El acusado le colocó el arma en el cuello y le sustrajo un móvil valorado en 313,53 euros
Tres años de cárcel y una indemnización de 313,53 euros es la sentencia impuesta ayer por el magistrado del Juzgado de lo Penal número 2 a I.B. por un delito de robo con violencia e intimidación que fue reconocido por el acusado.
Los hechos ocurrieron el 5 de agosto de 2015 en la calle Marqués de Santa Cruz donde I.B., acompañado de otra persona, comenzó a seguir a E.M. quien se dirigía a su domicilio.
Cuando se detuvo en el portal de la vivienda y mientras sacaba la llave para entrar en su domicilio, el acusado se acercó por la espalda y, con ánimo de enriquecerse ilícitamente, colocó un cuchillo de 20 centímetros en el cuello de E.M., mientras le pedía el bolso que la víctima entregó, tras lo cual el acusado huyó por la calle Espino, llevándose un teléfono móvil, 60 euros y tres juegos de llaves, que no han sido recuperadas por su propietaria, y que fueron tasados en 313,53 euros, cantidad que ahora deberá pagar en concepto de indemnización a la víctima.
El acusado se conformó con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal y deberá cumplir la sentencia de privación de libertad al ser reincidente.
Los hechos se remontan al 17 de enero del pasado año
Por un delito de desobediencia grave y otro leve de lesiones, K.M. fue sentenciado a pagar una multa de 420 euros, a la que se sumará una indemnización de 2.790 euros a la víctima, un total de 3.210 euros.
Los hechos se remontan al 17 de enero del pasado año, cuando K.M. se encontraba en la frontera del Tarajal a bordo de un vehículo, cuando fue requerido por agentes de la Guardia Civil para que se detuviera y cumpliera con el orden de la fila en el paso fronterizo.
El acusado hizo caso omiso de la orden y emprendió la marcha golpeando al agente en las manos. A consecuencia del impacto recibido, el guardia civil sufrió una lesión consistente en un esguince en la muñeca derecha que tardó en sanar un mes. En el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal número 2, K.M. se conformó con los hechos.
Permitirá una mayor agilidad y eficiencia a la hora de tramitar los expedientes
La sociedad municipal Procesa ha dado los primeros pasos para la implantación de la administración electrónica que permitirá agilizar las gestiones de los ciudadanos, además de establecer una interacción entre ambos. A partir de ahora, los expedientes que los ciudadanos presenten en Procesa se tramitarán de manera electrónica, lo que también redundará en una “mejor organización interna en la entidad, además de una mayor eficiencia”, explica el gestor informático de Procesa, Gabriel Fortes.
En la primera fase de esta transformación hacia la administración electrónica, se está llevando a cabo la adaptación de los procesos internos de la sociedad municipal. “Ahora se tramita de forma electrónica de modo que se permita conocer cuando entró el documento y qué gestiones se han hecho sobre él”.
En unos meses se pondrá en marcha la sede electrónica en la que los ciudadanos podrán llevar a cabo sus gestiones. “Esta persona obtendrá un justificante de que ha depositado la documentación y un código de expediente que le otorga la misma validez que si lo hubiera entregado en mano”.
El nuevo sistema que estará totalmente implantado de aquí a unos seis meses, tiene una serie de ventajas que van desde la eliminación del papel, hasta la consecución de una mayor eficiencia a la hora de hacer un seguimiento de los expedientes o la garantía de seguridad en el almacenamiento de la información.
El encargado del local donde se produjeron los hechos fue absuelto al probarse su falta de responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales
Con casi 60 minutos de retraso respecto a la hora de inicio prevista, debido a un problema informático que obligaba a la magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 a utilizar el ordenador del auxilio judicial, comenzaba el juicio contra A.M.P., por un delito contra los derechos de los trabajadores y de homicidio ocasionado por imprudencia grave y profesional que terminó con la vida de J.P., empleado de su empresa, el 30 de octubre de 2014.
El acusado, que se conformó con los hechos, fue condenado a dos meses y 29 días de prisión sustituido por cinco meses y 28 días de multa a razón de dos euros diarios, lo que supone un total de 356, además de otra sanción económica cifrada en 180 euros por el delito contra los derechos de los trabajadores y 90 por homicidio por imprudencia menos grave, en total 626 euros.
Además, en concepto de responsabilidad civil se le impuso el abono de 131.811 euros que en la misma jornada del juicio ha transferido a la familia.
