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El Gobierno de Ceuta se plantea nuevamente la posibilidad de entrada en la Unión Aduanera

El presidente Vivas indica que la revisión de la excepción del Tratado de Schengen es básico

El Gobierno de Ceuta se plantea, entre sus medidas, la necesidad de volver a plantear la posibilidad entrada de nuestra ciudad en la Unión Aduanera. Sobre este particular, Juan Vivas, presidente de la Ciudad, vino a decir que es un asunto que se ha abordado, en numerosas ocasiones, a lo largo de los años, pero que últimamente se dejó aparcado porque algunos especialistas señalaban que de adoptar esta decisión podría resultar perjudicado el Régimen Económico y Fiscal de nuestra ciudad.
Sin embargo entiende que “si ahora vamos a apostar por un nuevo modelo económico donde estamos hablando de más Europa no se entendería que no entráramos con todas las consecuencias en la Unión Aduanera”. Por supuesto, ese asesoramiento que se buscaría por parte de especialistas se debería realizar en un corto período de tiempo.
En relación con la propia frontera, Vivas vuelve insistir en la necesidad de contar con más medios humanos y tecnológicos, “de manera que se culminen, de una vez por todas, las diferentes inversiones que se realizan para la conversión en una frontera inteligente”.
Por supuesto, reafirmó la defensa de revisar la excepción al Tratado de Schengen que permite a los residentes en la provincia de Tetuán el entrar en Ceuta sin necesidad de visado. Incluso leyó un apartado de esa excepción donde indicaba que se ponía en práctica para “un pequeño tránsito fronterizo, pero con el paso de los años está claro que la entrada de veinte mil personas diarias no se puede entender como un pequeño tráfico fronterizo”.

Vivas también defendió que se podía seguir poniendo en práctica una de las medidas que se establecen en esa excepción al Tratado de Schengen como es un visado que sirva para la entrada diaria y que tenga un tiempo determinado de duración. Está convencido de que con la puesta en marcha de esta medida serían las autoridades españolas las que decidirían quienes entran o no en Ceuta y “las consecuencias estarían claras con la reducción de la presión migratoria y se produciría menos presión sobre los servicios públicos”.

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