La Ciudad Autónoma de Ceuta ha querido aclarar, en relación a los contratos tramitados durante la situación de emergencia para la gestión de la acogida de los menores, que el procedimiento seguido se ajustó a la legislación vigente.
La Ciudad niega, en primer lugar, «de manera rotunda y categórica las insinuaciones de trato de favor», relativas a que el presidente, Juan Vivas, haya decidido o seleccionado las empresas adjudicatarias. Según explica, «la elección de las empresas no corresponde al presidente ni responde a criterios políticos». La propuesta parte de los informes técnicos, que «valoran las necesidades concretas derivadas de la situación de emergencia, así como la disponibilidad inmediata y la capacidad de las empresas para movilizar los medios necesarios».
«Posteriormente interviene la Consejería competente, el expediente es objeto del correspondiente control jurídico y finalmente se adopta la resolución por el órgano de contratación», explica el Gobierno de Ceuta en respuesta a una información publicada por eldiario.es ya que «lo publicado no se corresponde con la realidad de los hechos ni con el contenido de los expedientes administrativos».
La Ciudad defiende el recurso al procedimiento de emergencia
En segundo lugar, el Gobierno ceutí también rechaza que los contratos se presenten «como si se hubiera evitado una licitación ordinaria» que debería haberse celebrado en las mismas condiciones.
La Ciudad señala que los expedientes se tramitaron al amparo del artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, que contempla «un régimen excepcional para aquellos supuestos en los que la Administración debe actuar de manera inmediata ante acontecimientos catastróficos o situaciones de grave peligro como es el caso lamentablemente debido a la inacción, pasividad e irresponsabilidad del Gobierno de Sánchez desde que el 30 de julio entraron de manera masiva e irregular al menos 80.000 personas por la frontera».
La finalidad de este procedimiento, según argumenta la Ciudad, es precisamente permitir una «respuesta urgente cuando los plazos de una contratación ordinaria impedirían atender necesidades inaplazables».
En este caso, la situación generada tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio provocó, según el Gobierno ceutí, una «necesidad extraordinaria e inmediata de habilitar espacios de acogida para menores (competencia de la Ciudad), acondicionar instalaciones, suministrar equipamientos, transportar materiales y disponer de infraestructuras temporales indispensables para hacer frente a una emergencia sin precedentes, necesidades sobrevenidas e inmediatas que no podían esperar meses a la conclusión de los procedimientos ordinarios de contratación».
«Cuando se efectúa la contratación se estimaba que, del total de personas que permanecían en la ciudad, y cuyo número aún se desconoce puesto que el Gobierno de la Nación no es capaz de ofrecer un dato certero, unas 3.000 podían ser menores de edad, lo que requería unas exigencias igualmente sin precedentes».
«No está de más recordar que la capacidad ordinaria de acogida en Ceuta es de 29 menores, que teníamos 800 el día 30 de julio y que en la actualidad se atiende a 2.010».
Rechaza que los contratos respondan a un trato de favor
En tercer lugar, otro de los aspectos que quiere negar el Gobierno de Ceuta es una relación entre las empresas adjudicatarias y familiares de personas vinculadas a la Ciudad que «induce a una conclusión de trato de favor que no se corresponde con el expediente».
«El parentesco no determina por sí mismo una incompatibilidad ni un conflicto de intereses. Lo relevante jurídicamente sería que las personas relacionadas hubieran intervenido en el procedimiento o concurriera alguna causa legal de incompatibilidad. Y eso no sucede en estos expedientes».
En particular, rechaza que Javier Sánchez París sea calificado «como asesor personal del presidente». Según la explicación facilitada, se trata de «personal eventual de la Ciudad, con funciones de secretario administrativo, y no ha intervenido en estos expedientes: no informa, no propone empresas, no tramita la contratación ni participa en la adjudicación».
