La adjudicación es por 250.000 euros por una bolsa de 1.000 euros
El Gobierno no gasta medio millón de euros anuales en la seguridad privada para el Tarajal II, según ha indicado el presidente de la fase segunda de los polígonos del Tarajal, Bilal Dadi. Así lo han confirmado a esta redacción fuentes del propio Ejecutivo.
Bilal Dadi, dado que su polígono va a contar con el Plan de Seguridad, como aprobó su comunidad de propietarios, había ofrecido a la Ciudad que retirara el servicio de Eulen y que ellos se hacían cargo del control del paso de mercancías.
En concreto, lo que se licitó en su momento para dotar de seguridad privada por parte de Servicios Tributarios al Tarajal II fue un número determinado de horas, en concreto 1.000, para la prestación de esta necesidad y que se adjudicó por 250.000 euros a la empresa Eulen.
Resulta que por distintas circunstancias como las fiestas musulmanas o el cierre de entrada a los polígonos del Tarajal decretado por los empresarios, la mencionada bolsa de horas está completamente llena y mientras permanece cerrado el paso de mercancía, la Ciudad Autónoma no gasta ni un euro en abonar horas a la empresa Eulen.
Desde el mismo Ejecutivo del presidente Vivas siempre se ha manifestado que tienden una mano a los empresarios del Tarajal para intentar adoptar decisiones que les beneficien en su labor diaria.
El gerente de Amgevicesa, Antonio Díaz, ha terminado su declaración ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 que lleva la causa abierta en torno a la presunta trama del depósito judicial. Se mantiene su libertad con cargos, después de haber declarado durante más de una hora. Ya ayer lo hizo ante la Policía Judicial de la Guardia Civil. Se investigan los presuntos delitos de cohecho y prevaricación.
Díaz ha acudido esta mañana a los juzgados en compañía de su abogado Carlos García Selva para prestar la declaración en torno a la labor como cabeza visible de Amgevicesa en torno a los vehículos del depósito judicial.
De momento dos son las personas que están en prisión por este asunto, uno un depositario de vehículos y otro el que fuera delegado de la Gerencia Territorial en su día, al que la Guardia Civil detuvo en Sevilla.
Hasta ahora ya son 629 los alumnos inscritos en el Centro Universitario local
La UNED de Ceuta suma este curso 2017-2018 a su oferta académica el nuevo Grado de Criminología con especialidades en ciencias penales, criminología social o psicología de la delincuencia, una propuesta que ya cuenta con 26 matriculados en la ciudad autónoma según han detallado este martes en rueda de prensa el director y el secretario del Centro Universitario, Javier González y Enrique Ávila.
Derecho, Psicología, Trabajo Social y Educación Social, que vuelve a niveles de interés de “hace años”, vuelven a ser las titulaciones más demandadas entre la oferta académica local, que incluye 26 Grados del Espacio Europeo de Educación Superior, once combinados, 65 Máster, 18 programas de Doctorado, más de 600 cursos de formación permanente, de idiomas y de acceso a la Universidad para mayores de 25 ó 45 años.
Aunque la matriculación no se cierra hasta el 13 de noviembre, hasta ahora ya son 629 los alumnos inscritos en el Centro Universitario local, que dispone de 80 profesores-tutores presenciales y cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de euros, 1,05 procedentes de la Ciudad Autónoma y el resto de los Servicios Centrales de la UNED.
González ha explicado que la «prioridad» del Centro Universitario seguirá siendo dar la mejor atención al alumnado, para lo que se incidirá en el equipamiento de las aulas (mobiliario, medios técnicos…) y la Biblioteca, así como en las actividades de Extensión Universitaria y en la colaboración con otras insttuciones y universidades para ampliar la «proyección exterior» de la UNED de Ceuta.
En idiomas, el CUID ofrece formación en 14 lenguas distintas, presencial en Ceuta en Inglés, Francés, Árabe y Español para Extranjeros y a distancia en el resto de idiomas cooficiales del Estado, Ruso, Chino, Italiano, Alemán, etcétera.
El campo de Extensión Universitaria volverá a incluir este curso propuestas consolidadas como las Jornadas Jurídicas o las de Geopolítica y Geoestrategia, así como el II Congreso de Movimientos Migratorios, Cursos de Verano y presentaciones de libros y conferencias sobre temas de actualidad.
