
Jueves 25 de enero de 2018


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Muhammad Didar es el elegido. Ha conseguido el pase a la península. Deja atrás Ceuta pero también, mucho más lejos, su país: Birmania, en donde la situación de inseguridad sigue afectando a muchas minorías religiosas.
Nacido en Myanmar, su lugar de origen no es seguro, debido a los frecuentes ataques contra los rohinya que ha llevado a que miles de refugiados de minoría musulmana hayan huido a Bangladesh.
La violencia marca las vidas de muchos de los que llegan a nuestra ciudad, arrastrando historias de persecución, de presión, de peligro auténtico para sus vidas. Obtener la debida protección es una obligación de los países democráticos.
Muhammad encierra sus escasas pertenencias en una maleta con la que tiene que emprender su nueva vida. Junto a él marchan a la península dos subsaharianas y dos familias argelinas con sus hijos pequeños, nacidos y criados en Ceuta.
Para los argelinos las salidas estaban bloqueadas desde hace meses, siendo incongruente mantener a madres con hijos nacidos en la ciudad sin obtener el pase ansiado. Hoy, al menos para ellas, se ha roto el círculo.
El grupo, de siete personas, logra su pase integrando el colectivo de vulnerables, a la espera de preparar otra salida, ya la semana próxima, más numerosa. Muchos compañeros de los protagonistas de esta marcha han acudido a la estación marítima a despedirles.
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Todos estamos de acuerdo que, hoy por hoy, el problema del Tarajal y todo lo que conlleva alrededor se ha convertido en la primera preocupación de los ceutíes y se supone que de sus autoridades.
Todos estamos de acuerdo en que las obras de reforma de la primera fase de la N-352 son importantes, porque es la única muestra de nuevas infraestructuras que nos podemos llevar a la boca tras varios años (aún nos queda la segunda fase con la remodelación de la barriada de la Almabraba, la reforma de los polígonos o la construcción de una nueva zona fronteriza).
Por tanto, si hay un partido político, como es MDyC que denuncia que la empresa adjudicataria de las obras ha decidido paralizar las obras, lo menos que se merecen los ciudadanos es que la Delegación del Gobierno envíe una nota pública desmintiendo esta situación que a más de uno que haya leído la denuncia del partido de la oposición se habrá llevado las manos a la cabeza.
No se entiende esa política informativa de este delegado del Gobierno. Cuando se habla de transparencia, en la Delegación lo que reina es el oscurantismo. No se puede entender a un cargo político, de la importancia de un delegado del Gobierno, que mantenga ese comportamiento, porque, luego, sus comparecencias ante los medios de comunicación son de higos a brevas, descartando incluso las peticiones de entrevistas que se le hace para que se explique, pero prefiere estar detrás de la mesa de su despacho para no salir a explicarse.
La Consejería de Sanidad, Servicios Sociales, Menores e Igualdad ha ampliado la red de espacios públicos cardioprotegidos con la instalación de dos nuevos desfibriladores semiautomáticos (DESA) en el mercado central y en el de San José.
La Fundación Chocrón-Macías ha donado el material compuesto por los desfibriladores con su cabina así como los parches para el uso en adultos y niños. La consejera del área, Adela Nieto, ha agradecido esta donación que demuestra, una vez más, el compromiso de la fundación con la sociedad ceutí.
Con la puesta en marcha del I Plan de Salud de Ceuta, que comprendía el periodo 2008-2011, la Consejería de Sanidad inició una serie de acciones englobadas en el programa Mortalidad y Morbilidad en Procesos Cardiovasculares. Entre los objetivos de este programa se encontraba la disminución de la mortalidad y, por ello, se impartió a diversos colectivos de Ceuta un seminario formativo de resucitación cardiopulmonar y de manejo de desfibriladores semiautomáticos. Posteriormente, se comenzó la instalación de los primeros DESA en distintos espacios de la Ciudad.
Con el II Plan de Salud se ha seguido una línea continuista dentro del mismo programa con el diseño de entornos cardioprotegidos. Hasta la fecha, se han instalado en lugares como los polideportivos Díaz Flor y Guillermo Molina, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Ciudad, la Autoridad Portuaria (cedido por Chocrón-Macías); el Parque Marítimo del Mediterráneo (cedido por Chocrón-Macías); el Teatro Auditorio del Revellín, ARCE-Protección Civil, el Campus Universitario, el edificio Ceuta Center, el Palacio de la Asamblea, el aparcamiento subterráneo de la avenida alcalde Sánchez-Prado, el Parque de Bomberos así como el mercado central y el de San José.
