El juicio entre Ramos y uno de los hermanos Pérez, aplazado hasta abril

  • Un defecto en la citación a Rafael Pérez, que acudió sin letrado, fue la causa de la suspensión de la vista judicial


El juicio entre el consejero de Juventud, Deporte, Turismo y Fiestas, Fernando Ramos y uno de los hermanos Pérez, Rafael, quedó aplazado hasta el próximo mes de abril, según decidió ayer el juez de guardia. Recordemos que ambos se habían denunciado mutuamente en la Jefatura Superior de Policía, después de la pelea que protagonizaron en la madrugada del viernes en el pub Dublín, propiedad de la familia del político.
Minutos antes de las 11 de la mañana, hora prevista para el inicio de la vista, llegaron los dos al Palacio de Justicia. El primero fue el propio Rafael Pérez, acompañado de dos testigos suyos y tomó asiento en la misma puerta del Juzgado de guardia que está situado en la planta baja del Palacio de Justicia. Minutos después lo hacía el consejero, Fernando Ramos, acompañado por su abogado, Jorge Martín Amaya, y con tres testigos, entre ellos el portero del establecimiento hostelero y se dio la circunstancia que también iba el jefe del Servicio de Industria de la Ciudad, que seguramente se encontraba también a esa hora en el Dublín. Se colocaron en un lugar bastante alejado de Rafael Pérez y sus testigos.
Los minutos pasaban y no comenzaba la vista, debido a que el juez de guardia estaba ocupado tomando declaración a unos detenidos por la Guardia Civil. Al final, alrededor de las doce menos cuarto de la mañana, se conoció que se había producido el aplazamiento. La causa es un defecto de forma en la citación a Rafa Pérez. Por lo visto, en la misma aparece como perjudicado, con lo cual acudió sin letrado.
Al comprobarse rápidamente que ambos se habían denunciado mutuamente y que el consejero estaba acompañado de su abogado, entonces se pidió ese aplazamiento para que Pérez pudiera ir acompañado en su momento del letrado que desee. El juicio será en abril.

La Administración local ejecutó el 85% de su presupuesto en 2016

  • Los ingresos netos de la Ciudad al cierre del cuarto trimestre se situaron en 214,6 millones de euros


La Ciudad Autónoma ejecutó el año pasado el 85,04% de su presupuesto de gastos, lo que significa que transformó en obligaciones de pago un total de 253,8 millones de euros de los que desembolsó de forma real 237,1 (quedan casi cinco como obligaciones pendientes y 11,7 como pagos por efectuar) según el balance elaborado y publicado por Intervención al cierre del cuarto trimestre de 2016, un nivel de ejecución “muy alto” según las fuentes consultadas por este periódico  a pesar de que el capítulo de Inversiones es que se llevó a la práctica con menos eficacia.
El índice de ejecución de gastos expresa el porcentaje que suponen las obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio en relación con el volumen de créditos definitivos y muestra el grado en que estos han dado lugar al reconocimiento de obligaciones.
El porcentaje de pagos realizados sobre obligaciones contraídas se elevó hasta el 93,4%, porcentaje que refleja el ritmo de gasto en los conceptos de la clasificación económica.
En el capítulo de ingresos, los conseguidos de forma neta se elevaron a 214,6 millones de euros y los derechos reconocidos hasta 275,9, un 88,5% de las previsiones. En el apartado de deudores se computan 49,7 millones de euros.
Así, el porcentaje de ingresos netos sobre derechos reconocidos está muy cerca del 81,2%.
El IPSI de Operaciones Interiores, que se había presupuestado que rindiese más de 24,6 millones de euros, dejó 21,4 enforma de ingresos netos en las arcas municipales. Por multas y sanciones, conceptos que supuestamente generarían 1,3 millones de acuerdo con las previsiones presupuestarias, no se ingresaron ni 300.000 euros.
Al IPSI Gravamen Complementario del Tabaco se habían imputado previsiones de ingresos por valor de 26,1 millones que se han revelado muy distantes de acuerdo con la ejecución real: los derechos reconocidos han rozado los 25,5 millones pero los ingresos netos apenas han superado los 9 millones.
Con el IPSI Importación ha pasado algo parecido: se presupuestó generar 66,1 millones en ingresos, se convirtieron en derechos 65 millones y los ingresos netos se han quedado en 45,5.