Están entrando a Ceuta las personas que cuentan con permiso de trabajo
La frontera ha reabierto después de varias horas de cierre con colapsos de vehículos a uno y otro lado. En estos momentos están entrando en Ceuta los conductores que tienen permiso de trabajo, el resto aún tiene que esperar para cruzar la frontera. El tránsido de vehículos sí se ha normalizado en dirección a Marruecos.
Vehículos cruzando la frontera. Quino
Una mañana más se producen estos colapsos en el puerte internacional, con cortes intermitentes que desesperan a quienes quieren pasar a uno u otro lado con su vehículo.
Antonio Díaz, llegando a los juzgados. Foto: J. Armuña
El gerente de Amgevicesa, Antonio Díaz, presta declaración en estos momentos ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 en el marco de la operación seguida en torno a una presunta trama sobre el depósito judicial.
Díaz ha llegado a las dependencias judiciales poco más de las nueve de la mañana acompañado por su abogado, Carlos García Selva.
El caso permanece bajo secreto de sumario ahora y antes, durante todo el tiempo que ha permanecido investigando la Benemérita. Díaz quedó ayer libre bajo la advertencia de declarar hoy ante Su Señoría y su detención se añade a las otras tres que fueron practicadas la semana pasada, que se han saldado de momento con el que fuera delegado de la Gerencia Territorial de Justicia entre rejas así como un depositario de vehículos. Mientras, un administrativo de ese mismo depósito quedó en libertad con cargos.
En la operación llevada a cabo por la Guardia Civil se está investigando la presunta existencia de una trama en torno a los vehículos que estaban en el depósito de Benzú, que funcionaba como judicial. El proceso investigador sigue un hilo conductor muy concreto que pasa por saber qué recorrido llevaban los vehículos del depósito una vez desde la Gerencia se comunicaba a Amgevicesa que ya no estaban a disposición del juez; la sociedad municipal era la encargada de ordenar, tras recibir el expediente de la Gerencia, que al ser un residuo sólido urbano se llevara a la planta de un depositario. Es aquí en donde se investiga qué pasaba finalmente con ese vehículo, si terminaba destruido o, por contra, podía caber la existencia de una presunta venta del coche completo o por piezas.
Hay casos que han sido denunciados de personas que cuando quisieron recuperar sus vehículos estos ya no estaban en el depósito, teniendo que ser indemnizados. Con la famosa ‘Operación Marina’ hubo desaparición de cuantiosas piezas de las semirrígidas intervenidas.
En 2012, el depósito de Benzú dejó de funcionar como judicial, después de que la propia Administración de Justicia hubiera advertido en una instrucción de la presentación “de forma sistemática” de facturas por depositarios de vehículos que “con atento de oficio” eran remitidas al gerente para su pago.
Ya se cuenta con la nueva prisión de nuestra ciudad. Recordaba ayer, en su discurso, el presidente de la Ciudad Autónoma que el camino sería largo, pero otras valoraciones en torno a la repercusión que tendrá en el sector económico de nuestra ciudad aún están por ver. Está muy claro que, desde luego, el salto cualitativo será tanto para los internos de la prisión como para los funcionarios, dado que no hay nada tiene nada que ver la vida que llevaban en el centro de Los Rosales con la que se podrá ejecutar en Fuerte Mendizábal. Será como el día y la noche. Desde luego, otro punto que será esencial será que muchos internos de Ceuta que están cumpliendo sus penas en centros peninsulares podrán solicitar el hacerlo en Ceuta, con sus consiguientes ventajas y además sin necesidad que sus familias deban realizar unos desplazamientos costosos y además largos en algunas ocasiones. Y una última reflexión en relación con la inauguración del nuevo centro penitenciario. Confiemos en que no haya muchos problemas burocráticos para que por parte del Estado se ceda a la Ciudad Autónoma el solar de la antigua prisión para que el Gobierno pueda continuar con su política de infraestructuras necesarias para Ceuta.
