Hoy fecha 1 de octubre del 2017, estoy presenciando por televisión española 24 horas en directo desde la seis de la mañana, todo lo que está sucediendo en Cataluña, por la convocatoria de un referéndum para separarse de España.
Esta convocatoria para que votaran los ciudadanos no se encontraba con legitimidad constitucional. En el artículo 2 de la Constitución Española vigente dice que España es una Nación indivisible.
Pero el Presidente de Cataluña, Carlos Puigdemont y su socio el Vicepresidente Oriol Junqueras, para mi son unos irresponsables, por haber ordenado a los ciudadanos a que salieran a votar, sabiendo que ese referéndum no tenia legitimidad. ¿Como un presidente de Cataluña puede llamar a sus ciudadanos a salir a la calle a enfrentar los unos con los otros?
Esta persona, Carlos Puigdemont, debieran de retirarlo de la política, ya que no ha acatado las órdenes judiciales, y dice públicamente que no va acatar lo que diste el Tribunal de Justicia de Cataluña
Señores del Poder Judicial, si no aplicáis la ley por igual en un estado de derechos democráticos a todos los ciudadanos por igual ¿Que pasaría a esos independentistas, alborotadores, antisistema, que se echan a la calle a decir mentiras? ¿Que Ley le vais a aplicar? Le recuerdo a todos esos que son muchos mas millones de españoles de bien y pacíficos, que todos ellos juntos.
Esta carta dirigida a los jóvenes, ya que ellos eran la mayoría que se enfrentaron a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, los cuales reciban mi apoyo, solamente estaban cumpliendo unas ordenes dictadas por el Tribunal por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para impedir la celebración de un referéndum ilegal de auto determinación de Cataluña.
Todo lo que paso el día 1 de octubre del 2017, se podía haber evitado, si los Mossos de Escuadra , Policía autonómica de Cataluña, hubieran cumplido la orden que le notificaron.. La orden era que el día 1 de octubre del 2017 a las seis de la mañana, tenían que presentarse en todos los colegios públicos, y en las dependencias estatales, para retirar las urnas ilegales, las cuales eran opacas, se cayó una en medio de la calle y ya iban llenas de papeletas, todo fue bochornoso, llevarse las urnas y desalojar a los ciudadanos que se encontraban dentro de los colegios y precintar los centros
Si ellos hubieran cumplido con la órdenes encomendada por el TSJC, los españoles no hubiéramos presenciado a lo largo del día tan dramáticos excesos, que nos hacían tanto daño, solo vimos por televisión recibiendo a los Mossos con flores de los ciudadanos y palmaditas en la espalda.
Los responsables de todo lo ocurrido en Cataluña, solamente son del Presidente de Cataluña Carlos Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junquera. No echarles la culpa a la Policía Nacional, ni a la Guardia Civil. Esta es mi visión por la trayectoria que llevo viviendo en mi querida España desde 1937.
Esta carta va dirigida a los jóvenes para decirles a la hora de votar piensen bien a quien le dan su voto, tenemos una España Democrática, leerse bien la Constitución Española, en los Derechos y Deberes de todos los españoles. No quiero volver a la España de 1931, de la cual empezó una trayectoria entre los republicanos, los independentistas y los radicales.
Terminaron en una Guerra Civil en 1936, enfrentando a hermanos, matándose unos contra otros.
Aquello no queremos que vuelva a suceder, ya vivimos en una España en Democracia. Por eso es esta carta que la escribe una madre y abuela a todos los jóvenes para que recapaciten.
Autor: Carmen Vázquez
La urgencia de una actuación
La Ciudad informó ayer del decreto firmado por Fomento en el que se informa del peligro para los okupas que supone seguir viviendo en la promoción de Huerta Téllez. Y es que ya no se está ante una cuestión puramente política, policial o judicial. Estamos hablando de la integridad de aquellos que tras usurpar las viviendas están poniendo en peligro sus vidas. En concreto el área de Fomento alude a la existencia de una grúa que puede desplomarse, amén de las malas condiciones en las que pueden vivir en unas casas que estaban deshabitados y que por tanto no reúnen las condiciones de habitabilidad necesarias, más si cabe existiendo niños de por medio. Estamos ante un problema complejo que requiere de varias intervenciones. La judicial sigue su hoja de ruta y tiene que cumplir los tiempos establecidos que no son, a buen seguro, los que a nosotros nos gustaría que fuesen. Pero paralela a la misma, están las actuaciones de corte político que la administración local intenta dar para hacer que el cerco sea cada vez más estrecho en torno a unas familias que han optado por no cambiar su actitud, a pesar de saber que han incurrido en un delito.
