El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este jueves ante el Pleno del Congreso de los Diputados para detallar la gestión del Ejecutivo durante la lo que ha calificado como "crisis migratoria en Ceuta" y perfilar las futuras líneas de la política fronteriza y de seguridad nacional.
Durante la sesión parlamentaria, el jefe del Ejecutivo ha mencionado la citación de la embajadora de Marruecos a finales de agosto y ha anunciado medidas clave para la estabilidad territorial, incluyendo la próxima visita oficial del rey Felipe VI a las ciudades autónomas. Sánchez ha insistido en la necesidad de reestructurar la cooperación con el país vecino bajo un esquema de mayores garantías y una participación más activa de la Unión Europea.
Uno de los puntos centrales de la intervención presidencial ha sido la defensa de la información previa de la que disponía el Ejecutivo antes de la entrada masiva en Ceuta ocurrida a finales de julio.
Sánchez ha reiterado de forma tajante que el Gobierno no recibió ningún informe de inteligencia ni nota verbal que lograra anticipar "ni la escala ni la probabilidad" de los acontecimientos acontecidos en la frontera autónoma.
Con el objetivo declarado de desmentir los "bulos" y rebajar el "ruido" de las últimas jornadas, el presidente ha ordenado la publicación de un dossier con todos los informes y comunicaciones que las fuerzas y cuerpos de seguridad, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y Frontex enviaron en esas fechas a las autoridades políticas y a la Delegación del Gobierno.
El líder del Ejecutivo ha explicado que todos los documentos de los días anteriores eran de carácter puramente rutinario y descriptivo.
En particular, ha desglosado dos "notas informativas" elaboradas por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF). La primera, fechada el 28 de julio, calificaba el movimiento detectado en las redes sociales como "no preocupante", aunque ya advertía de un paulatino incremento de los intentos de acceso a nado propiciado por el buen estado del mar. La segunda nota, del 29 de julio —víspera del cruce masivo—, señalaba la existencia de un riesgo potencial de entradas de migrantes, pero catalogaba su probabilidad como "media y baja".
Sánchez ha recalcado que una cosa es detectar el incremento de los cruces a nado y reaccionar de inmediato, y otra muy distinta prever en cuestión de horas la llegada masiva de cerca de 70.000 personas.
Al materializarse finalmente la entrada masiva, los organismos correspondientes reaccionaron utilizando todos los recursos a su disposición, si bien el propio presidente ha admitido que dichos medios se vieron desbordados por la magnitud de la situación y que es imperativo reforzarlos para prevenir futuros escenarios similares.
Por otra parte, durante su comparecencia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que exigirá explicaciones detalladas sobre los motivos por los cuales los agentes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional no compartieron con sus superiores el contenido de un informe de alta sensibilidad.
La existencia de este documento se ha conocido durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para abordar la "crisis migratoria en Ceuta". El mandatario ha cuestionado con firmeza la falta de comunicación de una investigación que tiene "potenciales implicaciones para la seguridad del Estado".
El documento clave de la controversia fue elaborado por los agentes del CENIF bajo el mandato de la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón.
La propia magistrada solicitó expresamente a los policías que elaboraron el informe que no compartieran su contenido con sus superiores. En sus conclusiones, el documento describe detalladamente los sucesos acontecidos los días 30 y 31 de julio en la ciudad autónoma, definiendo la entrada masiva de personas como planificada y en ningún caso un hecho espontáneo. Además, el informe judicial apunta a la participación activa de miembros de las fuerzas de seguridad de Marruecos en estos cruces de frontera.
Durante su intervención en la Cámara Baja, Pedro Sánchez ha defendido el papel habitual del CENIF como un organismo encargado mayoritariamente de redactar notas informativas internas, similares a las que circularon antes de la entrada de unas 72.000 personas.
Sin embargo, ha censurado el proceder de la institución respecto a este informe específico. El presidente del Ejecutivo se ha preguntado públicamente por qué el organismo no remitió estas notas a ningún superior ni comunicó los hallazgos al Gobierno de España, insistiendo de forma tajante en que "todo esto tendrá que explicarse" ante la gravedad de la omisión informativa.
Respecto a las sospechas políticas que apuntan hacia una posible instigación de la crisis por parte de las autoridades marroquíes, el presidente ha subrayado que no existen pruebas sólidas que demuestren que la entrada masiva del 30 de julio fuera "diseñada o ejecutada" por Marruecos. Sánchez ha afirmado que, de tener evidencias contundentes sobre una autoría del país vecino, el Gobierno actuaría con total firmeza.
En este sentido, ha manifestado que su Ejecutivo no tiene temor a enfrentarse a potencias extranjeras cuando la situación lo requiere, pero ha insistido en que únicamente actuará con el respaldo de "hechos probados".
Para ilustrar los peligros de actuar basándose en conjeturas y sin pruebas validadas, ha evocado el precedente de la guerra de Irak, criticando la participación de España en lo que definió como "una guerra ilegal con pruebas falsas". Asimismo, ha apuntado que ningún gobierno u organismo internacional ha aportado hasta la fecha evidencias firmes que incriminen a Rabat en la planificación del suceso.