A estos espacios se sumarán próximamente la Biblioteca Pública Adolfo Suárez y las dependencias de la Policía Local. Además, la Consejería de Sanidad dispone de un DESA de repuesto en el caso de que los desfibriladores instalados sufrieran alguna avería. Una empresa privada contratada por el área que dirige Adela Nieto se encarga del mantenimiento de los aparatos que pasan dos revisiones anuales de las que se emiten sus correspondientes informes de estado.
El aprendizaje en el manejo del DESA y la reanimación cardiopulmonar (RCP) se realiza a través de una empresa de formación contratada por la Consejería. Cruz Roja Ceuta, autorizada como entidad formadora en DESA, ha sido la encargada de formar al personal no sanitario que trabaja en los distintos espacios que conforman la red. Los últimos cursos formativos se llevaron a cabo durante 2017 y estuvieron compuestos por un total de 75 personas.
Un espacio cardioprotegido es aquel que cuenta con desfibriladores externos semiautomáticos de fácil acceso para los primeros intervinientes en una situación de riesgo, para así lograr la desfibrilación antes que haya transcurrido el tiempo máximo recomendable desde que ha ocurrido el paro cardíaco.
En España se estima que cada año se producen más de 30.000 paradas cardíacas, lo que equivale a una media de un paro cardíaco cada 20 minutos, ocasionando 4 veces más muertes que los accidentes de tráfico. Más del 85% de las muertes súbitas son de origen cardíaco; el 90% de ellas se producen fuera del entorno hospitalario.
La Delegación del Gobierno ha optado por enrocarse en el silencio. Ha dejado arrinconada su obligada comunicación y evita pronunciarse sobre asuntos que son de su competencia. No contesta a las denuncias públicas, no informa sobre sus gestiones en asuntos sobre los que está obligada a actuar…
Ha elegido vivir condenada en su particular síndrome de tortuga. Y eso, al margen de ser una elección, es una falta de respeto al ciudadano porque hayamos o no votado al partido representado en la plaza de los Reyes quien allí se sienta está obligado a representar y defender los derechos de todos y a tenernos informados de las actuaciones que hace el Gobierno de España para que no nos sintamos náufragos en una isla de incompetentes.
Delegación se oculta, se esconde. Le gusta el silencio. Nada dice cuando se lanzan acusaciones graves sobre los decomisos de mercancías sin acta de aprehensión, dejando que el nerviosismo domine a quienes temen verse denunciados.
Nada dice sobre las denuncias públicas sobre inversiones paradas. Menos aún sobre las tragedias ocurridas en nuestras fronteras. Es como si no tuviéramos gobierno, es como si cualquier deseo de saber para sentirse protegido fuera un imposible. El síndrome tortuga reina en una plaza sobre la que llueven críticas graves.
La Ciudad invade competencias que no le son propias a la hora de valorar lo que sucede. Tenemos un presidente con complejo de delegado, tanto que en las fotografías sobre reuniones ministeriales él sale en primera plana dejando atrás al responsable de todo lo que sucede.
No es lógica la situación ni tampoco el adormecimiento social ante un bloqueo que nos ha terminado por convertir en una ciudad fantasma. No todo vale. Ni menos obviar la debida respuesta a una ciudadanía que duda ya si tiene un delegado o una estatua de Ginés Serrán Pagán escondida tras las cortinas que de vez en cuando se asoma a la galería y no precisamente para calmar el ambiente.
La Ciudad Autónoma no cumple como debería las normas sobre transparencia que resultan de aplicación respecto de los contratos, convenios y encomiendas de gestión. El último informe del Tribunal de Cuentas (TCu) sobre la aplicación principios básicos tales como, libertad, publicidad, transparencia, no discriminación, igualdad, estabilidad presupuestaria, control del gasto o eficiente utilización de los fondos deja en mal lugar a la Ciudad.