Tragsa y central propia de contratación


El PP y el PSOE han presentado varias enmiendas al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público para transponer al ordenamiento jurídico español varias Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo con el fin de incluir a Ceuta en la relación expresa de Administraciones que tendrán a TRAGSA y a su filial TRAGSATEC con la consideración de medios propios personificados y servicios técnicos”. También para que las Ciudades Autónomas tengan la posibilidad de poder crear sus propias centrales de contratación si lo estiman oportuno “como instrumento para la mejora de la eficacia en la contratación”.

La Ciudad ya paga a sus proveedores en poco más de 3 semanas

La Ciudad Autónoma cerró el año pasado con su periodo de plazo medio de pago a proveedores más bajo de la serie histórica del Ministerio de Hacienda, concretamente 22,24 días, poco más de tres semanas, según los datos que ha difundido esta semana la Administración General del Estado.
Hace doce meses, al cierre del primer trimestre de 2016, la Administración local tardaba una media de casi tres meses (86,58 días) en saldar cuentas con sus suministradores.
Solo al cierre de 2014 la Ciudad había conseguido situarse dentro de los márgenes máximos legales de pago con 23,48 días de demora media.
La ‘Ratio de las operaciones pagadas’, que es el indicador del número de días promedio que se ha tardado en realizar los pagos, se situó durante el último  trimestre del año pasado en lo 4,04 días.
La de  operaciones pendientes de pago (el indicador del número de días promedio de antigüedad de las operaciones pendientes de pago a final del trimestre) roza los dos meses y está en 58,73 días lejos también de los más de cien que se alcanzaron al final de marzo de 2016.
El Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) del pasado mes de diciembre se situó en 29,46 días para el conjunto de las comunidades autónomas, una semana por encima de la media de Ceuta.

A prisión el joven detenido con 11.310 pastillas de Rivotril

El joven que fue detenido por la  Guardia Civil cuando desembarcaba, el pasado viernes, con 11.310 pastillas de Rivotril ha sido ingresado en prisión provisional a la espera de juicio, acusado de un delito contra la salud pública de notoria importancia.
El llamado J.J.P.L., residente en Ceuta, fue sorprendido por la Benemérita cuando bajaba del barco con el lote de pastillas escondido en su vehículo modelo Seat Ibiza. En un registro del coche, la Benemérita localizó las pastillas en el interior del filtro del aire así como en los huecos del aire acondicionado. Tras ser puesto ayer a disposición judicial, se dictó auto de entrada en prisión provisional a la espera de juicio por tráfico de pastillas que se encuadran en un delito contra la salud pública.
El mercadeo de este tipo de pastillas va orientado a satisfacer no solo el mercado local sino también el marroquí, ya que en varios decomisos llevados a cabo por el Instituto Armado se ha confirmado que los detenidos pretendían el pase de las pastillas al vecino país para su distribución y venta en el norte de Marruecos.

