesibles.

El PSOE dice que el PP es «el principal mal endémico de los ceutíes»

El PSOE de Ceuta ha mostrado su rechazo a los Presupuestos Generales del Estado para 2017, «tras los innumerables golpes de pecho del Partido Popular y de su diputado por Ceuta, Juan Bravo, al considerar que mantienen intacta la política de recortes del PP, la limitación de derechos, la pasividad frente a la pobreza y la desigualdad, la insensibilidad social, la contumacia en su reforma laboral, la pervivencia de una fiscalización injusta y la ausencia de modelo económico alternativo; todo ello, marcado por un clima político salpicado por los continuos casos de corrupción en los que se encuentra inmerso el partido del Gobierno”.

Para los socialistas ceutíes, “lo que estos presupuestos ponen de manifiesto en este momento de recuperación, es que no era la crisis lo que motivaba las políticas injustas de recortes, desigualdad y precariedad”, ya que “estamos en el tercer año de crecimiento y las políticas persisten”, por lo que “realmente el mal endémico de Ceuta en particular, y de España en general, es el PP, su ideología y el proyecto de un partido que mantiene sus recortes sociales para la mayoría, mientras beneficia con amnistías fiscales a unos pocos”.

Desde Daoiz consideran que “estos no son los presupuestos que necesitan los ceutíes, que llevan años viendo cómo su vida se hace más difícil, cómo se recortan sus derechos, cómo crece cada día la incertidumbre ante su futuro y el de sus hijos”.

Según el PSOE de Ceuta, el problema principal es “que el crecimiento actual no está llegando a los ceutíes, ni a los españoles, que peor lo han pasado durante la crisis; no llega a los desempleados de larga duración, ni a los jóvenes con trabajos precarios, no está llegando a la pobreza infantil, incluso no llega a gran parte de la ciudadanía que tiene trabajo, debido a que la reforma laboral no permite unas relaciones equilibradas entre trabajadores y empresarios para que los incrementos de productividad lleguen a los salarios de los trabajadores y, por otra parte, por su política fiscal y presupuestaria, que ha apostado por reducir el Estado del bienestar, y por subir los impuestos a los trabajadores y bajárselos a las rentas más altas”.

Además, “el principal problema de Ceuta persiste: un elevado nivel de desempleo de larga duración y una caída extraordinaria de la protección por desempleo, se han reducido un 40% las prestaciones por desempleo con respecto a los últimos Presupuestos de un gobierno socialista y, sin embargo, los desempleados han caído el 20%», critican, haciendo especial hincapié en que “la reforma laboral ha aumentado el problema de la precariedad y está fomentando el empobrecimiento de los trabajadores, por lo que es urgente que cuanto antes se empiecen a tramitar leyes como la de subcontratación, que suponen el comienzo de la derogación de la reforma”.

 Los socialistas reprochan al Gobierno del Partido Popular que “las cicatrices que la crisis ha dejado en la sociedad ceutí, son profundas y están muy marcadas, y en lugar de curarlas, sus políticas las están cronificando”, y muestran su desacuerdo con su política fiscal y presupuestaria del Gobierno “por pedirles a los españoles que se apretasen el cinturón, mientras hizo una reforma fiscal injusta que regalaba recursos a las rentas más altas”.

Sí, pero no

Después del revuelo (y con razón) organizado tras la denuncia de APDHA sobre las situaciones de “acoso sexual” y “vejaciones” hacia las porteadoras perpetrados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de uno y otro lado de la frontera, llegó la nota de la asociación. Los sindicatos y asociaciones de CNP y Guardia Civil habían advertido que acudirían a los tribunales si no rectificaba. Y lo que ha hecho esta es lo que menos me esperaba: no han rectificado porque, dicen, ellos solo se han dedicado a trasladar las denuncias que unas porteadoras les han hecho, como parte de las entrevistas de campo realizadas para preparar su informe denuncia. Dicen, incongruentemente, que son declaraciones “creíbles” pero que no constituyen una “afirmación de la entidad”. Esto es algo como decir, creo en ellas pero por si las moscas la entidad no quiere responsabilizarse de lo manifestado.
Las matizaciones se producen después de la unión de todos los sindicatos y asociaciones para hacer un plante ante lo que era una auténtica barbaridad, pero no valen porque es una mera traducción del mítico ‘tiro la piedra y escondo la mano’ que ha ido demasiado lejos y que se vuelve en contra de la propia asociación.
Si ha habido porteadoras que les han denunciado haber sido víctimas de acoso sexual y vejaciones, y esas declaraciones las tienen grabadas, no deben perder más tiempo en acudir al juzgado. Los informes presentados ante los partidos políticos o los medios de comunicación sirven para lo que sirven, pero no van a provocar que un acosador tenga que sentarse en el banquillo si la víctima no lo denuncia. Y en este mundo de supuestos, de denuncias basadas en el ‘sí pero no’, resulta que una asociación que defiende los derechos humanos es incapaz de coger a esas víctimas a las que han entrevistado y llevarlas al juzgado para que se pueda iniciar un procedimiento sancionador en toda regla.
“No pretendemos descalificar  a las fuerzas y cuerpos de seguridad”, dicen ahora, pero el hecho es que lo han conseguido hablando en genérico de unas acusaciones muy graves sin aportar pruebas para que las mismas tengan un recorrido. Más grave aún es que, pasando las horas y los días, sigan sin dar traslado a un juzgado de las grabaciones de esas entrevistas de víctimas que dicen conocer. Esa y no otra sería la auténtica forma de defender la dignidad y el respeto a las mujeres; lo demás no son más que palabrerías dañinas y sin sentido.

