Una defensa lógica

La defensa realizada por el presidente Vivas sobre la capacidad la asimilación de Ceuta con el resto de las autonomías es una decisión política que es tan respetable como quienes se han empeñado, por fastidiar al Gobierno, de no embarcarse en esa defensa y querer dejar a nuestra ciudad como un mero Ayuntamiento. Aquí no estamos hablando ahora de quimeras. Por supuesto que sería bueno que Ceuta fuera comunidad autónoma, pero el instrumento que tenemos en estos momentos es el que es y quien no quiere reconocer que Ceuta ha avanzado en multitud de campos gracias a ese Estatuto de Autonomía es un miope político que se quedó anclado en los tiempos de la lucha de clases.
No es bueno que los grupos de la oposición no hagan causa común con el Gobierno en la defensa de ese estatuto, aunque algunos quieren avanzar, pero siempre habrá tiempo. Pero no podemos perder lo que ya hemos obtenido. Ceuta no puede permitir, sin lucha hasta la extenuación, que los tribunales no nos reconozcan nuestra diferencia autonómica.
No nos podemos perder en el nombramiento de una viceconsejera o en el de dos consejeros no electos. Eso es simplemente la punta del iceberg. Debajo hay mucho más, es la consolidación de esos avances que hemos tenido gracias a contar con un estatuto de autonomía. No vayamos a perderlo por diferencias políticas.
Hay algunos que aún tienen que demostrar que la defensa de los intereses generales de los ceutíes está por encima de los intereses partidistas.

Vivas no va a cesar a los dos consejeros que no son diputados de la Asamblea

  • El presidente defiende que Ceuta es un Ayuntamiento y una autonomía y Aróstegui afirma que los tribunales son muy claros


Posiciones totalmente enfrentadas. Mientras que el Gobierno, a través del presidente Vivas mantiene que los nombramientos de los dos consejeros no electos no son ilegales y que nuestra ciudad está incardinada en el Estado de las autonomías. Por otro lado, el diputado de Caballas, Juan Luis Aróstegui, defendió que la sentencia sobre Adelaida Álvarez del TSJA era muy clara y que se deja netamente manifestado que Ceuta es un Ayuntamiento, aunque tenga una identidad particular.
El presidente de la Ciudad habló sobre que había consultado tanto con la secretaria general del Ayuntamiento y con el asesor jurídico del mismo, aparte de los técnicos de la Ciudad Autónoma de Melilla y que todos ellos han coincidido que no se está cometiendo ninguna ilegalidad con el nombramiento de los dos consejeros no electos y que la sentencia del TSJA se refiere únicamente a un hecho singular que anula únicamente el nombramiento de la entonces viceconsejera de Empleo. Además, aludió a que hay sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo que hablan de la capacidad de autoorganización de la Ciudad Autónoma de Ceuta y que sin dejar de ser Ayuntamiento tiene características que la asemejan a las comunidades autónomas a partir de tres ámbitos: no hay ningún Ayuntamiento con estatuto de autonomía, no hay ningún Ayuntamiento con competencias autonómicas, no hay ningún Ayuntamiento con capacidad para autoorganizarse. Además, mantiene Vivas que los servicios jurídicos defienden que Ceuta está también perfectamente integrada en el sistema autonómico. Y como último argumento habló de los dos dictámenes del Consejo de Estado.
Por su lado, Aróstegui en su primera intervención aludió que los nombramientos de los dos consejeros son ilegales y que esa opinión ya se la transmitieron al presidente cuando se produjeron los mismos. Y en relación con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía “deja meridianamente claro que defiende el tribunal que Ceuta es un Ayuntamiento”. Además, reconoció que sobre el particular existía un debate político, aunque sí quiso dejar claro que su intención era hablar sobre el aspecto judicial.
Criticó que por parte del presidente de la Ciudad “lo que se está haciendo es comprar tiempo. Quiere seguir presentando recursos para que cuando haya sentencia ya no estén ustedes”.