A prisión el pasador que puso en peligro la vida de dos subsaharianos

  • El marroquí S.K. se enfrenta a siete años de prisión tras ser sorprendido en el Tarajal


El marroquí S.K., de 36 años, que fue detenido en la mañana del pasado viernes intentando colar a dos inmigrantes subsaharianos en el vehículo patera que conducía, ingresó ayer en prisión. El Ministerio Fiscal le pide 7 años de prisión, al considerar que puso en riesgo la vida de la pareja de guineanos que fue liberada por agentes de la Guardia Civil que estaban de servicio esa mañana. Tras dictarse el auto de entrada en prisión preventiva se esperará a la celebración del juicio en la Audiencia Provincial, habiendo quedado ya calificados los hechos.
S.K. accedía a Ceuta a bordo de su Volkswagen Golf cuando fue interceptado por componentes del Instituto Armado al infundirle sospechas. Dentro del salpicadero y tras el sillón trasero del turismo estaban los jóvenes quienes fueron liberados por los guardias civiles, activándose el oportuno protocolo sanitario para confirmar que estaban en buen estado de salud.
Ayer fue puesto a disposición judicial el acusado, contándose con las declaraciones de los inmigrantes rescatados como testigos de lo sucedido. El vehículo ha quedado intervenido por la Guardia Civil, cuyos agentes disponen de informaciones sobre los coches patera que son sospechosos de dedicarse a estas prácticas. Vehículos que son perfectamente adaptados al uso del tráfico de personas, habilitando huecos para esconder a quienes esperan al otro lado el momento del pase. La forma de ocultación es tan arriesgada que se juega con la vida de las personas y, en algunos casos, se ha llegado a abandonarlas incluso dentro todavía del vehículo para que los pasadores no sean ni localizados ni detenidos.

Ingresa en la cárcel el caco que robó en tres locales en horas

La autoridad judicial acordó ayer el ingreso en prisión provisional del ceutí J.E-H-.B, acusado de un delito continuado de robo en establecimiento comercial. Permanecerá en prisión a la espera de juicio sin que todavía haya calificación de los hechos, después de que fuera detenido por la UPR de la Policía Nacional tras una noche de robos en hasta tres establecimientos comerciales y daños en otro.
Tal y como se informó en la edición de ayer, este es el autor del robo y destrozo cometido en el ‘Mesón Baco’, de donde se llevó una caja registradora, pero también de otro en una gasolinera y en el ‘Burguer King’ del puerto, de donde se llevó también la caja. Ambas fueron además recuperadas por la Policía. En la misma noche y posterior amanecer actuó en hasta tres ocasiones hasta que la UPR dio con él y lo detuvo.

Diez migrantes, condenados en Tetuán a 2 meses de cárcel por intentar entrar en Ceuta

  • A varios de los detenidos en el salto en grupo del 17 de febrero se les han puesto también multas de 50 euros


La Justicia marroquí ha condenado a dos meses de prisión a diez migrantes de origen subsahariano nacionales de Costa de Marfil (5) y Nigeria (5) que fueron detenidos en las inmediaciones del perímetro fronterizo de Ceuta la madrugada del pasado 17 de febrero, cuando casi 500 indocumentados consiguieron acceder a la ciudad autónoma.
Según han informado fuentes de la Asociación Hispano-Marroquí para la Integración de los Inmigrantes, que les proporcionó asistencia letrada en Tetuán, a todos ellos se les ha considerado culpables de delitos de violencia e inmigración ilegal.
Además de la pena de prisión, varios han sido condenados también al pago de multas de 500 dirhams (unos 50 euros).
Las autoridades marroquíes informaron tras el salto en grupo del vallado que culminó con éxito un mayor número de subsaharianos de la detención de 110 indocumentados. El Ministerio del Interior avisó de que los intentos de inmigración ilegal, “contrarios a la normativa vigente en Marruecos”, exponen a sus autores “a los pleitos y juicios que correspondan”, a sanciones “en función de la gravedad de las acciones” e incluso a la “expulsión” del territorio del Reino alauita.
Helena Maleno, de ‘Ca-Minando Fronteras’, explicó ayer en declaraciones a este periódico que son “muchas” las sentencias similares dictadas en el país vecino en aplicación de la legislación vigente desde 2003.
Ese colectivo ha dado asesoramiento jurídico también en algún caso a los acusados, por ejemplo en los imputados tras una ‘devolución en caliente’ en la zona de Melilla que incluyó la caída al agua y desaparición de dos personas.
Las penas son superiores cuando a los migrantes se les achaca, además de inmigración ilegal, violencia contra los efectivos de las Fuerzas de Seguridad. En el caso del pasado 17 de febrero las autoridades marroquíes aseguraron que durante el intento de salto se registraron 10 agentes heridos y 20 migrantes trasladados a centros sanitarios.

