En los últimos días nos hemos enterado de varios sucesos graves acontecidos en el Hospital. Recalco lo de nos hemos enterado, porque en esta infraestructura sanitaria suceden muchísimos más casos que no llegan a trascender a la opinión pública. Un individuo con una hoz se coló para rematar a su víctima, otro logró entrar con un arma blanca pero huyó al ser detectado por los vigilantes de seguridad, un pistolero encañonó a un trabajador del 061, otro sujeto se coló para robar en la misma zona y a un médico le sustrajeron su ordenador… Todo esto en menos de una semana, tiempo en el que, a buen seguro, habrán sucedido más episodios. Debe ser que semejante cúmulo de situaciones entran dentro de lo normal para la Administración, debe ser que exponer a los profesionales sanitarios a estos delitos viene en el sueldo, debe ser que tener a unos vigilantes de seguridad expuestos en el primer filtro y solos ante el peligro es lo normal. No cabe sino otra explicación a la hilera de disparates que ayer soltó por esa boquita el director de Ingesa, Fernando Pérez-Padilla, quien se niega a reforzar la seguridad del centro para que éste no parezca una cárcel.
“No se puede tener como una prisión, con sistemas de seguridad que no son propios de un centro sanitario”, dijo. “Si entra un individuo con una pistola y encañona a un trabajador, aunque tuviésemos un víser, poco podríamos hacer porque cuenta con una defensa personal nada más”, añadió. Oiga pues va a ser que no. Va a ser que Ingesa tendrá que disponer de los medios suficientes como para que sus trabajadores y usuarios tengan garantizada su integridad física. No se trata de que el HUCE parezca o no una prisión, se trata de que haya garantías para que no se te cuele una persona con un arma blanca con la que pueda terminar agrediendo a quien quiera. Porque eso está pasando, no se trata del episodio de la hoz o de la pistola, se trata de que hoy por hoy Ingesa no está garantizando que una persona pueda entrar armada en una infraestructura de la que es responsable y en la que urge la colocación de los medios suficientes más allá de revisar los protocolos de prevención de actos violentos, algo que ya se tenía que haber hecho.
La seguridad no funciona en el HUCE, sus propios vigilantes están desbordados y expuestos a situaciones que no pueden controlar, sus trabajadores tienen que disponer de las garantías necesarias que superen una palabrería hueca que es a lo máximo que ha podido llegar un Pérez Padilla que, mejor, esta vez sí, debía estar callado.
Autor: Redacción
El quebradero del Tarajal
El tráfico de mercancías por el paso fronterizo del Tarajal se ha convertido en un inextricable jeroglífico sin solución aparente. La descripción de cuanto allí acontece es innecesaria. Inenarrable. Las autoridades (in)competentes se muestran perplejas e impotentes, a partes iguales, sumidas en una profunda depresión y sin saber muy bien qué hacer ante una realidad que consideran inabordable. El cierre provisional de Tarajal II (abierto hace una semana), para estudiar una mejor ordenación de las actividades, evidencia una espantosa falta de planificación que deja en muy mal lugar a la Delegación del Gobierno como principal responsable.
La respuesta oficial sobre el caos infernal que allí se ha vivido es la imposibilidad “material” de hacer frente una avalancha de porteadores imprevista (por el “efecto llamada”)en las condiciones materiales en las que los polígonos se encuentran. Pasan de este modo de ser culpables a ser víctimas. “Nadie puede hacer nada más de lo que se hace”. “No tenemos la culpa de la pobreza de Marruecos y del incesante aumento de residentes en el norte en busca de “el dorado” que supone el contrabando con Ceuta”. Estos argumentos, patéticos por simples, alivian su conciencia y los atornillan en el cargo.
