Ceuta ha participado este lunes en Madrid en una reunión de la Comisión de Garantía Infantil, el órgano encargado de diseñar y hacer seguimiento de los programas operativos de desarrollo del Plan de Acción Estatal 2022-2030 para combatir la pobreza y la exclusión social entre niños adolescentes y garantizar su acceso a seis derechos o servicios básicos: Educación y cuidado, asistencia sanitaria, Educación y actividades extraescolares, vivienda adecuada, alimentación saludable y al menos una comida saludable por día lectivo.
La jefa del Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad, Toñi Palomo, es la coordinadora autonómica del Plan y participa en el encuentro de este lunes junto a sus homólogos del resto de comunidades, los coordinadores de la Garantía Infantil Europea (GIE), dos representantes del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil, técnicos de los ministerios y un representante de la FEMP.
La Garantía Infantil Europea (GIE) es una Recomendación del Consejo de la Unión Europea aprobada el 14 de junio de 2021 por unanimidad por los Estados miembros cuyo objetivo es “romper el ciclo de la pobreza infantil”, que en la ciudad afecta a entre el 34% y más del 40% de la población, según la fuente estadística a la que se atienda.
Para la implementación de la GIE se contará con la financiación del Fondo Social Europeo (FSE) +, del que Ceuta recibirá 15,3 millones para el periodo 2021-2027. España, según lo establecido en los Reglamentos, debe dedicar al menos un 5% de su financiación del FSE+ a políticas vinculadas a los objetivos de la Garantía, asegurando un reparto equilibrado de la inversión entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En total se prevé destinar cerca de mil millones de euros.
El Plan de Acción se estructura en tres ejes: lucha contra la pobreza infantil y refuerzo de la protección social de la infancia y la adolescencia; universalización de los derechos sociales mediante el acceso y disfrute a servicios esenciales de calidad, accesibles inclusivos; y promoción de la equidad territorial, entornos protectores, igualitarios, inclusivos y participativos.
Además, el documento se compone de 25 objetivos y más de 80 medidas concretas, desde elevar la tasa de escolarización a los 2 años al 75% en 2025 (actualmente en Ceuta no llega ni al 34%) hasta acabar con la brecha digital pasando por reforzar las capacidades del Sistema Nacional de Salud en salud mental infanto-juvenil, reducir la infravivienda, combatir la segregación escolar o incrementar el porcentaje de la infancia protegida que se encuentra en acogimiento familiar, incluidos aquellos con discapacidad.
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