Llamamiento colectivo para la conservación del patrimonio ceutí

La estratégica posición de Ceuta en la puerta de entrada y salida del Mediterráneo explica que haya sido un territorio anhelado por la mayor parte de las civilizaciones con intereses en este espacio geográfico tan singular y bello. Un tesoro como es nuestra ciudad ha requerido para su custodia y protección de una continua fortificación y defensa militar. En pocos lugares como Ceuta es posible contemplar todas las técnicas y sistemas poliorcéticos empleados desde la antigüedad hasta tiempos contemporáneos. Precisamente, en esta última fase histórica es cuando surge la conciencia conservacionista sobre el valor de esta modalidad de patrimonio edificado. Hasta entonces todos estos inmuebles y restos de murallas eran considerados útiles desde un prisma castrense. Su utilidad empezó a decaer a partir del desarrollo de nuevos modelos de defensa militar que hicieron ineficaces las vetustas murallas, los caminos de ronda y los fortines a pie de acantilado. Poco a poco estos inmuebles fueron abandonados hasta que la aludida preocupación por el destino del patrimonio cultural empezó a germinar en las mentes y el corazón de una minoría de intelectuales y artistas entre los que cabe citar a William Morris, John Ruskin o Eugène Viollet-le-Duc.
En Ceuta la preocupación cívica por la preservación del legado cultural llegó tarde y lo hizo de la mano del Instituto de Estudios Ceutíes. Fue una dura denuncia de la Junta Rectora del IEC, -entonces dirigida por el recordado y añorado Juan Bravo-, sobre la situación de abandono de buena parte del patrimonio cultural de Ceuta la que motivó el reconocimiento de la mayor parte de los edificios y restos de murallas dispersos por la ciudad como Bienes de Interés Cultural. Hubo cierta confusión terminológica a la hora de definir y agrupar los elementos a proteger jurídicamente, pero el trabajo se hizo y desde el año 1998 buena parte del patrimonio militar de Ceuta  está inscrito como BIC en la base de datos de bienes inmuebles protegidos por el Estado español.
Los más de noventa elementos declarados BICs a finales de los años 90 fueron integrados en varios conjuntos históricos. Tal consideración, según establece la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español, obliga a los ayuntamientos a redactar, para estos conjuntos, un plan especial de protección. Pues bien, de los cuatro conjuntos históricos declarados en el año 1997 tan sólo se ha redactado y aprobado hasta la fecha el plan especial de protección del conjunto histórico de las Murallas de la Almina. No fue una iniciativa de la Ciudad motivada por el interés en la conservación de patrimonio cultural, sino por la necesidad de contar con este documento administrativo si querían desbloquear la construcción del palacio de justicia previsto en la parcela del cine África. Una simple alegación presentada por nuestra asociación a la aprobación inicial del expediente de modificación puntual del PGOU para la mencionada parcela obligó a la administración central a darnos la razón sobre la obligatoriedad de contar con el plan especial de protección del conjunto histórico de la Almina antes de proceder a la pretendida modificación urbanística. De este modo, la Ciudad, más obligada que queriéndolo, encargó la redacción del plan especial y lo aprobó en el año 2008. Desde entonces, y ya vamos camino de una década, no han hecho nada de lo previsto en el plan especial de protección de la Almina.
Como decimos, del plan especial de la Almina nadie se ha acordado en diez años, …hasta hace unos días. El derrumbe de parte de uno de las muros de la conocida como Estación Telemétrica San Hipólito sobre las viviendas adyacentes, debido a las intensas lluvias caídas en las últimas semanas, han hecho recordar a las autoridades que existía un plan especial de protección cogiendo polvo en alguna estantería de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Este mismo medio escrito, en su edición del pasado día 3 de mayo, se hacía eco de una nota de prensa emitida por la Comandancia General de Ceuta en la que decía que “se ha establecido contacto con la Ciudad Autónoma de Ceuta al objeto de coordinar tanto las actuaciones iniciales como la preceptiva presentación a la Consejería de Cultura del  proyecto definitivo de consolidación estructural que se está redactando de acuerdo con el Plan Especial de Protección y Catálogo del Conjunto Histórico del Recinto de la Almina de Ceuta, en el cual se incluye como BIC la construcción afectada”.
