Nos cuenta el director territorial del Ingesa, Fernando Pérez Padilla, que en las míticas declaraciones de Melguizo (lo de míticas lo decimos nosotros), “no se supo transmitir el mensaje”. ¿Las recuerdan? Son aquellas en las que vino a confesar que nada se sabía en Madrid de las gestiones sobre la clínica de radioterapia.
Y entonces todos nos llevamos las manos a la cabeza. Él se quedó tan pancho porque ni tan siquiera hubo una rectificación 24 horas después. Tuvo que acudir el presidente Vivas a Madrid para sacarle a la ministra de Sanidad el compromiso de que sí, de que Ceuta iba a tener esa clínica comprometida. Aquello fue un escándalo. Es como si en el cortijo de Madrid nada supieran de lo que se hace en Ceuta. Nos dejó un mal sabor de boca que todavía nos dura.
Es evidente que Pérez Padilla no va a tirar piedras sobre su propio tejado, ni va a arriesgar su puesto político dejando por los suelos a su mandamás. Así que no le ha quedado otra que decirnos eso, que no se supo transmitir el mensaje y que Ingesa nunca ha dudado en activar esa clínica.
Esto parece ya de libro de estilo. En Madrid no nos conocen, cada vez menos, por eso los cargos de turno meten la pata cuando se trata de compromisos, declaraciones de peso y demás. Le pasó a Melguizo, que creyó escuchar preguntas en chino, y le ha pasado a Dastis, que no sabe ni dónde está Ceuta, ni cuántos pasos fronterizos tenemos ni lo que nos hace falta.
Le ocurrió también a la secretaria de Estado de Comercio, que ni sabía qué pasaba en el Tarajal, y le pasará a Zoido, que llegará un día en el que nos mandará otro vídeo ‘promocional’ para felicitarse de que ya tenemos los suficientes policías y guardias civiles en Ceuta, cuando todavía no los hemos visto ni cogiendo el barco. Mensajes malentendidos, nos dicen. ¿No será que ellos ni nos entienden?
Una obligación que tendrán las empresas que contraten sus servicios con el Ingesa
Una de las quejas que tienen también los médicos que vienen a Ceuta es la falta de formación e investigación a lo largo de sus carreras, lo que luego les perjudica a la hora de seguir preparándose en una profesión de tan permanente actualización. Por ello, el Ingesa que no tiene unos fondos suficiente para este proceso formativo ha diseñado una operación que resultará beneficiosa en este aspecto y que no tendrá unos costes adicionales.
Según reconoce el mismo Pérez Padilla es un diseño que ha partido de los servicios centrales y donde el propio Díaz Melguizo ha sido la cabeza visible. Consiste en que dentro de los pliegos que se redactarán en los próximos años para contratos de prestación de servicios al Ingesa, el adjudicatario tendrá la obligación de formar también al personal del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
Un ejemplo muy claro, el del transporte aéreo de urgencias. Cuando salga el próximo concurso, la empresa que lo gane tendrá la obligación no solamente de tener al día a su propio personal, sino también a los del Ingesa. En el caso de la clínica radiológica, en el pliego del concurso para adjudicar un nuevo convenio de prestación de radioterapia se obligará a que la empresa tenga que formar al personal sanitario relacionado con estas tareas.
Y en cuanto a investigación no debe olvidarse que hacer un par de meses se firmó un acuerdo, superior a los tres millones de euros, entre el Ingesa y el Ministerio de Economía y Competitividad para que distintos proyectos de investigación se desarrollen en Ceuta.
El canino afectado ha sido operado en tres ocasiones y los gastos veterinarios ascienden a más de 1.500 euros
Hace tres meses que la perra de Nuria Sarria fue atacada por seis perros asilvestrados mientras paseaba con su dueño por la zona comprendida entre San Antonio y el Monte Hacho. Después de días críticos debatiéndose entre la vida y la muerte y varias operaciones, Sarria le requirió a la Ciudad los gastos derivados de las intervenciones veterinarias que ascienden a más de 1.500 euros. Sin embargo, desde entonces, la afectada solo ha recibido un silencio por parte de la Administración desde la que, al parecer, no se está dispuesta a asumir la responsabilidad que les corresponde.