Sin embargo, y como suele ser frecuente, las cosas no son así. No estamos ante una situación sobrevenida, sino ante el desenlace lógico de un proceso que sucedía ante nuestra mirada desde el soslayo, el sarcasmo o el exabrupto. Esta es la clave de todo este desastre. El PP nunca ha tenido claro qué quería hacer con los Polígonos del Tarajal. Y lo peor que se puede hacer en estas situaciones es dudar. Porque mientras se duda los hechos se siguen produciendo siguiendo su propia dinámica. Y cuando se quiere acordar, te ha atropellado irremediablemente. Desde hace ya demasiado tiempo, la corriente de opinión de “los polígonos hay que cerrarlos” habita con “mando en plaza” en la Delegación del Gobierno. “No generan empleo, gran parte de las naves están en manos de marroquíes, y son un foco de delincuencia de naturaleza diversa que contamina al conjunto de la Ciudad, además de dar una imagen deplorable de Ceuta” Opinando así, es complicado implicarse en buscar soluciones. En el discurso opuesto, desde el Gobierno de la Ciudad, se ponía el énfasis en la importancia del “volumen de negocio” que genera esta actividad y de las catastróficas consecuencias de su cierre. Si sumamos a esta discrepancia la dificultad de deslindar “competencias concurrentes”, y clarificar jurídicamente la ordenación y funcionamiento de los polígonos, ya tenemos la “tormenta perfecta”, que en política significa inhibirse irresponsablemente y que “salga el sol por Antequera”. Es ni más ni menos lo que ha sucedido. La Delegación del Gobierno se ha limitado a aplicar la ley del mínimo esfuerzo, desganada y sin convicción; y el Gobierno de la Ciudad, en una posición de seguidismo suicida, ha actuado como un monaguillo disciplinado contribuyendo al desastre.
Sólo desde esta óptica se pueden entender decisiones tan erráticas. Porque sobre esta cuestión se viene advirtiendo y reclamando iniciativas incesantemente por entidades e instituciones de toda clase y condición. En el ámbito político, la insistencia y persistencia de Caballas, por ejemplo, ha sido evidente. Todas las iniciativas se han saldado con un rechazo automático. Ya en el año dos mil once se planteó la creación de una Comisión para diseñar una actuación integral en aquella zona. Sólo se reunió una vez y nada de cuanto se dijo se cumplió. Se propuso la puesta en marcha de un Plan Urgente de Inversiones en el Tarajal. No. Se propuso la aprobación (consensuado con los empresarios con conflicto de intereses) de un “Protocolo de Funcionamiento de los Polígonos”. No. Se propuso la puesta en marcha de un Plan de Seguridad que incluía expropiar parte de las naves colindantes con la frontera y ensanchar el espacio disponible para el tráfico. No. Y lo que es mucho peor, se planteó la apertura del paso de Benzú para descongestionar el Tarajal. También No. En este caso, aduciendo una hipotética negativa de Marruecos expresada en la clandestinidad (poco creíble si tenemos en cuenta que Melilla tiene abiertos siete pasos fronterizos sin problemas).
La conclusión de tanto No, no podía se otra más que el caos monumental en el que estamos sumidos. Claro que, ahora, intentar ordenar a decenas de miles de personas cargadas con enormes fardos que tienen que pasar “sí o sí” en cuatro horas por un paso de ocho metros, transitando previamente por caminos de cabras (terraplenes sin asfaltar), delimitados con vallas de obra o cintas de plástico, con el concurso de cuatro agentes de policía, es imposible. Pero esta es la consecuencia de una política determinada, no una causalidad ni un futo del azar. Quienes nos han llevado hasta aquí deberían asumir su responsabilidad.
Pero el pasado no se puede rectificar. Llegado este punto es necesario dar respuestas a la situación actual. Y encontrar la mejor solución posible. Para ello es preciso que en el orden estrictamente político se asuman dos premisas por parte de todos los agentes implicados.
La primera de ellas es aceptar que no nos podemos permitir el lujo de “cerrar los Polígonos”. Todavía sigue demasiado extendida esta tesis (muerto el perro, se acabó la rabia), que perturba en exceso el debate. Existen cuatro razones suficientemente consistentes. Una. El flujo de mercancías que pasan por el Tarajal, según estimaciones fiables, se sitúa en torno a los quinientos millones de euros anuales, lo que supone una recaudación de impuestos muy importante para la Ciudad. Dos. Tendría un coste inasumible en términos de empleo (no sólo del directo, sino del indirecto), en una Ciudad que, no lo olvidemos, sigue instalada en unas cifras de paro escandalosas. Tres. Esta actividad genera rentas irregulares para un sector muy amplio de personas que viven de la economía sumergida. No podemos seguir siendo ingenuos, en Ceuta, en las condiciones en las que estamos, no se produce una revuelta social porque mucha gente “se busca la vida” recibiendo retribuciones (muy modestas pero que multiplican consumiendo en Marruecos) por hacer algún tipo de tarea en el Tarajal. Cerrar sin alternativas (que no tenemos) es como darnos un “tiro en el pié”. Cuatro. Esta actividad se ha convertido en un pilar básico de la economía del norte de Marruecos. Las “buenas relaciones”, que en realidad significa la dependencia de Marruecos para contener la inmigración y controlar el terrorismo, nos obligan a no “crear problemas al amigo”. El cierre supondría un conflicto de consecuencias imprevisibles que nadie quiere ni aconseja. Es lo que tiene la convivencia cuando deviene en simbiosis vital.