El encargado del almacén donde se produjeron los hechos, que también estaba acusado en la vista, ha sido absulto de cualquier cargo al haberse acreditado que no tenía ninguna responsabilidad en materia de prevención de riesgos laborales.
El Ministerio Fiscal aludió a la carencia de un sistema de apilamiento de los tablones para evitar su vuelco, frente al método empleado por el cual se descargaban y colocaban en una pared sin ningún tipo de sujeción, hecho que provocó su derrumbe sobre el trabajador provocándole la muerte casi de manera inmediata.
Visto para sentencia quedó ayer el juicio contra A.B., un marroquí acusado de haber agredido a un compatriota lanzándole una piedra a la cabeza y para el que la Fiscalía pidió tres años y medio de prisión y la expulsión a Marruecos, una vez el acusado hubiera cumplido dos terceras partes de la condena.
Además, en caso de ser declarado culpable, tendrá que pagar una indemnización de 1.800 euros a la víctima del supuesto atentado. A.B. fue acusado de haber golpeado con una piedra a otro marroquí cuando se encontraron en las Puertas del Campo el 14 de julio de 2017, hechos que el acusado negó alegando que fue a él a quien le arrojaron varias botellas, por lo que tuvo que huir del lugar.
Un testigo presencial que en su día reconoció al acusado como autor de los hechos y que ayer compareció en la vista, aseguró no acordarse del rostro del autor de la agresión al haberse producido los hechos cuando ya había anochecido. Por su parte, los dos policías nacionales que intervinieron en la detención de A.B. lo reconocieron como la persona que el testigo identificó hace siete meses.
Los agentes declararon que en el momento en que acudieron al lugar de los hechos se encontraron con una persona herida que sangraba abundantemente por la cabeza y junto a la que encontraron una piedra, también manchada de sangre.
En sus conclusiones, la Fiscalía aludió a las contradicciones entre la declaración del acusado en Instrucción y la prestada ayer, en torno a cuestiones como el número de personas que supuestamente agredieron a A.B. y su intervención en los hechos, en un principio separando a varias personas que se estaban peleando y, posteriormente, que fue él la persona agredida.
Por su parte, la Defensa concluyó aludiendo a contradicciones de los testigos y pidió la libre absolución de su patrocinado.
La pena de doce meses de prisión que pidió el Ministerio Fiscal se conmutó por 70 días de trabajo
La magistrada del Juzgado de lo Penal número 1 dictó ayer sentencia condenatoria contra F.S.B., acusada de un delito de maltrato en el ámbito familiar. Para ella, el Ministerio Fiscal pidió dos años y un día de prohibición de tenencia y porte de armas y otro más prohibiéndole la comunicación y acercamiento a menos de cien metros de distancia de su hijo menor.
Además, deberá cumplir con una pena de 70 días de trabajo en beneficio de la comunidad. La acusada se conformó con los hechos por los que ayer fue juzgada y que ocurrieron entre el 22 y el 23 de diciembre de 2015 en el domicilio familiar. Allí y con ánimo de atentar contra su hijo A.A.B., le golpeó en distintas ocasiones con un palo, causándole lesiones que consistieron en hematomas en el hueco poplíteo derecho, es decir, una depresión situada por detrás de la articulación de la rodilla que cubre la parte más inferior del fémur y la superior de la tibia. Las heridas tardaron en sanar una semana.
Aunque en un principio el Ministerio Fiscal pidió una pena privativa de libertad de doce meses, su reconocimiento de los hechos llevó a que la sentencia fuera conmutada por servicios a la comunidad que deberán ser comunicados próximamente a la condenada.
Un marroquí fue acusado de esta agresión durante una avalancha ocurrida en noviembre
Visto para sentencia ha quedado el juicio contra M.B., quien en caso de ser declarado culpable sería condenado a dos años de prisión y al abono de una multa de dos meses a razón de 5 euros al día, es decir un total de 300, además de una indemnización a un agente de la Guardia Civil, por un delito de resistencia.
El Juzgado de lo Penal número 1 juzgó ayer estos hechos que se remontan al 27 de noviembre del pasado año en la frontera del Tarajal. Ese día se produjo una de las habituales avalanchas que tiene lugar en este paso, durante el cual el acusado, un marroquí con permiso de residencia en nuestra ciudad agarró supuestamente por el chaleco antibalas a uno de los agentes e intentó morderle, según el escrito de acusación.
