Autor: Carmen Echarri

El cierre de la frontera que separa Ceuta de Marruecos llevó consigo el aumento del tráfico de hachís usando los llamados Remotely Piloted Aircraft System. Los conocidos como drones. A la Guardia Civil no se le escapó que algo extraño había en el continuo desembarco de vehículos procedentes de la Península que traían estos elevadores, un dato directamente proporcional al empleo de los mismos en el entorno del perímetro fronterizo.
Con la constatación de estos hechos comenzó a gestarse la denominada Operación Etxea, llevada a cabo por la Guardia Civil a primeros de este mes de noviembre y que se ha saldado con 11 detenidos. El Faro de Ceuta ha accedido a la investigación completa llevada a cabo por los componentes del Instituto Armado, una investigación que supuso meses de seguimientos para dar con quienes habían levantado de nuevo un negocio que se ha hecho fuerte en una ciudad como Ceuta, punto estratégico del intercambio de drogas entre uno y otro lado de la frontera.
En los informes presentados como fundamento de la ‘Etxea’, la Guardia Civil verificó cómo los responsables del negocio de los narcodrones eran capaces de sustituir los elevadores tan pronto como estos eran interceptados por agentes especializados del Instituto Armado. La renovación era rápida y el decomiso de sustancias venía además a demostrar que el transporte de drogas estaba más que asentado: los drones se usaban para introducir en Marruecos fármacos como las benzodiazepinas y, de vuelta a Ceuta, cargaban hachís o kifi en cantidades que dependían del tipo de dron utilizado, pero que podían llegar a superar los ocho kilogramos.

Justo un día antes de la operación, la Guardia Civil adelantó arrestos

Las aprehensiones eran constantes y muchos de los servicios venían a verificar la manera de trabajar de quienes habían focalizado en una vivienda del Príncipe su centro de operaciones para manejar el traslado de los drones.
El tráfico de pastillas mueve cada vez más dinero en el mercado negro, su demanda en Marruecos era un punto a favor de este negocio. Las intervenciones de drones eran cada vez más constantes.

El 20 de febrero, componentes del Instituto Armado interceptaban un dron procedente de Castillejos que tenía como ruta de destino el Príncipe. El elevador fue recuperado en el Tarajal, pero en las inmediaciones los agentes localizaron a un par de individuos cuyo interés era recuperar como fuera el aparato. No lo consiguieron. El 4 de abril se interceptaba otro dron en la misma zona, esta vez portando medio kilo de hachís en una bolsa amarrada a la cuerda que colgaba del elevador. Antes se había intervenido otro aparato más pero cargado con pastillas de Rivotril.
Los traficantes hacían lo posible por no perder sus aparatos. Así, en otro servicio las patrullas de la Guardia Civil y de la Policía que habían acudido a por otro dron más, fueron recibidas a pedradas por una turba de personas que tenía por objetivo que los agentes no se hicieran ni con el aparato, ni con los 500 gramos de hachís que portaba ni el rastro que podían investigar.

El mismo día que la Guardia Civil reventó la ‘Etxea’ se volaron drones

La hilera de casos no hacía sino aumentar y siempre cumpliendo el mismo patrón: drones que van y vienen cargados de pastillas o de hachís, y un centro de operaciones desde el que se controlaba todo, con su corazón en una azotea de una vivienda del Príncipe.
Meses antes de que, con el aval judicial, la Guardia Civil decidiera irrumpir en la barriada, sus agentes ya se habían hecho con casi medio centenar de aparatos (sin contar los que quedaron en Marruecos), algunos de ellos con carga preparada y otros sin la mercancía pero perfectamente habilitados con una estructura para portar pastillas o droga. Así, por ejemplo, se pudo intervenir un narcodrón que tenía atado una cuerda de 6 metros de longitud con un mosquetón en uno de sus extremos, dispuesto para ser empleado en varios de los viajes.
Lejos de ser hechos aislados, los investigadores que han propiciado la Operación Etxea verificaron que existía un nexo común entre muchos de estos pases: la azotea de una vivienda (etxea en euskera es casa y así se decidió bautizar el operativo) a la que solo era posible acceder por la única vía interior del domicilio, por lo que no era una zona pública de acceso a cualquier vecino de la barriada. Solo los moradores o los autorizados por estos podían subir a la azotea desde donde se manejaba el control de un negocio que seguía generando beneficios a pesar de las continuas intervenciones de las fuerzas de seguridad. Se habían hecho fuertes.