Respecto a la otra empresa mencionada, Doncel, la Ciudad sostiene igualmente que la existencia del parentesco señalado «no acredita ninguna actuación irregular». «Lo relevante es quién interviene en el expediente y con qué competencias, y no el parentesco utilizado como elemento para establecer una relación de causalidad que no existe», alegan.
Siete empresas para atender las necesidades de emergencia
La Ciudad considera además relevante que la respuesta de emergencia no se concentró en dos empresas, como, según sostiene, podría desprenderse de la información publicada. «Se distribuyó entre siete empresas para poder atender simultáneamente las diferentes y múltiples necesidades que habían surgido, y las empresas seleccionadas trabajan habitualmente con la Administración y cuentan con capacidad para ejecutar las prestaciones requeridas de manera inmediata».
«Todas ellas cuentan con experiencia previa trabajando con la Administración y disponían de la capacidad de respuesta inmediata que exigía una situación de extraordinaria urgencia, tal y como se expone en los informes técnicos».
Por ello, la Ciudad considera que presentar dos contratos de forma aislada, relacionarlos con familiares de personas vinculadas a la Administración y atribuir directamente al presidente su adjudicación supone una simplificación del procedimiento administrativo y de la actuación desarrollada durante la emergencia.
Por tanto, «presentar dos contratos de forma aislada, asociarlos mediante relaciones familiares con personas vinculadas a la Ciudad y atribuir directamente al presidente su adjudicación supone una simplificación que desvirtúa tanto el procedimiento administrativo como la realidad de la actuación de emergencia».
«Desinforma, en definitiva, de manera torticera e interesada en presentar al presidente como alguien que ejerce un trato de favor hacia determinadas empresas. La forma en la que se construye la información conduce al lector a una conclusión de trato de favor que no se corresponde con el contenido de los expedientes administrativos ni con el procedimiento seguido.
El Gobierno de Ceuta defiende los controles administrativos
La Ciudad insiste finalmente en que «no ha actuado al margen de los controles» establecidos. Según sostiene, recurrió a un «procedimiento excepcional previsto expresamente por la legislación de contratos» para hacer frente a una «situación excepcional», con la correspondiente documentación técnica y jurídica, y las empresas han sido seleccionadas atendiendo a las necesidades y a la capacidad de respuesta inmediata requerida.
La Ciudad considera «especialmente grave e irresponsable que se pretendan sembrar sospechas de trato de favor mediante relaciones familiares que, en el caso que se atribuye falsamente al presidente, ni siquiera existen».
«En cualquier caso, el parentesco por sí solo no supone incompatibilidad ni conflicto de intereses. Las personas aludidas no informan, no proponen empresas, no tramitan expedientes ni intervienen en modo alguno en los procedimientos de adjudicación. Insinuar lo contrario es lanzar una acusación sin fundamento alguno».
«Un intento deliberado de desacreditar al presidente de la Ciudad»
Por todo ello, la Ciudad Autónoma considera que «se han presentado de manera torticera, manipulada e interesada determinados contratos, para atribuir directamente un trato de favor que no encuentra respaldo ni en los hechos ni en la documentación administrativa».
«La Ciudad Autónoma ha actuado en todo momento dentro de la legalidad, sometida a los controles técnicos, jurídicos y administrativos previstos por el ordenamiento jurídico».
Asimismo, la Ciudad considera que «esta información no responde a un interés legítimo por esclarecer unos expedientes administrativos, sino a un intento deliberado de desacreditar al presidente de la Ciudad, Juan Vivas».
«Es completamente falso, como se ha expuesto, que exista trato de favor alguno y resulta evidente que, ante la ausencia de un solo indicio de irregularidad, se recurre a insinuaciones, parentescos y asociaciones interesadas para construir artificialmente una sospecha donde no la hay».
«No es casual que este ataque se produzca precisamente cuando el presidente Vivas ha liderado, con firmeza y determinación, la defensa de Ceuta frente a la mayor crisis sufrida por nuestra ciudad, exigiendo responsabilidades y respuestas al Gobierno de la Nación», concluye el comunicado.
