El cierre o no de los colegios se deberá negociar con el Ministerio

El posible cierre de los centros escolares, si al final el Ministerio de Sanidad acepta la petición de confinamiento que le ha hecho llegar el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, es una cuestión que aún debe ser negociada con los departamentos ministeriales, según ha manifestado el propio jefe del Ejecutivo en su comparecencia de este martes.
Debe tenerse en cuenta que esa petición de confinamiento trae consigo también el cese de las actividades no esenciales y para el mismo presidente Vivas, los propios técnicos de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación no han entrado a analizar estas cuestiones ni tampoco han expresado su valoración a los integrantes del equipo de Gobierno.
Por tanto, no se tomará ninguna decisión hasta que el Ministerio de Sanidad se pronuncie sobre si concede o no a Ceuta el confinamiento y cese de las actividades esenciales. A partir de ahí se decidiría, en negociación con el Ministerio de Educación, si se considera factible la suspensión de la enseñanza presencial como una necesidad para frenar la expansión de la pandemia en nuestra ciudad.

Inmigración

Sobre el papel que pondría en marcha la Ciudad para atender a los sin techo en un nuevo confinamiento, el propio Vivas quiso dejar muy claro que nadie puede poner en duda, bajo ningún concepto, el esfuerzo económico que el Gobierno que preside ha realizado con todas las personas que se quedaron atrapadas en nuestra ciudad y no pudieron regresar a Marruecos y las que luego han llegado ilegalmente a Ceuta. Valoró este esfuerzo en los cinco millones de euros.
De todas maneras, desde su punto de vista, no es el momento de entrar en enfrentamientos o no con la Administración General del Estado en relación con que no se llegaron a ceder inmuebles de su propiedad para que pudieran ser acogidas estas personas durante los meses de confinamiento y desescalada. A pesar de ello, reconoció que en todas las oportunidades que han tenido siempre han transmitido que el tema de la inmigración es competencia exclusiva de la Administración General del Estado.