“A diferencia del resto de Comunidades y Ciudades Autónomas sin órgano de control externo propio”, en Ceuta “no consta el desarrollo de la Ley de transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno por parte de Ceuta”, lamenta el órgano fiscalizador.
Su informe, relativo a los ejercicios 2014 y 2015 pero con información recopilada hasta bien entrado 2017, critica que la página web de la Ciudad “no cumple lo relativo a la información institucional, económica, presupuestaria” y “no recoge las instrucciones de contratación, presentando en su Perfil del Contratante un contenido muy deficiente que incumple los principios de publicidad y concurrencia, de igualdad y de transparencia de adjudicaciones y contratos”.
Respecto al resto de entes de la Ciudad Autónoma individualmente sometidos a la Ley de Transparencia, su cumplimiento “también presenta deficiencias”.
Tras analizar todos sus espacios en Internet, el Tribunal de Cuentas concluye que “ninguno de ellos cumple las obligaciones de información impuestas por la Ley de Transparencia”.
En seis páginas web “los entes examinados tiene Perfil del Contratante, aunque no contienen la información exigida respecto de los contratos, convenios y encomiendas”. En dos casos “tienen página web pero no portal de transparencia ni perfil de contratante”; cinco “no tienen ni siquiera página web” y otros tantos entes públicos “se remiten a la de la Ciudad Autónoma”.
Más allá del grado de cumplimiento en materia de transparencia, el órgano fiscalizador también es duro con la Ciudad por cómo gestiona los procedimientos de contratación en general.
Así, denuncia que pese a sus requerimientos anteriores “mantiene una deficiente justificación de la necesidad a satisfacer y de la elección del procedimiento y de los criterios de adjudicación en la mayor parte de los contratos analizados”.
El Tribunal de Cuentas reconoce que sí ha empezado a “especificarse de forma clara y homogénea la forma de valoración de los requisitos para justificar la solvencia técnica” de las licitadoras pero lamenta que “se han seguido produciendo retrasos en la ejecución de los contratos y modificaciones con deficientes justificaciones”.
También critica que “subsiste el problema en la expedición y tramitación de los documentos contables justificativos de las diferentes fases del gasto en los contratos”. “En definitiva”, resume, “existe reiteración durante los ejercicios examinados de la mayor parte de las deficiencias que ya fueron puestas de manifiesto en Informes anteriores, incumpliendo las conclusiones que con carácter periódico determina este Tribunal”.
La legislación vigente exige la publicación en la Página de Transparencia de las Administraciones de “información relativa a todos los contratos adjudicados con indicación del objeto, duración, importe de licitación y de adjudicación, procedimiento utilizado para su celebración, instrumento a través de los cuales ha publicitado, número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato”.
También datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos”.
El Tribunal de Cuentas destaca en su informe que Ceuta ha sido “la excepción” de todas las Autonomías por su “deficiente cumplimiento” en la norma general que valora que “los organismos fiscalizados han cumplido con sus obligaciones formales, no las temporales, de remisión tanto de las relaciones certificadas de contratos como de los extractos de expedientes de contratación, sin perjuicio de las deficiencias y errores apreciados en la cumplimentación de la información a incorporar a las aplicaciones informáticas empleadas para la remisión telemática”.
El órgano fiscalizador ha observado “deficiencias generales” en la remisión de la información relativa a las incidencias producidas en el curso de la contratación (las modificaciones, prórrogas o variaciones de plazos, variaciones de precio e importe final, la nulidad y la extinción normal o anormal de los contratos), produciéndose en algunos casos “incumplimientos reiterados de esta obligación” al no remitir la documentación dentro de los plazos legalmente señalados para ello, “singularmente por parte de algunos órganos de la Ciudad Autónoma de Ceuta”.
En “un elevado número de expedientes fiscalizados” se ha constatado que la Ciudad no deja “constancia de la justificación de la necesidad de la contratación” o los preceptivos informes de los servicios promotores justificativos de esa necesidad incorporados “son insuficientes ya que en ellos no consta la extensión de las necesidades que pretendieron cubrirse con el contrato proyectado, ni tampoco la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas ni la necesidad de la inversión de fondos públicos que conllevan”.
Cuatro años y cinco meses, además de una multa de 3.597.287 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 180 días, es la pena solicitada por el Ministerio Fiscal para cada uno de los acusados, M.H. y F.L., por un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que no causan grave daño a la salud.