La segunda cuestión que es preciso asumir es que no es posible la aplicación rigurosa de las leyes en los polígonos del Tarajal. Cualquier planteamiento extremista en este sentido arruina por completo cualquier solución posible. Queda muy bien “retóricamente” blandir el “cumplimiento inexcusable y estricto de la legalidad vigente” como principio de actuación; pero desde un punto de vista práctico, esto no es más que una memez. Sencillamente porque las leyes españolas no están concebidas para una realidad tan peculiar como los polígonos del Tarajal. Por ello nos tenemos que mover en el terreno de la interpretación y la flexibilidad, de modo que “conservando el espíritu de las leyes” se puedan adoptar medidas eficaces. Dicho de otro modo, tenemos que encontrar el límite exacto de la flexibilidad. Este razonamiento es aplicable a todas las dimensiones del problema, pero de manera especial a quienes se tienen que ocupar de la seguridad en sus diversas modalidades. Desde la generosidad que demanda la dificultad de la situación, y desde la vocación de servicio público imbricada con el interés general, es preciso alcanzar un equilibrio en la distribución de funciones que sea justa, respetuosa con las condiciones laborales de los empleados afectados (públicos y privados), y, sobre todo, eficaz.
A partir de la asunción de estos dos postulados previos por parte de todos, es donde las decisiones políticas son insustituibles. Las administraciones (Delegación del Gobierno y Gobierno de la Ciudad) tienen la obligación, inexcusable, de poner a disposición de esta causa todos los medios necesarios, ya sean materiales, humanos o económicos. No valen remilgos ni coartadas. Las situaciones excepcionales (y esta sin duda lo es) requieren tratamientos excepcionales. Si esto no se entiende (o no se acepta), estamos condenados a otro fracaso. Una última consideración. Da la impresión de que todo el debate gira en torno a las medidas de seguridad; pero quizá oyendo y hablando con las personas adecuadas, por parte de las personas adecuadas, se puedan mejorar sustancialmente otros aspectos colaterales que probablemente tengan más incidencia de lo que parece. No se olvide nunca que la soberbia es el peor compañero de viaje de quien ostenta un cargo público.
Jueves 9 de marzo de 2017
Más hechos y menos palabras
Es cierto que con la celebración del Día Internacional de la Mujer se han multiplicado los premios que se entregan a las mujeres más ejemplares, ya sean por parte de administraciones, de sindicatos y hasta de asociaciones. Un día de reflexión, que al final, en muchas ocasiones, no se traduce en realidades concretas y palpables. Porque las buenas palabras pronunciadas todos los 8 de marzo se las lleve el viento esa misma jornada y luego quedan por delante otros 365 días hasta que nuevamente se vaya a conmemorar esa fecha reivindicativa. Es cierto que el papel de la mujer en la sociedad en los últimos 50 años ha experimentado un crecimiento que supera a muchos siglos de lucha por la dignidad. Sin embargo, la brecha por la igualdad plena y definitiva aún costará decenios el conseguirla. Ahora mismo, una de las lacras más importantes que merece una reflexión diaria son las muertes por violencia de género. En nuestro país, a lo largo de los poco más de 2 meses de este año 2017 ya son 16 las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o de sus antiguas parejas. Una espiral que, de seguir a este ritmo, en los casi diez meses que quedan para la Nochevieja podemos batir uno de los récords más negativos de esta sociedad que consideramos tan avanzada. Por supuesto, la base sobre la que se debe seguir construyendo la aún lejana igualdad real es la educación a todos los niveles. En definitiva, más hechos y menos palabras.