Aróstegui critica la “incompetencia” del Ejecutivo de Vivas para resolver un tema “enquistado” durante meses
Un año y medio después de que el Gobierno de la Ciudad diese por cerrado y en vías de desalojo “en dos o tres meses” el depósito municipal de Benzú, barriada a la que se prometió la construcción en ese solar de viviendas y equipamientos sociales, la zona sigue mostrando “exactamente la misma imagen, si no peor, que antes de la enésima muestra de incompetencia del Gobierno del PP, que no solo no ha sido capaz de vaciar el depósito sino que mantiene un servicio sin contrato y está atrapado por la adjudicación de otro a una empresa que ahora ha ‘secuestrado’ los vehículos que se el encargó guardar hasta que cobre”, según lamentó ayer Caballas.
La Ciudad Autónoma tiene alrededor de un millar de automóviles amontonados en Benzú y en Parques de Ceuta, donde una empresa acoge a unos 200 tras recibir un contrato menor para tres meses que suplió a la carrera la instrucción de llevarlos a ‘Hidalgo’, judicializada.
Según criticó ayer Juan Luis Aróstegui en declaraciones a ‘El Faro’, el Ejecutivo local “todavía no ha sido capaz de resolver la licitación para la retirada, transporte, almacenamiento, tratamiento, descontaminación y tramitación de la baja administrativa de los vehículos abandonados en Ceuta, servicio adjudicado primero a una empresa [‘Loycat’] que al final no cumplía los requisitos y paralizado después a la espera de si la otra licitadora [‘Ibermad’] sí lo hace, que parece que tampoco”.
En paralelo, “el adjudicatario del contrato menor parece negarse a permitir la salida de los automóviles cuya custodia se le encargó mientras la Ciudad no pague el servicio prestado, con el consiguiente incremento de la factura a abonar”.
A juicio del diputado se trata de “una muestra más de la incompetencia del Gobierno del PP para gestionar cualquier asunto” que ha dejado “un depósito saturado, un servicio sin contrato, un reguero de mentiras al vecindario de Benzú, nuevos problemas administrativos y un final incierto que no nadie sabe ni cuándo ni cómo llegará a algún desenlace”.
Alrededor de 600 vehículos retirados al año
En Ceuta se registra una media anual de 610 vehículos recogidos de las vías públicas, de los cuales más del 80% acaban en manos del gestor de residuos abandonados de turno y el resto retirados por los propietarios, según las estadísticas oficiales. El concurso inconcluso para la adjudicación del servicio de retirada, transporte, almacenamiento y descontaminación de ese tipo de coches debía tener un espacio para acoger a al menos 150 simultáneamente.
El relevo de González Miaja al frente del SUP garantiza un trato “cercano, riguroso y serio” con una sede “abierta a todos los compañeros”. Su Ejecutiva “aúna diferentes corrientes”
Esteban Rodríguez es el nuevo secretario territorial del Sindicato Unificado de Policía (SUP) que releva en el puesto a Jesús González Miaja después de su V Congreso. Su candidatura fue la única en concurrir aunque la Ejecutiva “ha intentado aunar a diferentes corrientes o formas de ver el sindicalismo” en la que han alcanzado “muchos acuerdos” que quedaron constatados con una “votación que rozó el cien por cien”. Rodríguez dio a conocer los propósitos de su mandato y que la Ejecutiva ya ha comenzado a trabajar en su consecución.
–¿Cuáles son los objetivos del SUP para los próximos años?
–Una de las primeras premisas es que vamos a tratar a los compañeros con rigor y seriedad. No olvidemos que somos profesionales de la Policía Nacional y muchos de nosotros, o casi todos, estamos en nuestros puestos de trabajo. Queremos dar un trato cercano. Hemos valorado la proximidad que consiste en visitar todos los servicios y compañeros que realizan distintos turnos. Sabemos que necesitan sentir nuestro apoyo y cercanía. Nosotros somos la cabeza visible, pero el sindicato es de todos los compañeros y afiliados
–¿Cómo valora la gestión de su predecesor?