Sarria explica que en un primer momento contactó con Sanidad Animal pero, después de analizar su caso, la remitieron a Medio Ambiente alegando que el caso estaba fuera de sus competencias. Por lo tanto la afectada continuó el mismo procedimiento en la Consejería asignada.
“Desde mediados de enero estoy intentando obtener una respuesta por parte de Medio Ambiente pero solo me encuentro trabas y evasivas, observo que el proceso se dilata y no hay una respuesta clara”, explica. La afectada manifiesta que lo único que demanda “son los gastos del veterinario” pese a que la suma total se incrementa con otros costes como los farmacológicos que aún continúan suministrándole a la perra. “Tan solo exijo que Medio Ambiente responda y me abonen unos gastos que me aseguraron que me correspondían”, declara.
Sin embargo la afectada confiesa que ha comenzado a “impacientarse” y, si el problema no se solventa, estudia presentar una demanda. Perros asilvestrados La situación no es nueva, desde hace más de un año numerosos animales domésticos han sido víctimas de los ataques de esta manada que alcanzaba, hasta finales de 2017, los doce perros.
“Me consta que han capturado a 4 ó 5, pero siguen deambulando todas las noches y los vecinos tememos la llegada del buen tiempo porque el número aumenta”, manifiesta la vecina del Hacho. Esta manada de perros ha generado un clima de miedo entre la ciudadanía, según Sarria muchos de sus conocidos han dejado de transitar la zona por temor a ser atacados y, como en ocasiones anteriores, hacen una llamamiento a las autoridades competentes para que tomen urgentemente cartas en el asunto “antes de que ocurra una desgracia mayor”. Alegan que temen tanto por sus animales como por su propia seguridad.
López aboga porque quien quiera cobrar íntegro el plus y cumpla lo haga y quien no, que se desmarque
La Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en la Ciudad Autónoma volverá a proponer a finales de año, cuando llegue el momento de negociar el acuerdo suscrito en 2012 por el Gobierno con esa central y UGT para mantener el pago del plus de jornada especial íntegro para unos 440 empleados públicos a cambio de generar una ‘bolsa’ de horas extraordinarias para cubrir determinados servicios ‘a coste cero’ para la Administración, que la adscripción al mismo sea voluntaria, algo que ya planteado sin éxito en ejercicios anteriores, según recordó ayer José Antonio López López.
“Si hay quienes creen que ese complemento es un regalo, lo que corresponde es que los empleados públicos que quieran cumplir el acuerdo para cobrar y trabajar lo que toque, que lo hagan y cumplan, y quienes no, que renuncien”, argumentó el secretario general de la Sección Sindical de CCOO , que en cualquier caso considera que el momento de renegociar el acuerdo “será, como dice en su literalidad, en noviembre y diciembre”.
Según López, “durante los últimos cuatro años hemos estado presentado desde CCOO distintas propuestas que el Gobierno nunca ha querido atender para reconducir el cumplimiento del acuerdo de 2012 con el solapamiento de horarios en los cambios de turno, con horas de formación obligatoria o estableciendo un coeficiente reductor por trabajar sábados y domingos pero nunca se nos ha hecho caso”. Ahora que el asunto está candente tampoco, estima Comisiones, es el momento de introducir “flexibilidad”, como pide el Gobierno, sino “cuando toca”, a partir del 31 de octubre.
La Policía hace una recogida de firmas para apoyar a los 4 compañeros
La Policía Local es un Cuerpo de hermanos. Hay corporativismo y, más aún, cuando la causa que se quiere reivindicar tiene fundamento. Eso es lo que han pensado los policías locales que, motu propio, están recogiendo firmas en apoyo a los compañeros a los que se quiere detraer 1.700 euros de sus nóminas. En menos de 24 horas han recogido 100.
Y lo han hecho pasando folios en los que estampar esas rúbricas. Acaban de empezar y quedan muchos componentes de grupos y relevos por participar. Es la muestra de apoyo a los cuatro agentes a los que la justicia les ha dado la razón y que ahora ven cómo se ha anunciado que les irán quitando ese montante de sus nóminas. Como avanzó CSIF incluso se piensa iniciar una colecta.