La vista, que estaba prevista celebrarse en el Juzgado de lo Penal número 2, fue finalmente suspendida por la no comparecencia de varios de los testigos, uno de ellos protegido, a pesar de que todos habían sido citados para el juicio en fecha y forma, según se manifestó en el Juzgado.
Los hechos por los que se iban a juzgar a estas dos personas, una de ellas de nacionalidad rumana, se remontan al pasado año cuando ambas se pusieron de acuerdo para traficar con drogas, concretamente con hachís.
Aprovechando que M.H. llegó a la ciudad el pasado 24 de julio de 2017 a bordo de un camión transportando varias atracciones de Feria, acordaron ocultar en el interior de dicho vehículo la sustancia estupefaciente previamente adherida con el fin de transportarla a la Península para distribuirla o venderla a terceros.
Sobre las 1.30 horas del 6 de agosto del pasado año, los acusados, ayudándose de terceras personas que no fueron identificadas, ocultaron en un altillo existente en el techo del camión la droga que habían adquirido, dispuesta en 90 bloques y otros 27 con un total de 13.800 cápsulas de hachís.
La sustancia estupefaciente así dispuesta levantó las sospechas de un compañero de trabajo de uno de los acusados, así como del dueño del camión y de la empresa de atracciones que lo pusieron en conocimiento de la Policía Nacional.
Los agentes se personaron en la explanada del recinto ferial donde se encontraba el camión aparcado y procedieron a su inspección, hallando en el interior del mismo la sustancia estupefaciente que, tras ser analizada, arrojó un peso de 591.659,10 gramos de hachís con un índice de THC que osciló entre el 18,01% y el 20,02% y con un valor en el mercado de 899.321,83 euros, que los acusados pensaban destinar a terceras personas para lucrarse con esta actividad lícita.
Ambos acusados se encuentran en la actualidad en prisión provisional, situación en la que están desde el pasado mes de agosto en que fueron detenidos por los hechos por los que ayer se les tenían que juzgar.
Tras la suspensión de la vista, el abogado de F.L. solicitó a la magistrada la suspensión de la pena privativa de libertad, alegando al estado de salud de su patrocinado, llegando incluso a temer por su vida.
El Ministerio Público se opuso a esta petición, basándose en que la pena de prisión solicitada de casi cuatro años y medio implica riesgo de fuga por parte del acusado.
F.L. no tiene antecedentes penales, aunque M.H. sí, pero no son computables en la actual causa. Los acusados serán citados para una nueva vista, a la que también deberán comparecer los testigos que ayer no asistieron al Juzgado de lo Penal, así como los agentes de la Policía Nacional que intervinieron en el decomiso de la sustancia estupefaciente durante el pasado mes de agosto.
‘Teliman Servicios Complementarios’ se ha adjudicado el servicio de ‘Auxiliar de información en el tanatorio municipal’ por una partida de 86.073 euros, frente al presupuesto base de licitación que se cifró en 92.500.
La duración del contrato se estima en doce meses y consiste en apertura y cierre de las instalaciones: control de entradas y salidas de usuarios y féretros; recepción de usuarios; recogida y custodia, en su caso, de los efectos portados por los usuarios y visitantes; información, orientación y, en su caso, acompañamiento de usuarios; organización y control de la evacuación de usuarios; control de los bienes o productos existentes en el tanatorio; comprobación del estado y funcionamiento de las instalaciones generales; vigilancia de los sistemas contra incendios y remisión diaria a la Consejería de partes de incidencias.
El contrato también comprenderá el mantenimiento de todas las instalaciones que deberá revisarse con carácter mensual, así como la instalación contra incendios o los elementos integrados en las propias dependencias del Tanatorio municipal.
Cada cierto tiempo, como una exótica serpiente informativa, irrumpe en la palestra mediática el “problema” que supone para Ceuta el desmedido fracaso escolar. Esto suele venir acompañado de la publicación de alguna estadística, informe o estudio relacionado con la materia que, de algún modo, objetiva y visualiza lo que es de universal conocimiento.