–Hemos mantenido muchas reuniones con ellos con Jesús González Miaja y hemos analizado todos los documentos que se han dejado en la sede. Es cierto que ha presentado un informe de gestión con una memoria. Esta memoria de gestión habla por sí sola: El SUP es el único sindicato que ha llegado hasta el final en la defensa de los compañeros. Se ha llegado incluso a realizar varios contenciosos. Por eso, nuestra secretaria general Mónica Gracia, agradece a Jesús que nunca se haya doblegado y siempre ha mantenido un paso firme. Se ha podido equivocar en cosas, como evidentemente a nosotros nos va a pasar en estos años, pero sí que ha sido leal al sindicato. Un hecho que lo demuestra es que, en la transición o el cambio, en todo momento nos ha favorecido, nos han presentado todos los documentos que le hemos requerido. Como nueva Ejecutiva, le damos las gracias y queremos que los compañeros sepan, como he dicho en reiteradas ocasiones, que la sede está abierta a todos los compañeros y afiliados.
Jesús no ha querido tampoco dar muchos datos de los contenciosos por salvaguardar la intimidad y por lo expresado por los compañeros que están inmersos en esos procesos, pero sí que podemos decir que se ha ganado cantidades importantes. En total podemos decir que unos 65.000 euros. También he trabajado para compañeros que se han jubilado.
–Una de sus reivindicaciones históricas es la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos.
–El SUP es uno de los pioneros en la reivindicación salarial. Íbamos a traer un cartel en el que viene la cantidad reclamada en pesetas (risas). Bien es cierto que ahora estamos todos los sindicatos unidos para que reconozcan la labor que hacemos y que no caiga en el olvido. El Ministerio del Interior, en principio, ha recibido todas nuestras cartas pero esta vez no queremos excusas, que no digan que no hay dinero, que dentro de los Presupuestos que seguramente saldrán adelante en enero, no hay cabida para estas cantidades. Porque, si es así, les podremos remitir a los 56.000 millones de euros que se han utilizado para el rescate bancario, etcétera… Queremos que sean conscientes del momento que estamos viviendo, que sean conscientes de la labor que hace la Policía Nacional y la Guardia Civil. En diferentes manifestaciones que se han dado en estos días, la ciudadanía ha dado un apoyo un anime estos cuerpos, ha vitoreado a los agentes. Es un apoyo social, es una realidad.
–¿Cómo ha afectado la disminución de efectivos en Ceuta?
–Esta reducción se debe a la jubilación de 10.000 compañeros en los últimos años, decía nuestra secretaria general, y las nuevas promociones han sido de 300, es decir, en absoluto se ha cubierto lo que necesitamos. Esto está pasando en toda España, no solo en Ceuta, y la repercusión está recayendo en el ciudadano. La presencia policial en la labor preventiva es muy importante y, como todos sabemos y se está notando, no hay los efectivos que deberían haber en ciertos lugares. Es un tema que estamos sufriendo y queremos que se solucione por el bien de todos.
–¿Debemos sentirnos inseguros?
–El ciudadano tiene que estar tranquilo. Los compañeros de todo el territorio nacional son profesionales que no dudan en poner más de su tiempo para prestar los servicios que se les está requiriendo. Hay que aplaudir a todos los compañeros de Ceuta que están haciendo un esfuerzo porque, al fin y al cabo, son quienes están velando día y noche por nuestra seguridad.
–¿En qué estado están los medios que usan en su puesto de trabajo?
–Vamos a mantener diferentes reuniones con la Jefatura Superior y otros entes. Aunque sí que las furgonetas que utiliza la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) son vehículos que tienen una antigüedad de 10 años, que no están en condiciones para realizar el servicio encomendado. Sabemos que hay unas nuevas que ya están circulando por Madrid, que son unas Opel que no llegado Ceuta, y estamos esperando porque, la verdad, es algo que se necesita y que es muy urgente.
En cuanto a los chalecos antibalas, es un tema que se está empezando a reponer en Ceuta. Es cierto que no hemos llegado todavía a cubrir todas las necesidades, pero sí que hubo un inicio. En tema de cascos y demás material antidisturbios, sí que estamos requiriendo para los compañeros que prestan servicio en lugares puntuales que tengan un material adecuado para la circunstancia en la que se van encontrar y el lugar donde van a prestar servicio.
Nosotros pedimos los medios porque queremos trabajar en las mejores condiciones y porque los compañeros nos piden lo que necesitan, ya que quieren hacer uso de ellos y así dar el servicio de la manera más adecuada a la demanda.
–¿Qué seguridad jurídica tienen los policías en el ejercicio de la profesión?
