El concurso para externalizar la atención a 60 menores de ‘La Esperanza’ queda desierto

El primer plan para aliviar la presión asistencial de menores extranjeros no acompañados (MENA) que “desborda” desde hace ya casi un año el Centro de Realojo Temporal de ‘La Esperanza’ no ha llegado a buen puerto pese a los esfuerzos invertidos en la travesía.

El Área de Contratación de la Consejería de Hacienda preveía firmar como muy tarde la semana pasada el contrato para formalizar a SAMU como adjudicataria de un servicio de acogimiento residencial durante 6 meses para 60 adolescentes migrantes, pero la concesionaria, que fue la única empresa que optó a los cuatro lotes en los que se dividió la licitación, no ha podido cumplir todas las cláusulas de los Pliegos.

Estos exigían que la licitadora aportase acreditación de entidad pública competente para los centros en los que los menores fuesen a ser acogidos, certificados que tanto Andalucía como el resto de Autonomías solamente expiden para los jóvenes foráneos solos que ya se encuentran en su territorio.

El Gobierno de la Ciudad lleva años prometiendo la construcción de una nueva infraestructura para acoger a los MENA que tutela y aseguró que su ubicación en Hadu era solo una solución provisional. Tanto la Fiscalía como el Defensor del Pueblo, la oposición y las entidades sociales no han dejado de reclamar alternativas pero el Ejecutivo de Vivas, ahora con Deu al frente de las competencias, ha vuelto a la casilla de salida.

En noviembre del año pasado SAMU recibió el encargo por emergencia de ubicar diez módulos prefabricados con forma de iglú que permitieron reducir en 60 el volumen de jóvenes albergado en ‘La Esperanza’, cuya capacidad máxima operativa real óptima ha sido cifrada por el propio Ejecutivo de Vivas en unas 70 personas, cifra que se multiplica por cuatro desde el verano pasado con la lógica pérdida de habitabilidad.

El concurso que ha quedado desierto llevaba aparejado el desmontaje de esos módulos y tanto la primera como la segunda, aunque fallida, respuestas a la crisis migratoria infanto-juvenil que estalló en 2018 se ha financiado en su mayor parte con el millón largo aportado por el Ejecutivo central socialista para esta problemática.

Tanto Defensa, pese a las reiteradas loas de todos los responsables políticos a la colaboración entre Administraciones, como la Iglesia negaron a finales del año pasado a la Ciudad distintos inmuebles que podrían haber servido para aliviar la presión sobre ‘La Esperanza’, cuyas dos plantas superiores precisan de obras de reforma urgentes.