Caballas achaca la renuncia de la Ciudad a las competencias de los MENA a una «evidente falta de interés»

Caballas ha cuestionado el cambio de estrategia del Gobierno local, en referencia a su intención de devolver las competencias en materia de menores al Estado. Lo hace a través de una interpelación que presentarán en el próximo pleno ante lo que consideran un «giro sorprendente», teniendo en cuenta que hace unos meses el Ejecutivo se mostró «orgulloso» y «satisfecho» con la política que desarrollaba en este área, en la que «avanza diligentemente por buen camino».
Ahora, recuerdan, el Gobierno se ha declarado «políticamente insolvente» y se apresta a iniciar un proceso de reversión inédito en la historia de España. «Una declaración de incompetencia en toda regla», han insistido. Los localistas aportan estos hechos para argumentar que el paso atrás de la Ciudad respecto a la política de menores «no se debe a circunstancias sobrevenidas, imprevistas o incontrolable», sino a una «evidente falta de interés» y una «exhibición de irresponsabilidad intolerable».
Según Juan Luis Aróstegui, el Gobierno no ha aplicado todos los recursos posibles para la solución del problema, algo que no legitima la argumentación de que el Ejecutivo está «desbordado» en la gestión de esta materia. «El Gobierno, desde el primer momento, ha renunciado a ejercer su responsabilidad con la determinación que la situación requería», han añadido.
«Sólo así se pueden explicar hechos como la precariedad e insuficiencia de las plantilla, la ausencia de inversiones, la falta de aplicación de programas de intervención, etc. El Gobierno se ha limitado a hacer los mínimo imprescindible para no ir a prisión (denunciado por el fiscal), a desgana y sin recursos», han recordado. «No se puede entender que no exista ni un solo especialista y todo la intervención descanse sobre una persona contratada a través de un Convenio con una Universidad».
Caballas pedirá en el próximo Pleno que el equipo de Gobierno explique las razones por las que pretende renunciar a las competencias en materia de menores, cómo y cuándo piensa hacerlo, y si ha previsto las consecuencias que esta decisión acarrearía.