Vox exige la documentación de los contratos «millonarios» para la acogida de los menores
Vox Ceuta ha registrado una solicitud de información para tener acceso a los documentos completos de los contratos de emergencia adjudicados por el Gobierno de Juan Vivas para la acogida de menores extranjeros no acompañados.
«Después de las informaciones publicadas que señalan posibles vínculos familiares entre responsables de las empresas adjudicatarias y cargos de confianza del Ejecutivo local, el partido quiere conocer todos los detalles de estos expedientes».
El presidente de Vox Ceuta, Juan Sergio Redondo, anuncia que su formación va a ejercer “hasta las últimas consecuencias” su labor de fiscalización. “Estamos hablando de contratos millonarios, adjudicados mediante un procedimiento excepcional, y ahora conocemos informaciones que apuntan a posibles relaciones familiares entre personas vinculadas a las empresas beneficiarias y cargos de confianza del Gobierno de Vivas. Ante algo así no valen silencios, evasivas ni explicaciones a medias”, afirma Redondo.
La formación advierte de que «la información publicada permite conocer los elementos esenciales de las adjudicaciones, pero no comprobar de forma completa la justificación individual de la emergencia».
«Tampoco los criterios utilizados para seleccionar a cada contratista, la determinación de los precios, las fechas reales de los encargos, las medidas adoptadas para prevenir conflictos de interés ni la ejecución material y económica de las prestaciones»
Redondo advierte de que Vox llegará «hasta el final» para conocer quién propuso a las empresa
“Queremos saber quién puso encima de la mesa el nombre de cada empresa, quién propuso contratarla, quién tomó la decisión, qué otras alternativas se estudiaron y cómo se determinó que los precios que vamos a pagar con dinero público eran los adecuados. Y si no hubo ofertas alternativas, ni consultas de mercado, queremos saber exactamente por qué”, subraya Redondo.
Además, Vox ampliará su investigación solicitando y analizando la documentación registral disponible de las empresas señaladas. “No nos basta con conocer el nombre que aparece en una adjudicación”, asegura Redondo para añadir: “Buscamos conocer quién está detrás de esas sociedades, desde cuándo y qué relaciones puedan existir o haber existido con personas vinculadas política o profesionalmente al Gobierno de Juan Vivas”.
La formación también exige «certificaciones, facturas, albaranes, partes de trabajo, actas de recepción, pagos efectuados, modificaciones, ampliaciones, prórrogas y cualquier contrato menor, pedido o prestación materialmente relacionado con estos expedientes».
Asimismo, ha solicitado conocer «todos los contratos adjudicados por la Ciudad Autónoma desde el 1 de enero de 2024 a cada uno de los adjudicatarios afectados, con indicación del objeto, procedimiento, importe y órgano proponente».
“Aquí estamos hablando de millones de euros de dinero público adjudicados al amparo de una emergencia”, incide Redondo. Y, precisamente por tratarse de un procedimiento excepcional, defiende que “la transparencia y el control tienen que ser todavía mayores”.
“La emergencia no puede convertirse en un cheque en blanco para contratar sin que después nadie tenga que explicar quién eligió, por qué eligió y cuánto decidió pagar”, advierte el presidente de Vox Ceuta.
Redondo insiste en que Vox no anticipará conclusiones antes de disponer de los expedientes, pero tampoco permitirá que las informaciones conocidas queden sin esclarecer. “Si todo se ha hecho correctamente, que entreguen inmediatamente toda la documentación”, señala, pero también advierte: “Si alguien ha pretendido aprovechar una situación excepcional para favorecer intereses particulares, vamos a llegar hasta el final y exigiremos todas las responsabilidades que correspondan”.
“Aquí nadie va a esconder millones de euros de los ceutíes detrás de la palabra emergencia”, concluye Redondo.