La Ciudad defiende el papel del CAM con víctimas de violencia
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“Las mujeres tienen derecho a recibir pleno asesoramiento”, reseña denunciando el malestar tras la crítica de la Oficina de Atención
La Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad ha replicado a la denuncia hecha público por la Oficina de Atención a la Víctima, desvelando el “profundo malestar” que hay en la plantilla del Centro Asesor “por las acusaciones de que estarían induciendo a un delito (falsa denuncia) por informar a las mujeres que así lo solicitan en estas dependencias”, ha expuesto en un comunicado.
“El personal del Centro Asesor de la Mujer cumple taxativamente todas las normas y preceptos legales establecidos en el ámbito de la violencia de género. La ley 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género garantiza el derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita”, reseña.
“Las mujeres que hayan sufrido violencia de género tienen derecho a recibir pleno asesoramiento adecuado a su situación personal a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las Administraciones Públicas. Es decir, es obligación del Centro Asesor de la Mujer atender y explicar hasta el último detalle a las mujeres que hayan sufrido malos tratos, con independencia de sus circunstancias personales o su nacionalidad”, apunta la Consejería que aclara que, además, “la Ley 4/2000 de 11 de enero de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (Ley de Extranjería) establece que la mujer de nacionalidad extranjera que sufra violencia de género podrá solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a partir del momento en el que se hubiera dictado una orden de protección a su favor o un informe del fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género. No es función ni competencia del Centro Asesor de la Mujer investigar la intencionalidad de las víctimas sino informar, como cualquier funcionario de la Administración, de los derechos que tienen atribuidos por ley”.
El Centro Asesor de la Mujer ha atendido en lo que va de año a 76 mujeres que han demandado atención sobre violencia de género, de las que 59 son españolas, 15 marroquíes y 2 de otras nacionalidades. En 2016 fueron 143 las consultas, de las que 96 eran españolas, 45 marroquíes y 2 de otras nacionalidades.
Renovado el convenio con la Federación de Baloncesto
El Consejo de gobierno ha autorizado la renovación del convenio entre el Instituto Ceutí de Deportes (ICD), de la Consejería de Turismo y Deporte, y la Federación de Baloncesto de Ceuta para el desarrollo de la Escuela de Baloncesto, las actividades en horario escolar y la campaña de verano.
El importe de la subvención es de 50.000 euros, que es la misma que en 2016, con la que se atiende a 62 equipos de las diferentes categorías, que aglutinan a 650 jugadores.
Acuerdos de Fomento y Cultura pasan por el Consejo de Gobierno
El Consejo de Gobierno aprobó ayer el respaldo a las jornadas de accesibilidad que se desarrollarán del 27 de noviembre al 1 de diciembre, aportando 10.169 euros.
De igual manera se ha aprobado la licitación por valor de 36.290 euros para el servicio de fotografía de Cultura y Juventud durante dos años. También en el Consejo se informó de que la Ciudad ha sido invitada a participar en la Junta General de Tragsa.
La Guardia Civil suspende los actos lúdicos de la Patrona
La Comandancia de la Guardia Civil ha suspendido los actos lúdicos que se iban a celebrar con motivo de la próxima festividad del Pilar, que en Ceuta tendrán lugar el día 10. Así, en esa jornada solo habrá discurso oficial ofrecido por el coronel del Cuerpo, José Luis Gómez Salinero, y se espera contar con el del delegado del Gobierno, Nicolás Fernández, si finalmente se recupera de la operación de la que ha sido intervenido.
La propia Comandancia ha aclarado en una nota de prensa que se ha acordado la suspensión de los actos de carácter lúdicos que se tenían previsto realizar en solidaridad con los Cuerpos de Seguridad del Estado que desarrollan sus cometidos en la Comunidad Autónoma de Cataluña en defensa del Orden Constitucional. Tampoco habrá copa.
Habrá una segunda gabarra de servicio permanente en el puerto
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Debido al número de peticiones de atenciones a barcos atracados en la propia bahía
Nuevos servicios que se van incorporar al catálogo de prestaciones que ofrece el puerto de nuestra ciudad a los distintos, tras la decisión de la empresa Vilma y Dúcar de contar con una segunda gabarra que atienda a los buques que quedan atracados en la bahía y que no entrar dentro de las instalaciones del propio puerto.
