Diez senadores estudian a puerta cerrada las medidas del 155

  • Todos ellos forman parte de los 27 miembros de la comisión conjunta conformada para tramitar las medidas propuestas por el Gobierno


La ponencia de diez senadores encargada de estudiar las medidas acordadas por el Gobierno contra la Generalitat de Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución se reúne hoy a partir de mediodía, a puerta cerrada, para estudiar posibles alegaciones y modificaciones a las propuestas del Ejecutivo.

El plazo para que la Generalitat presente sus alegaciones, excluida la asistencia del presidente de esta institución, Carles Puigdemont, concluye a las diez de la mañana, y para dos horas más tarde está prevista la reunión de la ponencia, cuyos miembros fueron designados el miércoles por la comisión «ad hoc» que tramita el 155.

Se trata de tres senadores del PP, su portavoz en la Cámara Alta, José Manuel Barreiro, junto con Javier Arenas y Xabier Albiol; dos del PSOE, su portavoz Ander Gil y María Luisa Carcedo; y uno de Unidos Podemos, Miren Gorrochategui,

También trabajan en este mismo grupo el portavoz del PNV, Jokin Bildarratz, Josep Lluís Cleries por el PDeCAT, Miquel Àngel Estradé, de ERC, y Francisco Yanguas, de UPN, este último en representación del grupo Mixto.

Todos ellos forman parte de los 27 miembros de la comisión conjunta conformada para tramitar las medidas propuestas por el Gobierno y que para poder aplicarse necesitan la autorización de la mayoría absoluta del Senado.

Los grupos que quieran modificar las medidas sólo podrán hacerlo a partir de las alegaciones de la Generalitat o mediante enmiendas «in voce» presentadas sobre la marcha en la ponencia


Pero antes de que la Cámara las debata y vote en la sesión extraordinaria convocada para mañana viernes a las diez de la mañana, tienen que pasar por la comisión y la preceptiva ponencia.

Eso sí, los grupos que quieran modificar las medidas sólo podrán hacerlo a partir de las alegaciones de la Generalitat o mediante enmiendas «in voce» presentadas sobre la marcha en la ponencia.

Si no consiguen que prosperen los cambios que quieran introducir, ya tendrán que esperar a hacerlo el viernes, mediante votos particulares que se discutirán en el pleno.

Concluidos sus trabajos, la ponencia emitirá un dictamen que pasará a la comisión conjunta, prevista para las cinco de la tarde de hoy, y con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, encargada de justificar la decisión del Gobierno de aplicar el artículo 155 por primera vez en democracia.

A falta de que se cierre la ordenación del debate en una comisión presidida por el propio presidente de la Cámara, Pío García-Escudero, está previsto que además de Santamaría también intervenga un representante de la ponencia para presentar su dictamen sobre la propuesta gubernamental.

Después habrá turnos a favor de los grupos que apoyen las medidas y en contra, por parte de los que las rechacen, a los que seguirán otros turnos para que los portavoces de los siete grupos parlamentarios que hay en la Cámara Alta puedan fijar posición.

Habrá una votación y después la comisión «formulará propuesta razonada sobre si procede o no la aprobación solicitada por el Gobierno, con los condicionamientos o modificaciones que, en su caso, sean pertinentes en relación con las medidas proyectadas», según establece el artículo 189.4 del Reglamento.

A partir de entonces los grupos dispondrán hasta las 9,30 horas de mañana viernes, media hora antes de que comience el pleno, para presentar sus votos particulares al documento, equivalentes a enmiendas parciales, que se defenderán y votarán en la sesión plenaria que autorizará al Ejecutivo a aplicar sus medidas en función del artículo 155 de la Constitución.