“De Santa Bárbara sólo nos acordamos cuando truena”, dice un conocido refrán español. Esto mismo podemos decir de la conservación del patrimonio cultural ceutí. Las autoridades locales y nacionales sólo se acuerdan de su obligación de velar por nuestro legado cultural y natural cuando algún edificio se viene abajo o una imprudencia provoca un incendio que arrasa con parte de nuestros montes protegidos. Tanto la Ciudad Autónoma como los Ministerio de Defensa y Cultura comparten una gran responsabilidad en el mantenimiento y preservación del patrimonio cultural de Ceuta. Es importante recordar que el Estado Español, según el decreto de transferencia de las competencias en materia de patrimonio cultural, sigue manteniendo la competencia sobre todos aquellos bienes culturales adscritos a la administración general del Estado. La Ciudad puede y debe colaborar con el Estado Central en la tutela de los bienes culturales que siguen siendo de su exclusiva competencia, pero no debería permitir que el Ministerio de Educación y Cultura se ponga siempre de lado y no haga nada o casi nada por elementos patrimoniales de los que son los únicos responsables.
Nuestro Presidente, que viaja de vez en cuando a Madrid para reunirse con los Ministros del Gobierno, debería solicitar una reunión conjunto con los responsables de los Ministerios de Defensa y Cultura para hablar sobre la situación del patrimonio cultural de Ceuta. Es indudable que la Ciudad no puede ella sola asumir el mantenimiento de unos bienes culturales naturales de gran importancia tanto desde el punto cuantitativo como cualitativo. Sin el apoyo del gobierno central no seremos capaces de mantener en pie todos los inmuebles protegidos que hoy en día se encuentran abandonados o en muy mal estado de conservación. Nosotros llevamos años diciendo que se debería buscar una fórmula similar a la que encontraron en ciudades patrimoniales como Mérida. En esta ciudad extremeña, con un rico patrimonio arqueológico y monumental, se acordó en el año 1996 la creación de un consorcio en el que participan el ayuntamiento de esa ciudad, la Junta de Extremadura y el Ministerio de Educación y Cultura.  Este último Ministerio contribuye todos los años con un porcentaje en el presupuesto del consorcio, sin tener competencias directas sobre los bienes culturales que gestiona esta entidad de derecho público. En el caso de Ceuta, tanto el Ministerio de Cultura, como organismo competentes en buena parte de los bienes declarados BIC en nuestra ciudad, como el Ministerio de Defensa, titular  de los mismos, estarían obligados a aportar una cantidad significativa al consorcio que se creara para la salvaguarda del patrimonio cultural ceutí. La creación de este consorcio serviría también para la búsqueda de empresas privadas o públicas que pudieran contribuir a la noble y necesaria causa de la conservación del patrimonio cultural y natural de Ceuta.
Algo hay que hacer y pronto. No podemos dejar por más tiempo abandonados a los bienes naturales y culturales que hemos heredado de la naturaleza y la historia. Vivimos en una ciudad sagrada y mágica, fruto del trabajo de todas las generaciones de ceutíes que nos han precedido y símbolo de lo que hemos sido. Todas las murallas y fortificaciones que se están derrumbando por falta de cuidados representan el esfuerzo de unos antepasados nuestros que entregaron su vida por la defensa de esta tierra. No se merecen que olvidemos su dedicación a este lugar tan bello y acogedor. No debemos ver a estos edificios y yacimientos arqueológicos como las reliquias de un pasado inerte y estéril. Miremos en ellos la semilla de una Ceuta que espera su oportunidad para germinar y dar sus frutos. Esta semilla guarda en su interior el espíritu de un lugar aún por descubrir para los propios ceutíes y para el mundo entero. Miremos a Ceuta y a su pasado, representado por su patrimonio natural y cultural, con reverencia y admiración. Ceuta es un santuario al que hemos de cuidar y administrar con sumo tacto. Hacemos, pues, un llamamiento a todos los ceutíes y a nuestras autoridades locales y nacionales para que, entre todos, salvaguardemos el patrimonio cultural y natural de Ceuta.  Todos nosotros moramos temporalmente en esta tierra y si algo nos une es el amor por este sitio sagrado. Asumamos juntos la tarea de proteger el patrimonio cultural y natural de Ceuta. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad.