Hasta medio año de cárcel y multas de 300 a mil euros


La Ley 02-03 de 11 de noviembre de 2003 relativa a la entrada y salida de extranjeros de Marruecos, a la emigración y a la inmigración irregular prevé en su artículo 50 la imposición de una multa de 3.000 a 10.000 dirhams y/o penas de prisión de uno a seis meses a toda persona que deje clandestinamente las fronteras terrestres, marítimas o aéreas marroquíes, y ello sin perjuicio de las disposiciones penales aplicables a la materia.

La Ley de 2003, un marco “moderno” o “represivo”


De país “exportador” de mano de obra, Marruecos se ha convertido a lo largo de distintos períodos en país de tránsito y de destino de migrantes, frecuentemente por defecto como consecuencia de las restricciones impuestas por los países europeos. El país vecino defiende que con la Ley 02-03 de 11 de noviembre de 2003 de entrada y estancia de extranjeros y de emigración e inmigración irregulares puso fin a “un vacío jurídico en la materia” y se dotó de “un marco jurídico moderno” conforme a sus compromisos internacionales.
Sin embargo, ese texto ha recibido fuertes críticas desde las organizaciones de la sociedad civil por su carácter “represivo” hacia la inmigración irregular y las lagunas en la protección de las personas migrantes. El objeto de esta Ley fue regular varios aspectos relacionados con la migración, estableciendo reglas sobre la entrada y la estancia de personas extranjeras en Marruecos, contemplando  algunos derechos y estableciendo sanciones con respecto a la migración irregular, sin regular de forma específica el asilo. Hace tres años el Reino alauita lanzó un proceso de regularización inédito: 17.916 solicitudes de un total de 27.332 fueron resueltas favorablemente, la mayoría de mujeres. El fin del proceso trajo “una fuerte represión y persecución por parte de las autoridades hacia los migrantes no regularizados”.

Cada proyecto del Plan de Barriadas en un distrito llevará unido otro de iluminación

  • La inversión del eje de los Fondos Feder de mejorar la eficiencia energética es de 3 millones


Uno de los proyectos que maneja la Sociedad Municipal de Fomento (Procesa) dentro de los distintos ejes de los Fondos de Desarrollo Regional de la Unión Europea está indicado en relación con la mejora de la eficiencia energética y el valor global de la inversión rondará los tres millones de euros. El propio consejero de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Emilio Carreira, en alguna comparecencia realizada hace algunos meses ya indicó que el objetivo que se marcaba su departamento autonómico era cambiar al final de la actual legislatura unos diez mil puntos de luz. De esta manera, Ceuta entrará dentro de las acciones que también se están realizando en muchos puntos de nuestro país para sustituir las luminarias tradicionales por otras lámparas led, bajas en consumo. Uno de los objetivos que se logrará también será la reducción de la tarifa de consumo eléctrico que abona la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Pues bien, dentro de la coordinación que se está realizando desde Procesa, que pertenece a la Oficina de Desarrollo de Proyectos que fue creada por orden del presidente Vivas, se ha decidido que para ajustar las actuaciones que han de desarrollarse en muchos puntos de nuestra ciudad, se ha hecho coincidir los proyectos de cambios de las luminarias como una parte del Plan de Barriadas que ya se ha comenzado a licitar por parte del equipo de Gobierno.
De esta manera, al igual que la Ciudad se ha dividido en once distritos para la realización de todos los trabajos, el mismo número de proyecto se han preparado por parte del Servicio de Industria que pertenece a la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad. Cada una de las actuaciones en estos distritos llevará aparejado uno separado exclusivamente de iluminación.