Hasta ahora, existía concretamente una gabarra que es la que efectúa estas atenciones durante las veinticuatro horas los trescientos sesenta y cinco días al año. Sin embargo, la incorporación de una segunda se entiende porque la que ahora está realizando los trabajo no da a basto y necesita de refuerzos. Es la empresa petrolífera Vilma la que ejecuta los servicios aprovechando el acuerdo que tiene de utilización de los tanques que la empresa petrolífera Dúcar tiene tanto en la barriada de San Amaro como en la ampliación del Muelle de Poniente.
El mismo presidente de la Autoridad Portuaria, José Torrado, ha confirmado a esta redacción que los trabajos para unir los diques de Levante y Poniente a través de la bocana del puerto están prácticamente ultimados.
Con el enlace de los diques, el puerto de Ceuta va a ganar en cuanto a calidad y cantidad en la prestación de servicios, ya que podrá atender a barcos que, con la misma eslora, tienen mayor calado, los que hasta ahora no tenían en sus hojas de rutas la escala en el las instalaciones portuarias de la ciudad.
La primera fase contempló la instalación de un punto más en el muelle de Poniente, aprovechando el nuevo calado, lo que permitirá que entren en el puerto barcos que ahora mismo no lo pueden hacer. Aparte de la instalación descrita en la primera fase, la empresa también dejará instalados unos bajantes con unas válvulas, a la espera de que sea el mercado el que nos vaya diciendo cuántos puntos más tenemos que poner. Estas serán instaladas en la cuarta alineación.
Petición para que se vea si está contaminado el solar de la planta de vehículos
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La Ciudad llegó a realizar una limpieza tras recuperar la propia concesión
La Asociación Medioambiental Ceuta quiere que por parte de la Ciudad Autónoma se realice un estudio sobre si el terreno que ocupaba la antigua planta de descontaminación que se encontraba en Benzú ha podido quedar en mal estado, después de varios años funcionando.
Recordemos que hace unos meses fue la Ciudad Autónoma, quien con el entonces consejero en la cabeza, acudió hasta la barriada para recuperar la propiedad de la citada planta, puesto que el contrato de concesión a una empresa privada hacía tiempo que había finalizado.
Según señala la Asociación Medioambiental Ceuta, lo cierto es que por parte de los servicios de limpieza se efectuó un trabajo de eliminación de todo el material que se encontraba allí, pero que, sin embargo, nadie ha manifestado si el terreno ha podido quedar contaminado como consecuencia de los tratamientos de automóviles. Es un tema que, desde el punto de vista de la citada asociación, preocupa igualmente a los vecinos de esta barriada.
La Ciudad dice que “se hará, le guste o no a Trace, lo que haya que hacer”
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Hachuel repite que salvo la prestación directa del servicio siguen abiertas “todas las opciones legales”
A falta de algo más de un mes para agotar el plazo de dos que se dio en el Pleno del pasado 11 de septiembre para hacer y presentar al resto de los grupos políticos una auditoría a fondo sobre cómo ha gestionado Trace el servicio de limpieza pública viaria y recogida de basuras, el Gobierno que preside Juan Vivas repitió ayer a través de su portavoz, Jacob Hachuel, que no se va a achantar, que hará “lo que tenga que hacer” con independencia de que ello “le gusten o no a Trace las decisiones que correspondan”.
El también consejero de Gobernación reiteró en declaraciones a los medios tras la reunión semanal ordinaria del Consejo de Gobierno, en la que no se analizó el conflicto abierto con la empresa, que “todas las opciones legales” siguen estando abiertas para mejorar la prestación del servicio, una de las bases en las que el PP considera que ha asentado su imperio electoral en la ciudad.
Solamente está descartado pagarle más dinero por imperativo legal ( la ampliación máxima dentro de la vigencia del contrato del 10% ya se agotó) y, por razones políticas, la prestación directa del servicio, su municipalización.
Así las cosas, dentro del posible divorcio cabe algún tipo de solución amistosa o un guerra total en los Juzgados. El mes pasado, el Gobierno todavía dijo que ambas partes estaban de acuerdo en algo, en “no hacerse daño”.
De momento, los controles con personal técnico y político ordenados por la Administración han descubierto, presuntamente, que al menos desde junio Trace está haciendo “un 20% menos” del trabajo contratado, por lo que ha propuesto pagarle unos 225.000 euros menos cada mes, en total ya cerca de un millón de euros del último cuatrimestre.