En el forcejeo por soltarse, ambos cayeron al suelo, sufriendo algunas lesiones. Tanto el guardia civil herido como su compañero corroboraron su declaración, mientras que el acusado negó los hechos, asegurando que habían sido los dos agentes quienes le habían golpeado a él y que su única intención era cruzar a Marruecos para visitar a sus hijos.
El acusado negó los hechos, asegurando que fueron los agentes quienes le golpearon
Esa jornada del 27 de noviembre, más de 800 personas se acumularon en el entorno de la frontera, produciéndose una avalancha que, a duras penas, pudo controlar el escaso número de guardias civiles presentes. Horas después se cerraron las puertas para prevenir nuevas aglomeraciones y la salida se tuvo que efectuar de manera gradual, incluso por la parte de la puerta de entrada desde Marruecos a Ceuta.
Durante toda la tarde también se llevaron a cabo decomisos de gran cantidad de mercancías que fueron objeto de numerosas quejas por parte de los afectados. Los GRS también fueron activados en aras de evitar más altercados debido a la cantidad de personas acumuladas y la imposibilidad de controlar una situación ya habitual en las inmediaciones del Tarajal.
Las habituales colas en la N-352 también estuvieron presentes en esa jornada en la que incluso varios camiones se vieron atrapados hasta cinco horas en largas colas.
También se eliminan ya las plazas de aparcamiento de toda la zona
La reforma de la Gran Vía continúa los trabajos preparatorios de cara al inicio de la obra en sí y esta semana es el turno de la anulación de los aparcamientos en la Plaza de África, tanto en la calle Valentín Cabillas, como en las inmediaciones del Parador la Muralla y de la zona lateral de la Catedral, donde hasta ahora han existido plazas de estacionamiento.
La eliminación de estas zonas de aparcamiento, que ya no volverán a recuperarse según lo previsto en el proyecto de rehabilitación de la Avenida Sánchez Prado y sus aledaños, conlleva también el primero de los cortes de tráfico que afectará al centro durante el desarrollo de las obras. En concreto será la vía que transcurre delante del Parador y que permite el giro en la Plaza de África hacia Valentín Cabillas, otra calle que también se cerrará a la circulación.
Así, un vehículo que circule desde la Gran Vía podrá seguir su camino por Pepe Serón y continuar la bajada hacia el Paseo de las Palmeras o bien girar a la izquierda por Pepe Durán y seguir hacia la calle Edrisis hasta llegar al Puente del Cristo. No se permitirá, por contra, el giro a la izquierda desde la calle Pepe Durán para desembocar en la Avenida Martínez Catena. Desde esta última, sin embargo, sí se podrá acceder a la Plaza de África para continuar camino únicamente hacia Edrisis, ya que el corte del vial de Valentín Cabillas impide el giro hacia la derecha.
Con estas actuaciones comienza la peatonalización de algunas de las calles que rodean la emblemática Plaza de África que expandirá sus límites hasta los edificios que la bordean como son el Santuario de la Virgen, la Comandancia General de Obras y la propia Catedral.
De momento, son los dos únicos cortes al tráfico que se llevarán a cabo para el desempeño de la reforma de la céntrica zona, aunque no se descarta que en un plazo aproximado de un mes también se clausure el tránsito viario por Gran Vía. Tal y como ya anunció hace unos días este periódico, dicho corte conllevará el traslado de la parada de taxis a la calle Independencia, albergando alrededor de 30 vehículos que cubrirán el servicio de esta zona.
Jáudenes albergará casi 500 sillas para la Semana Santa
La reforma de la Gran Vía no solo modificará la imagen del centro de la ciudad, sino también algunas de sus tradiciones, como el hecho de que ya no será el enclave de la carrera oficial en Semana Santa, que ahora tendrá lugar en Jáudenes.
Allí se ubicará, por tanto, el palco de las autoridades, de ocho metros de largo, junto a las sillas para el público. En total se colocarán cerca de 500, distribuidas en tres filas que no irán a la altura de la calle, sino sobre una pequeña plataforma.
El socialista visitó Ceuta para participar en una asamblea sobre pensiones, pero antes visitó la barriada
“El Partido Popular no tiene sensibilidad ante los problemas de la gente en su vida cotidiana. Denunciamos las circunstancias que se dan en el Príncipe como ejemplo de la pobreza extrema que se da en el conjunto de España”.