Antonio Miguel Carmona, mañana en Ceuta
El socialista Antonio Miguel Carmona visitará mañana Ceuta para ofrecer una intervención en la Biblioteca Pública a las 20.00 horas, después de las gestiones efectuadas por la asociación Búscome para que se desplace a la ciudad. Visitará Ceuta “para hablar de los nuevos retos del PSOE y poner en valor el legado socialista en unos tiempos donde más tenemos que aunar entre todos para acabar con unas políticas alejadas de lo social”. Estas declaraciones las ha hecho Sandra López Cantero, miembro del Comité Federal del PSOE, que ha sido una de las encargadas de organizar este encuentro “y así poder tratar cuestiones relativas a la importancia de hacer ver que somos un partido útil para la sociedad y que hemos sido creado para servir a la gente y a este país, tal y como se está comprobando con todas las iniciativas que se están llevando a cabo desde el Grupo Parlamentario Socialista”.
Según detalla la socialista, “el acto estará abierto para todas aquellas personas que deseen acudir a escuchar a Carmona, tertuliano conocido por sus intervenciones en los debate de la Sexta, entre otros programas y medios de actualidad. Además, es diputado por Madrid y número uno por ese territorio”.
López asegura que “este encuentro abierto a toda la ciudadanía no tiene nada que ver con la campaña de Susana. Recordemos que ella aún no ha anunciado su candidatura y que, aunque yo soy una de las socialistas que desea que dé el impulso y que cree que el PSOE necesita a una mujer como la presidenta de la Junta de Andalucía, Carmona a lo que viene es a dar el apoyo a los compañeros de Ceuta y a quienes sientan la necesidad de ser escuchado y plantear cualquier cuestión personal”.
CSIF insiste, al igual que CCOO, en el problema en Estadística
CSIF ha insistido en su queja por el funcionamiento en el negociado de Estadística, algo que ya criticó en su día y que ahora ha vuelto a cobrar relevancia pública por la denuncia efectuada por CCOO. “Se vuelven a repetir los mismos patrones en cuanto a la gestión de los recursos humanos tras las denuncias de empleados públicos por el trato recibido por sus jefes directos, la mayoría, con un decreto de adscripción de superior categoría accidental y en otros casos, personal político (activa o pasivamente). Hecho que se ha vuelto a repetir el viernes pasado tal y como ha denunciado CCOO”, expone el sindicato en una nota de prensa.
Desde el CSIF insisten en que “no vamos a permitir que se juegue con la salud de los empleados públicos y, mucho menos, el detrimento de la misma provocado por actitudes que pudieran derivarse por presuntos casos de acoso laboral, mobbing, violencia machista o acoso por razón de sexo”, insiste el sindicato. “Recientemente el CSIF ha creado a nivel nacional un gabinete cuyo objetivo es prestar asesoramiento, apoyo y ayuda desde varias orientaciones como son sindical, jurídico y psicosocial, el cual, ya lleva tiempo involucrado directamente en asuntos particulares de Ceuta como el denunciado recientemente”.
“Los responsables de personal no actúan con la objetividad y diligencia oportuna en hechos que podían derivar en un delito contra la salud de los trabajadores, hechos que sin duda, trasladaremos a la Inspección de trabajo o al juzgado”, advierten. CSIF pide además un protocolo de actuación ante los casos de mobbing o acoso en el trabajo.
En libertad los cinco detenidos por lesiones graves a dos MENA
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A uno lo tuvieron que evacuar a Sevilla con fracturas en la cara; a otro le rompieron la nariz
Los cinco jóvenes detenidos por la Policía Nacional por su presunta relación en las lesiones graves sufridas por dos internos del centro ‘La Esperanza’ quedaron ayer en libertad con cargos tras su puesta a disposición judicial sin que llegaran a prestar declaración ante su señoría. La Policía ha informado de su presunta relación en dos agresiones a MENA, quedando una sexta persona ya identificada por detener. De los cinco, hay tres que estarían implicados en las dos agresiones (el resto, en una u otra): la de un menor al que le causaron varias fracturas en la cara teniendo que ser evacuado a un hospital de Sevilla, estando a punto de perder la vista de un ojo, y la de otro interno al que le fracturaron la nariz. Los detenidos tendrán que responder de lesiones graves pero de momento no han ingresado en prisión.