Frente a la reacción de la UTE Makerel-Lirola, que ha exigido poder ejercer su derecho a defenderse en los Juzgados y ha advertido a los «técnicos firmantes» de cualquier detracción de la «posible responsabilidad» en la que incurrirían cuando ese dinero va sobre todo a nóminas, Hachuel se limitó ayer a decir que “cualquiera puede ir a la Justicia cuando lo estima conveniente”.
“Los técnicos podrán equivocarse pero nunca van a cometer una ilegalidad”, añadió durante su rueda de prensa.
Infracciones, penalizaciones y deducciones
El capítulo de ‘Infracciones y Penalizaciones’ del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la adjudicación a Trace contempla faltas leves, graves y muy graves que pueden ser sancionadas, respectivamente, con multas de hasta 600, 6.000 ó 30.000 euros. No obstante, deja claro también que “la imposición de penalizaciones será independiente de las deducciones económicas que correspondan por servicios no prestados”. En caso de infracciones graves o muy graves el Órgano de Contratación tiene la facultad de “prescribir la intervención de la concesión o la resolución del contrato”.
¿’De servicios’ o ‘de gestión de servicios’?
Una de las claves de la resolución del conflicto abierto entre la Ciudad Autónoma en su afán por mejorar la prestación de la limpieza pública y Trace estará, según van calibrando ambas partes, en si la catalogación del contrato que entró en vigor hace 4 años y medio bajo la denominación literal de ‘gestión del servicio público’ debía tener tal catalogación o la de ‘servicio’ simplemente. Según las fuentes consultadas, se optó por el tipo que se eligió con una duración de diez años prorrogables por otros tantos porque la segunda impone que su duración no pueda ir más allá de media docena (cuatro más dos de prórroga), periodo que se consideraba demasiado exiguo para amortizar la inversión. Sin embargo, del estudio de su articulado deducen los expertos que, en realidad, está redactado como un contrato ‘de servicios’. El asunto no es ni mucho menos sencillo porque “la distinción entre estas dos categorías contractuales ha sido una de las cuestiones sobre las que ha tenido una mayor repercusión la normativa y la jurisprudencia europea”. Según la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, “el elemento esencial que permite distinguir ambas modalidades es la transmisión al concesionario del denominado ‘riesgo de explotación’, elemento que no concurre en el contrato de servicios”. Para Trace “la gestión del servicio objeto del presente contrato es en modalidad de concesión y por un precio cierto, de acuerdo con lo establecido en el título del Pliego de las Cláusulas Administrativas, concretamente en la 7”. A las malas, para Trace si la Ciudad quiere aplicar a lo que en su contenido es un contrato ‘de servicios’ la regulación de uno ‘de gestión de servicios’ lo que procedería por incoherencia es su liquidación con un millonario ajuste de cuentas de por medio.
La CEOE estudia organizar unas jornadas sobre la inversión en Ceuta
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Ha sido una petición del senador Martínez al vicepresidente de la patronal
El senador de nuestra ciudad, Guillermo Martínez, ha conversado con el vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), José Miguel González Pérez, con la intención de que por parte de la patronal de nuestro país se estudiara la posibilidad de organizar unas jornadas que sirviera de referencia a las posibilidades reales de inversión en las ciudades de Ceuta y Melilla, debido a las grandes ventajas que desde el punto de vista económico y fiscal existen.
Este contacto se produjo hace unos días, con motivo de la participación del parlamentario ceutí en unas jornadas organizadas la patronal conjuntamente con la Comisión Mixta Congreso-Senado de la Unión Europea y que tenía dos objetivos, por un lado, analizar las prioridades que para el futuro debe tener la Unión e igualmente el asunto de la salida del Reino Unido del club europeo. Martínez asistió a esta reunión en representación del Partido Popular, como integrante de su grupo parlamentario en el Senado.
Según ha manifestado a esta redacción, el mismo Guillermo Martínez, esa posibilidad que la CEOE organizara estas jornadas abiertas al conjunto de los empresarios de nuestro país “sería para nosotros algo muy importante, no en vano, contaríamos con una plataforma muy importante como es la organización patronal y aseguraríamos la existencia de potenciales inversores atraídos, no solamente por el tema de las jornadas, sino también por quien convoca”.
Cuando le expuso al vicepresidente de la CEOE esta posibilidad, González Pérez le hizo saber que le parecía interesante la posibilidad y ambos quedaron en seguir manteniendo contactos para buscar, de manera sincera, la posibilidad de la organización de las mencionadas Jornadas.