Cs instará al Gobierno a implantar medidas dirigidas a alfabetizar

  • Tildan de “inaceptable” las cifras de personas que no saben leer ni escribir


Ciudadanos instará al Gobierno en el próximo Pleno a que, con el objetivo de generar la necesidad personal de alfabetizarse y reducir contundentemente los porcentajes de analfabetismo en Ceuta, se establezca como requisito mínimo e imprescindible para participar en los Planes de Empleo el saber leer y escribir.
El grupo político terminó los plenos del pasado mes de septiembre poniendo sobre la mesa este problema. “Con más de 40 años de escolarización obligatoria y gratuita en nuestro país no podemos admitir la realidad de Ceuta, por más oculta que se quiera que esté”, apuntan.
Para Ciudadanos es “inaceptable” que existan entre 10.000 y 15.000 personas que no saben ni leer ni escribir en la ciudad y recuerdan que el analfabetismo se traduce en “marginalidad, pobreza y dependencia. Supone no estar capacitados para resolver con autonomía situaciones de la vida cotidiana como rellenar un impreso o una solicitud, comprender una factura o un contrato, leer un anuncio o una etiqueta o, incluso, ser capaz de identificar el número del turno de una cola”.
Insisten en que a día de hoy no saber leer ni escribir aboca a la “marginalidad e imposibilita una mínima integración. Supone terminar viviendo en una sociedad paralela en completa dependencia”. En esta situación, comentan, se encuentra más del 10% de la población ceutí.
Desde el partido de la oposición aluden a la existencia de medios a disposición de la ciudadanía adulta para alfabetizarse así como para obtener todo tipo de cualificaciones académicas. “Como Asamblea nos compete generar la necesidad de hacerlo. Nuestra obligación, ante esta situación, es impulsar políticas para el desarrollo individual y social”.
Por todo ello, desde Ciudadanos proponen iniciar políticas activas contundentes que tengan por objetivo erradicar el analfabetismo existente en el plazo más corto. Entre los resortes para generar demandas activas de alfabetización Cs apuesta por los Planes de Empleo. “Todos conocemos las fuertes expectativas que concentran, sobre todo entre los demandantes de empleo menos cualificados que, a su vez, son los que concentran los porcentajes más elevados de analfabetos”. Es por ello que insisten en el objetivo de incentivar a quienes tienen que alfabetizarse y también a quienes lo han hecho ya.