El fracaso escolar, excesivo y asimétrico, constituye uno de los denominados problemas estructurales que impiden situar a nuestra Ciudad en la senda de un desarrollo armónico y homologable al del resto del país. A pesar de ello, no le importa a nadie. O para ser más exactos, sólo a un porcentaje insignificante de la ciudadanía.
Incluimos a los propios docentes, salvando un reducido grupo de excelentes profesionales muy comprometidos, pero cada vez más aburridos, hastiados y aislados ante la incomprensión generalizada y la falta de apoyo.
Ceuta ha decidido, de manera consciente, que el “fracaso escolar” forme parte de su paisaje natural (como el monte Hacho). Ya nadie se mueve, ni presiona (ni siquiera los sindicatos), para reivindicar los cambios necesarios para, como mínimo, taponar las clamorosas “vías de agua” y remendar los evidentes descosidos del sistema.
La transformación de nuestro sistema educativo es una empresa multidimensional y compleja, en la que intervienen muchas variables, y además, está condicionada por una lógica dependencia del sistema general. Cambiarlo en profundidad no es fácil ni rápido.
Pero esto no es óbice para que se pueda mejorar considerablemente con medidas que están a nuestro alcance y que supondrían un más que estimable avance.
La prueba irrefutable del escaso interés que suscita entre los partidos políticos y las administraciones concernidas la lucha contra en fracaso escolar, la tenemos en la manera en la que se abordan cuestiones relativamente accesibles, objetivos asequibles de forma inmediata, y que sin embargo, se postergan injustificadamente. O directamente se obvian. Cinco ejemplos pueden mostrar con nitidez esta actitud.
La insuficiente red de centros docentes para albergar a la totalidad de la población escolar. Una política infame de construcciones escolares, durante tres décadas, nos ha llevado a una situación límite. El ochenta por ciento de los grupos de alumnos tiene una ratio superior a la que marca la ley y muy por encima de lo pedagógicamente recomendable.
Esto incide de manera directa sobre el fracaso escolar y sólo se puede solucionar construyendo centros. Pero no se construyen. En el Programa Operativo de Ceuta figura la construcción de un centro de secundaria. El terreno donde se va a construir está disponible desde dos mil nueve.
Los fondos para su financiación desde julio de dos mil quince (fecha de aprobación del Programa Operativo). No se ha puesto ni un ladrillo. La única razón para ello es que no existe el más mínimo interés. O si se quiere, la construcción de centros no figura (ni de lejos) entre las prioridades del Ministerio.
Los reglamentos que regulan el funcionamiento de lo centros de primaria y secundaria de Ceuta datan de mediados de los años noventa. En toda España estos documentos, básicos para la organización de los procesos enseñanza aprendizaje, están actualizados incorporando la manera de gestionar tanto las nuevas demandas de una sociedad muy dinámica, como los métodos y recursos pedagógicos innovadores.
¿Por qué no se aprueban nuevos reglamentos para Ceuta que permitirían modernizar el funcionamiento de los centros? No hay ninguna razón ni jurídica ni administrativa que lo impida. Sencillamente, al equipo ministerial (llevan siete años gobernando) no le parece un asunto preocupante.
En todas las Comunidades Autónomas de España existe un Consejo Escolar. Es un órgano en el que toda la comunidad educativa tiene la oportunidad de debatir y proponer acciones, iniciativas o propuestas para adecuar el sistema educativo a su propia realidad.
Si en algún lugar hace falta una institución de esta naturaleza, es en Ceuta (singular por antonomasia). Sin embargo aquí no existe. Es más, el PP votó, en el Pleno de la Asamblea, en contra, de proponer al Ministerio su creación. Sin más comentarios.
“La transformación de nuestro sistema educativo es una empresa multidimensional y compleja, en la que intervienen muchas variables, y a demás está condicionada por una lógica dependencia del sistema”
La raquítica política de becas. Las becas en Ceuta desempeñan un papel clave en el sistema educativo. Una Ciudad acosada por la pobreza (más del cuarenta por ciento de la población vive por debajo del umbral de la pobreza), en la que se tiene constancia de que son muchas (miles) las familias que no pueden garantizar a sus hijos e hijas la disponibilidad de todo el material escolar desde el primer día de curo, debería tener implantado un sistema de becas capaz de garantizar la gratuidad efectiva de la enseñanza. Esto tendría un coste de entre tres y cuatro millones de euros anuales (es una estimación).