Estima el recurso de la Defensa, representada por Jorge Gil Pacheco, y revoca la condena
La Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha estimado el recurso de apelación que interpuso la Defensa de un militar que fue condenado por el Juzgado de lo Penal a dos años de prisión, como autor de un delito de homicidio por imprudencia. Ahora el máximo órgano judicial de la ciudad lo absuelve, al aceptar las alegaciones presentadas por el abogado Jorge Gil Pacheco, sin encontrar responsabilidad penal alguna en su patrocinado, que se vio implicado en un accidente ocurrido en enero de 2016 en la avenida Ejército Español, en el que murió el ocupante de una motocicleta.
Los hechos a los que hace referencia la sentencia, a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro, tuvieron lugar a la altura del acuartelamiento Coronel Fiscer, cuando el llamado B.H.M. se disponía a acceder por lo que tuvo que invadir el carril contrario, chocando con una motocicleta cuyo ocupante falleció por el impacto.
La Audiencia ha realizado una nueva valoración de las pruebas, distinta a la que efectuó la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1, quien consideró que el acusado había incurrido en una imprudencia grave que derivó en la muerte del motorista.
En su valoración, el tribunal de la Sección VI diferencia la conducta ajustada a las normas de tráfico de la implicación en un delito tan grave como un homicidio imprudente. Así concluye que su conducta “no se ajustó a las normas que disciplinan la conducción conforme” a la Ley sobre Tráfico. “Cuando menos no adoptó a los mandos de un automóvil la actitud necesaria para percibir suficientemente la existencia de otros vehículos cuya trayectoria podía interceptar y a los que tenía que dejar pasar antes de internarse en el acuartelamiento”, advierte.
No obstante, insiste la Sala, “distinto de que la conducta del recurrente infringiera las normas de circulación es que, además, constituya también un delito y, en concreto, el de homicidio imprudente”. “Se trata de una cuestión que tiene que analizarse sin apasionamiento, tratando de abstraerse para realizar la calificación jurídica de que se haya producido una muerte… son el puro azar o circunstancias incontrolables los que determinan que, ante una misma conducta del sujeto activo, pueda castigársele por dicho delito, por el de lesiones imprudentes o incluso resultar su actuación irrelevante penalmente”.
El accidente se produjo en enero de 2016 y en él murió un motorista
La Audiencia considera que “no se ha acreditado ni si el recurrente se apercibió de la presencia de la motocicleta que circulaba en sentido contrario, lo que en todo caso se tuvo que deber a su insuficiente atención a las circunstancias de la vía”.
El tribunal advierte de que no cabe duda que los vehículos de motor “son instrumentos peligrosos por sí solos” como se puso de manifiesto en este asunto, que terminó con la vida del piloto de la motocicleta. “Tampoco puede obviarse que toda maniobra que implica la invasión del carril contrario genera un riesgo potencial, en tanto que se intercepta la trayectoria que deben seguir el resto de usuarios de la vía, pero no nos encontramos ante un supuesto en el que ello se haya hecho vulnerando frontal y absolutamente las normas que disciplinan la circulación”.
Concreta la Audiencia que el “giro que hizo” con su vehículo “no estaba prohibido en sí mismo”, aunque se hubiera llevado a cabo sin la corrección debida. “Desde la óptica del deber subjetivo de cuidado, no ha podido determinarse que fuera consciente del peligro que creaba ni que ello fuera debido a su total despreocupación por las circunstancias del tráfico o a que estuviera afectado por algún tipo de sustancia nociva”. “Tampoco puede llegar a saberse si prescindió de las medidas más esenciales para asegurarse de que no se ponía en situación de colisionar con alguien por más que la motocicleta estuviera a su vista, razón por la que no puede llegar a concretarse cuál sería la magnitud verdadera de su quebrantamiento de la norma de cuidado”.
Con estos fundamentos, la Audiencia ha dictado un nuevo fallo que absuelve al acusado, insistiendo que no se ha acreditado que llevara a cabo una conducta susceptible de calificarse ni como menos grave, “por mucha que la intuición pudiera apuntarnos en otro sentido, debe recaer sobre las acusaciones en virtud del derecho a la presunción de inocencia”.
El CEIP Rosalía de Castro, a través del Instituto Ceutí de Deportes, lleva varios entrenamientos de waterpolo con la idea de recibir primeras nociones de esta modalidad deportivo. El CN Caballa es el que se ha hecho cargo de estas sesiones de trabajo, con el objetivo de tomar contacto con el waterpolo en las instalaciones del complejo ‘Guillermo Molina’.