Un punto de inflexión

Ceuta es una Ciudad muy poco proclive a la reflexión. Siempre está secuestrada por la urgencia. Carecemos de voluntad, experiencia y condiciones para pensar colectivamente sobre los fundamentos de nuestro proyecto de vida en común. Por ello, en realidad, nunca sabemos bien lo que queremos. Nos limitamos a afrontar los hechos consumados, con más o menos fortuna, y nunca desde posiciones políticas maduradas, sino improvisando decisiones como consecuencia de extraños procesos de litigios entre intereses particulares dispares e inmediatos. Es necesario opinar y debatir con la mirada en el horizonte. Desde perspectivas todo lo diferentes que se quiera; pero con calma, sinceridad, ánimo constructivo e intereses comunes. Pero no sabemos hacerlo. No hemos conseguido aprender. Aquí el espacio de opinión solo sirve para escarnecer al oponente cuanto antes mejor. Es una pena.
La consecuencia de esta gravísima enfermedad social, es que estamos condenados a vivir en un estado de permanente frustración. Nos movemos entre la nostalgia y la utopía (ambos sentimientos estériles), combinando desesperación e indignación; pero sin saber nunca cual es el camino que deberíamos seguir.
Desde hace algún tiempo (siempre es difícil datar dinámicas sociales, pero podemos hablar de diez años), Ceuta se encuentra sumida en un proceso de redefinición. Son muchos los factores que configuran el andamiaje social que han experimentado cambios sustanciales de manera simultánea. Y este hecho nos obliga, irremisiblemente, a reconstruirnos. Uno de estos vectores, siempre fundamental por su naturaleza condicionante, es el sistema económico. La organización funcional de una comunidad debe adecuarse a su estructura económica, de lo contrario se descose en forma de conflictos y tensiones. Y es en esta cuestión en la que nos encontramos en un punto de inflexión.
La conclusión (más o menos unánime con sus matices diferenciadores) a la que llegamos hace una década, es que el modelo económico de Ceuta se debía sostener sobre una fuerte presencia de la administración pública, y un sector privado (entorno al 50 %) sostenido por la demanda interna, las relaciones (de diversa índole) con Marruecos, y las aportaciones más modestas del sector de la construcción y del turismo. Pero esta hipótesis se ha ido debilitando con el paso del tiempo. La posibilidad de que Ceuta de convertirse en un destino turístico competitivo se aleja cada vez más (en otra ocasión podemos analizar esto con más profundidad y detalle). La construcción, actualmente bajo mínimos, puede reactivarse, pero los daños ocasionados en la estructura del sector son de tal calado que la han convertido en una actividad tangencial. Pero el verdadero problema está en la enorme dificultad para consolidar la actividad generada por las relaciones con Marruecos. Es indudable (los hechos así lo avalan) que la potente capacidad de compra de la clase media emergente marroquí es un yacimiento de riqueza (y empleo) para Ceuta. Aunque puede tener fecha de caducidad en función de cómo evolucione el desarrollo económico de su país a corto plazo, y de la posibilidad de encontrar emplazamientos alternativos (por ejemplo la Costa del Sol o la Costa de Cádiz).
Los acontecimientos que estamos viviendo en la actualidad, como consecuencia del caos fronterizo, parece que han adelantado en el tiempo esta fecha fatídica. Todo apunta a que el problema del Tarajal no tiene solución. O mejor dicho, que ni Ceuta ni España tienen la posibilidad de solucionarlo. Tan sólo podemos aspirar, en el mejor de los casos, a gestionar de la manera más aseada posible las consecuencias de las decisiones de las autoridades aduaneras marroquíes. Es imposible consolidar una actividad económica sobre tamaña inestabilidad. En los mismos términos podemos hablar de la “otra actividad” (la economía del “bulto”), que se mueve exclusivamente al albur de los intereses de Marruecos (y siempre mediatizados por su política de “no reconocer que Ceuta es una ciudad española). Esto es, exactamente, “pan para hoy y hambre para mañana”. Todo esto ya está suficientemente demostrado. Por eso digo que estamos en un punto de inflexión, en el que se impone al análisis sincero y riguroso de la situación del que podamos deducir la “hoja de ruta” más acertada para encarar el futuro.
La primera cuestión que debemos dilucidar es la siguiente: ¿Estamos en condiciones de cambiar la política de Marruecos respecto a todo aquello que tenga que ver con Ceuta, de modo que aceptando nuestra españolidad se puedan “normalizar” las relaciones? Esto sólo sería posible (a mi juicio) cambiando las coordenadas políticas e insertándolo en el ámbito europeo. Si lo mantenemos en las relaciones bilaterales, el pulso está perdido. ¿Tenemos fuerza para impulsar ese cambio? Si somos sinceros, diremos que no. Somos un pueblo dividido, acomodado y desesperanzado. En estas condiciones no se pueden abordar empresas de tanta envergadura (Marruecos es socio preferente de la UE y de los países más influyentes como Francia).
La alternativa (muy triste pero realista) es aceptar que Ceuta no tiene capacidad para desarrollar un sector de economía privada estable y suficientemente consistente. Sin avergonzarnos de ello. Las circunstancias (políticas) que lo impiden no las hemos generado nosotros, ni su modificación está a nuestro alcance. Tendremos que definir (y exigir) un modelo económico para una Ciudad de noventa mil habitantes en el que el peso del sector público se eleve al setenta por ciento del PIB (evidentemente es una estimación aproximada), reservando un realista treinta por ciento para la demanda interna y otros sectores menores complementarios. Y desde ahí, recomponer todo el entramado económico y social desde el principio de igualdad.
Ese diferencial del veinte por ciento (entre capacidad y necesidad), que se produce en estos momentos, es el origen del paro (escandaloso), la pobreza (insufrible), la discriminación (intolerable) y la marginación (repugnante) que nos angustia y nos aboca a un proceso autodestructivo.