Unas cantidades perfectamente asumibles por una institución generosamente subvencionada que despilfarra el dinero a manos llenas en gastos sonrojantes (no hacen falta ejemplos que están en la mente de todos y a la vista de cualquiera).
La falta de material escolar, o su recepción tardía, genera un desfase en el ritmo de aprendizaje del alumnado afectado que termina traduciéndose indefectiblemente en fracaso. ¿Por qué motivo no se soluciona este problema? Porque no se quiere. No hay otra respuesta.
El problema de la lengua materna. Más allá de las opiniones diversas sobre esta cuestión, existe una base científica más que sólida (los estudios son públicos), para reconocer que la dificultad de un sector de la población escolar para seguir correctamente los procesos enseñanza aprendizaje, como consecuencia de que su lengua materna es diferente del español, es una de las causas que explican el exagerado diferencial de fracaso escolar respecto a la media nacional.
Cualquier administración responsable intentaría explorar vías de solución a este problema. Sin embargo, el PP votó, en el Pleno de la Asamblea, en contra de una experiencia piloto para facilitar a este segmento del alumnado (en educación infantil) la comunicación con su profesorado mediante auxiliares de conversación de árabe ceutí.
¿Por qué? El PP antepone su interés partidista (mantener su imagen de defensor a ultranza de la civilización occidental”, lo que conlleva frenar la islamización), al rendimiento escolar de esos menores.
No cabe la menor duda de que reduciendo la ratio, modernizando el funcionamiento de los centros, implantando medidas de carácter pedagógico adaptadas a nuestra realidad singular, dotando a todo el alumnado puntualmente de los recursos necesarios, y resolviendo la dificultad que para muchos tiene el deficiente manejo de la lengua vehicular; las cosas irían sustancialmente mejor.
Todo esto es posible. Y sin embargo nada de ello figura entre las prioridades de la administración educativa, ni de la institución más representativa (la Ciudad), y por tanto la llamada a ser la más combativa en defensa de los intereses de Ceuta.
La explicación a esta aparente paradoja es tan sencilla como triste. Quienes pueden cambiar las cosas no tienen la más mínima intención de hacerlo. Para ellos el sistema educativo no está averiado.
Disponen de una ruta docente blindad que les permite conducir a sus hijos desde educación infantil hasta las universidades peninsulares sin necesidad de sufrir contaminación alguna.
Y quienes sí son víctimas de esta incalificable injusticia, no se sienten con fuerza y por tanto no tienen confianza en que nada pueda cambiar. Así es Ceuta.
La decisión de la Ciudad Autónoma de rebajar el precio de los billetes para los turistas en fines de semana puede traer también consecuencias del desvío de distintos tráficos que ahora mismo se generan desde los puertos de Algeciras y Tarifas en dirección al Norte de África.
En una de las reuniones que el consejero de Turismo y Deporte, Emilio Carreira, mantuvo con distintos operadores a lo largo de la Feria Internacional de Turismo, conoció la importancia que tiene el tráfico de 4×4 en dirección al vecino país y que la mayor parte de estos vehículos utilizan el desplazamiento desde el puerto de Tarifa hasta Tánger ciudad, debido a que el transporte es mucho más barato.
Pues bien, desde la Consejería de Turismo y Deporte, a iniciativa de este operador turístico, se está dispuesto a luchar por este tráfico que mueve a miles de 4×4 durante todo el año y la oferta que se realizaría incluiría una noche en nuestra ciudad, con lo cual serían turistas que, de alguna manera, aunque su destino final fuera Marruecos tendrían la oportunidad de consumir en Ceuta a distintos niveles.
Carreira ha manifestado en el programa ‘La Voz del Faro’ que la Consejería tiene en sus presupuestos distintas partidas que pueden servir igualmente para apoyar iniciativas que se tengan por parte de operadores turísticos y que al final tengan como objetivo la visita a nuestra ciudad.
El mismo consejero destacó que el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, “ha tocado a arrebato y ante la situación de dificultad que está padeciendo Ceuta a distintos niveles, todas las Consejerías tenemos la obligación de buscar fórmulas imaginativas que permitan lograr atraer más riqueza a Ceuta”.