Un monumento al absurdo

Si existe alguna inversión que se ha convertido en Ceuta en un monumento al absurdo, desde luego, el primer premio y de largo, se lo lleva la obra de la antigua estación de ferrocarril. Una infraestructura donde la Ciudad Autónoma ha sido incapaz, a lo largo de más de nueve años desde que se puso la primera piedra, de saber dar un golpe de timón que permitiera la recuperación del sentido de cualquier obra que lleva a cabo una administración pública. Pero es que después del desastre han sido capaces de volver a tropezar en la misma piedra. Tras muchos meses negociando con Dragados, resulta que nadie sabe lo que está pasando allí. Se cuenta que la obra no lleva la marcha adecuada, que fuera de Ceuta se está haciendo una parte de la misma, que se están abonando las certificaciones, que no hay dirección facultativa, que se está pendiente de emisión de informes jurídicos para ver si el arquitecto municipal se puede hacer cargo de la continuidad. Un desastre tras otro desastre. La responsabilidad política a lo largo de estos nueve años ha estado en infinidad de consejeros, pero todos han demostrado su incapacidad para resolver este monumento al absurdo. Y no estamos hablando de enviar un cohete a la Luna, sino, simplemente, rehabilitar la antigua estación para convertirlo en un equipamiento cultural. Una prueba palpable de una falta de gestión que clama y se traslada a otros problemas que no encuentran en años una solucion eficaz.

Los salarios públicos subirán según las finanzas, dice Montoro

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha reconocido que la recuperación económica obliga a mejorar las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos, algo que ha asegurado se llevará a cabo “en la medida en que lo vayan permitiendo las finanzas del Estado”.
Montoro ha insistido en la necesidad de reconocer a los empleados públicos su contribución a la salida de la crisis y a la reducción del déficit público, durante su defensa ante el pleno del Congreso del decreto ley que adelanta parte de la oferta pública de empleo de 2017 en el ámbito de la educación, las fuerzas armadas, la policía y la guardia civil.
El ministro ha recordado que el contenido de este decreto ley responde a un acuerdo más amplio con las comunidades autónomas y los sindicatos presentes en las administraciones públicas por el que se amplió la tasa de reposición al 100 % al dar a más sectores la consideración de prioritarios.
En virtud de ese acuerdo en los próximos tres años se cubrirán 250.000 plazas que hoy ocupan trabajadores temporales interinos, lo que el ministro ha considerado una clara apuesta por la estabilidad y por corregir la situación la interinidad que afecta a 300.000 puestos de trabajo públicos. Al respecto, ha incidido en que la mayor parte de la interinidad se centra en sectores “tan trascendentes” como la sanidad, la justicia y la educación.

APDHA responsabiliza a las propias porteadoras de las acusaciones de acoso

  • “Son declaraciones de las mujeres entrevistadas, no una afirmación de la entidad”, reseña