Torrado, el único que creyó en los cruceros

Hace más de 20 años escribí en este mismo periódico que Pepe Torrado era el mejor presidente de la Autoridad Portuaria que podía tener nuestra ciudad. Y lo hacía después de haber conocido a quienes les habían antecedido en el cargo. Sobre ellos, tenía una ventaja primordial y es que era de la Casa, conocía no solamente todos los entresijos del Puerto de Ceuta, con sus virtudes y con sus defectos, sino que el mundo portuario de la bocana para fuera tampoco tenían para él muchos secretos. Aparte de presidente es el mejor relaciones pública que puede tener la Autoridad Portuaria de Ceuta.
Ayer le encumbraron en el Ceuta Cruise Forum. Y le encumbraron porque han dejado muy claro los especialistas en todos los niveles que la Autoridad Portuaria de Ceuta ha hecho sus deberes y que si Ceuta quiere crear, de verdad, un destino turístico, no habrá más remedio que implicarse todo los sectores ciudadanos, comenzando por los poderes públicos.
Torrado ha sido un verdadero solitario en la lucha para que Ceuta suene en el sector de los cruceros. A lo largo de estos 20 años ha tenido un pequeño equipo de colaboradores que han creído, como él, en esa posibilidad. Una posibilidad que tuvo su ‘boom’, que se estancó, pero que vuelve a renacer con la apuesta por los cruceros de casi 300 metros de eslora.
Esos especialistas han certificado no solamente las necesidades que tiene Ceuta para convertirse en destino turístico o de cruceros, sino que también han conocido la realidad y nuestras potencialidades, pero han dejado un tercer mensaje muy claro: que Torrado ha sido el embajador de Ceuta en todos los foros de cruceros, desde Miami a cualquier otro puerto mediterráneo donde se reuniera MedCruise y que nunca fue a pasearse.
En alguna que otra ocasión he criticado a los servicios turísticos de la Ciudad porque le han dejado muy abandonado, porque nunca han creído realmente en las potencialidades del sector crucerístico, que pusieron los servicios porque ya no les quedaba más remedio. Y espero que con Carreira sea distinto, al menos, por las palabras pronunciadas por el consejero.
Torrado, entiendo que habrá sentido una íntima satisfacción. Ha logrado con este Foro que muchos conozcan en Ceuta el trabajo que ha realizado en los últimos veinte años, pero también ha puesto la primera piedra, ha dado un aldabonazo en la conciencia de quienes han de colaborar para que Ceuta sea un destino crucerístico. Un camino que sigue cubriendo a pesar de que también ha tenido sinsabores a lo largo de estos años de lucha en solitario.

Implicar a toda la sociedad

Los mensajes se fueron sucediendo a lo largo de la mañana. El primero que lo lanzó fue el consejero de Deporte y Turismo, Emilio Carreira, cuando indicó que toda la sociedad ceutí debía implicarse para que Ceuta se convirtiera en un destino turístico o, en este caso más concreto, en un destino para los cruceros. A todos los niveles, porque, al final, esa buena imagen que se lleven los turistas servirá, por un lado, para que los mismos se conviertan en los mejores portavoces de nuestras excelencias y también para que las mismas empresas repitan en este puerto. Ese mismo mensaje lo transmitió igualmente el presidente de la Autoridad Portuaria, José Torrado y los siguientes ponentes que le sucedieron en el uso de la palabra. Pero también quedaron claros otros mensajes a lo largo de la celebración del Ceuta Cruise Forum y es que las potencialidades de nuestra ciudad están ahí y que se deben saber utilizar. Volviendo a Carreira, también fue categórico cuando reconoció que otros puertos y ciudades con menos potencialidades están consiguiendo mejores resultados que Ceuta. Está claro que el Puerto de Ceuta ya ha hecho sus deberes hace mucho tiempo en el sector de los cruceros y que la guinda fue conseguir la reforma del Muelle España que se ha convertido en un verdadero Muelle de Cruceros. Ahora hace falta que se pongan en práctica las recomendaciones y que encabezado por la Ciudad, Ceuta termine convirtiéndose en un destino para los cruceros.