El centro escolar es uno de los más participativos en todas las actividades que se realizan durante el año, en la Guía ‘Ceuta te enseña’. Hoy los alumnos de 4º de Primaria tendrán su última clase de waterpolo, para seguir aprendiendo un poco más de este deporte. El colegio, a partir de la próxima semana, estará dedicado a la realización de actividades dentro del Carnaval de la ciudad.
Exams Andalucía y Kids College han firmado un acuerdo de colaboración
Los habitantes de Ceuta podrán realizar en marzo por primera vez en la historia los exámenes oficiales de la Universidad de Cambridge para certificar su nivel de inglés a través de ordenador, esto es, en la modalidad “Computer Based”.
La academia Kids College, uno de los centros de enseñanza de idiomas más importantes de la ciudad autónoma, ha firmado un convenio de colaboración con Exams Andalucía, el mayor centro de exámenes de la Universidad de Cambridge en Europa, gracias al cual los ceutíes podrán examinarse los próximos 15 y 21 de marzo para acreditar los niveles First (FCE) y Premilinary (PET).
Así, el plazo de inscripción para participar en esta primera convocatoria se encuentra ya abierto, y finalizará el próximo 28 de febrero. Los alumnos se examinarán por primera vez en un aula de Kids College que ya ha sido validada por Exams Andalucia para que cumpla todos los requisitos que exige un examen de esta modalidad.
El director de Kids College, Raju Shivdasani, destaca “el honor que supone para nuestro centro que una entidad de tanto prestigio como Exams Andalucia, avalada por Cambridge English Language Assessment, nos elija para implementar los exámenes por ordenador en la ciudad de Ceuta”.
Examen más personalizado
De este modo, “los candidatos podrán acceder un modelo de examen más personalizado, autónomo y adaptado a nuestra sociedad digital, y que además ofrece numerosas ventajas al candidato, como acortar los plazos de realización de las diferentes pruebas del examen y de la obtención de las calificaciones, en solo dos semanas”, apunta Shivdasani.
Por su parte, el director de Exams Andalucia, Jonathan Baum, señala “la firme apuesta por Ceuta” que el centro examinador más importante de Europa viene realizando desde hace más de 15 años, “que nos ha permitido que en el año 2017 alcanzáramos la cifra récord de más de 500 candidatos examinados en la modalidad presencial”.
A ellos se sumarán a partir de ahora los de la modalidad Computer Based, “con la que esperamos que estas cifras prácticamente se dupliquen”. Inicialmente, Exams Andalucia y Kids College organizarán cuatro convocatorias en esta modalidad durante el año 2018, que tendrán lugar durante los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre.
Sobre Exams Andalucía
Exams Andalucía, anteriormente Institute of Modern Languages (IML Granada), abrió sus puertas en Granada hace más de 60 años, y ha sido reconocido por University of Cambridge English Language Assessment como el mayor centro examinador de Europa por el número de candidatos presentados a examen.
En la actualidad existen más de 250 Centros Preparadores Oficiales adscritos al Platinum Examination Centre Exams Andalucía, repartidos por las diferentes provincias de Andalucía Oriental, fundamentalmente en las ciudades de Granada, Almería, Málaga y Marbella.
En la actualidad, University of Cambridge English Language Assessment está presente en más de 150 países de todo el mundo, y sus exámenes son reconocidos por más de 20.000 organizaciones e instituciones.
Serviría para facilitarles la espera hasta que encuentren una vivienda o residan allí
La fidelización para que los facultativos que vienen a Ceuta termine por cuajar necesita de una serie de medidas que, unas pueden ser puestas en marcha por el propio Ingesa y, de otra manera, vendrán a través de la comisión de expertos que el Ministerio de Sanidad diseñó hace unos meses.
En relación con las medidas que quiere poner en marcha el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria nos encontramos con el establecimiento de una residencia destinada a médicos en el interior del Hospital Militar.
En determinados lugares con especial dificultad y que no son atractivos para los médicos, entre los que se encuentra nuestra ciudad, se han llegado a construir residencias en el interior de los centros hospitalarios para solucionarles el problema de la vivienda. Uno de esos casos fue el Hospital de Ibiza donde el alquiler está por las nubes y los médicos que allí se trasladan deciden vivir en la mencionada residencia.