–Todos los sindicatos tienen un gabinete jurídico y unos seguros que cubren a los compañeros. Pero nosotros hemos hablado, en multitud de ocasiones, que no se trata solo de sino de que la Administración defienda a los agentes. Son compañeros que realizan su labor dentro de la Administración y sabemos que tiene abogados del Estado. La Administración, al fin y al cabo, tiene que velar por el policía porque la defensa que requiere es de actos que está realizando dentro de su trabajo. Sí que el sindicato tiene sus armas para poder defender a los compañeros, pero queremos y pedimos que la administración se implique. Tiene que defender al policía.
“Por el uso de un revolver del 38 hay un 50% de víctimas; por el del taser, está en el 1 con algo”
Esteban Rodríguez, en el V Congreso Territorial del SUP. Archivo
La situación de la frontera ocupó parte del discurso que el nuevo secretario territorial del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Esteban Rodríguez, ofreció la semana pasada tras su elección en el V Congreso.
–¿Qué medidas pueden adoptarse de forma inmediata sin tener que esperar a la reforma de la frontera?
–Los compañeros están trabajando allí bajo una enorme presión. Creemos que es cuestión de entendimiento y de planificación entre todos los intervinientes en el lugar. Puede que tengamos que indicar diferentes carriles para tránsito, mercancía, personas que vienen a trabajar a Ceuta… Pero lo que está claro es que los compañeros están haciendo un esfuerzo importante. Están dándolo todo y solo pedimos que haya un diálogo y un entendimiento entre las administraciones.
–¿Qué diagnóstico hace el SUP de la situación fronteriza?
–Precisamente lo dijimos en nuestro discurso inicial. Hay un problema ahí, latente, de un flujo de personas que ha ido aumentando en los últimos años. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que es un problema que tienen que resolver entre dos países. Si tienen un protocolo igual que en otros sectores, como en el de la pesca u otros ámbitos, pues hay que desarrollarlo. No podemos permitir que en el siglo que estamos ocurra lo que está ocurriendo en la frontera. No solo se trata de medios personales, se necesitan medios materiales y, sobre todo, entendemos que se necesita diálogo y entendimiento entre las partes implicadas, entre dos países que colaboran en otros ámbitos. En el tema de la frontera tiene que ser igual. Se trata de limitaciones, no de prohibiciones. Y que la seguridad sea efectiva.
–En el caso de la administración española, ¿los agentes entienden que la Delegación del Gobierno hace todo lo posible para poner esos medios a su alcance?
–Los compañeros nos comentan que falta algún medio, pero el Ministerio del Interior no hace mucho tiempo ha tomado nota y se ha hecho un estudio para la ampliación del puesto fronterizo. Estamos esperando y según la respuesta que dé el Ministerio, actuaremos en consecuencia.
–En Cataluña, ¿la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen que resolver aquello que no han conseguido los políticos?
–En la aplicación del artículo 155, habrá que esperar acontecimientos porque es todo muy reciente. Los compañeros de la Policía Nacional y la Guardia Civil han tenido un papel fundamental. Somos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y tenemos que velar por la legalidad y el cumplimiento de la Constitución. Vamos a seguir protegiendo a los ciudadanos y, desde los sindicatos, daremos el apoyo que hemos mostrado desde el principio a los agentes. Nos hemos desplazado a Barcelona y hemos estado a su lado para la asesoramiento legal y todo lo que necesiten. Nuestra secretaria general, gran parte del tiempo que estuvo en Ceuta, estuvo preocupada por los compañeros red, realizando llamadas telefónicas, interesándose por cómo están en todo momento y que no tengan duda de que vamos a seguir en ello.
–¿El SUP considera que Hacienda persigue a los agentes sancionados por presuntamente incumplir el tiempo de residencia para beneficiarse de las ventajas fiscales?
–No vamos a criticar a la Agencia Tributaria y su gestión. Hay sentencias en las que la prueba de cargo parece que la tienen que demostrar los compañeros. Unos funcionarios que trabajan en Ceuta, realizan sus servicios aquí, gastan en la ciudad autónoma y, en su tiempo libre, cogen el barco y salen a la Península por temas personales, como visitar a la familia. O por cuestiones que ellos creen conveniente. Quizá deberíamos de tratar ese tema, quizá una modificación en los días. Pero los compañeros lo único que están haciendo es trabajar en Ceuta y estar empadronados aquí.