Ciudad y sindicatos pactan activar la consolidación de 334 plazas de no fijos

  • UGT intentará que las bases, dentro de la legalidad, faciliten que se las queden sus actuales ocupantes


El Gobierno de la Ciudad través de la consejera competente en Recursos Humanos, Kissy Chandiramani, y los sindicatos representativos (UGT, CCOO y CSIF) llegaron a un acuerdo sobre el proceso de consolidaciones de plazas de personal no fijo en la Administración local, que se concretará en un catálogo “complementario” a la Oferta Pública de Empleo de este año y que incluirá 334 plazas que actualmente ocupa personal no fijo. Antonio Ramírez, de la Sección Sindical ugetista en la Ciudad, recordó que las conversaciones comenzaron en junio y se congratuló porque el pacto final haya sido “muy similar” al que esta central ha venido defendiendo desde entonces.
“Las consolidaciones se van a incluir en la Oferta de Pública de Empleo de este año como una oferta complementaria con 334 personas entre funcionarios y laborales, el 100% de los que hipotéticamente podían hacerlo ya que solo se quedan fuera quienes ocupan un puesto interino por otra persona o han entrado en los últimos dos o tres años”, resumió en declaraciones los periodistas.

Para UGT se trata de un acuerdo “muy positivo” porque al principio el Gobierno propuso dejar fuera a 200 personas y después a 40. “Hemos conseguido la inclusión de todos con la firma de la consejera y las tres centrales sindicales, con lo que la primera parte del proceso está cerrada y ahora que empezar la segunda, la más complicada, que pasará por negociar unas bases que estén dentro de la legalidad, como es obvio, pero que sean lo más factibles posible para consolidar”, adelantó.
El acuerdo deja claro que “una vez aprobada la oferta complementaria a la de 2017, la articulación de estos procesos selectivos, deberá garantizar el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad y serán objeto de negociación en la Mesa General de Negociación, en cuyo marco podrá ser objeto de valoración entre otros méritos, en su caso, el tiempo de servicios prestados a la Administración”.
Para la conformación de las respectivas bases se podrá crear un grupo de trabajo encargado de su elaboración y preparación. De las consolidaciones “no podrá derivarse, en ningún caso, incremento de gastos ni de efectivos” porque solo podrán ofertarse “las plazas de naturaleza estructural que se encuentren desempeñadas por personal interino”.
El acuerdo tendrá vigencia durante los ejercicios 2017, 2018 y 2019, tendrá eficacia desde ayer y quedará obligado a “respetar la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año” por si introdujese cambios en el marco general de consolidaciones dibujado en la del ejercicio corriente.
“Tenemos hasta 2020 para completar el camino pero la idea de UGT es que terminemos antes de diciembre del año próximo aprovechando lo que queda de este año para negociar las bases, que yo creo que podemos hacerlo y que hay voluntad en todas las partes para conseguirlo”, se mostró convencido Antonio Ramírez, “con el objetivo de iniciar el proceso a finales de enero o febrero y que todo esté finalizado, esperemos que bien para todo el mundo, antes de que concluya 2018”.

Objetivo, “reducir drásticamente la temporalidad”


Gobierno y sindicatos se reconocen en el acuerdo firmado ayer interés por “acabar con las altas tasas de temporalidad que existen en nuestra Administración” y por “reducir drásticamente la misma” haciendo uso de las previsiones que recoge la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año con el propósito de “reforzar la estabilidad de las plantillas sin que al cabo de los dos ejercicios venideros se produzca un nuevo aumento de la temporalidad”. La Oferta Pública de Empleo de este año se ha limitado a policías locales y bomberos por la “urgente necesidad” de cubrir las necesidades de personal de ambos Cuerpos.