Director territorial
Con este estilo se va a intentar dar una solución parecida en nuestra ciudad, pero no será en el propio Hospital Universitario, sino en las instalaciones del Hospital Militar.
El propio director territorial del Ingesa, Fernando Pérez Padilla, ha reconocido a nuestra redacción que han tenido la oportunidad de visitar esas instalaciones que, antiguamente ya tenían la consideración de estancia para militares y considera que reúne las condiciones idóneas.
Por supuesto, la idea es que los facultativos se instalen allí hasta que encuentren si lo desean una vivienda para traerse a su familia o si lo prefieren pueden continuar residiendo en este lugar. Reconoce el propio Pérez Padilla que se deberán realizar algunas reformas, pero con un coste barato y, por supuesto, modernizarlo con líneas de teléfono o de conexión a Internet.
Además, desde el mismo Ingesa se quiere agradecer la labor que está desarrollando la Delegación del Gobierno por el interés demostrado para que las instalaciones del Hospital Militar se puedan convertir en un centro sociosanitario que tendría la capacidad de ser gestionado tanto por el propio Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y por el Imserso.
Otra de las medidas que igualmente servirían para que los médicos decidieran quedarse en Ceuta y no regresar a la Península es el incremento, aunque se reconoce pequeño, del precio de las guardias. Con esta medida se estarían acercando a las medias nacionales que se cobran en otras autonomías, aunque aún se está algo lejos.
Unas guardias que tienen precios distintos en función de las mismas categorías profesionales o de si se trata de guardia presencial o de localización.
Medidas del ingesa
Una residencia y subir el precio de las guardias
Entre las medidas que el propio Ingesa puede poner en marcha está la adaptación de una residencia para los facultativos que vienen de fuera dentro del antiguo Hospital Militar y el incremento en el precio de las guardas. La idea de esta residencia es que les sirva para las primeras semanas hasta que encuentren una vivienda o si al final lo desean también pueden vivir allí permanentemente. Sobre las guardias, la subida del precio de las mismas permitirá, aunque no sea mucha cantidad, acercarse a las medias nacionales.
Instalaciones
Se encuentran en un buen estado la residencia
Las instalaciones que se utilizarían para residencia de los facultativos ya fue utilizada anteriormente para este mismo fin por el Ejército, con lo cual está perfectamente estructurada. Lo único que se necesita, según ha señalado el director territorial del Ingesa, son pequeñas reformas que tendrían un coste bastante bajo, además de las lógicas conexiones telefónicas y para Internet. Igualmente agradecen el papel que está realizando la Delegación del Gobierno para lograr la cesión del antiguo Hospital Militar.
Lamenta que exija requisitos no legales y recuerda que no puede controlar si la residencia es legal
El Defensor del Pueblo no está de acuerdo con cómo gestiona el Padrón de Ceuta el Gobierno local, que cada enero desde hace años presume de haber dado de baja durante el ejercicio anterior a miles de personas como residentes. Por ello ha cursado varias sugerencias a la Ciudad Autónoma pidiendo que el Negociado de Estadística “solo requiera la comparecencia de las personas en sus dependencias, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, cuando así esté previsto en una norma con rango de ley” y que solo exija a las personas que se quieran empadronar “los documentos mínimos que despejen las dudas sobre la veracidad de los datos consignados en la solicitud”.
Tras recibir varias quejas, el Defensor del Pueblo lamenta que en Ceuta “se sigue la práctica administrativa” de requerir la presencia física de los interesados en empadronarse para que entreguen unos determinados documentos sin que ello sea debido a que “existan indicios que hagan dudar de que se vaya a establecer la residencia en el municipio, o de alguno de los datos declarados por el ciudadano” que es lo que ampara, según una Resolución de 2015, realizar los “actos de trámite necesarios para comprobar la veracidad de los datos consignados en la solicitud, dictando la correspondiente resolución”.