Sin respuesta de Inmigración

  • Ceuta no encuentra respuesta en la secretaria general y acude a la ministra


La decisión que ha tomado el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, de solicitar un encuentro con la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fatima Báñez, que es la competente en materia de Inmigración y Emigración, junto con la Ciudad Autónoma de Melilla, se traduce en que las dos ciudades encuentran un silencio absoluto en todas sus peticiones cuando se dirigen a la Secretaría General de Inmigración y Emigración, cuya máxima responsable es Marina del Corral. Esa sensación de desasosiego la llegó a transmitir la propia consejera de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad, Adela Nieto, cuando compareció el viernes para explicar la actual situación de los menores extranjeros no acompañados, al ser preguntada sobre si esperaba que por parte de la Secretaría General se aceptara la propuesta de una subvención para la construcción de la nueva residencia para los MENA. Su contestación fue totalmente negativa.
Y es que el contacto con la Secretaría General de Inmigración y Emigración es realmente un diálogo en una sola dirección, porque la sensibilidad que se muestra por parte de los departamentos ministeriales del Gobierno de Mariano Rajoy no llega hasta esta Secretaría General. La petición para la construcción del centro se ha cursado hace más de tres años y siempre han hablado de voluntad, pero nunca de una dotación presupuestaria, por muy pequeña que fuera la misma. Además, en la petición de otros asuntos tampoco encuentran ese cariño especial hacia los asuntos que se plantean desde el Área de Menores de la Ciudad Autónoma. Por ello, ahora que se quiere llegar más lejos e incluso pedir una mayor aportación económica por parte de ambas ciudades se ha decidido que era mejor ir a la responsable directa del departamento ministerial.

El PSOE denuncia que no se aplica el Plan Estatal de Vivienda

  • Los socialistas se preguntan “qué sucede con los programas” que no son utilizados


El PSOE ha denunciado que “en Ceuta no se están aplicando los programas del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas; tan sólo el programa de ayuda al alquiler, al que se destinan en torno a 245.000 euros”, por lo que se preguntan “qué sucede con el resto de programas”, considerando que “son oportunidades perdidas”.
El Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal para 2013- 2016, prorrogado un año más, establece ocho programas y ofrece subvenciones para el desarrollo de cada uno de los mismos.
En este sentido, los socialistas critican, “una vez más, la dejadez del Gobierno del Partido Popular», ya que “existen opciones marcadas por legislación estatal para regenerar el sector y ayudar a su revitalización, mientras que éste se encuentra prácticamente colapsado como consecuencia de un PGOU con una antigüedad de 25 años, y un proyecto nuevo en fase de elaboración que no termina de cuajar”.
Desde Daoiz hacen especial hincapié en que “el Ejecutivo de Vivas no está aprovechando numerosos instrumentos o herramientas que favorecerían a crear un valor añadido en el sector, creando también empleo, mientras que en otros territorios sí los tienen en consideración”.
Las ayudas previstas en el Plan consisten en subsidiaciones de préstamos convenidos y subvenciones orientadas a fomentar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler a sectores con dificultades económicas, al fomento de un parque público de vivienda de alquiler, a la rehabilitación de edificios y a la regeneración y renovación de zonas urbanas, a la implantación del informe de evaluación de edificios y al fomento de ciudades sostenibles y competitivas.
Por todo ello, el PSOE de Ceuta considera que “una de las grandes asignaturas pendiente del Gobierno de Vivas es la política de viviendas, a cuya gestión prestan prácticamente nulo interés, a pesar de la venta de titulares del consejero de Fomento”.
De otra parte el Grupo Parlamentario Socialista interpelará el martes por los retos que tiene en materia de vivienda el Gobierno a través del convenio con Fomento.