Tres tipos

Estructural: Ocupadas tres años


El acuerdo se refiere a plazas de carácter estructural (funcionarios y laborales) que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2016.

Dotación: Presupuestadas y cubiertas desde 2005


También incluye las dotadas presupuestariamente y cubiertas desde antes del 1 de enero de 2005 de manera interina o temporal.

Laborales: Indefinidos no fijos


Finalmente recoge las plazas estructurales de personal laboral cubiertas por efectivos declarados como indefinidos no fijos por sentencia judicial que no sean objeto de amortización ocupadas por personal con dicha vinculación desde hace al menos tres años.

La Plaza de España tendrá la misma solería que la Calle Real

  • Se hará para cambiar el pavimento y sustituir las ‘losetas resbaladizas’


La Plaza de España quedará uniformada con la misma solería que existirá entre la Plaza de la Constitución y la Iglesia de los Remedios. Es uno de los objetivos que se ha marcado la Consejería de Fomento, ahora que no le ha quedado más remedio que tomar la decisión de cambiar todo el suelo que está situado entre estos dos puntos, dado que todos los sistemas que se han utilizado para eliminar las losetas resbaladizas no han dado sus frutos.
Para el área de Fomento, es la oportunidad idónea para el cambio de la solería en la zona de la Plaza de España, donde se encuentran dos edificios emblemáticos como Correos y el antiguo Banco de España (futura sede judicial), para que todo se encuentre acorde con el resto, al igual que sucedió en su día con la Plaza de los Reyes.
En relación con el cambio de las ‘losetas resbaladizas’ dijo que se tenían muchas esperanzas con el desbastado que se efectuó a lo largo del año pasado y que se contrató para la realización de esta actividad, después de las recomendaciones que habían recibido por parte de los expertos del Instituto Nacional de la Piedra. García alude a que fueron estos especialistas quienes indicaron cuáles eran las soluciones a adoptar y que la Ciudad se limitó a aplicarlas, comprobando que no han tenido el éxito esperado.
Ya, desde luego, no existe marcha atrás bajo ningún concepto y lo que están haciendo ahora los técnicos es buscar el pavimento adecuado para que no haya equivocaciones, de manera que se contemple toda la zona comercial del centro de la ciudad como un único espacio. En cuanto al coste que podría tener esta inversión destaca que aún no existe el proyecto, pero que estaría entre el medio millón y el millón de euros.

Un verdadero clamor popular que duró años


Desde que se produjo la remodelación de toda la zona comercial del centro, las famosas losetas verdes quedaron en entredicho porque en cuanto se mojaban eran un verdadero peligro público. Han sido muchas las personas que han sufrido accidentes, en algunas ocasiones graves por esta circunstancia. Durante muchos años, la Ciudad Autónoma dejó pasar las reclamaciones y miraba hacia otro lado, a pesar que era un verdadero clamor popular el cambio. Se utilizó el año pasado el desbastado, todo recomendado por verdaderos especialistas, pero se ha convertido en un fiasco y ahora, a comenzar nuevamente desde cero.

El sector crítico forma la comisión revisora de cuentas para analizar las facturas de la FPAV

  • Este órgano está formado por los presidentes de Manzanera, Enquicia, Miramar Alto, Alfau y Las Colinas