Para el Defensor, las comparecencias personales de los ciudadanos en las dependencias administrativas, “solo deben hacerse cuando así esté establecido en una norma con rango de ley, lo que no sucede en esta materia de empadronamiento”. Así lo exige el artículo 19 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuando el afectado es un extranjero, según el Defensor es el Reglamento de Población y Demarcación Territorial el que enumera los datos de cada vecino que, obligatoriamente, deberán figurar en la inscripción en el Padrón. Entre ellos figurará para los foráneos el documento que sustituya al número del DNI. Ahora bien, los ayuntamientos, como en este caso opera la Ciudad, “ni intervienen en la concesión de los permisos de residencia ni son competentes para controlarlos”.
“Su obligación”, ha recordado el Defensor a la Ciudad Autónoma, “es reflejar en un registro, el Padrón, el domicilio y las circunstancias de todas las personas que habitan en su término municipal, y de la misma manera que no deben controlar a través del Padrón la legalidad o ilegalidad de la ocupación de la vivienda, tampoco deben realizar ningún control sobre la legalidad de la residencia en España de ninguno de sus vecinos”.
También ha “recordado” al Negociado de Estadística de la Ciudad que el artículo 56.2 del citado Reglamento de Población dispone que “la inscripción de los extranjeros en el Padrón municipal no constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros en España”.
Las claves
Requerimiento sin indicios para dudar
Según el Defensor, el Negociado de Estadística de la Ciudad “sigue la práctica administrativa de requerir la presencia física” de los interesados en empadronarse “para que entreguen unos determinados documentos” sin que ello sea debido a que “existan indicios que hagan dudar de que se vaya a establecer la residencia en el municipio, o de alguno de los datos declarados por el ciudadano”.
“Ni concede ni controla” permisos de residencia.
Ha recordado a la Ciudad que “ni interviene en la concesión de los permisos de residencia ni es competente para controlarlos” y que no puede escrutar a través del Padrón “la legalidad o ilegalidad de la ocupación de la vivienda” ni tampoco “realizar ningún control sobre la legalidad de la residencia en España de ninguno de sus vecinos”.
Lo que hay que revisar es “un dato fáctico” no si es legal la residencia
Desde el punto de vista del Defensor del Pueblo, la cuestión del empadronamiento para la institución local que gestiona el Padrón es simple: si una persona “está viviendo de manera efectiva y continuada en la dirección que ha facilitado, tiene derecho a ser empadronada toda vez que solo debe utilizarse un dato fáctico, residencia habitual, y no un dato jurídico, residencia legal”.
Por ello, en otra de las sugerencias que ha cursado a la Ciudad Autónoma reclama que “solo se pida a las personas que se quieran empadronar los documentos mínimos que despejen las dudas sobre la veracidad de los datos consignados en la solicitud”.
La normativa establece, según recoge una Resolución de referencia fechada hace año tres años que “el objetivo de exigir documentación identificativa al solicitar la inscripción en el Padrón es exclusivamente comprobar que los datos de identificación (nombre, apellidos, número del documento, nacionalidad, sexo y lugar y fecha de nacimiento) son correctos, con independencia de la situación legal del extranjero en España”.
La inscripción frustrada de la pareja de hecho de un residente
El último caso analizado por el Defensor se refiere a un ciudadano español residente en Ceuta que quiso tramitar la inscripción padronal de la solicitante (su pareja de hecho) en la vivienda que él tiene y en la que reside habitualmente. La mujer entró legalmente en España con un visado otorgado por el Consulado de España en Tánger, está en situación legal y espera la tarjeta de familiar de residente de la UE en concepto de pareja suya.
El Negociado de Estadística exigió su presencia personal física en sus oficinas en menos de 15 días con visado o permiso de residencia. En doce jornadas se presentó un recurso pero la Ciudad, “en vez de contestar expresamente, como en Derecho procediera, decidió declarar decaída la solicitud de empadronamiento” sin razones concretas o motivos jurídicos.
Hay trabajadores de la empresa pública que están viendo sobre el terreno analizando cada uno de los casos
Un trabajo conjunto entre la Empresa Municipal de la Vivienda y el área de Vivienda de la Ciudad Autónoma se ha iniciado en la barriada Príncipe Felipe con la intención de regularizar las viviendas de este núcleo de población. Es un objetivo que se ha marcado la Consejería de Fomento, de la que dependen tanto la empresa municipal como el servicio y que llegará hasta un total de 700 viviendas.
En el caso de Príncipe Felipe hablamos aproximadamente de unas 250 y después se continuaría tanto por Juan XXIII como por una parte de Juan Carlos I que no se hizo en su momento.