–¿Son partidarios del uso de la pistola eléctrica o taser?
–Nosotros hemos demandado que se pongan como dotación. Existe un estudio de los Mossos d’Esquadra que dice que su utilización puede ser beneficiosa para la labor policial. Hemos vivido no hace mucho un altercado en la frontera de Melilla, donde podemos valorar si el uso de estas pistolas eléctricas, bien por la proyección de los dardos que desprenden o por las que son dentadas, podrían haber sido utilizadas para dar una respuesta proporcional. Además, está en el reglamento de armas donde están los sprays. Sabemos también que hay estudios en contra que dicen que habido alguna muerte en algún país. Nos hemos interesado, hemos mirado estadísticas y por la utilización de un revólver del 38 hay un 50 por ciento de víctimas; y por la utilización de estas pistolas está en el uno con algo. Hay que adecuarlo y, si vemos que es beneficioso para la labor de los compañeros, pues tendremos que utilizarlas e incorporarlas a la dotación policial.
–¿Considera urgente contar con una nueva Jefatura Superior?
–Entendemos que sí, que la ubicación tiene que ser céntrica para que los ciudadanos tengan accesibilidad porque somos un servicio público. Si en las instalaciones se unificarán servicios, todo sería más fácil para el desarrollo de la labor de los compañeros.
Tras la petición de cese en su cargo de gerente de Amgevicesa por parte del PSOE y de MDyC, hubo una reunión oficial en Presidencia optándose por mantener su puesto ante “lo secreto” del procedimiento
Pasadas las 8.00 horas, el gerente de Amgevicesa, Antonio Díaz, cumplía con la orden girada por la Policía Judicial de la Guardia Civil de presentarse junto a su abogado, Carlos García Selva, para declarar en el marco de la operación seguida en torno a una presunta trama sobre el depósito judicial. Allí, en las dependencias de la Unidad Orgánica de PJ, quedó detenido y prestó declaración para, casi tres horas después, abandonar el viejo cuartel de Hadú por una puerta trasera, mientras los medios de comunicación permanecían apostados ante la entrada principal. Hoy tendrá que prestar declaración ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2, que es la que asume esta causa en la que se investigan diversos delitos de prevaricación y malversación, entre otros.
El caso permanece bajo secreto de sumario ahora y antes, durante todo el tiempo que ha permanecido investigando la Benemérita. Díaz quedó ayer libre bajo la advertencia de declarar hoy ante Su Señoría y su detención se añade a las otras tres que fueron practicadas la semana pasada, que se han saldado de momento con el que fuera delegado de la Gerencia Territorial de Justicia entre rejas así como un depositario de vehículos. Mientras, un administrativo de ese mismo depósito quedó en libertad con cargos.
En la operación llevada a cabo por la Guardia Civil se está investigando la presunta existencia de una trama en torno a los vehículos que estaban en el depósito de Benzú, que funcionaba como judicial. El proceso investigador sigue un hilo conductor muy concreto que pasa por saber qué recorrido llevaban los vehículos del depósito una vez desde la Gerencia se comunicaba a Amgevicesa que ya no estaban a disposición del juez; la sociedad municipal era la encargada de ordenar, tras recibir el expediente de la Gerencia, que al ser un residuo sólido urbano se llevara a la planta de un depositario. Es aquí en donde se investiga qué pasaba finalmente con ese vehículo, si terminaba destruido o, por contra, podía caber la existencia de una presunta venta del coche completo o por piezas.
Durante casi tres horas estuvo prestando declaración Díaz en la Comandancia, a donde llegó con su abogado y con documentación con la que pretendía demostrar sus versiones en torno a las preguntas cursadas por los componentes de la Unidad Orgánica de PJ. Foto: Marfil
Hay casos que han sido denunciados de personas que cuando quisieron recuperar sus vehículos estos ya no estaban en el depósito, teniendo que ser indemnizados. Con la famosa ‘Operación Marina’ hubo desaparición de cuantiosas piezas de las semirrígidas intervenidas.