Pese a descartar la implicación directa de Marruecos en la oleada migratoria, la relación política bilateral ha registrado importantes fricciones debido a declaraciones de miembros del Gobierno marroquí. El jefe del Ejecutivo español ha revelado que el pasado 21 de agosto convocó formalmente a la embajadora marroquí en España, Karima Benyaich.
Esta llamada diplomática fue motivada por unas declaraciones que el presidente ha calificado como "inaceptables" realizadas por los ministros marroquíes de Justicia, Abdellatif Ouahbi, y de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, en las que reivindicaban la soberanía o la "liberación" de Ceuta y Melilla.
El anuncio de Sánchez esclarece la situación tras las críticas de la oposición, dado que el pasado 28 de agosto el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, eludió confirmar si esta reunión se había producido argumentando que las convocatorias de embajadores raramente se hacen públicas.
De cara a blindar la frontera en el largo plazo y evitar que se repitan crisis donde se vieron involucradas unas 72.000 personas, el Gobierno de España exigirá una mayor implicación institucional por parte de Bruselas. Sánchez ha desvelado que España solicitará formalmente al servicio europeo de fronteras, Frontex, una presencia permanente en el puerto y en el espigón de Ceuta, además del envío de una misión específica de Europol encargada de monitorizar los flujos de inmigración irregular en la zona.
Adicionalmente, el presidente ha avanzado que solicitará a la Unión Europea un cambio sustancial en la estructura económica de la ciudad autónoma: su integración en la unión aduanera bajo un régimen fiscal favorable como región ultraperiférica, con un estatus similar al que ostenta la comunidad autónoma de Canarias. Con estas reformas económicas y de seguridad, sumadas a una revisión exhaustiva de los "mecanismos de coordinación y alerta" con Rabat, el Ejecutivo asume que la relación de cooperación mutua con Marruecos tiene que operar de manera diferente a partir de ahora.
Como señal del "compromiso absoluto del Estado" con la integridad y la defensa del territorio de Ceuta y Melilla, el presidente ha confirmado que el monarca Felipe VI visitará ambas ciudades autónomas en las próximas semanas.
Este desplazamiento constituirá el primer viaje oficial de Felipe VI a los dos enclaves como rey de España. La relevancia de este viaje es histórica y políticamente de gran magnitud, ya que han transcurrido casi veinte años desde la última visita de un monarca español a la zona, realizada por el rey Juan Carlos I, la cual provocó en su momento una severa crisis diplomática con el Gobierno de Marruecos.
Este jueves, el Gobierno de España ha reafirmado su compromiso absoluto con Ceuta, asegurando que se utilizarán todos los recursos del Estado hasta recuperar por completo la normalidad.
Con el objetivo de aportar transparencia y soluciones a largo plazo, el Ejecutivo ha diseñado una hoja de ruta estructurada en cinco ejes de actuación que buscan blindar la frontera, reactivar la economía local y consolidar la relevancia geopolítica de Ceuta en el proyecto europeo.
Para aliviar la presión asistencial que sufren las calles ceutíes, el Gobierno ha acelerado los procesos de derivación y repatriación. El Ejecutivo ha asegurado que desde el 10 de agosto ha logrado la “reubicación de 3.300 inmigrantes” y ha ejecutado el “retorno de 3.658 personas” a sus países de origen.
La estrategia de descongestión inmediata anunciada por Sánchez incluye acciones clave:
El Ministerio del Interior cuenta con una partida presupuestaria específica de 180 millones de euros destinada exclusivamente a modernizar y reforzar la frontera de Ceuta y Melilla.
Entre las obras de infraestructura física y tecnológica destacan el alargamiento de los espigones de Tarajal y Benzú, la construcción de un método de contención marítima permanente, la instalación de cámaras térmicas y el despliegue de drones de vigilancia.
Paralelamente, el Gobierno investiga los fallos de coordinación interna, cuestionando formalmente por qué el CENIF (Centro Nacional de Inmigración y Fronteras) no remitió a la cadena de mando policial ni al Ministerio del Interior la nota informativa del 29 de julio, ni compartió el contenido de un informe judicial encargado por una magistrada que afectaba directamente a la seguridad del Estado.
Asimismo, España solicitará formalmente la presencia permanente de Frontex en el puerto y el espigón, así como la creación de una misión de Europol para monitorizar las redes de migración irregular en la zona, mientras se redefinen los mecanismos de alerta compartidos con Marruecos.
Para evitar que las ciudades autónomas sigan quedando al margen de normativas comunitarias fundamentales, el Ejecutivo busca corregir lo que califica como una "falta de ambición" histórica que se remonta a la adhesión de España en 1986.
La estrategia diplomática en Bruselas se centrará en tres objetivos institucionales:
El desarrollo comercial y el bienestar de los hogares de la ciudad autónoma constituyen prioridades urgentes.
Según el Ejecutivo, al Plan Socioeconómico aprobado en 2022 (dotado con 350 millones de euros y que ya cuenta con el 80% de sus hitos cumplidos), el Consejo de Ministros ha sumado un paquete extraordinario de 309 millones de euros en transferencias directas, bonificaciones fiscales y programas de apoyo para trabajadores y autónomos.
Adicionalmente, el Ejecutivo trabaja con las autoridades de Ceuta en una ampliación extraordinaria de este plan de ayuda que inyectará un mínimo de 100 millones de euros adicionales para socorrer directamente el tejido productivo de las pymes y los presupuestos de las familias ceutíes.
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