MDyC ha llevado a la sesión de control al Gobierno el espinoso asunto del contrato del traslado de residuos desde Ceuta a la Península, un tema sobre el que el Ejecutivo local no hace más que anunciar medidas y promesas que no se ejecutan.
Lo nuevo es que, ahora, se aspira a que este entuerto se resuelva en enero de 2025. La Ciudad señala como culpable en toda esta situación la falta de inyección económica por parte del Gobierno de la Nación. Una excusa que Hamed ha tildado de “pueril”.
La realidad actual es que no hay contrato y “nadie sabe por qué no hay”, ha denunciado Fatima Hamed. Existe un decreto de continuidad, “que se prolonga apestosamente en el tiempo”.
En agosto de 2010 fue adjudicado el contrato a Urbaser por 6 años con posible prórroga, pero todas las posibles renovaciones en el tiempo finalizaban en 2020. Pues bien, de aquello han pasado 4 años sin que en este periodo se haya tramitado nada.
“Aun sabiendo el fin de las prórrogas han estado evitando impulsar un nuevo contrato para que cualquier empresa opte a ello”, ha denunciado Hamed.
“Estiran como un chicle determinados contratos, o bien no son capaces de resolver o algo desconocemos”, ha reseñado. Lo grave es que además esta situación supone más gasto, porque, de media en este 2024, “llevamos pagados 500.000 euros mensuales”, cuando antes se cifraba en 300.000.
“Lo único que tenemos son constantes anuncios, no vemos la realidad, ni acciones, hechos ni palabras”.
Hamed ha afeado al Ejecutivo “que hayan dejado vencer el Plan Integrado de Gestión de Residuos (2016-2022)”.
El consejero de Medio Ambiente, Alejandro Ramírez, ha aludido a la necesidad de este servicio por lo que se ha tenido que ir manteniendo la prestación de esta forma tan anómala después de que el expediente se haya complicado.
Y así ha sido “por los sobrecostes de todo el servicio, incluyendo el transporte marítimo (que ha pasado de 3 millones a medio a doblarlo en solo meses). No hay disponibilidad de flota de barcos para este servicio, lo que hace que se aumente el precio”, ha destacado el consejero.
El Gobierno, dice Ramírez, está buscando fórmulas. Ha recordado que la ley que regula estos servicios de transporte de residuos recoge la obligatoriedad del Estado de financiarlo y, a día de hoy, “esto no se cumple”.
“Se ha solicitado en las distintas sectoriales, con llamadas y escritos”, ha recalcado. Ahora ya hay cita: el 19 de septiembre Ceuta será atendida por parte del Estado para abordar este asunto, buscando así la financiación estatal que es la que, considera, debería darse.
Hay una línea de ayudas para transporte de mercancías peligrosas ofrecida a través de Delegación del Gobierno, “pero es tan baja que no soluciona el problema porque son 200.000 euros y solo el transporte de la basura asciende a 4 o 5 millones de euros”.
Esa reunión del 19 de septiembre puede ser clave. Por esas trabas, puramente económicas, “no hemos podido avanzar en el expediente” para sacar un nuevo contrato.
Al no existir una planta integral de reciclaje, la basura se traslada a la Península. Lo ideal sería contar con suelo para poner una en Ceuta, pero la falta de suelo imposibilita cualquier gestión en torno a este tema.
Ramírez ha confesado que hay entidades privadas interesadas, pero son proyectos a largo plazo, de envergadura… por lo que no hay nada concreto.
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