Todos los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil se habían unido esta semana en una crítica: la vertida contra la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, al recoger en un informe la existencia de “acoso sexual” y “vejaciones” hacia las porteadoras por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad operativos a ambos lados de la frontera. La indignación ha sido común y todas sin excepción afirmaron su intención de llevar a los tribunales a la APDHA si no rectificaba. De igual manera la Ciudad respaldó ayer a las fuerzas de seguridad del Estado, aunque todavía por parte de la Delegación del Gobierno no se ha emitido comunicado alguno en la misma línea.
Pues bien. APDHA ha respondido, pero no para rectificar sino para responsabilizar de dichas acusaciones a las propias porteadoras que han entrevistado para su informe. “Queremos dejar claro que el informe ‘Respeto y dignidad para las mujeres marroquíes que portan mercancías en la frontera de Marruecos con Ceuta’ se hace eco de las denuncias realizadas directamente por las mujeres porteadoras a través de entrevistas personales y del tejido social, que se encuentran registradas en grabaciones, fruto del trabajo de campo realizado por parte de la organización. También de videos que son de acceso público o de visitas de campo realizadas por organizaciones como Iridia”, destacan en un comunicado oficial.
La APDHA señala que las afirmaciones concretas que aparecen en el informe respecto a abusos, acoso, violencia y otros posibles ilícitos penales con relación a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado “deben ser contempladas como declaraciones, que consideran creíbles, de las mujeres porteadoras entrevistadas y no como una afirmación de la entidad”, exponen, retirándose así de cualquier acusación que les salpique a ellos como asociación, aunque desde un principio hicieron estas valoraciones como entidad social.
“No pretendemos descalificar la labor que realizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y no perseguimos en ningún momento dañar su imagen”, insisten en la nota. La APDHA ha realizado este informe en el desarrollo de su objetivo de visibilizar las vulneraciones de derechos de las personas que no disponen de mecanismos para denunciarlas.
Desde la organización consideran que las denuncias “no alcanzan al conjunto de los funcionarios de los cuerpos que desempeñan labores en la frontera de Ceuta, sino que en cualquier caso se trataría de casos denunciados por las propias porteadoras, no por ello menos condenables”, reseña.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía se ratifica en la defensa de la voz de los colectivos más desfavorecidos y seguirá trabajando por el respeto de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas.

El Ejecutivo desconoce los millones perdidos en multas

El portavoz del Ejecutivo de forma accidental, Néstor García León, dijo ayer desconocer de dónde saca el sindicato CSIF la cifra de los millones que se han perdido por multas sin cobrar, atribuyendo este déficit al mal funcionamiento del Negociado encargado de ello.
En rueda de prensa, García dijo a los periodistas que sí se han producido “situaciones concisas de bajas en notificaciones” vinculadas a enfermedades o bajas maternales que no se han cubierto por lo que “el desarrollo normal se ha visto afectado” pero ha sido algo “puntual”. “No sé de dónde ha sacado CSIF esas cifras”, aclaró ayer a los medios de comunicación García.
Según el sindicato se habrían dejado de ingresar 24 millones de euros desde el año 2002 en concepto de sanciones o multas que no se han cobrado por falta de personal.
Sobre este tema también se ha pronunciado el secretario general del PSOE, Manuel Hernández, asegurando que todo se debe a una “falta de gestión, planificación, control y ejecución de estas partidas pendientes de cobrarse. Eso demuestra que el Gobierno del Partido Popular, en todos los años que lleva gobernando, ha sido poco solvente a la hora de solucionar un problema tan real y tan transparente. La ciudadanía se tiene que dar cuenta que pagan unos pocos  y la mayoría no”.

El Gobierno reconoce los bloqueos a pateras en aguas marroquíes

  • Justifica la actuación de la Guardia Civil para salvar vidas y la recogida de Marruecos


El Gobierno de la Nación ha respondido a una pregunta de la senadora Maribel Mora sobre cómo se llevan a cabo las actuaciones de la Guardia Civil en el mar, una vez se detecta la presencia de inmigrantes. En la misma se justifica la actuación de las patrulleras del Servicio Marítimo cuando detienen y bloquean a los inmigrantes, lo que las oenegés equiparan a las devoluciones en caliente en el mar y que, en el caso de Ca-minando Fronteras, se ha considerado que es una de las prácticas más arriesgadas para la vida de los inmigrantes, teniendo en cuenta sus propios testimonios que apuntan a que en estas actuaciones es cuando se pierden más vidas.
El Ejecutivo destaca que “a efectos de detener su tránsito” y para “salvaguardar las vidas de los inmigrantes”, lo que hacen las patrulleras de la Guardia Civil es “actuar sobre las embarcaciones y artilugios flotantes, no solo porque estas personas están tratando de entrar irregularmente a España, sino porque están poniendo en grave riesgo sus vidas”, expone en la respuesta trasladada a Mora, del grupo Podemos.
“Las patrulleras de la Guardia Civil van a rescatar a las personas en riesgo con independencia de la soberanía de las aguas en las que se encuentren, ello conforme al Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, suscrito en Montego Bay el 10 de diciembre de 1982. Si el rescate de esas personas se produce en aguas españolas, se procede según la ley, siendo puestos a disposición de la Policía Nacional a su llegada a puerto. Si es en aguas marroquíes atendiendo a la necesidad de salvaguardar la vida humana, y una vez se ha producido la primera e ineludible acción de rescate, las personas son recogidas por las autoridades marroquíes, siempre que las mismas no necesiten de atención médica urgente, en cuyo caso serán trasladadas a Ceuta”, aclara.