Eran las palabras del secretario federal de Relaciones Institucionales del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que se trasladó hasta nuestra ciudad para participar en una asamblea abierta sobre pensiones dignas, pero que antes aprovechó su estancia en Ceuta para acudir a la barriada del Príncipe.
“Hemos visto las circunstancias extremas en que se encuentran, con un abandono absoluto que el PP de Ceuta ha generado, con niños jugando entre basuras en lugares que no se pueden imaginar en una España moderna”, añadió.
«Absoluta insensibilidad»
El socialista incidió en que, ante la problemática de la pobreza, el PP demuestra una “absoluta insensibilidad”, además de mostrarse en contra de que “hablemos de este problema que sufren muchos españoles”, añadió mientras recordaba datos como el relativo al “casi 15% de personas que aún están trabajando por debajo del umbral de la pobreza, de los cuales siete de cada diez son mujeres”.
Sobre el tema de las pensiones, Gómez de Celis recordó como el Partido Popular “ha esquilmado” la reserva que ha llegad a pasar de 66.000 millones de euros a los escasos 8.000 de la actualidad y con un déficit estructural de casi 17.000 millones anuales. Aludió al doble pago al que deberán hacer frente los contribuyentes para “pagar a los actuales pensionistas y el crédito de 15.000 millones solicitado para sufragarlas”.
Gómez de Celis recordó la propuesta socialista para solventar esta cuestión: “un impuesto a los bancos ya que los españoles hicieron un gran esfuerzo en la crisis dotándolos con 77.000 millones de euros. Es de justicia social que ahora sufraguen la Seguridad Social y las pensiones presentes y futuras”.
En la reunión con responsables del proyecto de Gran Vía, las partes abogaron por la zona junto a la conocida como ‘Curva del plátano’
La obra de la Gran Vía conlleva un sinfín de cambios y modificaciones que afectarán al normal desarrollo de la ciudad durante los 14 meses de duración previstos para el proyecto. Uno de los aspectos más debatidos ha sido el traslado de la parada de taxi, con cuyos representantes se reunieron los responsables de la actuación para barajar las posibles alternativas de estacionamiento mientras dure esta reforma.
Y es que en un plazo de entre tres y cuatro semanas, la parada de taxi desaparecerá del lugar que ocupa actualmente. Las opciones que se pusieron sobre la mesa no convencieron a este gremio de profesionales que finalmente se inclinó por la calle Independencia como la opción más viable.
La parada alternativa se ubicará en la conocida como ‘Curva del plátano’ y permitirá el estacionamiento de unos 30 vehículos, “cifra más que suficiente para cubrir el servicio”, según considera el presidente de la Asociación Profesional de Autotaxi, Julio Pérez.
El inconveniente de la nueva ubicación es la pérdida de 30 plazas de aparcamiento
Aunque la propuesta aún no ha se ha cerrado, todo apunta a que ésta será prácticamente la nueva ubicación de los taxis durante los próximos 14 meses, ya que todas las partes mostraron su conformidad, pese al inconveniente que supone la desaparición de plazas de aparcamiento en la calle Independencia. “Una obra siempre es molesta y nunca se puede contentar a todos”, apunta Pérez.
Es la alternativa que satisface a todos, pero no fue la única que se barajó ayer. Sobre la mesa también estuvo el Paseo de las Palmeras, aunque en todo momento contó con la oposición del gremio de taxistas, ya que la fila de vehículos transcurriría por la rampa de bajada al desdoblamiento y subiría hasta la propia Plaza de la Constitución, frente a la puerta del mercado central. “Esta opción no nos gustó porque los clientes terminarían cogiendo el taxi que está el último en la cola al ser el que está más cerca a ellos”.
Descartada esta primera propuesta, la calle Vitori Goñalons, frente a la parada de autobús aparecía como la opción preferida por los taxistas, pero no para la Policía Local. “No se mostraban conformes por el embotellamiento de tráfico que puede producirse en la zona”.
Los taxistas también mostraron su satisfacción por la marquesina que se ubicará en la Gran Vía y que permitirá a sus clientes protegerse de las inclemencias meteorológicas.
La Marina también fue descartada de inmediato, por lo que finalmente, Independencia será el lugar que acogerá la parada de taxis en los próximos 14 meses.
