La Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en la Ciudad advirtió por escrito el pasado 3 de febrero a la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno de Ceuta que judicializará el impago de las aportaciones al Plan de Pensiones de los empleados públicos locales en los ejercicios de 2021 y 2022.
El sindicato que lidera José Antonio López está esperando una respuesta oficial para dar por finiquitado el procedimiento administrativo y poner el asunto en manos de la Justicia.
Según la interpretación del conflicto que hace CCOO, el pago del Plan de Pensiones se hizo incorrectamente en el año 2018, pero “a partir de ahí se ha hecho de forma matemática en 2019 y en 2020”. “No abonarlo en 2021 y 2022, es decir, excluir un concepto como ese de la masa salarial aceptada y consolidada en los ejercicios 2018, 2019 y 2020, se puede considerar una bajada de sueldo”, argumenta la central.
Aunque “nadie” lo impugnó, en 2018 el reparto fue incorrecto, entiende Comisiones, porque “se incrementó la masa salarial de 2017 en el porcentaje que indicaban los Presupuestos Generales del Estado y aparte se realizó la aportación del Plan de Pensiones, por lo que se elevó la masa salarial por encima del tope legal”.
En 2022 el Ejecutivo local interpretó que las aportaciones a Planes de Pensiones no eran “obligatorias” legalmente. Desde su punto de vista, tanto en esa anualidad como en la de 2021 la posibilidad de incrementar la masa salarial se agotó con la subida de retribuciones directas sin la posibilidad de desgajar las diferidas del límite establecido.
CCOO también está esperando que la Secretaría General de la Asamblea se pronuncie sobre si ve factible poner en marcha el Plan de Productividad que ha propuesto crear en diciembre de 2021 tras la supresión por orden judicial del Premio de Jubilación que UGT-CSIF pretende reemplazar por una “ayuda social” de hasta 70.000 euros.
La propuesta de CCOO pasa por activar un procedimiento igual para todos los empleados públicos con más de 35 años de trabajo efectivo en la administración local, aplicando al resto la llamada “productividad” de forma “proporcional”. El sindicato admite que no se pueden establecer cantidades “fijas”, sino aplicar unos “coeficientes correctores” sobre parámetros objetivos que harían diferente la cuantía a percibir por cada beneficiario en función de distintos parámetros.
Entre los criterios que ha planteado que se podrían tener en cuenta está no haber faltado al puesto de trabajo durante los últimos 35 años sin tener en cuenta las vacaciones, los días de asuntos propios, festivos, permisos o bajas. Por cada ausencia de otro tipo se descontaría una cantidad a valorar.
Otro factor de baremación sería “el expediente personal”, de cada empleado, descontando un porcentaje de la cuantía total a percibir si se hubieran recibido sanciones leves, graves o muy graves (sin tener en cuenta las anuladas por sentencia o resolución judicial).
La propuesta de CCOO es abonar la cantidad resultante “a la finalización de la carrera profesional siempre que se reúnan lo requisitos y en una sola liquidación”.
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