Los integrantes del sector crítico de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos le han enviado una carta al máximo responsable de esta institución vecinal comunicándole que se ha creado una comisión revisora de cuenta para analizar con lupa toda la documentación referida a la economía de la FPAV. Fue un acuerdo que se alcanzó en la Asamblea que tuvo lugar el martes de la semana pasada y donde los integrantes del sector crítico lograron una amplia mayoría de apoyos para no aprobar el informe económico presentado por Juan Moreno.
En concreto, en el escrito se le indica que ante la falta de información, por no incluir en la convocatoria de la Asamblea General, la documentación necesaria para conocer el estado económico de la Federación Provincial, incumpliendo de esa manera los estatutos de la propia institución, se ha constituido la mencionada comisión revisora de cuentas para fiscalizar las mismas.
Por todo ello, le solicitan las cuentas anuales del ejercicio de 2016, con el soporte documental contable y el mayor de cada una de las cuentas, además del balance de comprobación de sumas y saldos contables. La carta dirigida a Juan Moreno está firmada por el presidente de la asociación de vecinos de Enquicia, Miguel Ayora.
La mencionada comisión revisora de cuentas está formada por los presidentes de Manzanera, Enquicia, Miramar Alto, Alfau y Las Colinas. Es decir que los tres cabezas visibles del sector crítico se encuentran: Francisco García Segado, Miguel Ayora y Pepe Ramos.
Ahora habrá que ver si por parte de Moreno se les facilita toda la documentación que les han solicitado por parte de estos presidentes.

Anulan la sanción por la que se recluyó un mes y un día al presidente de la AMTM

  • Martínez fue expedientado por no identificarse como militar al visitar a una soldado en el RAMIX-30


La Sala de Justicia del Tribunal Militar Central ha estimado el recurso contencioso-disciplinario preferente y sumario interpuesto por el presidente de la Asociación de Militares de Tropa y Marinería (AMTM), el cabo Antonio Martínez, contra la resolución del general jefe de la Fuerza Terrestre que, en agosto de 2013, le impuso una sanción de un mes y un día de arresto en establecimiento disciplinario militar como presunto autor de una falta grave consistente en “ocultar o alterar ante autoridades o superiores el verdadero nombre, circunstancia o destino o hacer uso de un documento que no corresponde al interesado”. La sanción ha quedado anulada “por ser contraria al derecho fundamental del demandante a defenderse” y deberá desaparecer de su historial. Además, tendrá que ser indemnizado con 4.832 euros por la “indebida privación de libertad” que sufrió.
La sanción a Martínez, al que el Supremo ya ha dado la razón en otros tres casos anteriores de supuestas infracciones disciplinarias de las que se le ha acusado, tiene su origen en la visita que, en febrero del año 2013, realizó a una soldado del RAMIX-30 como su representante legal en el marco de “un caso de acoso que terminamos ganando”, según recordó ayer a ‘El Faro’.
En el expediente disciplinario abierto contra él se dio por probado que no se había identificado como militar ni se había dirigido a un subteniente “en las debidas formas militares”.
Durante su tramitación la instructora rechazó la prueba testifical propuesta y reclamada en más de una ocasión “en tiempo oportuno y forma adecuada” por el encartado, que entonces estaba destinado en el Regimiento de Caballería Acorazada ‘Montesa-3’. Así, se vulneró “los derechos del expedientado a la defensa y a la práctica de pruebas pertinentes para tal fin”.
Para el Tribunal Militar Central no cabía “en ningún caso” denegar la práctica contradictoria de pruebas “de indudable pertinencia” cuando en el escrito de alegaciones había “una inequívoca proposición de prueba que debió ser admitida y practicada en garantía del derecho de defensa del demandante”.
Además, “la autoridad disciplinaria que intervino con posterioridad no remedió la vulneración cuando podría haberlo hecho en ejercicio de la potestad directiva del expediente que la Ley le encomendaba, por lo que es patente la procedencia de estimar el recurso y anular la resolución impugnada”.
La Sala también aplica la jurisprudencia que “desde antiguo”, en caso de anulación de sanciones de arresto, considera que “la simple alegación del daño moral es título suficiente, sin necesidad de prueba, para declarar en sentencia el derecho a la indemnización, pues aquél resulta inherente a la indebida privación o restricción del derecho a la libertad personal”.
La cuantía de la misma, intereses legales aparte, se ha fijado sobre el importe máximo de la dieta diaria en territorio nacional, que actualmente resulta ser de casi 156 euros.