Autor: Redacción

• Cruzar la carretera, incluso por el paso de peatones, se ha convertido en una ‘práctica’ de riesgo por la velocidad que alcanzan los coches

Sienten que el sencillo acto de cruzar una carretera pone en riesgo sus vidas, aún cuando utilicen los pasos de cebra habilitados para el tránsito peatonal. Así viven los vecinos de la Avenida Reyes Católicos, cuya calle principal se ha convertido en un “circuito de carreras”, según explica uno de los afectados.
No es una situación nueva. Las altas velocidades que alcanzan los vehículos en esta transitada zona lleva años preocupando a los vecinos. Coches y motos que llegan a poner el velocímetro en 70 kilómetros por hora en una vía donde no se pueden superar los 30, “y no es que lo digamos nosotros, es que hay señales viarias que así lo indican”, apunta.

Hace siete meses, los vecinos presentaron en el Registro General de la Ciudad una solicitud para colocar algún sistema que frenara las altas velocidades de vehículos y motocicletas, aunque a día de hoy siguen sin obtener respuesta. “Nos comentaron que el ruido de las bandas sonoras podía molestar a los vecinos, por lo que nos parece bien que se coloquen badenes”, apunta uno de los vecinos.
La carretera se está convirtiendo en una trampa mortal para los vecinos que ya han sido testigos de lo que podían haberse convertido en dos tragedias: hace unos meses un joven sufrió una rotura de tobillo cuando intentaba cruzar por el paso de peatones y un vehículo lo arrolló. El mismo caso se repitió con un niño de 10 años que recibió un golpe en el hombre y lo lanzó contra el suelo cuando el pequeño atravesaba el cruce peatonal. Dos situaciones que podían haber terminado de forma drástica y con el común denominador de unas velocidades desorbitadas para la zona en cuestión y que se agrava en horas nocturnas. “Entre las 2 y las 3 de la madrugada van como locos”, señala.
Los vecinos lamentan que la situación es de sobras conocida por Ciudad y Policía Local sin que por ello se hayan adoptado las medidas encaminadas a frenar este grave problema. “¿Están esperando que maten a alguien para poner medios”, se preguntan.

• Algunos propietarios se vieron amenazados por los ocupantes ilegales de la promoción de Huerta Téllez

Dina y su marido son dos de los afectados por la ocupación que desde la madrugada del pasado lunes está sufriendo la promoción de viviendas de Huerta Téllez. Cual no sería su sorpresa cuando el dueño de uno de estos inmuebles se acercó hasta su propiedad y en ella encontró a una mujer que dijo ser la dueña. “Mi marido le dijo que se fuera y ella le respondió que de ahí no la sacaba nadie porque es su casa”, explica la afectada.
La discusión pasó a mayores cuando la okupa telefoneó a su esposo. “Le pasó el móvil y esta persona comenzó a insultarle y a amenazarle diciéndole que saliera de su casa o llamaba a la Policía”, comenta Dina. No quedó ahí la cosa ya que esta amenaza dio lugar a otras acusaciones. “Le dijo a mi marido que se fuera de ahí o se inventaría que le había pegado a su mujer”, se indigna esta propietaria.
Ante la tensión generada en la vivienda, el marido de Dina opta por abandonar la casa que la pareja adquirió en 2008, cuando la sociedad municipal Emvicesa, entonces bajo el mando de Francisco Márquez, sacó a concurso la cesión de terrenos para la edificación de viviendas. Un contrato que se adjudicó la empresa Dolmen pero que no llegó a buen puerto ya que quebró dejando sin vivienda a un grupo de personas que, desde ese momento, emprendieron una lucha sin cuartel para recuperar sus inversiones.
Las viviendas pasaron entonces a la Sociedad de Gestión de Activos, SAREB, o banco malo como se le conoció popularmente. Pese a que los propietarios exigieron a la entonces responsable de Emvicesa, Susana Román, que mediara ante la adjudicataria de la obra para que se les entregaran las viviendas por las que habían desembolsado una cantidad de dinero, sólo obtuvieron la callada por respuesta. “Nos engañaron porque en un principio dijeron que la promoción estaba subvencionada. Si sólo habían vendido el terreno ¿por qué nos engañaron diciendo que eran de protección oficial?”, se pregunta esta propietaria.
La escasa transparencia y explicaciones sobre las viviendas pronto se plasmó en algunos aspectos como el relativo a las ayudas para la adquisición de estos inmuebles. “Iban a darnos 10.000 euros que al final nunca vimos”.
Ahora los vecinos se enfrentan a un grave problema que les aleja aún más de sus viviendas. Una ocupación que enervó los ánimos de todos desde que la noticia corriera como un reguero de pólvora entre los propietarios. “Cuando una vez intentamos entrar, la Policía nos lo impidió. ¿Y sin embargo permiten ahora que entren estos okupas?”, se pregunta. “Si hubiéramos sido nosotros los que intentamos entrar se nos cae el pelo”, añade.
Son 206 viviendas y todas han quedado ocupadas ante la desesperación de sus legítimos propietarios que han denunciado la presencia de una mafia organizada “que abría las puertas a los okupas por 50 euros”.
Se sienten solos y no es para menos. Después de que Emvicesa hiciera oídos sordos a sus demandas hace años, ayer se toparon de nuevo con un muro. “En el 112 nos dicen que no pueden hacer nada y que tenemos que denunciar”. Según Dina, la Ciudad no lo ha hecho mejor. “Nos han mangoneado y no nos han ayudado en nada durante todos estos años”.
Este periodo de espera no ha resultado fácil para esta pareja que se ha visto obligada a vivir de alquiler mientras esperaba con la mayor de las ilusiones a mudarse a su propio hogar. “Nos dijeron que sólo estaríamos unos seis meses de alquiler hasta que nos dieran las casas y ya llevamos casi diez años. Yo estaba soltera y ahora estoy casada, con una niña de 6 años y esperando un segundo”, apunta Dina.
El próximo paso que se plantean los propietarios es interponer una denuncia para expulsar a aquellos que se han adueñado indebidamente de sus viviendas.

Una batalla de todos contra todos

Los encrispados ánimos desde que se conociera la noticia de la ocupación ilegal de las viviendas derivaron en una serie de enfrentamientos de todos contra todos. En un principio los propietarios se enfrentaban contra los okupas, resultado de lo cual el dueño de una vivienda resultó agredido por los ocupantes ilegales. Posteriormente eran estos últimos los que se enfrentaban entre ellos mismos cuando un segundo ocupante intentaba entrar en una vivienda donde ya había entrado otra familia. Finalmente, la tensión del momento llevaba a que algunos propietarios entraban a ‘vivir’ en otras casas al descubrir que sus viviendas ya habían sido ocupadas.