Por supuesto, como nos reconoce el gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda, Juan Manuel Doncel, no se trata de un trabajo nada sencillo. En primer lugar, se ha tenido que realizar un trabajo de archivo, accediendo a los expedientes, los cuáles tienen aproximadamente unos cuarenta años y trabajar con los nombres de los primeros adjudicatarios que tuvieron estas casas.
Luego, se ha iniciado un proceso de diagnóstico por parte de trabajadores de Emvicesa que están sobre el terreno y que están visitando bloque por bloque y casa por casa para conocer, en estos momentos, quienes son los moradores que están en las mismas. Reconoce el mismo Doncel que la casuística que se están encontrando es muy amplia porque hay un problema importante de transmisiones.
En los primeros trabajos de reconocimiento, llevan aproximadamente un cincuenta por ciento de la totalidad de la barriada, están encontrando escasos primeros adjudicatarios, aunque aún quedan algunos. Además, los principales problemas que existen son de transmisiones, donde tanto existen contratos privados como no existen.
50% Análisis. Ya han visto cómo se encuentra la propiedad de la mitad de las viviendas
Al final de este trabajo de vivienda por vivienda ya podrán realizar un análisis en conjunto de cuáles son los principales problemas que se han encontrado y las soluciones jurídicas que se pueden aportar. Pero el objetivo primordial, desde luego, es que los actuales moradores, siempre que se pueda, sean las personas a las que se les adjudique la propiedad de las casas.
Donde aún no existe una solución definitiva es, desde luego, a la realización de una rehabilitación integral de esta barriada que, en numerosas ocasiones, se ha llevado a pleno, pero donde todavía no se ha decidido como enfocar la inversión.
Hay que recordar que cuando se produjo el anuncio de las ARIs de Santiago Apóstol y Los Rosales, también se incluida en esos momentos a Príncipe Felipe. Luego, con el paso de los años se ha conocido, según las explicaciones que el Gobierno ha ofrecido en distintas sesiones plenarias, que como se encarecieron los proyectos se tuvo que decidir eliminar una de ellas.
Y es que se encontró una salida como era que la inversión en Príncipe Felipe que, en un principio, se había valorado alrededor de los tres millones de euros, se ejecutara con fondos europeos, ya que el marco comunitario acaba de comenzar en 2014.
Al final, tampoco se pudo tomar esta decisión y los doce millones de inversión programados por Europa para barriadas degradadas son íntegros para Príncipe Alfonso.
Por parte de la Ciudad Autónoma se intentó encontrar una salida como era que se ejecutara la ARI con fondos propios del Ayuntamiento, pero se encontraron con el problema de que las mejoras que se introdujeran iban a repercutir en las declaraciones ante Hacienda de los propietarios, puesto que había una mejora manifiesta del patrimonio.
Por tanto, es una barriada que deberá continuar a la espera de que por parte del Ministerio se apruebe el nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación.
Las claves
Trabajo de equipo, viendo expedientes que tienen más de 40 años
El primero de los trabajos consistió en analizar todos los expedientes que están en poder del área de Vivienda de la Ciudad Autónoma para ver quienes eran los primeros adjudicatarios de esta promoción de vivienda.
Trabajo de campo, se ha visto el 50% de los grupos de viviendas
Los trabajadores de Emvicesa que están trabajando desde el pasado mes de octubre en la misma barriada ya han preparado el 50% de cómo se encuentran legalmente estas viviendas. Al final, lo que tendrán que hacer es reunir toda la casuística con la que se están encontrando, de manera que se puedan buscar las fórmulas para la legalización que, al final, es el gran objetivo que se han marcado.
Colaboración, una ayuda para el área de Vivienda de la Ciudad
Emvicesa está ayudando en este proceso de legalización al área de Vivienda de la Ciudad Autónoma que depende igualmente de la Consejería de Fomento. Se destaca que es un objetivo de esta legislatura que ha indicado el consejero y tanto la empresa pública como el mismo servicio se han puesto a trabajar.
Mal estado de los bloques Los bloques se encuentran en mal estado y en varias ocasiones se ha venido hablando de incluirlas en los ARIs, pero, lo cierto es que hasta ha sido imposible en este punto. Una cuestión que se ha llevado incluso a sesiones plenarias.