Estas dos agresiones no son las únicas que se han registrado contra menores en los últimos quince días, ya que ayer se presentó una denuncia en la Jefatura Superior ya que a otro tutelado del centro le habían pegado y rajado la cara. El motivo de estos hechos delictivos se desconoce, pero de lo que queda constancia es de episodios en los que las lesiones causadas han sido brutales.
El primer caso se registró el 9 de febrero cuando se intervino en el HUCE a un menor que presentaba varios golpes en el rostro producidos con una barra de hierro. Le habían fracturado el pómulo pero además a punto estuvo de perder la visión del ojo izquierdo. Tuvo que ser evacuado al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla al requerir de una intervención en el rostro especializada. El 22 se producía la segunda agresión, esta vez dejando a un interno con la nariz rota. Y ayer la tercera, aunque esta no está vinculada, de momento, con las detenciones pero sí podrían tener relación con un intento de amedrentamiento a la víctima para que facilitara determinadas informaciones.
Amnistía Internacional pide a Zoido que frene las devoluciones
Amnistía Internacional ha pedido al ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que informe sobre las denominadas devoluciones en caliente de inmigrantes en las vallas de Ceuta y Melilla.
La expresión devoluciones en caliente se refiere a la expulsión inmediata de inmigrantes en el momento en que intentan pasar la valla, sin que a juicio de distintos colectivos se aplique la protección prevista por la legislación española y europea.
La organización ha reclamado también que se acelere la llegada a España de los refugiados que el Gobierno se comprometió a acoger y que se cambie el sistema de asilo actual, así como la creación de un órgano independiente para investigar posibles torturas policiales.
Una delegación de Amnistía Internacional encabezada por el director de la organización en España, Esteban Beltrán, se ha reunido con los titulares de Interior, Juan Ignacio Zoido, de Exteriores, Alfonso Dastis, y el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha informado la organización humanitaria.
En los tres encuentros AI ha presentado su agenda de derechos humanos y los tres interlocutores se han comprometido a mantener un diálogo sobre estos asuntos. La organización humanitaria ha subrayado la necesidad de acelerar la llegada de refugiados, ya que únicamente lo han hecho unos 1.100 de los 17.300 a los que se comprometió España.
Sanidad ve bien paralizar el expediente del campamento de niños diabéticos
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La decisión comenzó a analizarse cuando el Juzgado pidió toda la documentación
Sanidad considera una buena decisión el haber paralizado la tramitación del expediente que se abrió a raíz de la polémica que se generó con motivo de los sucesos ocurridos en el campamento para niños diabéticos, mientras se resuelva la demanda presentada por los padres y que se lleva en un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de nuestra ciudad.
La consejera de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad, Adela Nieto, ha reconocido que el expediente estaba prácticamente cerrado por su departamento autonómico, ya que los técnicos que han sido responsables de su instrucción habían terminado de recibir toda la documentación solicitada. La misma Ciudad Autónoma sabía que por parte de los padres se había presentado la demanda, pero cuando por parte del Juzgado se pidió el expediente ya entonces se valoró si era necesario o no la valoración. El informe de los técnicos ha ido en el sentido de que era mejor no tomar ninguna decisión definitiva hasta que no haya un pronunciamiento judicial y así se ha quedado.
La misma consejera señala que le gustaría que el próximo verano existiera una nueva edición de este campamento y para ello ya han mantenido contacto en varias ocasiones con la Asociación. Entiende que es una buena medida auspiciada por la Ciudad Autónoma destinada a estos pequeños ceutíes.
Los plenos aplazados de febrero serán los días 20 y 21 de este mes
Al final, la decisión tomada por la Mesa Rectora de la Asamblea ha sido que los plenos aplazados del mes de febrero tendrán lugar los días 20 y 21 del presente mes. Algunos partidos de la oposición habían solicitado su adelantamiento, pero el Partido Popular ha contestado que durante el jueve y viernes de la semana que viene visitarán Ceuta dos secretarios de Estados, los de Administración Territorial y de Defensa, con lo cual sería imposible. Por otro lado, destacar que las sesiones plenarias de marzo serán en las dos últimas jornadas, el treinta el de mociones y el 31 para el control de Gobierno. Por tanto, cuatro plenos en dos semanas seguidas. De esa manera, el pleno del Debate sobre el Estado de la Ciudad se dejará para después de Semana Santa.