Los seguimientos efectuados por agentes del Instituto Armado llegaron a verificar la presencia de individuos que, con los rostros tapados con capuchas, manejaban los vuelos de drones a plena luz del día. Concreta la Benemérita cómo desde este lugar tenían visión completa hacia Marruecos además de disponer de una azotea con espacio suficiente para las operaciones de despegue y aterrizaje.
Personal de la Compañía de Seguridad Ciudadana llegó a identificar a tres individuos cerca de la prisión de Mendizábal, en las proximidades del fuerte, considerado un punto estratégico para intentar “la introducción de armas, teléfonos y drogas al centro penitenciario mediante el empleo de drones”. El asunto no era algo anecdótico, de no cortarse pronto podía alcanzar dimensiones peligrosas.
En solo horas el Instituto Armado llegó a controlar hasta 14 viajes hechos con elevadores, la actividad era frenética y las cargas significativas, como fue el hecho de interceptarse hasta 1.500 pastillas con dirección a Marruecos, para ser empleadas en la realización del karkubi, la droga de los pobres.

La red usa a estos intermediarios para manejar el dinero

Las intervenciones telefónicas, avaladas judicialmente, pudieron vincular con la red otros sucesos que en principio pudieran parecer aislados, pero no lo eran. La intervención de un cargamento de pastillas en el puerto, que tenía como destino su traslado en drones a Marruecos, fue confirmado tras conversaciones en las que los propios investigados hablaban de la noticia publicada sobre este arresto. Precavidos empezaron a usar claves en sus conversaciones ante el miedo a ser delatados o a que pudieran estar siendo intervenidas.
La Guardia Civil tuvo que adelantar la explotación del operativo un día antes en el caso de uno de los detenidos, al detectar que se iba a producir un intercambio de hachís y pastillas. Fue la famosa embarcación con 73 kilos de hachís ocupada por dos marroquíes encomendados a fondear la droga, a cambio de que dos sujetos les hicieran llegar 36.000 pastillas de rivotril y tranquimazin. Ese intercambio fue abortado in extremis por los agentes, que tuvieron que reaccionar rápido para, en cuestión de horas, preparar las entradas y registros en viviendas del Príncipe.
Los agentes se llevaron a dos de los investigados, uno de ellos se encontraba en la azotea desde donde se practicaban los controles de los narcodrones. Escasos momentos antes de la detención llegaron a producirse vuelos de dron desde ese mismo punto. Otro de los investigados sería detenido días después al haberse cambiado de domicilio y no ser encontrado por los agentes.
Con la detención de hasta 11 personas la Guardia Civil da por desarticulado el corazón de un negocio del que se han derivado otras investigaciones en curso. Los miembros de lo que el Instituto Armado considera una organización criminal cuidaban todos sus detalles, usando una serie de transferencias informales de fondos al margen del mercado financiero regular, apoyándose en la figura del cambista para enviar o recibir dinero con Marruecos. Es el método hawala que se nutre de un emisor, un receptor y dos intermediarios, funcionando de manera paralela a los bancos sin dejar rastro. Los envíos de dinero se hacen mediante enlaces y contraseñas. Sin más rastro que la palabra.

Los otros riesgos del uso de drones más allá del narcotráfico

La Guardia Civil advierte en su investigación del peligro del empleo de drones más allá del pase de drogas, ya que pueden producirse riesgos derivados de su uso para “atentar contra la intimidad de las personas, debido a que están equipados con cámaras de vídeo que posibilitan la visualización y grabación de imágenes en remoto”. Otro peligro mayor: que puedan ser usados para fines delictivos de mayor calado o afectar de manera negativa a la vigilancia ejercida en el perímetro al cruzar la valla sin problemas pudiendo pasar droga, otras sustancias o incluso armas. Su uso neutraliza la capacidad de operatividad de helicópteros en la vigilancia de la frontera debido al riesgo de vuelo.