El sindicato CCOO (Comisiones Obreras), también con representación en Ceuta, ha liderado este martes una gran concentración ante el Ministerio de Justicia con el firme objetivo de denunciar lo que califican como un retraso "inadmisible" y un "flagrante incumplimiento" de los plazos legales en la resolución de los procesos selectivos.
La situación, de acuerdo con lo expresado por el sindicato, no solo afecta al funcionamiento del servicio público, sino que mantiene en vilo a miles de opositores que ven bloqueado su futuro laboral y económico.
El conflicto responde a la incapacidad del Ministerio para cumplir con los calendarios fijados por la propia ley.
En este sentido, CCOO recuerda que según los reales decretos que aprobaron las últimas Ofertas de Empleo Público (OEP), los procesos debían haber finalizado, como máximo, el 31 de diciembre de 2024 y el 13 de julio de 2025. Sin embargo, ninguna de estas fechas se ha respetado, dejando en el aire la resolución de miles de plazas.
El sindicato señala que los retrasos afectan de manera directa a los siguientes procesos:
En total, más de 8.600 plazas se encuentran bloqueadas, lo que genera una situación de incertidumbre extrema para los candidatos.
Desde CCOO denuncian que este retraso constituye un "ataque laboral, retributivo y personal".
Muchos de los afectados se encuentran en situación de desempleo, mientras que otros ocupan plazas interinas en abuso de temporalidad. Al no resolverse los procesos, estos trabajadores están dejando de percibir retribuciones que les corresponderían desde la fecha en que deberían haber tomado posesión.
Además del perjuicio salarial inmediato, el retraso tiene consecuencias a largo plazo, afectando al perfeccionamiento de trienios, las cotizaciones a la Seguridad Social y la progresión en la carrera administrativa para aquellos que optan por la promoción interna.
La persistencia de estos retrasos llevó a CCOO a presentar una queja formal ante el Defensor del Pueblo en septiembre de 2025. La respuesta de esta institución ha sido contundente, reconociendo de oficio que las demoras denunciadas generan inseguridad en los candidatos e inciden directamente en la eficacia del servicio público de justicia.
A pesar de que este organismo se ha interesado por la agilización de los trámites, la realidad es que el Ministerio de Justicia parece incapaz de dar una respuesta efectiva. Según el sindicato, en algunos casos han pasado casi cuatro años desde la aprobación de la OEP sin que se hayan adjudicado los destinos definitivos a quienes han superado las pruebas.
El sindicato no ha dudado en señalar directamente a los responsables políticos de este "despropósito": el ministro Félix Bolaños y su equipo en la Secretaría de Estado de Justicia. Critican que, mientras se promulga la "Ley de eficiencia de la Justicia" —a la que CCOO no ha dado su aval—, la gestión diaria de los recursos humanos es un caos que acaba pagando el ciudadano y el trabajador.
Ante la falta de soluciones, los servicios jurídicos de CCOO ya valoran la interposición de reclamaciones individuales por responsabilidad patrimonial. El objetivo es exigir que el Estado indemnice a los opositores por las retribuciones dejadas de percibir debido a la negligencia administrativa.
La advertencia de los sindicatos es clara: si no se adoptan medidas urgentes, el colapso se extenderá a las OEP de 2024 y 2025, lo que elevaría la cifra de afectados a un total de 15,610 personas.
La inmediata resolución de todos los procesos selectivos y la convocatoria de los concursos de traslado pendientes son las únicas vías para evitar que el sistema de justicia termine por quebrar definitivamente bajo el peso de su propia burocracia.
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