Aróstegui volvió a llamar “traidor” al Partido Popular


Pero no solamente en el apartado judicial se movió la pelea dialéctica entre Vivas y Aróstegui, sino que el diputado de Caballas introdujo igualmente la cuestión política. Por ello volvió a señalar que el Partido Popular traicionó al pueblo de Ceuta cuando en el año 1996, al llegar al Gobierno, no invocó la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución como había prometido para que Ceuta se convirtiera en comunidad autónoma. “Ceuta puede ser comunidad autónoma porque lo dice la Constitución y veintiocho pronunciamientos de esta Asamblea en favor de ello”. Además fue duro al indicar que “lo que ustedes hacen aquí es dar cobertura política a la traición que se cuece en Madrid. Son voceros de esa traición”.
Vivas volvió a señalar, al igual que hace unas semanas, que no existe ninguna traición por parte del Partido Popular, “y lo que no vamos es a renunciar al fuero que tenemos en este momento y que se llama estatuto de autonomía”. Además, le comentó a Aróstegui que las grandes movilizaciones de los ceutíes en los año 90 no fueron porque existieran ansias autonomistas, sino porque había una diferencia con el resto de nuestro país que se convirtieron en autonomías.

El coste de las nuevas 14 plazas de la Policía Local será de 1 millón de euros

  • Las playas de Tarajal y Almadraba contará con vigilancia de los agentes


El consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, informó en el pleno de control de la Asamblea, que el coste de las nuevas 14 plazas de Policía Local es superior al millón de euros. Esta respuesta vino como consecuencia de una interpelación realizada por el diputado de Caballas, Mohamed Haiddor, quien incidió en que la permanencia de agentes en la calle es disuasoria y ofrecía más seguridad a los ciudadanos. Hachuel incidió en que se continuará con los servicios extraordinarios de agentes de la Policía Local durante los viernes, sábado y domingo por la tarde. Hablando de la reestructuración señaló que confiaban en que para finales de año ya pudieran contar con los nuevos 23 agentes, de los cuales los primeros 9 ya están convocadas las plazas y que para dentro de unos meses confiaban en que saldrían las 14 restantes. Aparte volvió a recordar que pretenden la vigilancia de seguridad privada en determinados edificios para que los policías locales ahora salgan a la calle. De ahí pretenden recuperar aproximadamente unos 12 agentes.
Haiddor volvió a insistir en que la zona del puerto es “una pequeña ciudad sin ley” a lo que Hachuel determinó que la Policía Local vigila la Avenida Muelle Cañonero Dato que es donde se encuentra la zona comercial. Por otro lado, también se determinó por parte del consejero que para este año habrá vigilancia de policías locales en la playa de Almadraba-Tarajal de lunes a domingo.

Hachuel no contesta a Hamed sobre el tema de Mizziam

La diputada de MDyC, Fatima Hamed, interpeló al consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, sobre las razones por las cuales no se había suspendido a los dos policías locales condenados por el denominado ‘caso Mizziam’, por el cual el fiscal ha propuesto al Juzgado la condición de investigador del propio Hachuel.
Sobre este particular, el mismo consejero le ha manifestado que no le contestaría a la interpelación y que responderá cuando deba acudir al Juzgado en el momento en que sea citado por el mismo.
La respuesta de Hamed fue en el sentido de que ella no quería entrar en temas judiciales, sino que deseaba respuestas políticas, porque había sido el mismo Hachuel el que había firmado el decreto por el que no se suspendía a los dos mencionados policías locales investigados.

Carreira defiende el carácter de empresa pública de Tragsa

  • Alí volvió a señalar que habían pedido a Fomento una serie de datos sin contar con una encomienda de gestión de las obras


Nuevamente el tema de Tragsa y las encomiendas de gestión apareció en la sesión plenaria y provocó otra vez las intervenciones de Emilio Carreira por el Gobierno y de Mohamed Alí por Caballas. En este caso, la nueva duda de Alí se centraba en que Tragsa había entregado un escrito en Fomento para que les facilitaran información sobre una serie de proyectos que iba a realizar. El líder de Caballas volvió a reiterar que se saltaba la licitación pública y que las encomiendas de gestión necesitan de una serie de requisitos legales y además han de estar motivados. Además, aludió a que Tragsa asumía una serie de obras como la construcción de la nueva sede del 112 o la reforma del edificio polifuncional de la Policía Local que no estaban en los primeros anuncios del Gobierno.
En la respuesta de Carreira, éste insistió en que hoy por hoy, Tragsa nada más que tiene una encomienda de gestión por parte de la Ciudad que es el estudio patológico del polideportivo Díaz Flor. Aludió a que cuando se le hace un encargo a Tragsa se deben dar muchos pasos previos y que solicitan datos para realizar sus estudios, “pero tengamos en cuenta que no facilitamos información privilegiada a un contratista, sino a una empresa pública, como se lo podemos encargar a Procesa”. Volvió a insistir en que esta empresa pública es un instrumento al servicio de las administraciones públicas y que en la nueva Ley de Contratos del Sector Público se potencia aún más el papel de Tragsa. Reconoció que sigue siendo interés del Ejecutivo presidido por Juan Vivas de que Tragsa realice aproximadamente el 30% del Plan de Inversiones y que en cuanto todos los informes estén realizando se le irán haciendo las oportunas encomiendas de gestión a la empresa pública.
Hubo otro apartado sobre el que también discutieron tanto Alí como Carreira que fue en relación con las empresas que luego deberá contratar Tragsa para la realización de un parte de las obras.
Para Mohamed Alí serían subcontratas de empresas de nuestra ciudad. Sin embargo, resulta que para el consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, esas empresas son contratadas directamente, como si fuera Acemsa u otra empresa municipal la que lo efectuara. Además, volivó a alabar la buena fama que la empresa Tragsa tiene para pagar los trabajos.