En 2012, el depósito de Benzú dejó de funcionar como judicial, después de que la propia Administración de Justicia hubiera advertido en una instrucción de la presentación “de forma sistemática” de facturas por depositarios de vehículos que “con atento de oficio” eran remitidas al gerente para su pago.
Tras la declaración de Díaz ante la Policía Judicial se informó de todo lo ocurrido a quien es su inmediato responsable político, el consejero de Gobernación, Jacob Hachuel. Horas después, ya de tarde, se organizó una reunión de urgencia en el despacho de Presidencia con la presencia del propio Díaz, su abogado, Hachuel y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas. Mientras partidos como PSOE y MDyC habían cursado ya públicamente sus peticiones de cese, Vivas optó por ‘aferrarse’ al secreto de sumario después de escuchar la versión de Díaz y ante el escaso conocimiento sobre la operación en curso que pudiera tener. Así, de momento, la petición de cese de algunos partidos de la oposición (Caballas y Cs no se han posicionado públicamente) queda congelada.
Desde el PSOE, han exigido a Vivas que cese “ipso facto” a Díaz porque “ una persona en libertad con cargos no puede permanecer ni un minuto más en un cargo de confianza”. El PSOE expone que “la presunción de inocencia que defiende nuestra legislación queda garantizada” pero al margen de esto queda “la responsabilidad política”. “Los cargos públicos que sean investigados por casos de presunta corrupción no pueden permanecer ni un segundo más en sus puestos”, añadió la formación. “No es el primer caso que sucede en su partido en esta legislatura”, apostilló.
Por su parte MDyC se sumó a esa petición al considerar que es “incompatible” cualquier cargo público con “el estar investigado/imputado en un proceso en el que se presuponen delitos de corrupción política”.
“Desde nuestra creación hemos exigido la asunción de responsabilidades por los implicados en este tipo de delitos, anteponiendo la presunción de inocencia de los investigados, es necesario separar de inmediato a los cargos de designación directa cuando se les investiga por delitos de corrupción política. Y más aún cuando esos investigados son cargos electos, a quienes hay que exigirles automáticamente el puesto para el que fueron elegidos”, reseñó la formación que encabeza Fatima Hamed.
Dos expedientes de Amgevicesa en el punto de mira
La acusación a Antonio Díaz por parte de la Guardia Civil se basa en la tramitación de dos expedientes realizados por Amgevicesa para declarar los vehículos depositados en Benzú como residuos sólidos urbanos. Según ha podido conocer esta redacción, era la Gerencia Territorial de Justicia la que enviaba a la sociedad municipal una relación de los automóviles que debían figurar en esa tramitación y Amgevicesa se limitaba a cumplir con lo solicitado. Como paso previo se publicaba en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta para que los interesados se personaran en el expediente.
En el primero de ellos nadie acudió, a partir de entonces fue la propia Gerencia la que se encargó de sacar los automóviles del depósito de Benzú. En la empresa municipal desconocen absolutamente que pasó con estos coches, ya que entendían que su única obligación era la tramitación como residuo sólido urbano porque es una competencia directa de la Ciudad, tal y como ayer explicaron fuentes de toda solvencia a este medio, siendo lo que se trasladó en las manifestaciones ofrecidas.
Los problemas vinieron con el segundo expediente, dado que comenzó la tramitación y se publicó en el BOCCE para que los propietarios se personaran si entendían que continuaban teniendo derechos sobre estas propiedades. Pero en Amgevicesa se dieron cuenta deque uno de esos coches estaba cedido a una unidad operativa de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Entonces, se decidió su freno y no se llegó a ejecutar.
Fuentes de la Ciudad han manifestado que cuentan con todo el listado de los automóviles que solicitó la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia para que fueran declarados residuos y que estas pruebas han sido presentadas por la Defensa de Antonio Díaz durante la declaración que realizó en la mañana de ayer ante la Benemérita.
Este periódico ha podido conocer, siempre según fuentes oficiales, que la declaración de vehículos como residuo sólido urbano también fue utilizado en su momento por la propia Ciudad Autónoma para poder retirar automóviles abandonados en la calle.
Es ahora cuando el propio Díaz deberá responder a las preguntas que se le formulen en el juzgado para, después, saber ya el estado en que queda.
