Los derechos sin reconocer de las empleadas de hogar

Las responsables del proyecto 'No estamos todas', en el que investigadoras de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), la de Barcelona (UB), la de Cádiz (UCA) y la de Granada (UGR) estudian “las implicaciones de la irregularidad en las empleadas domésticas internas y en las transfronterizas” para plantear “propuestas de intervención desde un enfoque de derechos”, han desarrollado durante la tarde de este jueves una jornada en el Campus de Ceuta para agradecer su colaboración a trabajadoras con ese perfil de la ciudad y compartir los resultados del trabajo con ellas.

A la cita han acudido alrededor de cuarenta trabajadoras y trabajadores transfronterizos que han tenido la oportunidad de escuchar primero al profesor de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, Diego Boza, y a la abogada Fatima Hamed, que han explicado las últimas y principales reformas laborales que afectan al colectivo de empleadas de hogar, por un lado, y los retos a los que se enfrentan en particular las de Ceuta.

Después la profesora de Sociología de la UAB Sonia Parella, coordinadora de 'No estamos solas', ha presentado el proyecto antes de la proyección del último documental grabado por Irene Gutiérrez en la ciudad con transfronterizas como protagonistas para dar “visibilidad y voz” al colectivo. Verónica Santos, coordinadora de Cruz Roja en el CETI, ha cerrado el evento con un repaso de las soluciones habitacionales que se dieron en Ceuta a los trabajadores marroquíes atrapados en la ciudad por el cierre de la frontera.

Financiado por el Instituto de las Mujeres (IMU) de la Secretaría de Estado y de Igualdad y Contra la Violencia de Género, 'No estamos solas' ha trabajado durante nueve meses con mujeres dedicadas al servicio doméstico (la mayoría como internas) en Madrid y Barcelona, sobre todo féminas extranjeras en situación irregular, y con las transfronterizas de las ciudades autónomas.

Estrella Merino ha sido la investigadora en Ceuta, donde se ha llegado a la conclusión de que el grupo más vulnerable es el de las mujeres que se han quedado en situación irregular con sus pasaportes caducados y que o bien no pueden abandonar a las personas a las que atienden por carecer de ningún otro apoyo familiar o social o bien no pueden prescindir de esa fuente de ingresos y regresar a su país.

'No estamos solas' ha elaborado un informe legal con los cambios legales que se han introducido en la normativa española y ha recopilado las principales medidas que cabría introducir en ella tanto en el ámbito de Extranjería como en el laboral para un colectivo que sobrevive en la economía sumergida en aproximadamente “un tercio del total”, según Parella, y en muchos casos rozando la “esclavitud” cuando la regularización de la situación administrativa en España se vuelve casi imposible.

“España ha suscrito el Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos (C189) de la OIT que obliga a equiparar sus condiciones con las de otros sectores, pero la regularización es un paso fundamental”, advierte la investigadora principal del proyecto, que también aprecia que muchas medidas como las que impuso la Delegación tras la reapertura de la frontera exigiendo el pago del Salario Mínimo Interprofesional “tienen una parte muy buena, pero también han expulsado a muchas trabajadoras”.

Entre los pasos pendientes está resolver el cobro de la prestación por desempleo, uno de los compromisos del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz todavía no cumplidos con los transfronterizos, o una doble apuesta para intentar sacar a esas mujeres de la “máxima vulnerabilidad y exclusión” en la que pueden encontrarse: invirtiendo en ayudas e incentivos a la regularización en el marzo de la atención a la dependencia y mejorando la parte punitiva, pues “actualmente la Inspección de Trabajo no llega a sus espacios de trabajo en domicilios privados a veces durante 24 horas al día y siete días a la semana”.