Procesa buscó inversor privado para la empresa Bioanmo

En el pleno de la Asamblea se conoció en la jornada de ayer que Procesa había buscado un inversor privado para la empresa Bioanmo, dedicada a las balas biodegraables y que deseaba haberse instalado en Ceuta. MDyC presentó una interpelación queriendo conocer cuáles habían sido las gestiones de la Ciudad. La consejera Chandiramani comentó que ese inversor privado les propuso adquirir cien mil cartuchos que luego se iban a repartir entre especialistas de caza para ver si se respondía como decía al empresa y no volvieron a saber nada de ellos

El Gobierno defiende su ‘escuela de segunda oportunidad’

Fatima Hamed, como portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, presentó una moción para que se creara una escuela de segunda oportunidad, al entender que son muchos jóvenes los que dejan los estudios y que no tienen suficiente información sobre las distintas posibilidades que existen para poder seguir formándose. Aludió a que conocía que desde Procesa se realiza una buena gestión, pero que entendía que no era suficiente. Por parte de la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, se le recordó que desde el año 2005 se han realizando actividades formativas. Luego habló del éxito del programa Equal y de la Escuela de la Construcción, además de los nuevos programas de Garantía Juvenil.

Fomentar que las empresas se adhieran a la Junta de Consumo

Caballas presentó una moción para que las empresas que se adhieran a la Junta Local de Consumo tuvieran una serie de subvenciones. La consejera del área, Adela Nieto, adelantó que  no era obligatorio que las empresas se adhierieran y que intentarían por todos los medios que las empresas municipales también estuvieran inmersas en este sistema. Y es que por parte de este grupo político se inicidió en que no era normal que, por ejemplo, Acemsa no estuviera incluída. Nieto señaló que buscarían la fórmula para que las empresas se incluyeran en este sistema, pero que muchas veces son los ciudadanos los que no llegan luego al laudo de la Junta Arbitral.

El parking de Pozo Rayo será preparado con el plan de asfaltado que se está licitando

  • MDyC quiso conocer que pasar con el aparcamiento de la segunda planta del edificio anexo al campus universitario


El aparcamiento sobre el solar de Pozo Rayo, situado justo al lado del campus universitario y que contará con más de 70 plazas, se preparará en cuanto comience a funcionar el plan de asfaltado que está licitando en estos momentos el Gobierno autonómico. De esta forma, indica que será un lugar donde los alumnos que acuden a las instalaciones universitarias podrían utilizar de aparcamiento.
Y es que el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, a través de su portavoz, Fatima Hamed, se quiso interesar por la situación de la segunda planta de aparcamiento del edificio anexo al campus y que se encuentra totalmente cerrado desde la inauguración de las instalaciones. Aludió la diputada de la oposición que numerosos alumnos se habían puesto en contacto con ellos con la intención de que se interesaran por una respuesta desde el Gobierno.
Quien conteste fue el consejero de Fomento, Néstor García, quien explicó que hace ya un tiempo que se llegó a un acuerdo entre la Ciudad Autónoma y la Universidad de Granada para instalar en esta segunda planta un laboratorio, dentro de un proyecto de mejorar la investigación en el campus ceutí y dado que la UGR había conseguido una aportación superior a los 350.000 euros de los fondos europeos. La Ciudad iba a colaborar en esta construcción con aproximadamente casi 200.000 euros. Reflejar que el mismo consejero aludió a que la planta baja está dedicada al personal del propio campus.
Recordó que ese plan de asfaltado se había retrasado como consecuencia de que la falta de una planta en Ceuta había provocado la búsqueda de soluciones alternativas.